Santiago de Chile enfrenta una campaña electoral marcada por el regreso del pinochetismo al centro del debate. Tres de los ocho aspirantes a la Presidencia, incluyendo dos con fuertes opciones de llegar a segunda vuelta, justifican abiertamente el golpe de Estado de 1973 y, en distinta medida, el régimen militar que dejó más de 3,200 muertos y 1,162 desaparecidos.
Entre ellos figuran el ultraderechista José Antonio Kast, segundo en las encuestas, y Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, en cuarta posición. Ambos defendieron la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y participaron activamente en la propaganda oficialista.
El derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano.
Kast, de 59 años, es hermano de Miguel Kast, un influyente ministro del régimen, presidente del Banco Central y miembro del grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys. Según el politólogo Simon Escoffier, “Kast representa el legado de Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura”.
Por su parte, EvelynMatthei, de 72 años, es hija del general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar. Durante años defendió con vehemencia al dictador, protestó por su arresto en Londres en 1998 y lo recibió públicamente a su regreso a Chile tras su detención domiciliaria.
Evelyn Matthei, que busca la Presidencia por segunda vez, se había distanciado de la figura del dictador en los últimos años, pero en esta campaña radicalizó ocasionalmente su discurso.
El tercer candidato que defiende con firmeza el legado militar es Johannes Kaiser, de 49 años. Considerado parte de una nueva ultraderecha más radical y libertaria, ha declarado que apoyaría “sin dudas” un nuevo golpe de Estado “con todas las consecuencias”.
Johannes Kaiser, que ha ganado impulso en las últimas semanas, ha propuesto indultar a los condenados por crímenes cometidos durante el régimen y ha prometido «homenajes y estatuas» en honor a Pinochet.
A diferencia de campañas anteriores, Kast ha evitado referirse directamente a la dictadura en esta ocasión. Según la periodista Amanda Marton, “apuesta por una campaña del silencio; no renuncia a su visión, pero se centra en seguridad y economía, lo que lo favorece electoralmente”.
Matthei ha oscilado entre el discurso moderado y el radical. En abril justificó el golpe de 1973 como necesario para evitar una supuesta “cubanización” de Chile, aunque recientemente aseguró que continuaría con el plan de búsqueda de desaparecidos y afirmó que “los derechos humanos son básicos”.
Kaiser, por el contrario, ha intensificado su discurso a favor del régimen militar. Ha propuesto indultar a condenados por violaciones a derechos humanos y rendir homenaje a Pinochet.
“Quiere ser quien está más a la derecha de todos”, explicó el politólogo Cristóbal Rovira.
Un estudio reciente de la encuestadora Cadem reveló que Pinochet es hoy la tercera figura más admirada en Chile.
“Se perdió el miedo a hablar de la dictadura”, apuntó la periodista María Olivia Monckeberg. Para los analistas, esta “nostalgia autoritaria” refleja una tendencia que también gana terreno en países como Brasil o Argentina.
Mirna Perla recuerda y relata, 50 años después, lo sucedido aquel miércoles 30 de julio de 1975, cuando un grupo de unos 100 estudiantes universitarios y de secundaria fueron interceptados, atacados y asesinados por agentes de Seguridad del Estado salvadoreño por manifestarse en contra de una intervención militar en una de las sedes de la estatal Universidad de El Salvador (UES).
El 30 de julio de 1975, por orden del entonces ministro de Defensa, Carlos Humberto Romero, el Ejército reprimió violentamente una marcha organizada por estudiantes de la UES que fue acompañada por alumnos de secundaria de institutos públicos de educación.
La represión militar, efectuada con gases lacrimógenos y armas de fuego, se saldó con un número de estudiantes muertos y desaparecidos no contabilizados hasta la fecha, debido a que los agentes de seguridad bloquearon el paso al lugar, recogieron los cuerpos y limpiaron la sangre, según declararon algunos testigos de los hechos.
Sin embargo, investigaciones efectuadas posteriormente por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos señalan que, aunque la cifra exacta de fallecidos se desconoce, fueron alrededor de 100 personas las que se contabilizaron como muertas y desaparecidas.
Este hecho, que fue perpetrado a las puertas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), no ha sido investigado por las autoridades correspondientes, por lo que aún continúa en la impunidad.
En defensa de la UES
Mirna Perla, graduada en 1982 de Jurisprudencia de la UES, fue en su época de estudiante universitaria una mujer organizada en movimientos de izquierda en defensa de la autonomía de la UES, la única universidad pública del país.
Sentada en una de las banquetas frente a la entrada de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Mirna describe en una charla con EFE que ese día, 30 de julio de 1975, amaneció en su casa de estudios, ya que junto a otros compañeros organizados tomaron la decisión de marchar en protesta por la intervención militar en la sede de la ciudad de Santa Ana (este), en la zona occidental del país.
«La dictadura militar de (Arturo Armando -presidente en ese momento-) Molina iba como en escalada, robándonos los espacios», señala la abogada que se desempeñó como jueza y magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia entre 2001 y 2002.
Relata que «ese día (30 de julio) habíamos tomado la decisión, después de discutir 24 horas seguidas si salir a la calle o no por la situación de peligro, de riesgo, de amenaza latente que había, de salir para manifestarnos pacíficamente».
«Ese día sobrevolaron avionetas tirando panfletos con amenazas (…) Sabíamos que estaba en peligro nuestra vida, nuestra libertad», dice.
A las 13:00 hora local, recuerda, ella y sus compañeros ultimaban los detalles de la marcha, «a pesar de las amenazas» del coronel Romero.
«Salimos con la idea que efectivamente nos iban a reprimir. Esperábamos que no fuera tan drástica la represión», apunta.
Mirna recuerda que a la marcha se sumaron estudiantes de secundaria organizados de institutos públicos de la zona de San Salvador. Por lo que, «aproximadamente, salimos más o menos 2,000 personas».
La caminata, que salió de una de las entradas de la sede central de la UES, se dirigió por una de las principales de San Salvador y el plan era llegar al histórico Parque Cuscatlán y luego continuar hasta concluir en la emblemática Plaza Libertad, en el corazón de la capital.
Sin embargo, a medio camino -cerca de las 16:30 hora local- el grupo de 100 estudiantes fueron interceptados, acorralados con tanquetas y atacados a tiros por militares. Mirna quedó en medio del tiroteo.
Esta fotografía de horas después de la masacre se publicó en la edición del 31 de julio de 1975 de Diario El Mundo con esta descripción: “Momentos después de los graves sucesos registrados ayer tarde en las inmediaciones del ISSS, nuestros fotógrafos captaron estas escenas en que se ve a grupos de jóvenes comentando los hechos de que muchos de ellos fueron testigos”. / Archivo DEM
Saltar para sobrevivir
De acuerdo con Mirna, «unas 500 personas quedamos atrapadas en el ataque».
Para sobrevivir a la arremetida militar, la abogada saltó desde un paso desnivel. Cayendo en la calle e inmediatamente quedando inconsciente por el impacto y por los efectos del gas lacrimógeno.
Mirna se quebró la rótula de la pierna izquierda en tres pedazos. «No sé cómo caí, estaba muy afectada por los gases y nerviosa e indignada porque era terrible esa agresión ante una marcha pacífica», relata.
«Caigo, pierdo la conciencia. Cuando vuelvo a adquirir conciencia trato de salir corriendo, sin lograrlo y en el momento no me quedó más que resignarme», reseña.
Narra que unos compañeros lograron rescatarla del lugar y la llevaron a un taller mecánico para vehículos, y «ahí me metieron los compañeros debajo de la cama de un camión que estaban arreglando» a la espera de que acabara la balacera.
Acabado el tiroteo, Mirna fue llevada a un hospital para ser atendida y comenzar su recuperación.
Crimen de lesa humanidad
Para la hoy abogada, aquel hecho del 30 de julio constituye un crimen de lesa humanidad y lamenta que aún continúe en la impunidad.
«Esperamos que algún momento logremos justicia», dice.
En 2018, la letrada, con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Centroamericana (Idhuca) y la hermana de una de las víctimas desaparecidas, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General, pero, hasta el momento, los hechos no han sido investigados.
Las víctimas entran en la categoría de desaparecidos, ya que no se ha dado con el paradero de sus cuerpos.
