El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió el miércoles que la reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua profundiza las restricciones a la participación política y utiliza la Carta Magna para apartar a sectores críticos del Gobierno.
«La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos. Resulta particularmente alarmante que se impida ejercer cargos públicos a quienes sean arbitrariamente calificados de ‘traidores a la patria’. Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes», afirmó Ramdin en redes sociales.
El secretario general del organismo regional lamentó que quienes ejercen el poder en Nicaragua «parecen empeñados en demostrar» que la apreciación de que se está presenciando «un desastre político en Nicaragua» es «correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense».
Ramdin también cuestionó la compatibilidad de las modificaciones constitucionales con los compromisos democráticos asumidos dentro del sistema interamericano.
«Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana», agregó Ramdin.
El representante de la OEA defendió además el derecho de los nicaragüenses a contar con instituciones que garanticen sus libertades y permitan la competencia política. Según Ramdin, los ciudadanos de Nicaragua «merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan, así como la oportunidad de elegir libremente a sus dirigentes entre distintas propuestas y de decidir el futuro de su país».
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de manera unánime y en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución que excluye de los procesos electorales a las personas consideradas «traidores a la patria» o «golpistas».
Los cambios también contemplan ampliar de seis a siete años los mandatos presidenciales, una modificación que todavía deberá superar una segunda aprobación legislativa durante 2027 antes de entrar en vigencia.
El pronunciamiento de Ramdin aumenta los cuestionamientos internacionales contra la reforma constitucional nicaragüense, que modifica las condiciones para ejercer cargos públicos y participar en elecciones. La OEA centró sus críticas en las restricciones al pluralismo político, la participación electoral y los derechos de los ciudadanos.
