Etiqueta: dictadura Ortega-Murillo

  • EE.UU. sanciona a viceministro nicaragüense por graves violaciones a derechos humanos

    EE.UU. sanciona a viceministro nicaragüense por graves violaciones a derechos humanos

    El Gobierno de Estados Unidos sancionó este sábado al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su presunta implicación en graves violaciones a los derechos humanos.

    La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el contexto del octavo aniversario de las protestas sociales de abril de 2018.

    “Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses… la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en graves violaciones de los Derechos Humanos”, indicó Rubio.

    La sanción se basa en la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense, que permite imponer restricciones a funcionarios extranjeros señalados por abusos graves.

    Entre las consecuencias de esta designación figura la prohibición de ingreso a territorio estadounidense para el funcionario sancionado.

    El Departamento de Estado recordó que la crisis en Nicaragua inició en abril de 2018, tras protestas contra reformas al sistema de seguridad social.

    Las manifestaciones se extendieron rápidamente y evolucionaron hacia demandas de democratización del país.

    En respuesta, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo revocó la reforma e impulsó un diálogo nacional que no logró acuerdos con la oposición.

    Según Washington, la represión posterior dejó más de 325 manifestantes asesinados y consolidó una crisis de derechos humanos en el país.

    La sanción se suma a otras acciones internacionales dirigidas a funcionarios del gobierno nicaragüense por su papel en la represión.

    Estados Unidos reiteró su postura de condena a las violaciones de derechos humanos y su respaldo a las víctimas. La medida también busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicaragua en medio de llamados a reformas democráticas.

     

  • La dictadura nicaragüense «se desmorona poco a poco», advierte analista y exasesor sandinista

    La dictadura nicaragüense «se desmorona poco a poco», advierte analista y exasesor sandinista

    El sociólogo y analista político Óscar René Vargas afirmó que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, muestra señales de debilitamiento progresivo tras años en el poder.

    En un análisis titulado “Nicaragua, ocho años después: el régimen se desmorona”, Vargas sostuvo que la administración actual carece de dirección clara y enfrenta dificultades para resolver los problemas del país.

    “El gobierno avanza como en un proceso aleatorio: sin rumbo, sin dirección y sin acumulación. Sin conducción, las decisiones se dispersan. Sin crítica, no se corrigen. Lo que queda es un gobierno que administra problemas en lugar de resolverlos”, dice Vargas.

    El también exasesor del Frente Sandinista y exiliado en Costa Rica advirtió que dentro del oficialismo existen tensiones y temores ante posibles divisiones internas, especialmente en torno a la sucesión del poder.

    Según el analista, hay preocupación en el entorno gubernamental sobre la capacidad de Rosario Murillo para mantener el control político en caso de la ausencia de Ortega.

    Vargas aseguró que, por primera vez desde 2007, se perciben señales de disidencia entre sectores que antes respaldaban al Gobierno, debido a decisiones consideradas erráticas.

    “Los indicios de la fragmentación y disidencia en su base social marcan que Murillo ya no está en control de sus bases, del partido y del poder casi absoluto que estaba consolidando”.

    El experto también señaló que la imagen de la vicepresidenta ha sufrido un deterioro entre antiguos aliados, lo que ha generado tensiones dentro de los círculos de poder.

    Finalmente, advirtió que el proyecto político enfrenta un desgaste acelerado. “Este proceso ocurre cuando la dictadura no tiene mucho tiempo para alargar su hegemonía sin contratiempo, ya que el régimen se desmorona poco a poco”.

     

  • EE.UU. sanciona a hijos de Daniel Ortega y a mineras por negocio del oro

    EE.UU. sanciona a hijos de Daniel Ortega y a mineras por negocio del oro

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja de dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como contra cinco individuos y siete empresas vinculadas al sector aurífero.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que los sancionados participan en la extracción y comercialización de oro, actividades que, según Washington, sirven para financiar al Gobierno nicaragüense y fortalecer su control político.

    Entre los señalados figuran Daniel Edmundo Ortega Murillo y Maurice Facundo Ortega Murillo, además del viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros implicados, incluyendo un ciudadano chino identificado como Bian Feiwu.

    De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas estructuras están involucradas en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, especialmente en el sector minero.

    El informe detalla que varias de las empresas sancionadas tomaron control de una planta perteneciente a la estadounidense BHMB Mining Nicaragua, una compañía fundada con inversión estadounidense, sin compensar a sus propietarios.

    Además, el régimen nicaragüense habría revocado la licencia de operación de la empresa afectada, consolidando el control sobre la explotación aurífera.

    La OFAC dijo que la red “ayuda a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”.

    El Departamento de Estado señaló que desde 2020 la dictadura nicaragüense ha reorganizado el sector minero en una red de empresas fachada e intermediarios para generar divisas, lavar activos y reforzar su dominio político.

    “La dictadura ha reestructurado el sector aurífero, transformándolo en una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, señalaron.

     

  •  Opositores nicaragüenses ven el miedo de la dictadura como causa de la expulsión de embajador español

     Opositores nicaragüenses ven el miedo de la dictadura como causa de la expulsión de embajador español

    Organizaciones opositoras nicaragüenses agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) denunciaron el martes que la reciente expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré, y de su adjunto responde al “miedo” de la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras lo ocurrido con el régimen de Venezuela.

    Rosalía Gutiérrez‑Huete, presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition (NFC) —miembro de Pude y conocida como “la embajadora de la oposición en Washington”— afirmó en un audio difundido a medios que la reacción del Gobierno sandinista hacia España es “sumamente inusual y dañina” y que “nace del miedo, no de la fortaleza”.

    Gutiérrez‑Huete sostuvo que los supuestos aliados internacionales de Ortega y Murillo han demostrado ser poco confiables, mencionando que las reacciones “tibias” de países como Rusia y China ante la crisis venezolana evidencian que no arriesgarán apoyo significativo. También citó a Irán como otro aliado clave que enfrenta sus propios desafíos internos.

    Por su parte, el abogado nicaragüense desnacionalizado Roger Reyes manifestó que Pude condena “enérgicamente la expulsión injustificada del embajador de España y su adjunto” y calificó la decisión como “un ataque más contra quienes defienden los derechos humanos y la democracia en Nicaragua”.

    Reyes destacó que España ha otorgado la nacionalidad española por carta de naturaleza a cientos de nicaragüenses despojados de la suya y que en noviembre de 2025 acogió a 245 refugiados nicaragüenses. También agregó que la expulsión diplomática revela lo que considera la verdadera estrategia de Ortega y Murillo: el “auto aislamiento deliberado”. Según él, al distanciarse de las democracias se acercan únicamente a regímenes autoritarios como Rusia, China e Irán.

    El Gobierno de Nicaragua aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre la expulsión de los diplomáticos españoles. Tampoco se ha referido a la medida recíproca tomada por el Gobierno de España, que ordenó la salida del embajador nicaragüense en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y de otro diplomático, en respuesta a la expulsión de Farré. Esta acción se aplicó en “estricta reciprocidad” por lo que Madrid calificó de “injusta expulsión” de su representante en Managua.

    Las tensiones diplomáticas entre Nicaragua y España han sido constantes, con anuncios previos de ruptura y protestas mutuas sobre presunta “intromisión” en asuntos internos, así como medidas de sanciones y críticas por violaciones a derechos humanos en el país centroamericano.

     

  • La dictadura de Nicaragua condena a excomandante sandinista por defraudar al Estado con casi 5 mil millones de dólares

    La dictadura de Nicaragua condena a excomandante sandinista por defraudar al Estado con casi 5 mil millones de dólares

    Bayardo Arce Castaño, quien fuera uno de los nueve históricos comandantes de la revolución sandinista y asesor en temas económicos de la Presidencia de Nicaragua, fue condenado este martes por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua, junto a su asistente Ricardo Bonilla Castañeda, por un fraude al Estado nicaragüense que asciende a 4.961,9 millones de dólares.

    La Procuraduría General de Justicia confirmó el veredicto, anunciando que ambos deberán enfrentar cargos por lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado.

    Arce Castaño, de 76 años y uno de los sobrevivientes de los nueve comandantes de la revolución, fue detenido en julio pasado tras no presentarse a una cita para esclarecer su vinculación con «transacciones al margen del Estado». La sentencia del tribunal también incluye el decomiso de los bienes de los acusados.

    El juicio reveló que Arce Castaño y Bonilla Castañeda operaron un esquema sofisticado de ocultamiento de fondos ilícitos, a través de sociedades mercantiles, cuentas bancarias y transacciones internacionales, lo que afectó gravemente la transparencia del sistema financiero del país. De acuerdo con la Procuraduría, los acusados emplearon 49 sociedades, 35 de las cuales estuvieron activas en la canalización de flujos de capital provenientes de la evasión fiscal, y usaron países como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para realizar transferencias ilegales.

    Ambos individuos fueron responsables de reclutar a terceros para que figuraran como testaferros, mientras ellos ocultaban la identidad de los verdaderos beneficiarios de las transacciones. Las autoridades también destacaron que los acusados utilizaron métodos como préstamos ficticios para disimular el origen de los fondos.

    Arce Castaño, quien fuera jefe de campaña del presidente Daniel Ortega en 1990, ha tenido un papel destacado en la política nicaragüense, siendo asesor económico de la Presidencia desde 2007.

  • La captura de Maduro impulsa posible negociación de los Ortega-Murillo con Washington

    La captura de Maduro impulsa posible negociación de los Ortega-Murillo con Washington

    La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 ha sacudido el panorama político en América Latina y reconfigurado las prioridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

    Según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), la reacción inicial de la dictadura nicaragüense ha sido “inusualmente comedida”, evitando aludir directamente a Estados Unidos, lo que sugiere la apertura de canales de comunicación que podrían conducir a una negociación con Washington.

    El nombramiento del canciller nicaragüense Denis Moncada como encargado de negocios en Washington se interpreta como un intento explícito de iniciar un diálogo con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. Este movimiento llega en un contexto en el que el régimen Ortega-Murillo intenta evitar una escalada de tensiones que ponga en riesgo su permanencia en el poder.

    El efecto Venezuela y el dilema del régimen nicaragüense

    Los analistas señalan que, aunque Nicaragua no tiene el mismo peso geopolítico que Venezuela, los Ortega han percibido que aliados como China y Rusia no hicieron esfuerzos significativos para apoyar a Maduro tras su captura, lo que disminuye las probabilidades de una intervención internacional en Managua en caso de una crisis similar.

    Esta realidad coloca al régimen nicaragüense ante un profundo dilema político: mantenerse en su discurso de antimperialismo y arriesgarse a mayores sanciones y presiones de Estados Unidos, o bien buscar una apertura gradual con Washington que le permita conservar el control sin sacrificar sus intereses vitales.

    Presión externa y posibles efectos internos

    La operación contra Maduro no solo ha modificado las dinámicas políticas en Venezuela, sino que también ha intensificado la presión estadounidense sobre Nicaragua en distintos frentes. En los últimos días, Estados Unidos ha exigido la liberación inmediata de presos políticos en Nicaragua, una demanda que llevó al régimen a liberar a decenas de reclusos tras las demandas de Washington.

    Además, organizaciones como Monitoreo Azul y Blanco han documentado detenciones arbitrarias dentro de Nicaragua por expresiones de apoyo a la captura de Maduro, lo que refleja la sensibilidad del régimen ante la reacción social y la necesidad de contener cualquier signo de disidencia interna.

    El 2026 se presenta como un año clave para Nicaragua, con elecciones de medio término en el horizonte y una crisis sucesoria latente dentro del círculo gobernante. El escenario político incluye tensiones internas entre la cúpula del Ejército, empresarios sandinistas y sectores políticos que podrían favorecer una transición controlada sin la presencia de Rosario Murillo, o bien una continuación del régimen bajo nuevas condiciones impuestas desde el exterior.

    La captura de Nicolás Maduro ha dejado al descubierto la fragilidad de las alianzas políticas tradicionales en América Latina y ha generado un efecto dominó que impulsa a la dictadura de Ortega y Murillo a reconsiderar su aislamiento político. Ante la posibilidad de mayores sanciones económicas y diplomáticas, la apertura de espacios de negociación con Estados Unidos no solo parece viable, sino una estrategia pragmática para preservar el poder y limitar la presión externa en Nicaragua.

     

  • EE. UU. exige a Nicaragua la liberación “incondicional” de todos los presos políticos

    EE. UU. exige a Nicaragua la liberación “incondicional” de todos los presos políticos

    Estados Unidos exigió este sábado a la dictadura de Nicaragua de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, la “liberación incondicional” de todos los presos políticos sin excepciones, en medio de una escalada de tensiones diplomáticas y denuncias de represión en el país centroamericano. 

    La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó un mensaje en la red social X, difundido por la embajada estadounidense en Managua, en el que critica duramente al Ejecutivo sandinista, al que calificó de “régimen ilegítimo” y “paranoico” por reprimir disidencia incluso por expresiones en redes sociales.

    “Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones”, subrayó el Departamento de Estado.

    El pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno nicaragüense anunciara el pasado sábado la excarcelación de “decenas de personas” que estaban detenidas, entre las cuales varias organizaciones y familiares confirmaron la liberación de opositores que organismos de derechos humanos consideran presos políticos. Sin embargo, muchos de los excarcelados continúan con restricciones, bajo vigilancia policial o con medidas que limitan su libertad real. 

    La solicitud estadounidense ocurre en un contexto de presiones internacionales crecientes sobre Managua por su historial de detenciones arbitrarias y represión de la oposición, que incluye arrestos por expresiones en redes sociales o por críticas al Gobierno de Ortega y Murillo, según diversos reportes de organismos de derechos humanos y diplomáticos.

    En su mensaje, la Oficina del Departamento de Estado afirmó que “libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, instando a que no se acepten liberaciones parciales, arrestos domiciliarios o nuevas detenciones como sustituto de una liberación plena.

    La presión de Washington se da además tras una serie de excarcelaciones impulsadas por la cercana relación entre Nicaragua y Venezuela, donde hace poco se liberaron presos políticos tras presión similar. Las autoridades nicaragüenses han defendido sus acciones como conmemorativas de aniversarios de Gobierno, sin atender plenamente a las demandas internacionales por derechos humanos.

     

  • Más de 800.000 nicaragüenses han migrado desde 2018 por persecución y falta de libertades, según ONG

    Más de 800.000 nicaragüenses han migrado desde 2018 por persecución y falta de libertades, según ONG

    Desde abril de 2018 hasta noviembre de 2025, al menos 800.000 nicaragüenses —equivalente al 11,6 % de la población total— han abandonado su país a raíz de la crisis política y social, según datos del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, difundidos en el marco del Día Internacional del Migrante.

    La organización, integrada principalmente por activistas nicaragüenses y con sede en Costa Rica, advirtió que este éxodo masivo no es producto de una decisión libre, sino una consecuencia directa de la represión, hostigamiento y persecución política por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    “La migración nicaragüense no es una elección voluntaria, sino una forma de supervivencia frente a la violencia estatal”, denunció el colectivo en un comunicado.

    Migración forzada y empobrecimiento del país

    El organismo afirmó que la salida masiva de ciudadanos empobrece el futuro del país, ya que implica la pérdida de capital humano capaz de contribuir al desarrollo nacional.

    “Nicaragua pierde así su recurso primordial: el valor humano”, enfatizó.

    En el contexto de esta crisis, la ONG también documentó la confiscación y cierre de 5.651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades, la desnacionalización de 492 personas, y el exilio forzado de más de 307 periodistas y religiosos desde 2018.

    Asimismo, señaló que las políticas de destierro, confiscación y represión han afectado severamente a familias y comunidades, con más de 250 millones de dólares en pérdidas asociadas a bienes y activos incautados.

    Llamado a la comunidad internacional

    El colectivo pidió a la comunidad internacional reconocer y denunciar el destierro como política de Estado en Nicaragua y continuar ejerciendo presión por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad registrados en el país.

    También urgió a los países receptores a reforzar los mecanismos de protección y refugio para los nicaragüenses desplazados por motivos políticos.

    La crisis actual ha generado el mayor éxodo en la historia de Nicaragua, superando incluso al registrado en los años 80 durante la guerra civil que dejó decenas de miles de muertos.

     

  • Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) continúa desmoronándose institucionalmente tras la renuncia de cinco magistrados en una semana, tres de ellos este martes: Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes argumentaron motivos de salud o edad avanzada para abandonar el cargo, según informó la Asamblea Nacional.

    Las dimisiones de esta semana se suman a las de Yadira Centeno y Ellen Lewin, presentadas días antes por razones similares, y que fueron aceptadas de forma expedita por el pleno del Parlamento, controlado por el oficialismo.

    Con estas salidas, la CSJ queda integrada por solo 5 magistrados de los 16 que originalmente la conformaban. Desde 2019, tras el estallido de la crisis sociopolítica en el país, nueve jueces han renunciado y dos han fallecido, profundizando la inestabilidad del Poder Judicial.

    El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, presentó ya una lista de cinco nuevos candidatos para ocupar las vacantes, entre ellos, Ana Julia Guido, actual fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional. Guido es conocida por su cercanía al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    También figuran Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, magistrados de apelaciones que han sido sancionados por EE. UU. por su papel en el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses. Completan la lista Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.

    Desde febrero de 2025, Nicaragua implementó una reforma constitucional profunda que redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y otorgó al presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la facultad de nombrar al titular de la Corte por seis años. Esta misma reforma eliminó el equilibrio de poderes y subordinó formalmente al Poder Judicial bajo el control directo del Ejecutivo.

    Críticas internacionales: ¿una dictadura constitucionalizada?

    La reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos. Los críticos advierten que la reforma no solo legaliza el autoritarismo, sino que también establece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado, eliminando la división de poderes.

    Entre los cambios más polémicos se incluyen:

    Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
    Establecimiento formal de la figura de copresidencia para Rosario Murillo.
    Reconfiguración de los «poderes del Estado», que pasan a ser “órganos” coordinados directamente por el Ejecutivo.
    Legalización de la apatridia, usada como castigo contra opositores.

    La renuncia masiva de magistrados y la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo evidencian una crisis institucional sin precedentes en Nicaragua. Mientras el oficialismo reestructura el sistema judicial a su conveniencia, la comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos consideran una consolidación de una dictadura bajo marco legal.

     

  • Más del 60 % de nicaragüenses migraría por crisis política, según informe

    Más del 60 % de nicaragüenses migraría por crisis política, según informe

    Un estudio reciente reveló que el 64.5 % de los nicaragüenses abandonaría el país si tuviera la oportunidad, siendo Estados Unidos y España los destinos más deseados. El informe fue divulgado este martes en Costa Rica por la organización Hagamos Democracia, que analizó la percepción ciudadana sobre la realidad política, económica y social de Nicaragua.

    El presidente de la ONG, Jesús Tefel, detalló que el estudio se basó en entrevistas realizadas en 40 de los 153 municipios del país.

    “El 64.5 % expresó que, de ser posible, dejaría el país, mientras que un 35.5 % afirmó que no migraría”, puntualizó Tefel.

    Comparado con una consulta similar realizada en abril, la intención de migrar bajó cinco puntos porcentuales, ya que en ese momento el 69.5 % manifestó su deseo de salir del país. Esta leve disminución sigue una tendencia histórica observada en evaluaciones anteriores, indicó Tefel.

    Entre las principales causas que motivan a los nicaragüenses a migrar, el 51.12 % señaló la crisis económica, mientras que un 44.4 % mencionó la desesperanza ante la falta de una salida a la crisis política. Otro 4.1 % dijo que se iría debido al acoso o la intimidación.

    Al consultar sobre los países de destino, la mayoría eligió Estados Unidos (47.3 %), seguido de España (31 %), Costa Rica (17.1 %), Canadá (1.94 %) y otros países (2.71 %).

    “Los datos evidencian que la crisis política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, derivada del régimen totalitario del actual régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es el problema estructural que define un futuro incierto para el país”, afirmó Tefel.

    Sin embargo, en el plano individual, la principal causa que impulsa a los ciudadanos a dejar Nicaragua es la falta de condiciones económicas para subsistir.

    “Ambas crisis, la política y la económica, continúan siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos y refuerzan la sensación generalizada de que en Nicaragua no hay perspectivas de prosperidad ni bienestar a futuro”, agregó.

    De acuerdo con datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al menos el 6.5 % de los 6.7 millones de nicaragüenses ha abandonado el país entre abril de 2018 y junio de 2023.

    El informe “Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas”, elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indica que este éxodo supera incluso al registrado durante la guerra civil de los años ochenta.