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  • CEL promete llevar energía eléctrica al 100 % de El Salvador en cuatro años

    CEL promete llevar energía eléctrica al 100 % de El Salvador en cuatro años

    El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, aseguró este jueves ante la Asamblea Legislativa que en cuatro años El Salvador alcanzará el 100 % de cobertura eléctrica, como parte del ambicioso “Programa de Acceso Universal a la Energía”, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    Durante su exposición ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, Álvarez explicó que el plan incluye una serie de proyectos de infraestructura eléctrica, para los cuales se ha solicitado la aprobación de disposiciones especiales y transitorias que otorgan exoneración de impuestos a contratistas y subcontratistas involucrados en la ejecución.

    Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

    • Extensión de redes de distribución, que beneficiará a 7,012 viviendas, mediante la construcción de infraestructura de media y baja tensión conectada a las redes de las distribuidoras eléctricas.
    • Sistemas fotovoltaicos aislados, destinados a 1,612 viviendas ubicadas en zonas sin cobertura de red.
    • Construcción de tres mini redes solares comunitarias para abastecer a 135 viviendas adicionales.

    “El proyecto es nacional y abarca desde la planificación hasta la recepción final de obras. Incluye compra de equipos, materiales, consultorías, estudios ambientales, obras civiles, y la instalación de sistemas de energía renovable como paneles solares”, detalló Álvarez.

    Cobertura eléctrica del 100 %

    El diputado de Nuevas Ideas, Willian Soriano, preguntó por el alcance real de esta meta. Álvarez respondió con contundencia: “La meta es lograr cobertura total en cuatro años. Ya comenzamos, ahora es cuestión de darle seguimiento. Vamos a llegar al 100 %”.

    La presidenta de la Comisión, Dania González, añadió que, según el Censo de Hogares 2024, un 95 % de los hogares ya cuenta con electricidad, y expresó confianza en que con este plan se cubrirá la totalidad.

    El programa está financiado con $93 millones otorgados por el BID a CEL, y los beneficios fiscales tendrán una vigencia de seis años a partir de su publicación en el Diario Oficial.

    Beneficios fiscales para contratistas

    El decreto contempla exenciones tributarias para facilitar la inversión en el programa. Las medidas incluyen:

    • Exoneración del IVA en compras locales e importaciones.
    • Importaciones libres de aranceles, DAI y otros impuestos.
    • Exención del impuesto sobre la renta para contratistas y subcontratistas involucrados en el proyecto.
    • Permisos y licencias sin cobros municipales ni ministeriales.
    • Exención de impuestos en la compra de inmuebles relacionados al proyecto.

    “Todo está listo para ejecutar. Hemos hecho los censos en conjunto con otras instituciones y ya identificamos a todas las comunidades sin electricidad. El objetivo es llevar energía a zonas remotas y de difícil acceso, utilizando nuevas tecnologías como paneles solares con baterías y micro redes”, aseguró Álvarez.

     

     

  • Claudia Ortiz y el presidente de CEL discuten sobre si hay existencia de petróleo en el país

    Claudia Ortiz y el presidente de CEL discuten sobre si hay existencia de petróleo en el país

    El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director de Hodrocarburos y Minas llegó a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para explicar la iniciativa del gobierno que pide a la Asamblea aprobar beneficios fiscales a los contratos de inversión bajo la modalidad multicliente y licencias de datos geocientíficos, para la exploración de petróleo y gas natural en el país.

    De los diputados de la Comisión, fue la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, la única que intervino sobre este proyecto para hacer algunas consultas. Así fue la discusión:

    «¿Existen ya reportes técnicos o estudios técnicos, geológicos, científicos que determinen cuál es el potencial de la producción o de la explotación de hidrocarburos en El Salvador? ¿Ya existen estudios sobre esto que nos arrojen alguna información? ¿Cuáles son estos estudios, qué dicen y qué hallazgos han arrojado?» «Somos un país con potencial de explotación de hidrocarburos?, preguntó Ortiz

    A lo que Álvarez respondió «Si hay indicios, si se han investigado indicios, si hay ciertos estudios que nos dicen que hay este recurso en El Salvador, pero no tenemos la certeza, de hecho, por eso nace la iniciativa de modificar la Ley de hidrocarburos, para la exploración y la explotación ahí es donde se viene y se dice que queremos aperturarnos a los contratos multiclientes. Ahora ya viene la fase 2, si no hubiera interés, si no hubiera empresas que se dedican a la explotación de hidrocarburos, no fuera necesario esto, pero sí los tenemos y donde ya están participando y están interesados en levantar la información que usted está diciendo, para eso son los contratos multiclientes»

    Continuó y le dijo:»Nosotros les damos los cuadrantes en dónde pudiera haber indicios geológicos de existencia de petróleo o de gas natural en donde se va a ver las cantidades y si son razonables, para la explotación. Lo que van a hacer los contratos multiclientes es precisamente venir a investigar eso, tenemos indicios, pero no la certeza».

    «Por eso vienen las empresas interesadas si ven que hay un indicio, para investigar si hay o no ese recurso. Por eso lo dice muy claro, esto es a riesgo del inversionista. El inversionista, a su riesgo, va a ir a ver si hay la cantidad de recurso suficiente como para que se pueda explotar», recalcó Alvarez.

    El presidente de la CEL agregó que a partir de ahí, el inversionista que hace los estudios recobrará su inversión vendiendo esos datos al que desee venir a explotar esos recursos. «entonces ahí vamos a tener la respuesta de la pregunta que usted está haciendo», le dijo Álvarez a la diputada de Vamos.

    La diputada Ortiz siguió con las consultas y le dijo al funcionario que hay varios estudios «desde mitad del siglo pasado que han tratado de determinar el potencial de producción y explotación de hidrocarburos en El Salvador, especialmente de petróleo y gas natural».

    Y a modo de brindarles información a «mis colegas diputados» Ortiz les comentó que hay un «reporte desclasificado de la CIA de octubre de 1985» de evaluación de potencial de hidrocarburos en el país «y daba cuenta que el potencial realmente era muy limitado, mínimo, y no era rentable para una explotación a nivel comercial.»

    La diputada también mencionó como dato que la Ley de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos data de 1981 «y en varios momentos de nuestra historia ha habido esfuerzos por tratar de determinar esta información y se ha llegado a la misma conclusión: El Salvador tiene un potencial limitado que no es rentable a nivel comercial».

    Ortiz, tomando ese dato, hizo otra pregunta al presidente de la CEL ¿Cómo se justifica que como Asamblea Legislativa aprobemos exenciones fiscales a estas actividades comerciales de exploración, cuando ya se conoce que el potencial que tiene el país es bastante limitado?

    A lo que Álvarez contestó: «Sencillo, el Estado no va a poner un centavo, nosotros no vamos a erogar ni un solo centavo en fondos a los inversionistas en exploración, de hecho por eso existen los contratos multiclientes. Si, los indicios que decimos, los últimos de los que usted habla fueron hace 40 años, la tecnología ha cambiado. Ahora, si una empresa está interesada, en donde no vamos a poner un solo centavo, en donde ellos van a hacer la exploración completa bajo su riesgo, en donde el Estado no va a erogar un solo dólar, pues creo que vale la pena explorarlo y que nos digan ellos si hay o no hay recursos y validar la información que existe de hace más de 40 años que la habían hecho terceros y nunca apareció información oficial. Ahora sí vamos a tener información oficial bajo esta ley para la exploración de hidrocarburos en El Salvador».

    La legisladora retomó lo dicho por el funcionario y le preguntó ¿Quiere decir que no existe actualmente información oficial? Y la segunda pregunta ¿Quiere decir que esta ley, más que beneficiar al Estado, beneficia a estas empresas que tienen interés de hacer su actividad comercial en El Salvador, pero sin pagar impuestos?»

    «No, eso lo dice usted», respondió Álvarez «lo que estoy diciendo es que esta empresa va a venir a explorar y la información que esta empresa va a dar va a ser del Estado y lo que estoy diciendo que tenemos lo geólogos, pero no los recursos que tienen estas empresas para poder hacer la exploración».

    La diputada Ortiz lanzó la última pregunta «¿Ya que usted dice que hay empresas con interés, cuáles son estas empresas?»

    «Bueno sí, hay una que se anunció hace poco, de hecho que eso es su trabajo, ex GeoX, ellos trabajan con todas las petroleras grandes del mundo, hay muy pocas, en el mundo no hay más de seis que sean confiables. Es GeoX, y quienes son sus clientes Exxon, Shell, Total, todas las empresas petroleras que se dedican a eso, con una especialidad específica», concluyó el funcionario.

    Al final, la diputada Dania González, presidente de la Comisión agradeció a Ortiz y a Alvarez » sin duda se abona muchísimo a la discusión para que podamos tomar una decisión en el proceso de formación de ley».

    Al final, el dictamen favorable fue aprobado sin el voto de la diputada de Vamos.

     

     

  • Diputados avalan incentivos fiscales para inversión en exploración de hidrocarburos

    Diputados avalan incentivos fiscales para inversión en exploración de hidrocarburos

    Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable al decreto que otorga beneficios fiscales a los contratos de inversión bajo la modalidad multicliente y licencias de datos geocientíficos, impulsados por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

    La iniciativa, presentada por el presidente de CEL, Daniel Álvarez, busca fomentar la exploración de recursos hidrocarburíferos en territorio salvadoreño, mediante un marco regulatorio que incluye exenciones tributarias y aduaneras para inversionistas nacionales y extranjeros, públicos o privados, que suscriban este tipo de contratos.

    “El objeto del decreto es establecer las reglas para facilitar la inversión privada en la generación de información clave para el Estado, sin comprometer fondos públicos”, afirmó Álvarez durante su comparecencia ante los diputados.

    Álvarez también señaló que la exención fiscal se justifica porque se trata de una inversión temporal a riesgo propio del inversionista, sin una actividad económica permanente en el país.

    Proceso y fases de los contratos

    El presidente de CEL explicó que el procedimiento inicia con la identificación de zonas de interés por parte de la institución. Posteriormente, se suscriben los contratos con los inversionistas, quienes adquieren únicamente servicios legales, ambientales y aduanales en el país, y luego retornan a su lugar de origen.

    Álvarez detalló que la línea de tiempo de estos contratos de inversión multicliente contempla cinco fases:

    1. Firma del contrato (fase administrativa/jurídica).
    2. Permiso ambiental (evaluación de impacto ambiental).
    3. Adquisición de datos geofísicos (ejecución en tres meses).
    4. Procesamiento de datos y delimitación de bloques exploratorios.
    5. Licenciamiento de datos para atraer inversión en explotación de hidrocarburos.

    Durante la sesión, Álvarez solicitó una modificación al proyecto original para excluir a CEL de los beneficios fiscales.

    “Quiero hacer una propuesta, estos decretos son específicamente para beneficiar a la inversión privada y que quiten a CEL de estos beneficios fiscales en estos dos decretos, precisamente porque aquí la intención es incentivar inversión privada, el sector público no es necesario, prácticamente, eso sería nada más una propuesta de cambio en el decreto”, expuso el presidente de la CEL.

    La propuesta fue aceptada por los legisladores, y el dictamen recibió aprobación mayoritaria. La única abstención fue de la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.

  • Oposición aún no sabe cuánto les asignarán a diputados en presupuesto 2026

    Oposición aún no sabe cuánto les asignarán a diputados en presupuesto 2026

    Las diputadas Marcela Villatoro, de Arena, y Claudia Ortiz, de Vamos, aún desconocen cuáles serán las asignaciones presupuestarias para la operatividad de cada diputado, y si estas se mantendrán en $8,500 mensuales.

    La Asamblea Legislativa, así como otros dos órganos de Estado, deben tener listo su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026.

    «Nosotros, como no tenemos participación en Junta Directiva y esa es decisión de Junta Directiva, ellos nos envían una nota a nosotros diciéndonos cuánto es el presupuesto de funcionamiento de la fracción; y con eso es con lo que nosotros trabajamos, son $8,500 con la reducción que se hizo y con ese presupuesto, hemos estado funcionando», explicó Villatoro.

    Según la legisladora de Arena, la asignación con actual de $8,500 mensuales se les notificó en diciembre de 2024.

    «No sé si alguien tiene más o tiene menos. Creo que, con lo que pasó aquella vez, creo que todo eso se solventó», afirmó.

    La diputada se refirió a la polémica por las asignaciones presupuestarias a los diputados cuando se reveló que Vamos tenía un presupuesto de $20,000 mensuales y el resto de diputados, $13,500 mensuales.

    Al consultarle esta vez a la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, si conoce cómo vendrá el presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2026 y las asignaciones presupuestarias, dijo desconocer esa información.

    «No tenemos información al respecto, eso tiene que definirlo quienes tienen la competencia para hacerlo», respondió la diputada Ortiz, refiriéndose a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

    La Asamblea tiene hasta el 31 de septiembre para publicar su presupuesto.

    Periodistas han preguntado a miembros de la Junta Directiva como a la diputada Elisa Rosales; y al presidente del Legislativo, Ernesto Castro, ambos de Nuevas Ideas, pero no han respondido al respecto.

  • ¿Quiénes son los diputados con más seguidores en TikTok?

    ¿Quiénes son los diputados con más seguidores en TikTok?

    La popular plataforma china TikTok no es ajena a los diputados de El Salvador, algunos suben contenidos informativos sobre aprobaciones de leyes y reformas en la Asamblea Legislativa, otros para atacar a sus colegas opositores y a otros les interesa bailar y con ello ganar seguidores.

    Pero ¿quiénes son los diputados salvadoreños con más seguidores en TikTok? Haciendo un recorrido por sus perfiles en esta red social, el primer lugar se lo lleva la diputada Alexia Rivas, del partido oficial, Nuevas Ideas, con más de 316,800 seguidores y 5.6 millones me gusta. En las elecciones, Rivas obtuvo 360,964 marcas.

    Su contenido es político y se apoya mucho en la imagen del presidente Nayib Bukele compartiendo sus videos.

    En segundo lugar, está el diputado William Soriano, también de Nuevas Ideas, con 217,900 seguidores y 2.7 millones de «me gusta» en sus publicaciones, la mayoría de su contenido es político, contra la oposición y algunos momentos de su vida personal. El diputado supera, con la cantidad de sus seguidores en TikTok, las 47,664 marcas que obtuvo en las elecciones.

    En tercer lugar, con más de 129,400 seguidores, la diputada de oposición Claudia Ortiz, del partido Vamos. Sus publicaciones son de contenido político e informativo sobre sus propuestas; ha logrado 1.4 millones de likes. Ella, en las elecciones, ganó su curul con 79,079 marcas.

    El diputado Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas, tiene 113,500 seguidores y 2.5 millones de «me gusta». El subjefe de fracción del mismo partido, tiene 87,600 seguidores y 451,600 «me gusta».

    La diputada Marcela Villatoro tiene 51,400 seguidores y 431,200 me gusta.

    Suecy Callejas, legisladora de Nuevas Ideas, tiene 51,600 seguidores y 516,400 me gusta.

    Dania González, del mismo partido, tiene 29,300 seguidores y 297,500 me gusta.

    Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, tiene 37,900 seguidores y 677,00 me gusta.

    La diputada Ana Figueroa, del mismo partido, tiene 28,700 seguidores y 478,200 me gusta.

     

    Con fitness y baile

    La diputada santaneca de NI Lorena Fuentes sube contenido de visitas en territorio, algunos de información sobre la Asamblea y también le gusta subir videos en el gimnasio, así ha logrado 92,700 seguidores y 922,400 me gusta.

    No es la diputada Sharon Salazar, quien ha tenido un vida artística cantando música cumbia, quien se lleva la mayoría de seguidores con bailes, sino el diputado Reynaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano.

    El diputado del PDC, quien no da declaraciones a periodistas, pero sí baila para TikTok, ha logrado 92,200 seguidores y 1.2 millones de likes, mucho más que las 46,510 marcas con las que logró su escaño en la Asamblea en las elecciones pasadas, con bailes.

    La mayoría de los diputados suben sus contenidos a la plataforma y a otras redes sociales generando muchos «likes» pero también mucho «hate».

  • Diputados oficialistas defienden medidas disciplinarias de la nueva ministra de Educación: “refuerzan disciplina y orden”

    Diputados oficialistas defienden medidas disciplinarias de la nueva ministra de Educación: “refuerzan disciplina y orden”

    Diputados de Nuevas Ideas defendieron este jueves las disposiciones obligatorias implementadas en los centros escolares públicos por la nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, quien ordenó que desde el 20 de agosto los estudiantes ingresen con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y un saludo respetuoso, bajo supervisión directa de los directores.

    Las medidas, formalizadas en un memorándum enviado el 18 de agosto, han provocado reacciones divididas en redes sociales, con opiniones que califican las disposiciones como necesarias para reforzar la disciplina, mientras otros critican una supuesta «militarización de la educación».

    “He visto comentarios en redes queriendo asustar a la población diciendo que vamos a militarizar la educación pública y no pueden estar más lejos de la realidad… la verdad que estamos trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los salvadoreños”, dijo la diputada Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa.

    Por su parte, la legisladora Diana Fuentes afirmó que las disposiciones refuerzan la disciplina: “En el Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos, en San Salvador, más de 940 estudiantes ingresaron puntualmente con uniforme completo y presentación adecuada. Cada paso en la formación de nuestra niñez y juventud es por un mejor El Salvador”, publicó en su cuenta de X.

    Otros diputados como Walter Alemán y Raúl Chamagua insistieron en que las medidas fomentan el civismo y los valores en las nuevas generaciones. Chamagua destacó que la ministra personalmente verificó el cumplimiento en la entrada de los centros escolares.

    La diputada Alexia Rivas agradeció el apoyo de los padres de familia: “La familia ejerciendo su rol, la escuela ejerciendo su rol, el Estado ejerciendo su rol. Parece un sueño el país que está por venir”, expresó en redes.

    Mientras tanto, el jefe de fracción cian, Christian Guevara, respaldó el perfil militar de Trigueros y señaló que las críticas provienen de quienes antes toleraban la presencia de pandillas cerca de los centros educativos. “Los que ahora se preocupan porque llegue la Ministra a una escuela son los mismos que estaban felices cuando había un marero reclutando niños a la entrada”, aseveró.

    El memorándum advierte que los directores que omitan estas disposiciones incurrirán en una falta grave de responsabilidad administrativa, que podría dar lugar a sanciones.

  • Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    La Fiscalía de El Salvador contará con un plazo adicional de dos años para presentar casos contra detenidos bajo el régimen de excepción, tras las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado aprobadas este jueves por diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa.

    Con esta modificación, la FGR tendrá hasta cuatro años en total para concluir las investigaciones y llevar a juicio a los procesados vinculados a pandillas y delitos contemplados en esta legislación. La ampliación del plazo responde al alto volumen de detenciones efectuadas desde marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción.

    El fiscal general Rodolfo Delgado  argumentó que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar condenas contra estructuras del crimen organizado.

    “Respecto al tiempo que ha transcurrido durante la vigencia del Decreto 803, este tiempo transcurrido guarda relación directa con el artículo 8 del Código procesal Penal que se refiere a la detención provisional. Estos son denominados tiempos muertos, porque no hay una actividad procesal ante los tribunales de justicia. Para lo que nos ha servido es para ordenar a todas las personas que han sido detenidas de una forma desordenada porque se encontraban huyendo de la acción de nuestros policías y nuestros soldados”, aseguró Delgado.

    Dijo que en estos 24 meses han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” y de la “Pandilla 18”.

    “Entonces en este tiempo transcurrido nos ha permitido solicitar los agrupamientos de todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en 230 organizaciones criminales y organizar todos los pandilleros de la pandilla 18 en 295 organizaciones y de esa manera que se vayan iniciando los juicios correspondientes”, explicó el fiscal.

    Según Delgado, con estas reformas, lo que está sucediendo es que un mismo juez es el que va a conocer de la acusación e inmediatamente instala la vista pública y empieza el juzgamiento de todas estas personas.

    “Claro está, esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emita las sentencias que conforme a la ley corresponden”, afirmó el fiscal general.

    Delgado detalló que a la fecha son 88,750 personas detenidas bajo el régimen de excepción, que serán vinculados a 600 procesos judiciales.

    Y que en los dos años que han pasado desde la aprobación del Decreto 803 el 26 de julio de 2023, le ha servido a la FGR para ordenar a los pandilleros en las organizaciones criminales a las que pertenecen.

    Si no hay acusación, serán liberados

    Dentro de las reformas también se establece en el Art. 17 de la Ley que si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto (los 24 meses), el juez intimará al fiscal superior, y si este no contesta, sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y dejará sin efecto la medida cautelar. Ante esto, el diputado presidente de la Comisión, Caleb Navarro dijo que esa parte le parece “una válvula de escape, porque qué pasará si pasan los 24 meses, ¿la Fiscalía podrá solicitar más tiempo?”, consultó.

    El fiscal general dijo que es responsabilidad del Estado presentar la acusación en el plazo establecido y “al contrario a lo que dicen algunos que andan movilizando gente, sí se respeta el debido proceso y los derechos humanos de las personas que están siendo acusadas en este país”.

    También explicó que con esa herramienta se evita que los fiscales no presenten acusación por motivos de negligencia u “otros intereses de cualquier naturaleza o de naturaleza económica el fiscal auxiliar no presente acusación en el tiempo establecido, entonces se da la opción que el juez debe notificar al fiscal superior para determinar si el fiscal ha actuado de manera correcta o no. Esto es trasladar una garantía para el procesado también”, aseguró Delgado.

    Agregó que los 24 meses le parecen un “plazo razonable, pero si me preguntan a mí, me sentiría más tranquilo que este plazo sea sujeto a una solicitud de prórroga justificada y valorada adecuadamente por la autoridad judicial competente”, dijo Delgado.

    El diputado Navarro pidió entonces si tenían alguna propuesta de reforma sobre este tema y Delgado propuso agregar otro inciso en el artículo 17 de esta manera “en aquellos casos en las que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial dispuesto, su ampliación, la cual será por un período de 12 meses”, propuso el fiscal.

    Navarro pidió al equipo técnico hacer la modificación en las reformas.

    Los diputados de la Comisión aprobaron dictamen favorable para las reformas a la Ley contra el crimen organizado, que podrían ser aprobadas en la plenaria de este viernes 15 de agosto.

  • Comisión de Infraestructura aprueba reformas a la Ley de la DOT para agilizar trámites de construcción

    Comisión de Infraestructura aprueba reformas a la Ley de la DOT para agilizar trámites de construcción

    Los diputados de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial aprobaron este martes un dictamen favorable para reformar la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), con el objetivo de agilizar trámites y definir con mayor claridad el proceso constructivo.

    La medida fue respaldada tras recibir la exposición de la directora ejecutiva de la DOT, María Paola Bardi de Acosta, quien explicó que las modificaciones buscan centralizar en una sola instancia los procedimientos previos necesarios para iniciar obras.

    “Es necesario que trámites como el cambio de uso de suelo, la terracería, la tala y el cambio de titular —que forman parte del proceso constructivo— se concentren en un solo lugar”, señaló Bardi de Acosta.

    Exclusiones y competencias

    La funcionaria también destacó la importancia de incluir exclusiones en la aplicación de la ley, como los tanques de gas regulados por la Dirección de Hidrocarburos y Minas, o construcciones ya finalizadas que no requieren gestión ante la DOT, pues esta entidad está enfocada en nuevas edificaciones.

    Tras la exposición, el presidente de la comisión, Salvador Chacón, propuso modificaciones al artículo 33 de la Ley, que regula las exclusiones, reformando los numerales 6 y 9, y agregando los numerales 12, 13 y 14.

    Cambios principales

    Numeral 6: Proyectos de interés social autorizados por el Ministerio de Vivienda, incluyendo evaluaciones ambientales simplificadas y valoración cultural, siempre que no estén en áreas protegidas o con hallazgos arqueológicos.

    Numeral 9: Obras de infraestructura relacionadas con seguridad nacional, acueductos, alcantarillados, puertos, aeropuertos y manejo de materiales peligrosos.

    Numeral 12: Actividades de explotación de canteras, con permisos DOT para edificaciones complementarias.

    Numeral 13: Infraestructura para almacenamiento y distribución de petróleo y gas, regulada por la Dirección de Energía e Hidrocarburos, con permisos DOT para instalaciones administrativas.

    Numeral 14: Instalaciones de plantas nucleares, sujetas a regulación especial.

    Con estas modificaciones, la Ley de Creación de la DOT busca optimizar el flujo de permisos, eliminar duplicidad de trámites y establecer con precisión los casos que quedan fuera de su competencia, permitiendo que las instituciones especializadas gestionen sectores estratégicos como energía, hidrocarburos y seguridad nacional.

     

  • Autorizan $350 millones en nuevos préstamos y ratifican otros por $220 millones: ¿cuáles serán sus destinos?

    Autorizan $350 millones en nuevos préstamos y ratifican otros por $220 millones: ¿cuáles serán sus destinos?

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes cuatro dictámenes favorables, dos para autorizar al poder Ejecutivo a que suscriba dos nuevos préstamos con el Banco Mundial por $350 millones para obligaciones del Estado o transferencias; y otros dos para ratificar dos préstamos por un total de $220 millones para educación y el bypass de Apopa, sumando un financiamiento de $570 millones.

    Los decretos dictaminados hoy en Comisión serían aprobados posiblemente en la sesión plenaria de este miércoles 13 de agosto.

    ¿Para qué se utilizarán estos cuatro préstamos?

    $250 millones | “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” con el Banco Mundial.

    Es un préstamo nuevo aún no suscrito y la Comisión de Hacienda aprobó este lunes el dictamen favorable de su autorización.

    Destino: Según el artículo 2, “los recursos podrán utilizarse igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez y transferencias varias”.

    Plazo: 25 años. Comisión: 0.25 % la comisión inicial sobre los fondos; y 0.25 % de comisión de compromiso sobre saldo no desembolsado.

    El director de inversión explicó que será en modalidad “Políticas de Desarrollo” (DPL), es un reconocimiento y también permite realizar acciones para garantizar un mejor manejo fiscal o atención a emergencias.

    $100 millones | “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desembolso diferido ante catástrofes” con el Banco Mundial.

    Es un préstamo nuevo aún no suscrito y la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen favorable de autorización.

    Destino: se activa ante emergencias. Según el decreto, los recursos “podrán utilizarse para financiar los procesos de respuesta y de recuperación ante emergencias y desastres ya sea por eventos naturales, adversos o de salud pública”. Plazo: 30 años. Comisión inicial: 0.50 %.

    El Salvador también tiene un préstamo similar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como préstamo contingente por hasta $400 millones. Según el director de Inversión, Marlon Herrera, la diferencia es que este préstamo no solo “se destina a actividades de reconstrucción sino también a la prevención”, ya que se destina a desastres naturales sino a la salud pública como covid-19.

    $100 millones | “Proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador” con la Corporación Andina de Fomento (CAF) suscrito el 25 de julio de 2025. La firma fue autorizada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa. La Comisión de Hacienda dictaminó hoy su ratificación o aprobación.
    Plazo: 18 años.
    Destino: el director de inversión, Marlon Herrera, explicó que el préstamo busca mejoras en aprendizajes, modernizar el sistema educativo con tecnologías, mejorar la infraestructura escolar y asesoramiento de los docentes. Prometió que beneficiará “al menos 100,000 estudiantes” y “2,000 docentes” con capacitaciones continuas.

    $120 millones | “Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador” (bypass de Apopa) con el Banco Mundial.

    La Comisión de Hacienda dictaminó hoy su ratificación o aprobación.

    Destino: Financiamiento “para el puente SAL38 Carretera de Oro acorde al diseño final del mismo, cuya selección fue un puente tipo atirantado, así como fondos de contrapartida considerados en el financiamiento inicial”, “aumentar el presupuesto asignado a obras complementarias en las vías de acceso a la circunvalación y sus alrededores”, y “aumento en el presupuesto asignado a actividades de fortalecimiento institucional” y “reponer fondos utilizados del componente de respuesta de emergencias” que se usaron para atender la tormenta Alberto en 2024.

  • Diputados aprueban informe de labores de Justicia, que asegura rehabilitan a 1,000 internos en granja de Ilobasco

    Diputados aprueban informe de labores de Justicia, que asegura rehabilitan a 1,000 internos en granja de Ilobasco

    Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia recibieron este viernes los informes del Ministerio de la Defensa Nacional y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ambos correspondientes al período 2024-2025, los cuales no fueron leídos detalladamente, pero sí aprobados.

    Dentro del informe de Justicia, el diputado Walter Coto solo destacó algunas cifras de atención integral a reos y asistencia social a menores.

    “En el informe que se ha presentado, se destaca la atención integral a más de 1,000 jóvenes internos en la granja de rehabilitación de Ilobasco, quienes participaron en procesos de tratamiento y formación vocacional, así mismo se proporcionó asistencia social a 580 personas víctimas de la violencia; por otra parte, 115 niñas, niños y adolescentes fueron beneficiados con talleres de clubes de aprendizaje, desarrollándose a través de la Dirección de Reconstrucción y Tejido Social”, mencionó Coto.

    En este sentido, el diputado señaló que no es cierto que el Estado solo actúa con represión por medio del régimen de excepción, cuestionando a medios y organizaciones internacionales, sino que también se trabaja en rehabilitación, asegura.

    “Es importante hacer mención que no solo es la parte coercitiva del Estado la que está funcionando, es decir, ya se capturaron, se están siguiendo capturando todas aquellas personas involucradas dentro de las maras o pandillas, pero el Ministerio está haciendo una parte muy importante, que es dando oportunidades, dentro del sistema penitenciario del país se está permitiendo la rehabilitación, y no es como lo dicen los periódicos internacionales, las organizaciones internacionales, que aquí solo estamos generando represión, sino también se dé la parte de rehabilitación”, defendió el diputado.

    Coto leyó que el informe de Justicia registra una disminución del 99% de homicidios y una disminución del 37% de incidencia delictiva.

    El 31 de julio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la 41 prórroga del régimen de excepción, con el cual desde el 27 de marzo de 2022 se han capturado a “88,000 terroristas” según la solicitud del gobierno.

    Sin embargo, el mismo gobierno ha aceptado que dentro del régimen sí hay un margen de error, es decir, que han capturado a personas inocentes.

    A inicios de mayo de este año, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reconoció en una entrevista a una revista francesa que el gobierno se enfrenta con «menos de un 10 % de margen de error» en la aplicación del régimen de excepción, pero que lo consideran un éxito y que buscan disminuirlo.

    Ulloa aseveró, en esa ocasión, que se han liberado más de 7,000 personas de las más de 80,000 arrestadas, desde el 27 de marzo de 2022 mayo de 2025.

    En la comisión, el diputado Coto, antes de someter a votación los informes de Defensa y Seguridad, aseveró que “la implementación del régimen no puede parar”.