El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra nueve altos funcionarios del régimen de Cuba y contra la Dirección General de Inteligencia cubana, en una nueva escalada de presión política y económica impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Las sanciones fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense encargada de aplicar restricciones financieras y comerciales contra gobiernos, entidades y personas señaladas por Washington.
Entre los funcionarios afectados figuran la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; y la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde.
También fueron incluidos en la lista de sancionados el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo; el jefe de la Contrainteligencia Militar, José Miguel Gómez del Vallín; el dirigente político Roberto Tomás Morales y varios altos mandos militares cubanos.
Las medidas implican congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiciones para realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
La decisión se produce en medio de un fuerte deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana, luego que la administración Trump endureciera las sanciones económicas y energéticas contra la isla desde inicios de mayo.
Las tensiones también aumentaron tras reportes divulgados por el portal Axios sobre la compra de 300 drones militares por parte de Cuba, situación que generó preocupación en Estados Unidos ante un posible riesgo para instalaciones militares estadounidenses en la región, incluida la base naval de Guantánamo.
Además, la crisis energética cubana se agravó este año después de la reducción del suministro petrolero venezolano y el endurecimiento de sanciones estadounidenses contra sectores estratégicos de la economía de la isla.
Las nuevas medidas forman parte de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que amplió significativamente el alcance de las sanciones contra funcionarios, empresas y entidades vinculadas al aparato estatal cubano.