La Fiscalía General de Guatemala abrió una investigación por presuntos actos de corrupción interna relacionados con la filtración de información y la manipulación de procesos judiciales en un caso de lavado de dinero con conexiones internacionales.
El caso está vinculado a una disputa empresarial entre la firma guatemalteca Terra Towers y la estadounidense TPG Peppertree por el control de Continental Towers, una compañía de telecomunicaciones con operaciones en varios países de América Latina, incluyendo El Salvador.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por fiscales guatemaltecos, quienes aportaron pruebas como videos, mensajes y registros de comunicaciones que apuntan a irregularidades dentro del sistema judicial.
Según el documento, se habrían manipulado procesos penales en Guatemala contra Jorge Alberto Castro Gaitán, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger. Además, se señala que un fiscal habría “vendido” información confidencial a representantes de la defensa. Los primeros dos señalados son parte de un proceso judicial en El Salvador donde hay también varios estadounidenses procesados.
El caso también encendió alertas en El Salvador, donde las autoridades procesan a los mismos implicados junto a tres ciudadanos estadounidenses. Según medios guatemaltecos, en El Salvador, se identificó a un abogado que habría intentado influir en el proceso mediante ofrecimientos de dinero, fabricación de pruebas y contratación de testigos.
Entre las evidencias en Guatemala figura un video grabado dentro de la Fiscalía Número Cuatro, en el que, según la denuncia, un agente fiscal revela debilidades del caso a abogados particulares, lo que podría constituir una “colusión” para favorecer a la defensa.
Asimismo, se incorporaron registros de comunicaciones que evidenciarían el uso de códigos como “la compra del vehículo” para coordinar supuestos pagos ilícitos a cambio de acceso a información reservada del expediente.
El Ministerio Público también investiga si estas acciones forman parte de una estrategia ligada a un arbitraje internacional en Nueva York, donde se disputa el control de Continental Towers. Según la denuncia, se habrían intentado influir en los procesos judiciales para beneficiar posiciones en ese litigio.
La denuncia solicita indagar delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva, asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Además, advierte sobre una posible estructura criminal orientada a manipular procesos mediante fraude, ocultamiento de pruebas y uso de testigos falsos.
Las autoridades confirmaron que la investigación se encuentra en fase inicial y bajo reserva, mientras verifican la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas en este caso con ramificaciones regionales.