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  • Fiscales demandan al Servicio Postal de los EEUU por nueva regla sobre el voto por correo

    Fiscales demandan al Servicio Postal de los EEUU por nueva regla sobre el voto por correo

    Una coalición de 23 fiscales estatales y el gobernador de Pensilvania presentó este miércoles una demanda contra el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para bloquear una nueva regla que, según los demandantes, limita el voto por correo e interfiere con la autoridad constitucional de los estados para administrar las elecciones.

    La demanda busca detener una regulación emitida por el USPS el viernes pasado que exige a los estados registrar a todos los ciudadanos elegibles para votar por correo, con el objetivo de que el servicio postal elabore listas específicas de votantes para cada estado.

    La nueva normativa también establece requisitos de diseño para los sobres utilizados en las boletas electorales enviadas por correo. El USPS determinó que no entregará papeletas a personas que no aparezcan en las listas generadas ni aquellas enviadas en sobres que incumplan los nuevos estándares.

    La regulación responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo pasado, que previamente había sido bloqueada por un tribunal federal. Ante esa decisión, el Ejecutivo llevó la disputa hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

    El máximo tribunal falló el lunes a favor de la Casa Blanca al determinar que la impugnación presentada por la coalición de fiscales contra la orden ejecutiva se realizó demasiado pronto. Sin embargo, estableció que los demandantes todavía podían cuestionar la regulación del USPS que implementa el mandato presidencial.

    En la demanda presentada este miércoles, los fiscales sostienen que la normativa del Servicio Postal representa “una catástrofe” para el derecho al voto y cuestionan que la institución pueda imponer requisitos que afecten la administración electoral de los estados.

    “Esta norma sobre el voto por correo es un abuso de poder ilegal que demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Trump para controlar las elecciones. Pero como he dicho antes, esta lucha está lejos de terminar y confiamos en que los hechos y la ley están de nuestro lado”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda.

    La coalición incluye fiscales de Massachusetts, Nevada, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin y Washington, que buscan frenar la aplicación de la nueva normativa sobre el voto por correo.

  • Una corte de apelaciones le permite a Trump mantener a la Guardia Nacional en Washington

    Una corte de apelaciones le permite a Trump mantener a la Guardia Nacional en Washington

    Una corte federal de apelaciones decidió este miércoles permitir que las tropas de la Guardia Nacional movilizadas por el presidente, Donald Trump, permanezcan en Washington mientras examina la legalidad del despliegue de los soldados en la capital estadounidense.

    El panel de tres jueces votó de manera unánime para conceder la apelación del Gobierno de Trump, otorgándole una victoria temporal que le permite al republicano frenar el dictamen de un juez en primera instancia que le obligaba a ordenar el regreso de los miles de guardias nacionales presentes en el Distrito de Columbia.

    El dictamen de 30 páginas se apoyó en el estatus legal especial de la capital, argumentando que el «presidente posee una facultad excepcional dentro del Distrito – sede del Gobierno federal- para movilizar a la Guardia Nacional», por lo que podría tener «muchas probabilidades de prevalecer en el caso».

    La decisión del tribunal de apelaciones se produce semanas después del atentado contra dos soldados mientras patrullaban a unos 500 metros de la Casa Blanca, que resultó en la muerte uno de ellos y provocó heridas graves al otro.

    El veredicto favorable a Trump también coincide con procesos judiciales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland, donde tribunales han cuestionado el alcance legal de las órdenes del presidente para activar a estos efectivos en contra de las autoridades locales.

    Trump ha insistido en que quiere ayudar a erradicar la «ola de violencia» en estas ciudades, de mayoría demócrata, algo que los gobiernos estatales y locales rechazan.

    A los 900 guardias nacionales de Distrito de Columbia movilizados por Trump en agosto, se le han unido fuerzas adicionales de al menos 11 estados liderados por republicanos, para un total de más de 3.000 tropas, según The New York Times.