El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves una demanda contra el estado de California, al considerar que su nuevo plan de redistribución electoral favorece de forma inconstitucional al Partido Demócrata y da prioridad a criterios raciales en favor de la población latina.
La ofensiva legal se produce tras la aprobación, el pasado 4 de noviembre, de la Proposición 50 por parte del 64.4 % de los votantes californianos. Esta iniciativa permite una redistribución temporal de los distritos electorales, lo que podría traducirse en al menos cinco nuevos escaños para los demócratas en la Cámara Baja a partir de 2026.
El Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que la nueva cartografía electoral fue diseñada intencionalmente para beneficiar a una comunidad específica, en este caso la latina, y que dicha acción contraviene la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución estadounidense.
«El plan de redistribución de distritos de California es un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático», afirmó la fiscal general Pamela Bondi, quien también criticó al gobernador Gavin Newsom por supuestamente intentar consolidar “el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos”.
Bill Essayli, fiscal federal para California, señaló que el Gobierno actúa con rapidez para impedir que los nuevos mapas influyan en las elecciones de medio término previstas para 2026. La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Central de California.
El conflicto entre la Casa Blanca y el gobernador demócrata Gavin Newsom escaló tras el fracaso del Partido Republicano en evitar el avance de la Proposición 50. Newsom, respaldado por figuras como el expresidente Barack Obama, impulsó la reforma electoral con el argumento de proteger la representación de comunidades diversas en zonas como el Valle Central, tradicional bastión republicano.
Mientras tanto, otros estados controlados por legislaturas republicanas, como Texas, ya avanzan en sus propios planes de redistribución para garantizar su permanencia en el Congreso. California, sin embargo, optó por un mecanismo votado directamente por sus ciudadanos, lo que ha desatado una batalla legal sin precedentes entre el Gobierno federal y una de las economías más grandes del país.
Los analistas anticipan que más estados demócratas podrían seguir el ejemplo de California, lo que intensificará la lucha partidista por el control político en los próximos comicios legislativos.
