Venezuela cumplió el sábado un año sin publicar cifras oficiales y actualizadas de inflación, situación que, según expertos, deja a la ciudadanía “a ciegas” sobre el rumbo económico del país y obliga a hogares y empresas a operar “a tientas” en sus decisiones financieras.
La última cifra difundida por el Banco Central de Venezuela (BCV) corresponde a octubre de 2024, cuando el índice de precios fue del 4 %. Desde entonces, el silencio oficial ha generado incertidumbre en diversos sectores que dependen de estos indicadores para ajustar salarios, precios y márgenes de negocio.
El economista y profesor universitario Jesús Palacios advirtió que la falta de cifras complica especialmente la negociación de aumentos salariales.
“Sin estimaciones confiables de inflación, resulta difícil establecer precios con proveedores o planificar estrategias empresariales”, señaló el académico.
El salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente $0.60 mensuales, según la tasa oficial del BCV. Aunque los empleados públicos reciben bonos de hasta $160, estos no son considerados parte del salario formal, lo que ha generado reclamos por un ingreso digno por parte de múltiples gremios.
Durante los años de hiperinflación entre 2017 y 2021, Venezuela adoptó el dólar de facto como moneda para enfrentar la devaluación del bolívar. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido en los precios expresados en dólares, fenómeno que los ciudadanos denominan “inflación en dólares”.
“Los precios en dólares han subido de forma sostenida desde 2018, con picos significativos hasta 2023. En los últimos 12 meses, la inflación en dólares supera el 20 %”, explicó Palacios, al citar estimaciones independientes.
Esta situación ha generado una pérdida del poder adquisitivo en la población y ha forzado a los comercios a realizar ajustes excesivos que afectan las ventas. “Hay una falta de claridad y coordinación entre los actores económicos que termina impactando en el consumo y la rentabilidad de los negocios”, advirtió Palacios.
En paralelo, el contexto económico también ha sido marcado por restricciones a la libertad de información. En junio, al menos cinco economistas fueron detenidos, y el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) dejó de publicar datos ante denuncias de hostigamiento.
“El Gobierno no quiere que se informe sobre la situación económica del país”, denunció Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea.
