El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una serie de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido víctimas de abusos y detenciones arbitrarias durante redadas migratorias. Las querellas piden indemnizaciones de hasta $50 millones por violaciones a derechos constitucionales y uso excesivo de la fuerza.
Una de las demandas más recientes fue interpuesta por Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien alega haber sido arrestado en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García denunció que los agentes migratorios actuaron sin orden judicial, lo que calificó como una violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución.
El primer arresto ocurrió en mayo, cuando agentes encapuchados irrumpieron en una obra y lo esposaron pese a mostrar su REAL ID, documento emitido solo a residentes legales en ese estado. En junio, fue nuevamente detenido mientras trabajaba en una vivienda, liberado 20 minutos después junto con otros empleados, tras comprobar su estatus legal.
La querella, presentada como una acción colectiva, agrupa 19 casos similares de trabajadores de la construcción que denuncian haber sido arrestados sin causa probable.
“Estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores”, señala la demanda que busca compensación económica para las víctimas.
Demanda por agresión a un anciano recién operado
Otra demanda fue presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sido golpeado por agentes migratorios el pasado 9 de septiembre. Los videos de seguridad muestran a los agentes entrando sin autorización, empujándolo al suelo y sujetándolo violentamente, pese a que el hombre les advirtió que se recuperaba de una cirugía de corazón.
Shouhed sostiene que fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica ni derecho a llamadas telefónicas.
Su querella reclama $50 millones y acusa a los agentes de violar la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para coartar derechos constitucionales.
En agosto, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por detenciones arbitrarias. Entre ellos figura Cary López Alvarado, quien estaba embarazada y asegura que el estrés de su arresto provocó el nacimiento prematuro de su hijo.
El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, indicó que en cada caso solicitarán al menos $1 millón de indemnización.
“Las acciones de los agentes migratorios fueron brutales. Esperamos que estas querellas detengan el uso excesivo de la fuerza”, declaró Carrillo a EFE.
Carrillo añadió que la situación es tan grave que, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han presentado una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se investiguen los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas.
