El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que el aumento de las tenencias de bitcoin de El Salvador desde la primera revisión de su programa financiero provino de donaciones privadas y no de recursos públicos, según documentación presentada por las autoridades salvadoreñas al organismo.
La aclaración forma parte del acuerdo técnico alcanzado entre el FMI y El Salvador para completar de manera combinada la segunda y tercera revisión del Servicio Ampliado del Fondo. El entendimiento todavía está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y al cumplimiento de las acciones previas acordadas.
La información permite explicar cómo las tenencias oficiales de bitcoin continuaron aumentando después de que la primera revisión del programa estableciera que el saldo de bitcoin del sector público debía permanecer sin cambios. El FMI indicó que la documentación entregada acredita el origen privado de la acumulación registrada posteriormente.
No hay detalles del origen de esas donaciones privadas. El organismo no identificó a las personas o entidades que realizaron las donaciones ni detalló cuánto bitcoin aportó cada una. Según el rastreador oficial salvadoreño citado por la información proporcionada, las tenencias alcanzaron 7,764.37 bitcoins, después de registrar diferentes incrementos desde 2025.
El FMI señaló que, de ahora en adelante, no espera nuevas acumulaciones de bitcoin más allá de las donaciones documentadas. El manejo de la criptomoneda se mantiene como uno de los componentes del programa financiero acordado con El Salvador y continuará sujeto a medidas de gobernanza y administración de riesgos.
El acuerdo original con el organismo introdujo modificaciones a la política salvadoreña sobre bitcoin, cuya adopción como moneda de curso legal comenzó en 2021. Entre los cambios posteriores se estableció que su aceptación por parte del sector privado fuera voluntaria, que las obligaciones tributarias fueran pagadas con moneda estadounidense y que se limitaran las adquisiciones del sector público.
Los cambios también alcanzaron a la billetera electrónica estatal Chivo. El Gobierno transfirió la participación mayoritaria y el control operativo de la billetera electrónica a un operador privado, aunque conservó una participación minoritaria y responsabilidades relacionadas con la custodia de los activos de sus clientes. El FMI no identificó al operador privado.
El Salvador y el FMI acordaron además avanzar en la modernización del marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales, así como fortalecer la gobernanza y administración de riesgos sobre los criptoactivos mantenidos por el sector público. Estas disposiciones forman parte de las condiciones vinculadas con el programa financiero de 40 meses entre el país y el organismo.
