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La defensa de Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante deportado de manera ilegal a El Salvador en marzo, acusó este martes al Departamento de Justicia de emprender una “persecución judicial por venganza”, luego de que el salvadoreño y sus abogados impugnaran su expulsión.

La acusación fue presentada en un documento de 35 páginas ante la Corte Federal del Distrito de Nashville, en el que denuncian una supuesta campaña del gobierno para castigar a Ábrego García desde hace casi cinco meses.

Los abogados recordaron que funcionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportaron a Ábrego violando una orden judicial, y en vez de enmendar el error y regresarlo, “la Casa Blanca inició una campaña pública para castigar al señor Ábrego por atreverse a defenderse, que culminó en una investigación criminal”.

“Kilmar Ábrego García ha sido blanco del gobierno de Estados Unidos. No es por la gravedad de su conducta, ni porque represente una amenaza. Fue acusado por negarse a aceptar la violación de sus derechos constitucionales”, ”, escribieron los abogados..

Segunda ofensiva legal contra la administración Trump

Esta es la segunda vez que los abogados de Ábrego García señalan directamente al gobierno del presidente Trump por su manejo del caso. En junio, solicitaron a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, sancionar a la administración por desobedecer sus órdenes de forma “flagrante y sostenida”.

Actualmente, el caso civil y penal del salvadoreño avanza hacia un punto clave: podría ser liberado el viernes, luego de que un juez federal suspendiera por un mes su liberación original. El gobierno deberá decidir si continúa el proceso penal o lo entrega nuevamente a autoridades migratorias para reintentar deportarlo.

Ese mismo martes, la defensa pidió a la Corte en Tennessee que autorice su retorno a Maryland en libertad, bajo la protección de la orden de la jueza Xinis, quien prohibió su reexpulsión sin previo aviso de tres días hábiles.

Los abogados aseguran que las acusaciones penales surgen como represalia por haber demandado su retorno desde El Salvador, tras su deportación errónea a una prisión con historial de terrorismo. Afirmaron que las autoridades “se aferraron rápidamente a afirmaciones infundadas” de que era miembro de la MS-13 para justificar su expulsión.

Las declaraciones fueron replicadas públicamente por altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente JD Vance, quien en abril lo calificó como “miembro convicto de la MS-13 sin derecho legal a estar en el país”.

Según sus abogados, estas acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarlo, en la que fue tildado como “pandillero”, “depredador ilegal”, “traficante humano” y “terrorista”.

En junio, fiscales federales en Tennessee reabrieron una investigación por un incidente ocurrido en 2022, cuando Ábrego fue detenido transportando a varios hombres hispanos, algunos en situación irregular. Aunque el FBI conocía el hecho, decidió no presentar cargos entonces.

Los abogados argumentan que el gobierno reactivó el caso únicamente porque el inmigrante logró evidenciar su expulsión ilegal. “Los hechos no han cambiado desde hace tres años. Lo que cambió fue que el gobierno lo deportó ilegalmente y él decidió denunciarlo”, afirmaron.

Trump celebró acusaciones como mensaje político

Tras revelarse la acusación penal, el subfiscal general Todd Blanche reconoció públicamente que la investigación se activó después de que la jueza Xinis cuestionara la legalidad de la deportación. Poco después, el presidente Trump elogió la acusación y afirmó que era una forma de “mostrar cuán terrible es este sujeto”.

“La ofensiva pública sin precedentes contra el señor Ábrego por ejercer sus derechos constitucionales, promovida por miembros del gabinete, líderes del Departamento de Justicia e incluso el presidente de Estados Unidos”, concluyó la defensa, “demuestra que esta es una rara ocasión donde la venganza gubernamental es evidente”.