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La movilización de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas hacia el estado de Illinois, y más concretamente al área de Chicago, no ha generado, al menos por el momento, las tensas escenas que se vivieron a principios de junio en Los Ángeles (California).

Entonces, la movilización de tropas fue mayor, superando incluso las 4.000 unidades, y se produjeron intensos enfrentamientos en el centro de «La Ciudad de las Estrellas» con manifestantes que se oponían con contundencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), quienes también tenían como fin último la deportación de supuestos «delincuentes», principalmente de comunidades latinas.

«Aquí (en Chicago) es diferente porque los compañeros de California nos ayudaron mucho explicándonos cómo se comportaban los agentes y cómo reaccionar. La conclusión es que no hay reglas del juego», explica Evelyn Vargas, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), a EFE.

Vargas es una de las responsables de la ‘hot line’ (línea directa), como se conoce popularmente al servicio de llamadas al que los vecinos pueden telefonear para reportar el avistamiento de agentes encubiertos de ICE, así como la desaparición de familiares.

Las fuerzas de respuesta rápida

Tras marcar este número, que el viernes pasado registró su récord de 1.000 llamadas diarias, un grupo de voluntarios al teléfono les realiza un breve cuestionario; a contrarreloj, esta información es trasladada a una de las 29 mesas verificadoras; y, a continuación, grupos de como mínimos dos voluntarios de la fuerza de respuesta rápida salen a toda prisa a tratar de documentar el suceso.

«En California, el Gobierno argumentó que las protestas eran masivas y que por eso enviaron a la Guardia Nacional; aquí no tuvimos ese nivel de reacción y la mandaron igualmente (…) Ya no les avergüenza mostrarse como son», resumen la integrante de ICIRR, organización archiconocida entre los latinos de Illinois y que lleva trece años trabajando por proteger sus derechos.

Justamente ese legado de años de experiencia está siendo diferencial para los vecinos que, a diferencia de otros estados, están informados sobre sus garantías y cómo enfrentar situaciones límite con los agentes migratorios.

«En Chicago, por ejemplo, están muy formados. Saben cómo contrarrestar a ICE y cómo esconderse de ellos», ha repetido constantemente Tom Homan, el ‘zar’ de la frontera impuesto por la Administración Trump.

Decálogo de derechos y grupos de Signal

Barrios de mayoría latina del área de Chicago, como La Villita, Pilsen o Brighton Park, llevan meses atestados de carteles con el número de las distintas ‘hot line’, panfletos con decálogos donde se sintetizan sus derechos o grupos de alertas en directo a través de plataformas de mensajería encriptada como Signal.

Además de un mantra que se repite una y otra vez entre los habitantes: no abrir la puerta sin orden de cateo; no firmar nada y permanecer en silencio sin presencia de un abogado.

Con colectivos como ICRR, que desde enero han documentado ya más de 750 detenidos a causa de las redadas antiinmigración, colaboran decenas de abogados pro bono, que normalmente empiezan a trabajar tomando como base videos filmados en plena calle por las fuerzas de respuesta rápida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido repetidamente a Chicago como una «zona de guerra», mientras que las autoridades estatales y locales coinciden en que el despliegue tiene «motivaciones políticas».

De hecho, las estadísticas oficiales sobre delincuencia del Departamento de Policía de Chicago muestran descensos interanuales, con una reducción de los homicidios del 28 % con respecto al mismo período del año pasado y de casi el 50 % con respecto a hace cuatro años.

Protección a menores

En vecindarios como Logan Square, a escasos quince minutos del centro de Chicago, los propios habitantes denuncian que las escenas de «mayor violencia» reciente en su zona las han protagonizado miembros del ICE.

El viernes pasado, agentes federales trataban de detener a vecinos en el área cuando su presencia fue reportada y respondieron lanzando gases lacrimógenos contra los viandantes en los alrededores de la Escuela Primaria Funston.

«Dejen de militarizar nuestras zonas escolares, el Gobierno federal dice que protege a los niños y lo que hace es aterrorizarlos con escenas como ésta. Mis alumnos llevan toda la semana en shock, aquel día muchos no paraban de llorar», dijo la docente Mary Johnson a EFE.

La escuela ha apostado por un sistema de «corredor seguro» para que los niños de comunidades migrantes puedan llegar al colegio y salir del mismo en dirección a sus casas flanqueados por un pasillo humano de vecinos para garantizar su seguridad.