Estados Unidos señaló este martes que el régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales, incluyendo confiscaciones arbitrarias de propiedades y la negación de entrada a ciudadanos a su propio país.
En un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Managua, se advierte sobre “patrones preocupantes” en Nicaragua que afectan a la población, especialmente en áreas como el Estado de derecho, derechos laborales y libertades fundamentales.
Según la delegación diplomática, la investigación estadounidense reveló testimonios y evidencias directas sobre violaciones, como el uso del sistema judicial como herramienta de represión. La embajada compartió estos testimonios en sus redes sociales, los cuales señalan que el régimen ha desmantelado instituciones democráticas y afectado la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
La Casa Blanca evalúa actualmente duplicar al 100 % los aranceles a Nicaragua, además de considerar su expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), alegando que las políticas del régimen obstaculizan el comercio por sus prácticas “irrazonables” en derechos laborales y humanos.
Uno de los testimonios recabados afirmó que en Nicaragua “los inversionistas enfrentan confiscaciones porque los tribunales se usan como armas de opresión” y que los impuestos funcionan como mecanismos de “extorsión”. Otro denunció que “está totalmente a la discreción —a voluntad del régimen de Ortega— quién puede operar y quién no”.
Un tercer testimonio evidencia la represión: “Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre, y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno”.
Estas declaraciones fueron publicadas dos semanas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, “ha sido tomada por narcoterroristas”.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Ortega como parte de una “dinastía familiar” que busca eliminar la iglesia católica y cualquier amenaza contra su poder. “Se ha convertido en una copresidencia donde han intentado erradicar todo lo religioso”, afirmó entonces Rubio.