Etiqueta: educación

  • Diputados proponen sustituir penal de Ciudad Barrios por un instituto tecnológico

    Diputados proponen sustituir penal de Ciudad Barrios por un instituto tecnológico

    Convertir el Centro Penal de Ciudad Barrios en un instituto técnico o una extensión de la Universidad de El Salvador de San Miguel fue la propuesta que un diputado de Nuevas Ideas y el diputado del Partido Demócrata Cristiano hicieron al ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro.

    Los diputados aprovecharon que el ministro llegó a explicarles el proyecto del presupuesto 2026 que tiene asignado para el Ministerio para hacer la propuesta.

    El primero en hacer la propuesta fue el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, quien dijo que lo ideal sería sustituir el penal que está en la entrada de Ciudad Barrios por un instituto técnico.

    «Ciudad Barrios, un lugar turístico, la cuna de Monseñor Romero, pero el centro penal está en la entrada de la ciudad, entiendo que han existido traslados y que es poco el personal que se ha tenido ahí, entonces, el plan que se ha tenido ahí, al ya no existir un centro penal, que se pueda utilizar como un instituto técnico, esas estructuras reformarlas y modificarlas, pues hay mucha gente de muy escasos recursos en San Antonio del Mosco, que en un momento fue el municipio en segundo lugar con más extrema pobreza, y bueno son jóvenes que para ellos ir hasta San Miguel a la Universidad de El Salvador, aunque la universidad es gratuita, les causa muchos costos que no los podrían asumir, peor, pagar una universidad privada», propuso Navarro.

    En ese sentido, dijo que hacer esa intervención daría oportunidad a los jóvenes de la zona norte para que «converjan en un instituto técnico o una extensión de la Universidad de El Salvador, se lo dejo ministro. También, en Comacarán, en la oficina policial solo tienen un vehículo, son cuestiones que nos han reportado», le dijo Navarro.

    Villatoro respondió que ya tiene conocimiento del tema del penal de Ciudad Barrios y que es parte del trabajo que se está haciendo.

    «Tomo nota del tema de Ciudad Barrios, no es primera vez que lo hablamos en esta comisión y es parte del trabajo que estamos haciendo, para ir liberando estos penales que están bastante alejados y ahora que ya comencemos con los juicios posguerra, contra todas estas organizaciones terroristas, iremos teniendo todo eso», aseguró.

    El diputado Reinaldo Carballo también intervino sobre el tema y dijo que muchos jóvenes de cantones, como San Antonio del Mosco, a quienes dijo él les ha conseguido becas, ahora «son ingenieros aeronáuticos, significa que hay talento en esos cantones».

    «Desde Arena y el FMLN, yo también hice esa iniciativa porque ese penal, que yo siempre he criticado, de por qué penales tienen que estar dentro de las ciudades», cuestionó el pedecista, quien señaló que hacer una ampliación de la Universidad de El Salvador en San Miguel, en Ciudad Barrios, «es clave» para los jóvenes que viven en Chapeltique, Sesori, San Gerardo, Carolina, San Antonio del Mosco.

    «En todos estos pueblos hay jóvenes que no pueden seguir estudiando por recursos económicos y todos esos talentos se pierden, así que, si se lograra convertir en un tecnológico esas instalaciones, sería un gran beneficio para todos esos pueblos, porque eso es lo que hace falta para ese país: tecnológicos bien especializados, en cualquier rama, en aeronáutica tenemos toda la capacidad para ensamblar aviones en este país», insistió Carballo.

    El diputado enfatizó en la pobreza que ha existido en la zona y mencionó que las mujeres ganaban $1 por un petate que se hacían al día.

    «Hace unos doce años, en San Antonio del Mosco, las mujeres hacían petates, se hacían un petate por día y le pagaban $1 por petate, para que pueda ver hasta dónde es la pobreza de estos pueblos y la única herramienta para sacar de la pobreza a un joven, a un pueblo y a un país es la educación y tenemos que apostarle y, si tenemos la oportunidad de reubicar este penal de Ciudad Barrios a todos los presos en otro lugar y convertirlo en un gran tecnológico, pues, sería una gran ganancia para el país, así que también de mi parte le dejo ese encargo», dijo Carballo.

    «Gracias diputado, tomo nota del tema de Ciudad Barrios», se limitó a decir el ministro.

  • El 56.7 % de la población en edad de trabajar tiene menos de 9 años de estudios

    El 56.7 % de la población en edad de trabajar tiene menos de 9 años de estudios

    El 56.7 % de la población salvadoreña en edad de trabajar (PET) tiene menos de nueve años de estudios aprobados, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024.

    Los tabulados publicados por el Banco Central de Reserva (BCR) detallan que la población en edad de trabajar superó los 4.85 millones, una cifra que abarca a los salvadoreños mayores de 16 años que trabajan formal o informalmente, así como a los desempleados o inactivos.

    La PET representa un 76.3 % de los 6.35 millones de salvadoreños que estima la EHPM 2024; sin embargo, el BCR aclara que la metodología de la encuesta aún no se ha actualizado con los resultados del VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda, publicados el año pasado.

    Del total, un poco más de 3.02 millones corresponden a la población económicamente activa (PEA), es decir, quienes ofrecen su fuerza de trabajo al mercado laboral, mientras que 1.82 millones pertenecen a la población inactiva —no trabajan ni buscan empleo—.

    La educación abre las puertas a mejores ofertas laborales, pero los resultados de la EHPM 2024 revelan que cinco de cada diez salvadoreños se quedan en noveno grado y solo el 14.4 % supera el bachillerato.

    Pirámide académica

    De acuerdo con la EHPM 2024, al menos 535,998 salvadoreños mayores de 16 años no tienen ningún grado académico aprobado, equivalente al 11 %.

    Además, 571,397 salvadoreños en edad de trabajar tienen de 1 a 3 grados de estudio, un 11.7 % del total, mientras que 744,743 cuentan con entre 4 y 6 años académicos, un 15.3 %.

    Un 18.5 % tiene entre 7 y 9 años de estudios, un porcentaje que abarca a 901,772 salvadoreños.

    El mayor grupo corresponde a los salvadoreños que tienen entre 10 y 12 años de estudios, donde se ubican 1.39 millones de personas, que representan el 28.7 % del total de la población en edad de trabajar.

    Entretanto, 699,933 salvadoreños tienen más de 13 años académicos, un 14.4 %, es decir, que han accedido a la educación universitaria.

    La población mayor de 16 años está conformada por 2.18 millones de hombres y 2.66 millones de mujeres.

    El documento confirma que las mujeres alcanzan un mayor grado de estudios, con 385,681 que superan los 13 años académicos, mientras que los hombres suman 314,252.

  • Salud aplicaría escalafón para salarios hasta de $1,500 con un techo máximo de $3,000

    Salud aplicaría escalafón para salarios hasta de $1,500 con un techo máximo de $3,000

    Los recursos para los escalafones de los empleados de Salud y de Educación para el año de 2026 están contemplados en el proyecto del Presupuesto General del Estado, aseguró el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

    El funcionario se refirió primero al ramo de Salud y reiteró que el escalafón se aplica a todos los salarios iguales o menos a $1,500.

    “En el tema de los escalafones, se mantiene en el ramo de Salud, para todos aquellos salarios mensuales que sean menores o iguales a los $1,500 y que su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder el techo máximo. Estamos manteniendo el escalafón conforme se aprobó para el año 2025 y que al aplicarlo al sueldo no exceda el monto”, señaló Posada.

    El artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto indica que el “Escalafón Salarial correspondiente al Ramo de Salud se otorgará únicamente a funcionarios y empleados públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500” y que “su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo”.

    El techo máximo del escalafón salarial en Salud es $3,000 según la reforma a la Ley de creación de escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aprobada el 29 de agosto de 2023.

    Para aprobar esa reforma, los diputados argumentaron que el sistema de incentivo salarial tenía “un efecto regresivo”, ya que “beneficia a los funcionarios y empleados que tienen salarios más altos sobre aquellos que tienen salarios bajos”, lo cual contravenía “las reglas de disciplina fiscal”.

    Sin embargo, para 2026, se prevén salarios de hasta $8,500.99 en la Red Nacional de Hospitales pero según el proyecto de ley de salarios esas plazas serían bajo contrato, no por Ley de Salarios.

    En la nueva Red de Hospitales habría al menos 240 empleados con salarios superiores a $3,500 según el proyecto.

    Así, habría 15 plazas con salarios entre $8,001 y $8,500.99, 36 plazas de empleados con salarios entre $6,001 y $8,000.99, 54 plazas con salarios entre $5,001 y $6,000.99, 135 plazas con salarios entre $3,501 y $5,000.99.

    ¿Y en Educación?

    Respecto a Educación, Ciencia y Tecnología prometió que “la aplicación del escalafón continuará efectuándose conforme a los establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

    El ministro de Hacienda aseguró que los empleados de ambos ramos no deben preocuparse, ya que el dinero está incluido en el presupuesto.

    “Todos los empleados de Educación y de Salud tienen estar tranquilos que se están incluyendo los recursos para dar cobertura a los escalafones”, prometió.

    Al revisar los presupuestos de ambos ramos, no hay detalle del monto para cubrir el escalafón.

    En el presupuesto para 2025, sí se estableció que para Salud se habían destinado $8 millones y, para Educación, $2 millones.

    En la explicación que dio el ministro ante los diputados de la Comisión de Hacienda, no mencionó el detalle de los montos que se destinan para los escalafones 2026 ni si en el futuro se buscaría que estos  escalafones apliquen también al personal de la Red Nacional de Hospitales.

  • OEI lanza VI edición del Premio Óscar Arnulfo Romero

    OEI lanza VI edición del Premio Óscar Arnulfo Romero

    La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) anunció este lunes la apertura de la sexta edición del Premio de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, un galardón que reconoce iniciativas en defensa y promoción de los derechos fundamentales en Iberoamérica.

    El plazo de inscripción estará disponible hasta el próximo 21 de diciembre y podrán participar proyectos procedentes de 22 países de la región. El primer lugar recibirá un reconocimiento económico de $8,000, monto que podrá ser reinvertido en la iniciativa ganadora.

    Desde su creación, el premio ha contado con más de 2,000 proyectos presentados en cinco ediciones anteriores, consolidándose como uno de los reconocimientos más emblemáticos de Iberoamérica en materia de educación en derechos humanos.

    “La OEI busca consolidar la educación en derechos humanos como herramienta fundamental para una verdadera transformación social, que contribuya a construir una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada”, señaló la organización al presentar la nueva convocatoria.

    Las entidades que desarrollen proyectos en dos o más países iberoamericanos deberán elegir únicamente uno para presentar su candidatura. Con esta nueva edición, la OEI reafirma su compromiso con el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, símbolo de paz y justicia social en la región.

     

     

  • Escuelas públicas aplican deméritos, pero sin un formato unificado

    Escuelas públicas aplican deméritos, pero sin un formato unificado

    Las escuelas e instituciones públicas del país comenzaron este 1 de septiembre con la aplicación del sistema de deméritos, confirmaron dos sindicatos de profesores salvadoreños.

    El secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), Francisco Zelada, explicó que en el centro escolar en el que labora, cada falta se registra a través de un formulario digital y físico.

    El documento debe ser firmado por el alumno (si es mayor de edad) y el padre de familia responsable, así como por el profesor.

    El siguiente paso es registrar los deméritos en un libro que es resguardado por la subdirección de la institución.

    De esta forma, tanto el director como el subdirector podrán aplicar los procedimientos respectivos.

    “En el Centro Escolar República de Nicaragua, hemos establecido en el protocolo que cada semana se van a ir revisando los deméritos acumulados por el estudiante, se le va a dar seguimiento a través de la aplicación contínua del plan de aplicación de los deméritos”, indicó Zelada.

    El docente dijo que el formulario es parte de un protocolo que han establecido en conjunto con el consejo de profesores del centro educativo.

    Zelada indicó que aunque se tiene un reglamento, no se posee un instructivo para aplicar el reglamento, por lo que probablemente las escuelas tengan “otra forma de aplicarlo” con el fin de dar cumplimiento.

    El secretario general de Bases Magisteriales, David Rodríguez, explicó que, otros centros educativos, han recibido un formato en donde cada docente tendrá para su grado asignado una hoja con el nombre del estudiante en donde aplicar las faltas que cometa. Cada demérito se firma por parte del estudiante.

    Por su parte, el libro de actas está a cargo de la dirección de las instituciones educativas.

    Rodríguez aseguró que este 1 de septiembre inició el sistema de deméritos en todas las instituciones, y en algunas aún se brindaba orientación al alumnado para no cometer faltas.

    ¿Cómo funciona?

    Los deméritos son parte de un nuevo reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt).

    La normativa pretende que los estudiantes cumplan con el uso de palabras como “por favor” al momento de hacer una petición, saludar cuando entren o salgan del aula, así como decir “gracias” cuando se reciba un favor, material o atención.

    Los estudiantes no deben usar tonos groseros e irrespetuosos, de lo contrario, acumularán faltas que pueden traer diferentes tipos de sanciones.

    Según el artículo 5 de este documento, cualquier estudiante con tres deméritos tendrá una advertencia verbal y una reflexión escrita sobre la importancia de la cortesía.

    Cuando los deméritos suban a seis se debe entablar comunicación con el responsable del estudiante e impondrán una tarea correctiva.

    Con 10 deméritos se podrá suspender “privilegios escolares”, mientras que cuando se reporte más de una decena de faltas se deberá entablar una reunión con la familia y la dirección.

    Quien cometa más de 10 deméritos se llamará a reunión a su familia en la dirección y tendrá una advertencia para el estudiante.

    Al momento de acumular 15 infracciones de este tipo, el estudiante “no podrá ser promovido de grado”.

    Normativa

    Zelada aseguró que como docentes buscarán que no se cometan injusticias en estos procesos, al mismo tiempo que se faciliten las actividades para que el alumno pueda subsanar la situación.

    No obstante, ambos maestros puntualizan en la necesidad de “armonizar” normativas y leyes que contradigan lo dictado en el memorándum compartido por el Mineducyt.

    El secretario de Bases Magisteriales aclaró que en ningún momento está en contra de la medida, pero que es necesario empezar a realizar reformas porque el memorándum pesa menos jurídicamente que normas como la “Ley crecer juntos”.

    “En artículo 57 de la Ley crecer juntos habla de disciplina positiva, es decir que no se puede vulnerar al estudiante y tiene la prohibición, en el último párrafo del artículo se establece el tema del reglamento”.
    David Rodríguez, secretario de Bases Magisteriales.

    Con relación a la medida en general, dos madres de familia de alumnos del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) externaron estar de acuerdo con las diferentes medidas que se han implementado por las autoridades educativas, desde la parte de vestimenta, calzado y cortes de cabello, hasta el comportamiento en los centros educativos.

    “La educación siempre está y eso empieza desde casa, nosotros tenemos que enseñarles a decir buenos días, buenas noches, con permiso, muchas gracias, cosas que si pasa al lado del joven no saludan”, destacó Marcela Machuca, madre de familia de un alumno de primer año de bachillerato.

    Otra madre, que pidió anonimato, dijo que antes del 20 de agosto los alumnos del Inframen llegaban “como querían”, aunque eso no era porque el instituto “no les dijera” cómo vestir, sino que los alumnos no cumplían con dicha medida.

    “En mi opinión personal, la represión en este caso para mí funciona y está bien, porque sino lo hacemos así no van a entender”.
    Madre de familia del Inframen.

    Desde el 20 de agosto, los alumnos también están obligados a presentar un corte de cabello adecuado y uso correcto del uniforme.

    Dos estudiantes del Inframen confirmaron en anonimato que la medida es bien recibida, pero uno de ellos lamentó que se revise de forma periódica el corte de cabello, pues aseguró no tener el dinero necesario para cortarlo de forma cotidiana.

  • Andes 21 de junio a favor de medidas disciplinarias de Educación: «Nosotros habíamos perdido la autoridad en la escuela»

    Andes 21 de junio a favor de medidas disciplinarias de Educación: «Nosotros habíamos perdido la autoridad en la escuela»

    Representantes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES) 21 de junio aseguraron apoyar las medidas disciplinarias dictadas por la nueva ministra de Educación, la capitán del Ejército y doctora Karla Trigueros, relacionadas a cortes de cabello, presentación personal, saludos y frases respetuosas de parte de los estudiantes.

    En la entrevista televisiva de Frente a Frente, los representantes de este sector de los maestros afirmaron apoyar las medidas, debido a que habían «perdido la autoridad en la escuela», así lo declaró su secretario general, Israel Montano.

    «Hoy se da una oportunidad donde nosotros habíamos perdido la autoridad en la escuela, llega el momento donde ni la familia tenía la autoridad con sus hijos, que buena oportunidad cuando los padres de familia en las redes sociales aplauden estas medidas, es porque los padres ya sentían vencidos incluso por sus mismos hijos, de no poderlos orientar, educar, y llega este tipo de medidas, que llega a salvarles en la familia, no digamos a nosotros en las escuelas».
    Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de junio. 

    Montano junto al miembro del Consejo Ejecutivo de ANDES 21 de junio, Francisco Cruz, dijeron que hacían un llamado al magisterio y a los padres de familia a apoyar las medidas, porque «es el momento de sumarnos».

    El pasado 20 de agosto entró en vigencia la orden ministerial para los centros de estudio públicos de El Salvador, y es que los alumnos deben presentarse con el uniforme completo, limpio, corte adecuado y saludar respetuosamente.

    Este próximo lunes 1 de septiembre entrará en vigencia el Reglamento de Cortesía que establecerá un sistema de deméritos  para los estudiantes que no digan: «Buenos días», «por favor» y «gracias», o no se dirijan con respeto.

    Reformas

    Sin embargo, hicieron un llamado a la nueva ministra para hacer que estas medidas perduren y para ello, aseguraron que se deben hacer reformas en las leyes, sin especificar cuáles.

    Montano afirmó que actualmente «las leyes están en contra del profesor, y si el profesor exige las medidas que ha dado la ministra, entonces van a sancionar al profesor».

    En ese mismo sentido, esta semana, los maestros de los sindicatos Simeduco y Bases Magisteriales advierten complicaciones si no se especifican y armonizan los criterios de evaluación con marco jurídico de educación. 

    Paz Zetino, secretario de organización de Bases Magisteriales, sostuvo que las normas de cortesía «no son ninguna invención, se vienen promoviendo», pero sí asevera que «no se le devolverá la autoridad al docente con una circular, se tiene que ajustar todo el marco jurídico que tiene que ver con la educación, le hablo de la Ley General de Educación, le hablo del Código de Familia, de Crecer Juntos, Ley de Carrera Docente, todo eso hay que armonizarlo, para después crear los reglamentos en base a esas leyes ya armonizadas, de lo contrario estamos sacando circulares que en algunos casos nos parecen muy preocupantes, como eso de los deméritos y eso pasa por reformar la normativa de evaluación para poderlo aplicar».

  • Afganistán sigue prohibiendo educación a mujeres cuatro años después del regreso talibán

    Afganistán sigue prohibiendo educación a mujeres cuatro años después del regreso talibán

    Cuatro años después del retorno de los talibanes al poder, Afganistán continúa siendo el único país del mundo que impide a niñas y mujeres acceder a la educación secundaria y universitaria, una medida que organismos internacionales como la UNESCO y UNICEF califican de alarmante.

    De acuerdo con la UNESCO, cerca de 2.2 millones de niñas están actualmente excluidas del sistema educativo más allá de la primaria. Su directora general, Audrey Azoulay, describió la situación como “profundamente preocupante” y pidió a la comunidad internacional no olvidar la crisis educativa que vive Afganistán.

    Desde agosto de 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses, las autoridades talibanas han impuesto restricciones severas a la asistencia escolar. Las escuelas y universidades femeninas permanecen cerradas, bajo reglas que exigen segregación por sexo, códigos de vestimenta estrictos y un control curricular dominado por la instrucción religiosa y la narrativa oficial del régimen.

    Dentro del propio gobierno talibán existen voces críticas. Abbas Stanakzai, viceministro de Exteriores y firmante de los Acuerdos de Doha de 2020, ha reiterado que estas políticas representan una injusticia. “Hoy, entre una población de 40 millones, estamos siendo injustos con 20 millones de personas (…) no se les permite estudiar, no se les permite asistir a las mezquitas, se les cierran las puertas de las universidades y escuelas”, afirmó en declaraciones recogidas por medios locales.

    En contraste, el ministro interino de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem, ha defendido la línea oficial asegurando que el tema sigue en evaluación académica. “Si sus conclusiones demuestran que la educación de las mujeres es admisible, creemos que se concederá la autorización”, expresó.

    Las propias jóvenes afganas transmiten su desesperanza.

    “Nada de lo que los talibanes dicen sobre educación es cierto. Han prohibido la educación para mujeres y no se puede esperar esperanza de ellos”, dijo Nazo, de 17 años. Madina, de 16, añadió: “La comunidad internacional no considera realmente a las mujeres afganas como seres humanos. Si lo hiciera, habría dado al menos un paso en estos cuatro años”.

    La proyección de UNICEF es igualmente preocupante: si la prohibición persiste hasta 2030, más de cuatro millones de niñas perderán su derecho a la educación secundaria y universitaria. Amnistía Internacional advierte además que la exclusión se agrava por el desmantelamiento de instituciones que protegían los derechos de las mujeres, ahora bajo control del régimen.

    En Kabul, la vida cotidiana refleja estas restricciones: negocios cerrados, prohibición de la voz femenina en público y estrictos códigos de vestimenta impuestos bajo la ley de la sharía. Para la comunidad internacional, la situación representa uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos en el siglo XXI.

  • La inversión pública ejecutada a junio se duplicó tras superar los $655 millones

    La inversión pública ejecutada a junio se duplicó tras superar los $655 millones

    La inversión pública ejecutada en el primer semestre del año se duplicó y sumó $655.12 millones, según el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) del Ministerio de Hacienda.

    El último documento, publicado el 18 de julio, señala que el programa de inversión pública ascendió a $2,803.48 millones a junio pasado, que representan un 7.6 % del producto interno bruto (PIB).

    De ese total, Hacienda tenía en programación $1,348.33 millones, de los cuales un 48.6 % se habían ejecutado.

    El monto ejecutado aumentó en $326.91 millones respecto a los $328.21 millones registrados en igual período de 2024, equivalente a un 99.6 % de crecimiento.

    Además, según Hacienda, es la cifra más alta documentada desde 2020, cuando en promedio se ejecutaban $395.82 millones.

    La inversión pública es clave en la economía porque desencadena otros rubros, como la construcción. Sin embargo, es uno de los rubros más sacrificados cuando ocurren desequilibrios en las cuentas fiscales.

     

    Inversión en educación rezagada, pero sube en infraestructura

    Hacienda detalló que 10 proyectos del PAIP acumulan $1,429.33 millones, un 51 % del total. De esos, $719.65 millones se tenían programados a junio y se habían ejecutado $447.23 millones.

    De estos proyectos, Hacienda documenta bajo desempeño en la ejecución de la inversión en educación y salud, mientras que en infraestructura a cargo de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) se mantuvo arriba.

    El proyecto más oneroso es la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera, en el tramo de Los Chorros, con una asignación de $228.45 millones. De esos, se tenían programados $101.85 millones, pero Hacienda reporta que solo se ejecutaron $22.43 millones, equivalente a un 22 %.

    El Ministerio de Educación solo ejecutó $4.55 millones de los $23.66 millones que tenía en programación para junto del programa Crecer y Aprender Juntos, cuya asignación anual es de $200 millones.

    También ejecutó $10.42 millones de los $184.27 millones ($32.17 millones programados a junio) del programa Mi Nueva Escuela.

    En mayo pasado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó el programa “Dos escuelas por Día”, en el cual se habilitó un sitio web para informar de los centros educativos en intervención. En ese momento, el mandatario se defendió de la crítica del incumplimiento de la promesa de la construcción de escuelas bajo el argumento de que encontraron necesidades que no habían visto.

    Uno de los proyectos con mejor desempeño corresponde al programa de obras municipales para infraestructura diversa a cargo de la DOM. Hacienda registra que la asignación anual es de $184.32 millones, de los cuales se tenían en programación $150.89 millones a junio. De esos, se ejecutaron $150.80 millones.

    A cargo de la DOM también está el programa de obras municipales de infraestructura vial, con $125 millones para 2025. De esos, se programaron $110.83 millones a junio y se ejecutaron $105.73 millones.

    El Ministerio de Salud ejecutó $4.13 millones del programa Creciendo Saludables, que tiene un monto anual de $80.02 millones, de los cuales $42.82 millones estaban en programación.