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  • Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

    Presencia militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico: armamento, bases y alianzas

    Estados Unidos ha reforzado en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que la Administración de Donald Trump enmarca en su iniciativa ‘Lanza del Sur’ y en la lucha contra el narcotráfico.

    Desde agosto, el mar Caribe y la entrada al Pacífico oriental se han convertido en escenario de una expansión militar estadounidense que incluye destructores de misiles guiados, submarinos de ataque nuclear, aeronaves F-35, helicópteros de ataque, aerodeslizadores anfibios, drones de vigilancia y tropas destinadas, según Washington, a operaciones de vigilancia e interdicción del narcotráfico.

    De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), la flota inicial en el sur del Caribe estuvo compuesta por destructores clase Arleigh Burke, barcos anfibios de desembarco, un submarino rápido de ataque y aeronaves F-35, además del empleo de drones MQ-9.

    El CSIS también apunta que el número total de tropas estadounidenses proyectado podría alcanzar decenas de miles, lo que convertiría esta operación en la mayor presencia militar de EE.UU. en la región en décadas, algo que no se veía desde las guerras estadounidenses en Oriente Medio.

    Entre agosto y octubre, la cifra de buques desplegados pasó de dos o tres a unas diez unidades —incluidos destructores, barcos anfibios y submarinos—, y con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford el movimiento naval prácticamente se duplicó respecto al nivel previo. Más de 2.200 marines han sido movilizados desde agosto y diez aviones F-35 aterrizaron en Puerto Rico en septiembre junto a cientos de militares de apoyo, con lo que para octubre se contabilizaban al menos 10.000 tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe.

    También se estima que unos 170 misiles Tomahawk están listos para ser empleados desde barcos o submarinos. Motivaciones y tensiones La Administración Trump presenta la misión como un esfuerzo contra el narcotráfico y el tráfico de personas.

    El CSIS, sin embargo, señala que, aunque ese es el objetivo declarado, el tipo de medios involucrados sugiere una preparación para operaciones más amplias, incluida una posible presión militar sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

    El informe también destaca que el volumen de tropas y equipos, junto a tecnología robótica y fuerzas de despliegue rápido, altera el equilibrio militar en la región frente a los activos venezolanos, que considera fragmentados.

    Aunque EE.UU. no dispone, según el estudio, de fuerzas terrestres suficientes para una invasión a gran escala, sus capacidades aéreas y navales serían suficientes para lanzar operaciones de misiles y bombardeos. Sin embargo, el Pentágono ha reconocido que ha entregado a Trump diferentes opciones, incluidos ataques a instalaciones militares venezolanas.

    Movimientos y alianzas Al despliegue se han sumado alianzas, visitas de funcionarios estadounidenses y el uso de infraestructura militar y civil en varios países del Caribe y Centroamérica. Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana, acoge maniobras de la Marina estadounidense en zonas urbanas y rurales.

    Los ejercicios, iniciados el pasado domingo, están previstos hasta este viernes. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, los calificó como parte de una alianza «profunda y duradera», mientras Maduro los denunció como una «hipoteca» extranjera sobre su país. Guyana, que mantiene con Venezuela una disputa por el Esequibo, ha respaldado el despliegue aunque sin ejercicios recientes en su territorio. El 7 de noviembre recibió la visita del jefe del Comando Sur para abordar «la larga alianza de defensa» bilateral.

    Puerto Rico se ha convertido en una plataforma estratégica. Desde agosto se han realizado ejercicios de desembarco e infiltración con un aerodeslizador LCAC, helicópteros UH-1Y y Apaches, y cazas F-35B, según un vídeo del Pentágono del 1 de noviembre. Parte del aeropuerto de Roosevelt Roads —una antigua base militar cerrada en 2004— está nuevamente bajo control operativo estadounidense.

    Mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) estableció una prohibición temporal de vuelos en esa zona hasta el 31 de marzo de 2026 por «razones especiales de seguridad». Granada recibió una solicitud de Washington para instalar un radar y equipo militar en el aeropuerto internacional Maurice Bishop.

    El primer ministro, Dickon Mitchell, dijo que analizarán los criterios legales y técnicos al tratarse de una instalación civil. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino negó que el país participe en algún «acto hostil contra Venezuela» y sostuvo que la presencia de militares estadounidenses responde a acuerdos de cooperación.

    Los ejercicios conjuntos son frecuentes desde la invasión de 1989 y se reforzaron tras renovar la cooperación en abril. República Dominicana y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) acordaron la semana pasada enfrentar a los carteles del narcotráfico, en particular al Cartel de los Soles, designado como organización terrorista por ambos países y que, según EE.UU., lidera Maduro.

    Además, Ecuador, Paraguay y Argentina expresaron a Trump su respaldo a su estrategia antidrogas y también declararon al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. El Ejército de EE.UU. asegura haber hundido una veintena de embarcaciones y provocado la muerte de unas 80 personas en operaciones desplegadas en aguas del Caribe y el Pacífico, en el marco de los operativos que inició en septiembre para combatir al narcotráfico.

  • Demócratas denuncian amenazas tras acusaciones de sedición de Trump

    Demócratas denuncian amenazas tras acusaciones de sedición de Trump

    Varios congresistas demócratas denunciaron este domingo haber recibido amenazas de muerte y de bomba tras ser acusados de sedición por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió que fueran arrestados por instar al Ejército a no cumplir «órdenes ilegales».

    El congresista Jason Crow, de Colorado, aseguró en el programa ‘Face the Press’ de la cadena CBS que tanto él como su familia han sido objeto de intimidaciones tras las declaraciones del mandatario. “Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con ejecutar, ahorcar y arrestar usando esta retórica, la gente lo escucha”, advirtió Crow.

    Trump, quien retornó al poder en enero, señaló a seis legisladores demócratas por haber difundido un video en el que pedían a los militares acatar la Constitución y rechazar órdenes que consideren fuera de la legalidad, sin especificar a qué acciones se referían. El presidente consideró esto como un acto sedicioso y pidió su procesamiento judicial.

    Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha ordenado despliegues militares en varias ciudades controladas por demócratas, con el argumento de contener disturbios, aunque tribunales federales han calificado estos operativos como inconstitucionales.

    Además, la escalada verbal del presidente coincide con un aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, orientado –según la Casa Blanca– a presionar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y combatir el narcotráfico. Washington asegura haber destruido una veintena de embarcaciones y causado la muerte de 83 personas vinculadas a estas operaciones.

    La senadora Elissa Slotkin, de Michigan, también acusó al presidente de usar “el Departamento de Justicia como arma” para silenciar críticas. “Casi de inmediato, la situación cambió para todos nosotros… Si el presidente dice cosas así, imagínense lo que hace la gente, las llamadas a nuestra oficina”, denunció.

    Por su parte, el senador Mark Kelly, de Arizona, subrayó la gravedad de las palabras del presidente y recordó que “tienen un peso enorme, más que las de cualquier otra persona en el país”.

    Ante este clima de tensión, varios legisladores, incluyendo Crow, presentaron denuncias policiales por las publicaciones del presidente. Aunque es poco probable que estas denuncias deriven en acciones legales inmediatas, reflejan el deterioro de las relaciones entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso.