Una Cámara de lo Penal resolverá si procede el juicio contra 12 altos mandos militares señalados por la masacre de aproximadamente 1,000 civiles en El Mozote y zonas aledañas en 1981, luego de concluir la etapa de alegaciones por la apelación presentada en diciembre de 2025 por la defensa de los procesados, informó este martes la organización Cristosal.
A inicios de diciembre de 2025 se conoció la decisión de elevar a juicio la causa por crímenes de lesa humanidad contra los militares, entre ellos los entonces jefes del Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil (1980-1992).
Sin embargo, el 22 de diciembre la defensa presentó un recurso ante el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, el cual ahora deberá ser resuelto por la Cámara de lo Penal de San Miguel.
Cristosal señaló en un comunicado que “la posibilidad de que el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños llegue a su etapa final se encuentra ahora bajo la decisión de la Cámara de lo Penal, tras concluir la etapa de alegaciones en apelación”.
La ONG recordó que la apelación fue interpuesta por la defensa del exministro de la Defensa, Guillermo García; del excomandante de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo; y de diez oficiales que integraban el mando del Batallón Atlácatl al momento de los hechos.
“Los apelantes buscan frenar de nuevo un largo proceso que ha sido sostenido por la persistencia de las víctimas, la solidez de la prueba testimonial y científica, el acompañamiento de organizaciones que durante años defendieron el avance de este juicio frente a repetidos intentos de cerrarlo”, apuntó Cristosal.
La organización expresó su expectativa de que la Cámara confirme el envío del caso a plenario para que se desarrolle un juicio que, según afirmó, ha sido postergado durante décadas.
De acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron de forma “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres en el cantón El Mozote y zonas cercanas.
La guerra civil salvadoreña dejó alrededor de 75,000 muertos y cientos de masacres atribuidas a fuerzas militares, en un conflicto que marcó profundamente la historia reciente del país.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el viernes a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de justicia transicional integral que garantice reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a propósito del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.
La institución subrayó que esta normativa debe tener como prioridad a las víctimas y no debe incluir “amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad”, según expresó en un comunicado publicado en redes sociales.
Además, la PDDH insistió en que la futura ley debe crear las condiciones necesarias para la investigación de crímenes de guerra, sancionar a los responsables, garantizar reparación integral y promover medidas para evitar que estos hechos se repitan.
En octubre de 2024, sobrevivientes del conflicto y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional, con el fin de establecer un marco legal que reconozca los derechos de las víctimas y genere mecanismos efectivos de reparación.
La iniciativa representó el tercer intento por legislar en esta materia. La primera propuesta fue archivada en 2021 por la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. Una segunda iniciativa tampoco fue discutida durante el período legislativo siguiente.
Hasta el momento, se desconoce si la Asamblea Legislativa estudia el anteproyecto presentado el año pasado. La falta de información ha generado preocupación entre víctimas y organizaciones sociales que denuncian la ausencia de voluntad política para avanzar en el tema.
Durante el conflicto armado salvadoreño se registraron al menos 75,000 muertes, 8,000 desapariciones y cientos de masacres, incluyendo las de El Mozote y la de cuatro periodistas holandeses.
La PDDH destacó que avances judiciales como la condena por el asesinato de los periodistas y el proceso contra ex altos mandos por la masacre de El Mozote “demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto, la impunidad puede ser enfrentada”. Añadió que “estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas”.
El caso penal por la masacre de El Mozote fue elevado a juicio a finales de noviembre de 2025, confirmó este martes Cristosal a través de un comunicado, una organización que junto a Tutela Legal Dra. María Julia Hernández conforman la acusación particular de este proceso penal.
El presidente la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), Leonel Claros Tobar, explicó a Diario El Mundo que las familias de las víctimas fueron notificadas por personal del juzgado que llegó a sus casas para entregarles un resumen de la notificación, esta última, un basto documento de más de 900 páginas.
“Nos notificaron, pero lo que pasa es que es bastante grande, lo que han hecho ellos es elevar a juicio el caso de El Mozote…solo para sentar en el banco de los acusados. Han convocado a algunos familiares para ver si tienen algo qué decir extra de los testimonios”, explicó esta semana Claros a Diario El Mundo.
Hasta el momento, ninguno de los testigos ha dicho que agregará a lo ya declarado ante la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien desde el 29 de septiembre del año 2021 asumió el proceso penal, tras la renuncia del juez Jorge Guzmán Urquilla.
Sin embargo, esta notificación no ha sido recibida por todas las partes. El abogado, acusador particular, Ovidio Mauricio de Tutela Legal, señaló que no ha recibido el escrito, sino que se enteró por la comunicación que tiene con APDHEM.
“Ha habido una resolución de El Mozote, de acuerdo al código del 73, la jueza ha resuelto elevar a plenaria; al elevar a plenaria es pues pasar a la etapa de contradicción o la etapa de debates, entonces, pero a nosotros no nos ha notificado nada; sí sabemos porque tenemos comunicación con el presidente del Comité de Víctimas de El Mozote, a ellos les notificaron”, manifestó esta semana.
Este 10 de diciembre se cumplen 44 años de la peor matanza en la historia moderna de El Salvador, perpetrada a manos del proscrito Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlácatl, bajo la comandancia de Domingo Monterrosa, quienes junto a la tercera, quinta brigada de infantería del Destacamento Militar #4 y la Fuerza Aérea Salvadoreña, asesinaron a 978 personas entre el 10 y 13 de diciembre de 1981
Según el registro del mismo juzgado, de esas casi mil víctimas, 220 eran hombres, 200 mujeres, 293 eran niños y 248 eran niñas. Todos fueron señalados de ser supuestos guerrilleros y condenados a muerte en la operación Yunque y Martillo que desplegó el Ejército para tomarse Perquín y los lugares aledaños, un territorio que la Fuerza Armada de El Salvador concebía como de la guerrilla, durante el conflicto armado.
Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM). / Archivo DEM
Los acusados
La Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General de 1993, en julio de 2016, y dos meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, entonces presidido por el juez Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el proceso penal por la matanza de El Mozote.
Aquel proceso referencia 238/1990 archivado desde hacía 23 años, volvió a ser leído y los nombres de los acusados, perseguidos, por la justicia salvadoreña.
Los acusados que sobreviven son el exministro de la Defensa Nacional, José Guillermo García; el general de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Juan Rafael Bustillo Toledo; el subteniente Carlos Eduardo Cáceres Flores (ahora general); el entonces teniente coronel de brigada de artillería, Luis Adalberto Landaverde Barrera (hoy coronel); el teniente Óscar Córdova Hernández (hoy capitán); el entonces subteniente César Augusto Milla Ramírez, hoy general; el capitán del BIRI Atlácatl, José Antonio Rodríguez Molina; el subteniente y hoy coronel Roberto Antonio Garay Saravia; el subteniente Rafael Santiago del Cid Aguirre; el mayor José Mario Godínez Castillo; el entonces capitán y hoy general, Mauricio Isaac Duke Lozano; el capitán y hoy general Walter Oswaldo Salazar Martínez y el entonces capitán del BIRI Atlácatl y hoy coronel, Juan Ernesto Méndez Rodríguez.
No obstante, en diciembre de 2023, la jueza Portillo de Cruz ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, y los exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa de 1993, por el delito de encubrimiento personal, en favor de los principales imputados de la matanza. Estos últimos son: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro, Raúl Antonio Peña Flores.
Además de ellos: Reynaldo Quintanilla Prado, quien fue secretario de la Asamblea en 1993; también los exdiputados fallecidos, el pecenista, Ciro Cruz Zepeda Peña, y la tricolor, Mercedes Gloria Salguero Gross; añaden a René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Según el Juzgado, tras el cometimiento de la masacre de El Mozote en diciembre de 1981, los 10 nuevos imputados en el proceso penal “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
Los delitos
En este juicio desfilarán al menos 12 delitos que están consignados en el Código Penal de 1973:
Asesinato
Violación agravada
Privación de libertad agravada
Violación de Morada
Robo
Daños agravados
Estragos especialmente sancionados
Actos de terrorismo
Tortura
Desaparición forzada de personas
Y desplazamiento forzado
Pero la jueza, al agregar 10 imputados más, agregó los delitos de encubrimiento personal. La docena de delitos antes mencionados ya son catalogados como de lesa humanidad, y por lo tanto, son imprescriptibles; sin embargo, la jueza determinó que este último delito agregado tampoco prescribe.
La masacre de El Mozote ocurrió entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en las comunidades Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, sin embargo, la mayoría de las víctimas se concentraron en El Mozote y el día más mortífero fue el 11.
La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.
Aunque negada, la masacre encontró eco a nivel internacional y el 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza y exigió un proceso judicial para encontrar verdad, justicia y reparación.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) anunció el inicio de la construcción de cuatro kilómetros de calle en dos cantones del caserío El Mozote, en el distrito de Meanguera, municipio de Morazán Norte.
La DOM aseguró que en los cantones Jocote Amarillo y Ranchería se hará demolición de calles deterioradas, nivelación y compactación del terreno, luego se construirá una base de suelo de cemento y se colocará una capa asfáltica.
La Dirección de Obras aseguró que con las obras se beneficiará a más de 3,000 personas de ambas comunidades.
Según el gobierno, también se realizan labores de construcción de drenajes y muros, mientras que se prevé construir un CUBO que se sumará a la planta de tratamiento que ya se finalizó en la zona.
Licitación
El inicio de las obras se da luego de cerca de dos meses de haberse lanzado la licitación.
Las autoridades dinero hasta el 6 de junio de 2025 para presentar las ofertas para el mejoramiento de la calle hacia el cantón el Jocote Amarillo, luego de una reunión virtual y de una visita al sitio de la obra
Por su parte, el proceso de licitación para las obras en el cantón Ranchería finalizaron el 15 de mayo de 2025.
