La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que en los últimos tres años ha registrado 1,894 casos de estafas cometidas a través de medios informáticos y contra los que han presentado requerimientos, según el fiscal general Rodolfo Delgado.
Delgado detalló que entre enero de 2022 y el 24 de septiembre de 2025 se han dictado 267 condenas por este tipo de casos, mientras que otros 300 procesos finalizaron anticipadamente mediante salidas alternas contempladas en la ley. Actualmente, 1,327 expedientes siguen en los tribunales, con imputados bajo detención provisional.
“Durante los últimos meses hemos visto crecer las denuncias por estafas a través de tecnologías de la información y la comunicación, lo que nos alertó y nos llevó a iniciar investigaciones”, afirmó Delgado.
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Las autoridades explicaron que las víctimas son contactadas con falsas ofertas de empleo, créditos, alquileres, inversiones o servicios inexistentes, y posteriormente engañadas para transferir dinero a cuentas que sirven como puente para mover fondos hacia el extranjero.
La FGR reiteró que estas prácticas forman parte de redes criminales transnacionales y advirtió que continuarán los operativos en coordinación con el gabinete de seguridad para frenar el crecimiento de las estafas digitales.
Ayer, la fiscalía junto a los ministros de Seguridad y Defensa anunciaron «un golpe» a una red transnacional de estafas digitales, denominado «Escudo Virtual», donde afirmaron que han girado 130 órdenes de captura: cuatro personas de nacionalidad colombiana, un venezolano, dos guatemaltecos y 123 salvadoreños.
Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, esta red reclutaba a salvadoreños a quienes convencía de prestar sus cuentas bancarias para recibir cantidades de dinero provenientes de estafas, y posteriormente enviarla a Colombia por transferencias o vía criptomonedas, bajo instrucciones del administrador de la red transnacional.
A estos salvadoreños se les ha denominado «mulas financieras» a quienes el ministro llamó a reportar a sus reclutadores para evitar ser procesados.
La Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos penaliza el delito de estafa informática con hasta ocho años de cárcel.