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Los créditos otorgados por los prestamistas informales, o usureros, alcanzaron los $1,251.5 millones en 2024, según un informe divulgado por el Observatorio Mype de la Escuela LID de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai).

El documento, elaborado en conjunto con el programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) El Salvador, apunta a que esta cifra revela que una parte de las empresas en el país se financian a un alto costo.

Durante la presentación del estudio, el director del programa Flacso El Salvador, William Pleites, aseguró que este tipo de financiamiento informal es una opción de créditos aplicado por personas excluidas por el sistema financiero, micro y pequeñas empresas (mypes) que se autoexcluyen porque no pueden cumplir con todos los requisitos y los que se encuentra formales.

El observatorio plantea del total de créditos informales otorgados un 52.8 % corresponde a mypes autoexcluidas del sistema financiero, un 34.6 % es de empresas que combinan crédito formal e informal y un 12.6 % fue otorgado a aquellas que fueron rechazadas.

“Si uno va a mercados, hay señoras que les prestan $100 en el día y tienen que pagar $110 en la tarde, quiere decir un 10 % de interés diario”, indicó Pleites.

Al analizar el dato, el economista concluyó que un comerciante puede llegar a pagar hasta un promedio de tasa de 3,680 % anual.

Según el informe, la tasa de interés de promedio anual del financiamiento informal rondó los 1,869 % en 2024, representando un 3.6 % del producto interno bruto (PIB) y un 7.4 % del total de crédito formal.

El Observatorio Mype apunta a que ocho de cada 10 empresas recurren a prestamistas usureros en El Salvador, atraídos por rapidez de desembolsos y ausencia de requisitos.

Reformas a la ley

Pleites recordó que en el país hay vigente, desde hace 12 años, la Ley Contra la Usura que, según el economista, se promulgó con dos errores de origen, vinculados con la ausencia de un estudio que determinara las características de la usura en cuanto a tasas y montos otorgados por los usureros.

El director de Fusai, Luis Castillo, aseguró que es necesario reformar la normativa, en donde se empujen objetivos sustanciales que reduzcan estos niveles de financiamiento.

“Hay que fortalecer los mecanismos de hacer cumplir la ley, es evidente que la usura opera bastante visiblemente a la vista de la gente y que no se actúa como se debía”, dijo el director de Fusai.

La investigación revela que las debilidades de la ley se fundamentan en una definición legal restringida que al realizar el cálculo de la tasa máxima legal no toma en cuenta el mercado informal.

Además, el documento considera que hay una escasa capacidad de supervisión en ámbitos informales y que hay una ausencia de incentivos para que las instituciones financieras formales amplíen sus portafolios de servicios para sectores con mayores riesgos.

La fundación también planteó la necesidad de empujar a las empresas al mercado financiero.

Castillo indicó que, a través de una encuesta, descubrieron que un 68 % de los clientes de los asesores financieros formales también tienen créditos de usura.

Delito

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, aseguró que la única manera de combatir la usura es declararla un delito.

“Si no hay consecuencias para alguien que se aprovecha del otro, especialmente de los más vulnerables, nunca vamos a resolver el problema”, puntualizó el funcionario durante el evento de lanzamiento del informe.

Steiner recordó que, en la actualidad, la única forma de declarar a alguien como usurero es que no esté registrado en el Banco Central de Reserva (BCR) y cobre una tasa de usura publicada por la misma institución.