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  • Gobierno Central: 3 instituciones con recorte y 24 instituciones aparecen con aumento en presupuesto 2026

    Gobierno Central: 3 instituciones con recorte y 24 instituciones aparecen con aumento en presupuesto 2026

    Un total de 24 de las 28 instituciones del Gobierno Central aparecen con aumento presupuestario, mientras solo tres presentan un recorte en el proyecto de Ley de presupuesto general del Estado 2026 entregado por el Ministerio de Hacienda el 30 de septiembre pasado a la Asamblea Legislativa.

    Los ministerios de Gobernación y Economía, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentan un recorte.

    Los mayores aumentos porcentuales los recibe el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con aumentos del 79 %, 48 % y 40 %, respectivamente, respecto a los fondos asignados en el presupuesto 2025.

    En monto, como ya se publicó, los mayores aumentos se darán al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que tendrá $210 millones más; Salud tendrá $145.5 millones más; Seguridad Pública y Justicia, que tendrá $113.5 millones, y Educación, que tendrá $100 millones más.

    Los siguientes mayores aumentos, en cantidad, los recibirá Agricultura ($72 millones más), la Presidencia de la República ($50 millones más), el Órgano Judicial ($41 millones más), el Ministerio de Hacienda (27 millones) y el Ministerio de Defensa Nacional ($20 millones más).

    El proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el Ministerio de Hacienda para el año 2026 es 9.2 % mayor al presupuesto aprobado para 2025, es decir, aumenta de $9,662,997,142 a $10,555,580,928.

    Otras instituciones también recibirán aumentos, aunque en menor cantidad: $16 millones adicionales recibirá Turismo, $5.3 millones la Corte de Cuentas, $5 millones más la Cancillería, $4 millones más el Tribunal Supremo Electoral, $3.1 millones más para el Ministerio de Cultura, $3 millones más para la Fiscalía General de la República, $2.3 millones para Vivienda, $1.7 millones para el Ministerio de Desarrollo Local.

    El resto de instituciones reciben aumentos aunque menores al millón de dólares: $624,932 más para la Procuraduría General de la República, $56,496 más para Trabajo; $46,633 más para Medio Ambiente; $11,103 más para el Consejo Nacional de la Judicatura; $3,876 más para el Tribunal de Ética Gubernamental, $3,285 para el Tribunal de Servicio Civil y $3,022 para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

    El Órgano Legislativo no aumenta ni disminuye su presupuesto.

    La PDDH baja el presupuesto en $1.9 millones, un 17.9 %, de $10.7 millones a $8.8 millones.

    Gobernación bajará de $283.6 millones a $280.9 millones, en un 1 % menos, un recorte de $2.7 millones.

    Economía bajará de $75.2 millones a $64.5 millones, en un 14.2 %.

    El mayor aumento presupuestario ocurre la partida de obilgaciones generales del Estado con un 91.4 % de aumento, de $112.7 millones a $215.8 millones. El pago de la deuda pública baja $351 millones, de $2,784 millones a $2,433 millones.

    El gobierno publicó el proyecto de presupuesto 2026 el 5 de octubre en el Portal de Transparencia Fiscal, días después de presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, a la Asamblea Legislativa, el 30 de septiembre.

  • Proyecto de presupuesto señala que $23 de cada $100 se destinarán a deuda pública en 2026, alrededor de $2,400 millones

    Proyecto de presupuesto señala que $23 de cada $100 se destinarán a deuda pública en 2026, alrededor de $2,400 millones

    El proyecto de presupuesto general de la nación señala que $23 de cada $100 que se destinen en 2026 se dirigirán al pago de la deuda pública, según el documento divulgado por el Ministerio de Hacienda.

    Los datos divulgados por la institución evidencian que el próximo año el gobierno deberá pagar $2,433.6 millones en deuda pública, un 23.1 % de los $10,555.6 millones que conforman el gasto total del proyecto presupuestario.

    Según Hacienda, lo que se destinará en deuda para el próximo año es un 12.6 % menos que los $2,784.6 millones que se estimaron para este 2025.

    De esta porción, $926.1 millones se destinarán para el servicio de la deuda interna, un 38.1 % del total, mientras que $1,507.4 millones se usarán para pagar el servicio de deuda externa, un 61.9 %.

    El gobierno confirma que el descenso en el pago de la deuda para este 2026 está vinculado a la reducción del dinero que se destinará para el servicio externo, el cual bajará un 10.6 % para el próximo año.

    Uso de los fondos

    El Ministerio de Hacienda plantea que en 2025 se destinarán $929.3 millones para las amortizaciones de endeudamiento público, en donde se incluye el rescate de colocación de títulos y valores en el mercado nacional, así como las amortizaciones de empréstitos internos y externos.

    Estos gastos se redujeron en $332.2 millones en comparación con los $1,261.6 millones que se tendrán que pagar en amortización de deuda este año.

    Por su parte, el pago de intereses de la deuda y comisiones de títulos y empréstitos conllevará $1,504.2 millones el próximo año, cerca de $18.8 millones por debajo de los $1,523 millones que se programaron para este 2025.

    Porción

    Según Hacienda, entre todas las instituciones que conforman los tres poderes del estado, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) será el que reciba la mayor proporción de presupuesto para el próximo año, con $1,641.1 millones propuestos.

    Sin embargo, lo que el país pagará de deuda es aún mayor, pues esta variable supera en $792.4 millones a los gastos por Educación, Ciencia y Tecnología.

    Los niveles de deuda resultan preocupantes siempre para El Salvador, porque son recursos que podrían utilizarse para programas sociales o inversión pública.

    Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) confirman que la deuda pública total con pensiones rondó los $33,094.87 millones a agosto de 2025, de los cuales $10,970.01 correspondieron al sistema previsional.

  • Los beneficiarios por remesas en El Salvador se redujeron un 3,1% en 2024

    Los beneficiarios por remesas en El Salvador se redujeron un 3,1% en 2024

    La cantidad de personas beneficiadas con remesas familiares en El Salvador disminuyó un 3,1 % en 2024 en comparación con el año anterior, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) publicada por el Banco Central de Reserva (BCR).

    Las cifras oficiales indican que el total de personas que recibieron remesas pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 en 2024, lo que representa una caída de 50.542 beneficiarios.

    En cuanto a los hogares, la disminución fue aún mayor, con una reducción del 3,6 % al pasar de 549.504 hogares en 2023 a 529.352 en 2024, lo que implica una pérdida de 20.152 hogares receptores de remesas.

    El promedio mensual de ingresos por remesas también experimentó una caída, de acuerdo con los datos del BCR. El ingreso mensual promedio por persona bajó un 3,4 %, mientras que por hogar se redujo un 2,8 %. El ingreso mensual promedio por hogar pasó de 191,47 dólares en 2023 a 186 dólares en 2024, mientras que por persona la cifra bajó de 64,69 dólares a 62,48 dólares.

    A pesar de esta disminución en el número de beneficiarios y el monto promedio recibido, el Banco Central reportó que el total de remesas familiares enviadas a El Salvador en 2024 alcanzó los 8.479,70 millones de dólares, lo que representó un aumento del 2,5 % en comparación con 2023.

    Las remesas continúan siendo un pilar fundamental de la economía salvadoreña, representando un 24 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Son la principal fuente de divisas, superando a las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional. Además, son un apoyo esencial para la economía de muchas familias salvadoreñas, especialmente aquellas con miembros que residen en Estados Unidos, país que concentra la mayor parte de los envíos, dado que más de dos millones de salvadoreños viven allí.

     

  • ANEP señala que empresas no prestan suficiente interés a la ciberseguridad y pide prepararse

    ANEP señala que empresas no prestan suficiente interés a la ciberseguridad y pide prepararse

    La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aseguró este lunes que las empresas establecidas en el país no prestan suficiente interés a la ciberseguridad, por lo que pidieron a las compañías prepararse ante cualquier situación.

    El director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP, Waldo Jiménez, indicó que la falta de interés se debe a que muchas veces las empresas piensan que no existe el problema tras no haberlo reportado.

    “Sin tener información de porcentajes o cantidad o tamaño, lo que hemos detectado es que las empresas en general no le han dado suficiente importancia a protegerse contra los ciberataques y eso nos tiene expuestos a todos”, indicó Jiménez durante la realización de un foro cibernético impulsado por la ANEP y la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CasaTIC).

    Jiménez recordó que una vulneración a los datos personales puede ocurrir incluso a través de un enlace web a través de WhatsApp o correo electrónico.

    La comodidad, indicó, es uno de los factores que ha impedido a las empresas a protegerse.

    La ANEP recordó que los ciberataques han perjudicado incluso al gobierno, uno de los últimos casos, aclaró, fue la filtración de datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por parte de un grupo de personas.

    «No tenemos una cultura de tomar seguros, protegerse a través de la ciberseguridad es tomar un seguro para evitar que la empresa tenga riesgos”, puntualizó Jiménez.

    Impacto

    La gremial señaló que cuando una empresa pierde sus datos, no dura más de dos meses en operaciones. Jímenez dijo que los atacantes pueden utilizar la información para extorsionar, restando liquidez a la compañía.

    El director de CasaTIC, Mario Padilla, aseguró que un ataque de este tipo puede provocar pérdida financiera directa contra los activos digitales de una compañía.

    En sintonía, la reputación de la organización decae, mientras se produce una fuga de propiedad intelectual.

    La ANEP dijo que lo que corresponde es atender la problemática y trabajar por incorporar tecnología para desarrollar prácticas que permitan una gestión de protección de información.

  • CEPA gestiona $17.2 millones con ICO de España para «cúpula envolvente» de terminal en el Aeropuerto del Pacífico

    CEPA gestiona $17.2 millones con ICO de España para «cúpula envolvente» de terminal en el Aeropuerto del Pacífico

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 144 para aprobar que el Estado sea el garante de un préstamo que adquirirá la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para fabricar, suministrar y realizar el montaje de una “estructura envolvente” en la Terminal Beta de pasajeros en el Aeropuerto Internacional del Pacífico en el departamento de La Unión.

    El convenio de crédito para el “Proyecto de suministro e instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Pacífico de El Salvador” por $17,188,106 será otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, que para suscribir el contrato requiere la garantía del Estado y gobierno de El Salvador.

    El financiamiento, según su presentación, incluiría la fabricación, el suministro, el montaje y la supervisión de la estructura envolvente.

    Esta cúpula será “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”, en palabras de la subdirectora de inversión del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.

    La “fase beta”, explicó la funcionaria, incluiría obras de terracería, construcción de edificios auxiliares, construcción del edificio terminal de pasajeros beta, pista de vuelo y calles de rodaje.

    “A fin de avanzar en esta fase beta CEPA ha gestionado este financiamiento con el ICO para la cual requiere la garantía del Estado”, sostuvo este lunes a los diputados de la Comisión de Hacienda, que aprobaron cinco dictámenes: dos reformas presupuestarias, dos autorizaciones de préstamo y la garantía soberana.

    Para la construcción del aeropuerto, CEPA ha recibido fondos, también, de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta $320 millones, que también financia un aeródromo en Sonsonate y la remodelación del Aeropuerto de Ilopango. El Estado salvadoreño debe pagar este préstamo en un plazo de 15 años.

    En marzo de 2025, la Asamblea Legislativa incorporó $157,745,589 de financiamiento para ejecutar obras en el Aeropuerto Internacional del Pacífico, fondos con los cuales se tendría un avance de entre el 60 y 70 % en las obras de terracería según CEPA.

    Presentación sobre la cúpula del Aeropuerto del Pacífico, que será financiada por el ICO de España.
  • ANEP y Casatic desarrollan foro para impulsar la ciberseguridad en el sector empresarial

    ANEP y Casatic desarrollan foro para impulsar la ciberseguridad en el sector empresarial

    La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), junto con la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la información y la Comunicación (CasaTIC), desarrolló este lunes un foro con el fin de impulsar la ciberseguridad en el sector empresarial.

    El presidente de la ANEP, Agustín Martínez, dijo durante el inicio del evento que los ciberataques avanzan en el mundo, reinventándose periódicamente, causando daños “sustanciales” a personas, empresas e instituciones.

    “En el 2025 las pérdidas globales por ciberataques serán de $10.5 billones, para el 2027 estos ciberataques alcanzarán los $24 billones”, indicó Martínez citando data internacionales.

    El presidente empresarial aseguró que la región se está acostumbrando a conocer sobre ciberataques que impactan a empresas de todos tamaños.

    Esta situación es lo que empujó a la ANEP a realizar el foro con el que se impartió conocimiento sobre casos en la región y El Salvador de ciberataques, así como medidas que deben tomarse para evitar dicha situación.

    Experiencia empresarial

    Martínez indicó que también se profundizaría en convertir la ciberseguridad en una estrategia empresarial.

    “Esperamos a corto plazo activar talleres que nos permitan conocer con mayor profundidad los aspectos relevantes”, puntualizó Martínez.

    En la jornada también se tuvo a dos empresas que expusieron las medidas que ejecutan para evitar ser víctimas de ciberataques a nivel empresarial.

    Carlos Aguiluz, subgerente de Seguridad e Información y Ciberseguridad de Banco Cuscatlán, aseguró que entre las cinco buenas prácticas que las empresas deben ejecutar está integrar la ciberseguridad en la estrategia corporativa, aprobar políticas de gestión de riesgo digitales y definir responsables y líneas de marco en incidentes.

    Las empresas también deben exigir simulacros periódicos de ciberataques y medir y reportar indicadores de ciberseguridad en las juntas.

  • El Salvador busca promocionar inversiones turísticas desde España

    El Salvador busca promocionar inversiones turísticas desde España

    El Gobierno de El Salvador realizó un foro en la capital española con el fin de promocionar las inversiones turísticas de España en territorio salvadoreño, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    A través de un comunicado, la Cancillería dijo el viernes que esperan que con este evento se generen oportunidades de negocios en el sector turístico, tanto para inversionistas españoles como para europeos.

    La visita también buscó impulsar el turismo español en El Salvador, uno de los mercados prioritarios para el territorio salvadoreño, según datos de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (Sitca).

    La institución reveló este año que entre 2017 y 2024 ingresaron más de 107,000 turistas procedentes de España a El Salvador, la mayor proporción a nivel del mercado europeo.

    El gobierno dijo que el encuentro, desarrollado en Madrid, fue presidido por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, quien abordó el clima de negocios en la actualidad y el marco jurídico vigente en El Salvador.

    Por su parte, el Ministerio de Turismo (Mitur) destacó el crecimiento continuo del turismo que llevó al país a contabilizar más de 3.9 millones de visitantes al cierre de 2024.

    Bajo el mismo enfoque, representantes de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) se reunieron con la aerolínea Iberia, para abordar “las posibilidades que ofrece el país desde la perspectiva privada”, informó la Cancillería.

    Acercamiento

    Durante la jornada, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, se reunió con miembros de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Cámara de Comercio de España y la Secretaría de Estado de Comercio de España.

    Cancillería dijo que en el acercamiento se habló sobre las oportunidades de negocios de inversiones disponibles en Surf City.

    El gobierno aseguró que estas reuniones generan contactos, así como interés en el sector empresarial.

  • Los créditos otorgados por prestamistas usureros superaron los $1,200 millones en 2024, según informe

    Los créditos otorgados por prestamistas usureros superaron los $1,200 millones en 2024, según informe

    Los créditos otorgados por los prestamistas informales, o usureros, alcanzaron los $1,251.5 millones en 2024, según un informe divulgado por el Observatorio Mype de la Escuela LID de la Fundación de Apoyo Integral (Fusai).

    El documento, elaborado en conjunto con el programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) El Salvador, apunta a que esta cifra revela que una parte de las empresas en el país se financian a un alto costo.

    Durante la presentación del estudio, el director del programa Flacso El Salvador, William Pleites, aseguró que este tipo de financiamiento informal es una opción de créditos aplicado por personas excluidas por el sistema financiero, micro y pequeñas empresas (mypes) que se autoexcluyen porque no pueden cumplir con todos los requisitos y los que se encuentra formales.

    El observatorio plantea del total de créditos informales otorgados un 52.8 % corresponde a mypes autoexcluidas del sistema financiero, un 34.6 % es de empresas que combinan crédito formal e informal y un 12.6 % fue otorgado a aquellas que fueron rechazadas.

    “Si uno va a mercados, hay señoras que les prestan $100 en el día y tienen que pagar $110 en la tarde, quiere decir un 10 % de interés diario”, indicó Pleites.

    Al analizar el dato, el economista concluyó que un comerciante puede llegar a pagar hasta un promedio de tasa de 3,680 % anual.

    Según el informe, la tasa de interés de promedio anual del financiamiento informal rondó los 1,869 % en 2024, representando un 3.6 % del producto interno bruto (PIB) y un 7.4 % del total de crédito formal.

    El Observatorio Mype apunta a que ocho de cada 10 empresas recurren a prestamistas usureros en El Salvador, atraídos por rapidez de desembolsos y ausencia de requisitos.

    Reformas a la ley

    Pleites recordó que en el país hay vigente, desde hace 12 años, la Ley Contra la Usura que, según el economista, se promulgó con dos errores de origen, vinculados con la ausencia de un estudio que determinara las características de la usura en cuanto a tasas y montos otorgados por los usureros.

    El director de Fusai, Luis Castillo, aseguró que es necesario reformar la normativa, en donde se empujen objetivos sustanciales que reduzcan estos niveles de financiamiento.

    “Hay que fortalecer los mecanismos de hacer cumplir la ley, es evidente que la usura opera bastante visiblemente a la vista de la gente y que no se actúa como se debía”, dijo el director de Fusai.

    La investigación revela que las debilidades de la ley se fundamentan en una definición legal restringida que al realizar el cálculo de la tasa máxima legal no toma en cuenta el mercado informal.

    Además, el documento considera que hay una escasa capacidad de supervisión en ámbitos informales y que hay una ausencia de incentivos para que las instituciones financieras formales amplíen sus portafolios de servicios para sectores con mayores riesgos.

    La fundación también planteó la necesidad de empujar a las empresas al mercado financiero.

    Castillo indicó que, a través de una encuesta, descubrieron que un 68 % de los clientes de los asesores financieros formales también tienen créditos de usura.

    Delito

    El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, aseguró que la única manera de combatir la usura es declararla un delito.

    “Si no hay consecuencias para alguien que se aprovecha del otro, especialmente de los más vulnerables, nunca vamos a resolver el problema”, puntualizó el funcionario durante el evento de lanzamiento del informe.

    Steiner recordó que, en la actualidad, la única forma de declarar a alguien como usurero es que no esté registrado en el Banco Central de Reserva (BCR) y cobre una tasa de usura publicada por la misma institución.

  • Fondo de Inversión Social otorgó más de $55 millones en subsidio de energía residencial en el último año

    Fondo de Inversión Social otorgó más de $55 millones en subsidio de energía residencial en el último año

    El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Finet) otorgó más de $55.98 millones en subsidio de energía eléctrica entre junio de 2024 y mayo de 2025, según la memoria de labores de la institución.

    En este apartado, el Finet señaló que el subsidio que se otorgó durante este período benefició a 986,068 usuarios con consumos iguales o menores a 105 kilovatios hora (kWh) al mes, un promedio mensual de $4.6 millones.

    La ley faculta al Finet para facilitar el acceso a los servicios de electricidad y telefonía a los residentes de zonas rurales o de menor ingreso.

    El Fondo de inversión está facultado para subsidiar el consumo de energía eléctrica residencial, así como los servicios de telefonía en áreas rurales y de bajos ingresos.

    La institución también subsidió la energía eléctrica asociada a 563 sistemas de bombeos y rebombeos de agua administrados y operados por comunidades, por un monto total de $12.2 millones.

    Según el Finet, durante este período también se ingresaron nueve solicitudes al consumo de energía eléctrica asociados a los proyectos de extracción y bombeo de agua.

    Inversión

    En el último año también se ejecutó la construcción y mejoramiento de infraestructura eléctrica en el distrito de Agua Caliente, en el municipio de Chalatenango Centro. En la zona se colocaron 3.31 kilómetros (km) de líneas primarias y secundarias por un monto de $82,163.98.

    Por su parte, en enero de este 2025 se inició el proceso para una subasta que busca establecer otros dos proyectos de electrificación en la zona de San Isidro Labrador y Chalatenango, en el municipio de Chalatenango Sur.

    Durante este mismo período, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) procedió a la revisión del subsidio a la factura eléctrica y validó $41.2 millones en beneficio de 1.1 millones de hogares.

    El gobierno ha otorgado un subsidio a los hogares residenciales por años pero, según una investigación de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), elaborada en alianza con el Centro para la Defensa del Consumidor (DCD) y la Asociación Popol Na, este tipo de beneficios se tiende a otorgar a hogares con el servicio, creando una barrera con la familias pobres que no cuenta con este tipo de recursos.

    En promedio, entre 2018 y 2023 el gobierno destinó alrededor de $52.23 millones al año en el subsidio de energía, cerca de un 0.18 % del producto interno bruto (PIB) del país.

    La investigación también arrojó que El Salvador es uno de los tres países de Centroamérica en donde la energía eléctrica es más cara para los consumidores por arriba de los 200 kWh.

  • El Salvador suma 119 vuelos de deportados desde Estados Unidos, con una baja del 45 % en el último mes

    El Salvador suma 119 vuelos de deportados desde Estados Unidos, con una baja del 45 % en el último mes

    Durante ocho meses de 2025, El Salvador recibió 119 vuelos con migrantes deportados provenientes desde Estados Unidos, según el último reporte publicado por la organización Human Rights First.

    En agosto se reportó una baja del 45 % en comparación con julio.

    De enero a agosto, en El Salvador aterrizaron 119 vuelos con retornados provenientes desde Estados Unidos. Los meses con más vuelos fueron junio y julio con 22 vuelos cada uno, contrario a agosto que se sitúa como el tercer mes con menos vuelos recibidos.

    Luego de tres meses constantes alzas en los vuelos con deportados salvadoreños, en agosto se redujo en un 45 %, pasando de 22 vuelos en julio a 12 vuelos en agosto: 10 vuelos menos.

    Aún así, El Salvador se situó en agosto como el cuarto país con más vuelos recibidos, solo después de Guatemala con 309 vuelos; Honduras con 259 y México con 217. Debajo de El Salvador se encuentra Ecuador con 60 vuelos.

    Desde Estados Unidos han despegado en ocho meses al menos 1,341 vuelos con deportados hacia diferentes países, el 8.87 % han tenido como destino El Salvador según la organización que recolecta los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).


    Sin embargo, Estados Unidos mantiene otras categorías para vuelos catalogados como «intercambio doméstico» y «removal related» para expulsiones en aerolíneas comerciales.

    Con todas estas categorías, la administración Trump suma 7,729 vuelos de expulsiones de migrantes extranjeros.

    La organización monitorea los vuelos administrados por ICE a través de información aeronáutica disponible públicamente y documentos de viajes oficiales a partir del 20 de enero, cuando asumió la presidencia Donald Trump, hasta el 31 de agosto de 2025.

    El informe detalla que El Salvador ha recibido en este período al menos cinco vuelos militares en febrero, marzo, junio, julio y agosto. La administración Trump ha usado 84 vuelos militares para deportaciones a países del Triángulo Norte, Sur América y otras regiones del mundo.

    La Dirección de Migración y Extranjería (DGME) reporta que desde enero hasta junio 6,050 salvadoreños fueron deportados hacia El Salvador. El promedio diario de deportaciones de salvadoreños es 33, la mayoría de ellos regresan al país vía aérea.