La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 14 de agosto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres ciudadanos guatemaltecos detenidos de forma «arbitraria» en El Salvador y luego trasladados a Estados Unidos sin seguir un procedimiento judicial legal.
El caso, según el informe de la CIDH, afecta a Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran, quienes viajaron en septiembre de 2006 desde Guatemala hacia San Salvador para una reunión de negocios. Al llegar, fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional Civil, sin orden judicial y sin recibir explicación sobre su arresto.
Según la Comisión, los agentes los llevaron a un estacionamiento donde un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) daba instrucciones. Posteriormente, los trasladaron en vehículos sin distintivos hasta un aeropuerto con apariencia de base militar, donde fueron subidos a un avión de la DEA con destino a Fort Lauderdale, Florida.
Durante el vuelo, las víctimas fueron objeto de amenazas y malos tratos, además de haberles negado contacto con sus familias o con la Embajada de Guatemala. La CIDH sostuvo que “la entrega a la DEA no fue parte de un proceso de extradición”, ya que no existió una orden judicial ni oportunidad de defensa.
La operación fue confirmada por documentos judiciales del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, los cuales indican que fue coordinada entre la DEA y la Policía salvadoreña. Sin embargo, el Estado salvadoreño respondió que no tiene registros policiales o judiciales de la detención. Incluso, la denuncia presentada en septiembre de 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid por privación de libertad nunca recibió respuesta.
“La Comisión Interamericana concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y residencia y protección judicial”, expone el comunicado del organismo.
La CIDH solicitó a la Corte que se ordene al Estado salvadoreño una “reparación integral” a las víctimas, que incluya compensaciones económicas, medidas de satisfacción, y atención médica y psicológica para los afectados “de forma concertada y si así lo desean”.
