El número de privados de libertad que han muerto en centros penitenciarios de El Salvador alcanzó los 447 casos, según el último reporte de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), desde el inicio del régimen de excepción, en marzo de 2022.
«Lamentamos informar que la cifra de fallecidos, después de haber sido detenidos por el Estado, sube a 447 víctimas mortales», público Socorro Jurídico en su cuenta de X.
De acuerdo con los registros que la organización posee sobre las muertes en centros penitenciarios, señalan que el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.
Asimismo, SJH señaló que las principales causas de las muertes de los reos han sido por violencia y negligencia médica por parte de los custodios en los centros penitenciarios.
«La mitad de las víctimas fueron homicidios agravados, la otra mitad por negación de tratamiento médico. Importante destacar que las últimas víctimas han muerto días después de su liberación debido a sus cuadros extremadamente graves de salud», manifestó la organización.
Socorro Jurídico ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de medidas para proteger a la población carcelaria, en el marco del régimen de excepción, que sostienen es vulnerable debido a las restricciones impuestas por dicha medida de excepción. Además, afirmaron su postura que la cifra de muertes puede superar los 1,000 casos, debido a que no se cuentan con cifras oficiales.
El Centro Penal de Izalco, La Esperanza (Mariona), Apanteos, Quezaltepeque y la Granja de Zacatecoluca son las principales cárceles salvadoreñas, donde la organización han contabilizado la mayoría de las muertes.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) público en su cuenta de X, sobre el fallecimiento de un hombre identificado como Manuel Mira, quien fue capturado el 23 de agosto de 2024.
Según, exponen Mira fue excombatiente del FMLN conocido con el seudónimo de “Manolo”, y quien tenía más de 30 años de trabajar en el magisterio, en el que ocupó cargos de director del Complejo Educativo Joaquín Rodezno de San Salvador, así como del Centro Escolar República de Chile. El movimiento aseguró que el docente murió «por falta de atención médica oportuna y de calidad».
El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025, y a su prórroga número 42, en la que se reportan más de 88,000 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas bajo dicha medida.
La medida de seguridad se aplicó luego que 87 personas fueron asesinados por parte de las pandillas, entre el 25 al 27 de marzo del año 2022.
El pasado 12 de septiembre, al menos 80 organizaciones en Estados Unidos y a nivel internacional expresó, a través de un comunicado, su rechazo sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado y solicitaron que el Gobierno de El Salvador libere a las personas capturadas sin pruebas durante el régimen de excepción.
