La nueva Ley de Tecnologías Robóticas, que faculta a la nueva Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) a regular y a crear incentivos fiscales para la industria robótica en el país, está vigente desde el pasado sábado 26 de julio.
Así mismo, una reforma a la nueva Ley de Inteligencia Artificial que facultó al nuevo director de la ANIA a fijar y modificar los precios que cobrará la ANIA por los servicios que preste o por el uso de tecnología «que esta adquiera para el ejercicio de sus funciones».
La ley de robótica en El Salvador busca impulsar y regular la robótica en las siguientes áreas:
1- Espacios de acceso público.
2- Interacción con personas en actividades sociales.
3- Cuidado de personas.
4- Para el transporte de personas o mercancías en vías públicas.
Esta ley dice que el Estado deberá promover la creación de laboratorios especializados en robótica y a crear incentivos fiscales, así como dar condiciones para pruebas pilotos.
Las operaciones de los desarrolladores de inteligencia artificial en El Salvador serán clasificadas por la ANIA en tres categorías según su riesgo: básico, intermedio y de alto riesgo, por los posibles daños físicos significativos o irreversibles si las medidas de seguridad fallan o no son acatadas. En la ley se establecen los principios de primacía humana y seguridad física. La normativa obliga a la ANIA a emitir directrices para evaluar dichos riesgos.
La ANIA también tiene el deber legal de fiscalizar y vigilar las normas de seguridad, y autorizará que los equipos cumplan «con las normativas técnicas de seguridad» según los riesgos asociados.
La ley indica que los diseñadores, desarrolladores, fabricantes, integradores e implementadores de tecnologías robóticas «tendrán la obligación de acatar las normas técnicas de seguridad» establecidas por la ANIA, aunque no establece sanciones.
Por otra parte, la nueva Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, que creó la ANIA, también la faculta a crear criterios de seguridad y obliga a crear un registro de desarrolladores de inteligencia artificial.
Esta nueva normativa prohíbe a las entidades privadas a limitar «injustificadamente la libre competencia en el desarrollo, comercialización o implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en el territorio salvadoreño».
