El Gobierno de Estados Unidos confirmó el jueves que aún no define el destino final de Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño que enfrenta cargos de tráfico de personas, pero adelantó que México y Sudán del Sur se perfilan como opciones para deportarlo una vez concluya su proceso judicial.
Thomas Giles, subdirector adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), explicó durante una audiencia en Maryland que EE. UU. mantiene acuerdos de repatriación con ambos países.
“No vamos a enviar gente a un lugar donde sea perseguida o torturada”, enfatizó Giles, defendiendo que Ábrego García está recibiendo el mismo trato que cualquier otro detenido.
De acuerdo con CBS News, la decisión final dependerá del espacio disponible en centros de detención migratoria y del curso de las audiencias, por lo que aún no existe un plan concreto. Por ahora, el migrante permanece bajo custodia en una prisión de Nashville, mientras se espera una nueva comparecencia programada para este viernes.
Ábrego García, de 30 años, fue arrestado por supuestamente transportar migrantes irregulares dentro del país. Sin embargo, se ha declarado inocente, mientras su defensa argumenta que es víctima de una persecución política para encubrir un “error administrativo” cometido por el Gobierno, que lo deportó a El Salvador pese a contar con protección de un juez de asilo desde 2019.
Originario de El Salvador, Kilmar ingresó de forma irregular a EE. UU. en 2012 siendo menor de edad. En 2019, un tribunal de inmigración ordenó su deportación, pero una corte de asilo le concedió protección tras comprobar amenazas y extorsiones de la pandilla Barrio 18. Pese a ello, fue expulsado en junio junto a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, y enviado al penal de máxima seguridad CECOT, situación que organizaciones humanitarias calificaron como “desaparición forzada”.
Después de pasar dos meses en El Salvador, Ábrego García fue retornado a EE. UU. para enfrentar los cargos por tráfico de migrantes. Su caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones migratorias que exigen garantías legales y respeto a los procesos de asilo.
