En la etapa final del juicio conocido como «Rais-Martínez», el exfiscal general Luis Antonio Martínez González aseguró que durante el desarrollo del proceso penal se ha demostrado que no hubo ninguna omisión, ni encubrimiento de delitos mientras estuvo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).
«No se ha comprobado ninguna conducta jurídica culpable de mi persona, no hay ninguna responsabilidad penal de mi persona y ningún acto de fraude procesal, ni en el peritaje de Medicina Legal, ni el juicio de las amenazas», manifestó el exfiscal Martínez, como parte de su derecho a última palabra.
Durante su intervención, el exfuncionario enfatizó en que no existe prueba alguna que lo vincule directamente con los hechos que se le imputan y que se tratan de acusaciones promovidas por el exfiscal Douglas Meléndez, las cuales consideró que carecen de sustento y fueron impulsadas con otras motivaciones.
«Ya mi defensora ya ha refutado con mucha claridad y ha establecido claramente que yo no he ofendido ni un delito ni una ley. No se no se omitió, ni se ha negado ninguna investigación de ningún hecho delictivo durante mi ejercicio como fiscal general en ningún caso».
Luis Martínez, exfiscal general
Martínez enfrenta cargos por los delitos de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, sin embargo, la representación fiscal solicita el cambio de este último por el delito de fraude procesal.
La Fiscalía acusa al exfiscal Martínez de favorecer de supuestas pruebas falsas en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado y ahora parte querellante del proceso, Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera. El abogado querellante manifestó al inicio del proceso que los casos fueron «fabricados» y que los investigadores actuaron con base en información manipulada.
Ante dichos señalamientos, el exfiscal negó cualquier implicación delictiva y sostuvo que no existen las pruebas que lo vinculen a un hecho de fabricación de casos y de no haber tenido conocimiento de los hechos señalados en su contra.
«Aquí siempre se ha hablado de que se ha favorecido al señor Enrique Rais y los juicios extrajudiciales de esa investigación, no pude haber participado en ninguna cuestión porque ni siquiera me di cuenta que había sucedido. No se ha comprobado en ninguna prueba ninguna participación o conducta con finalidad de engañar ni he participado en la fabricación de una realidad», agregó el exfiscal en su derecho de última palabra.
Intervenciones telefónicas
Por otra parte, el exfiscal defendió la legalidad de las intervenciones telefónicas realizadas bajo su gestión, señalando que estas se realizaron con base en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, aprobada en 2010, y siempre bajo autorización judicial.
«La intervención en una limitación legítima excepcional, proporcional y razonable del derecho constitucional contenido en el artículo 24 de la Constitución, el cual fue reformado en el año 2009», recalcó Martínez.
Martínez cerró su declaración apelando a la justicia del tribunal y haciendo un llamado a valorar los hechos con imparcialidad.
«No se ha comprobado ninguna conducta jurídica culpable de mi persona, no hay ninguna responsabilidad penal de mi persona y ningún acto de fraude procesal, ni en el peritaje de Medicina Legal, ni el juicio de las amenazas».
Luis Martínez, exfiscal general
El juicio contra el exfiscal Martínez y los demás implicados se encuentra en su etapa final y el tribunal deberá emitir una sentencia en las próximas semanas.
La Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión, 10 años por el delito de fraude procesal, en sustitución del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y cinco años por omisión de investigación. Además de una responsabilidad civil de $800,000.
Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica. Para ellos, se pide una pena de 10 y 20 años de cárcel respectivamente.
Anoche, el juicio llegó a su fin. Martínez y Arriaza mantienen su medida de arresto domiciliario, mientras que Grimaldi no debe cambiar de residencia y la Policía Nacional Civil deberá llegar a verificar su estancia. Previamente, la Fiscalía había pedido detención provisional por peligro de fuga para él.
El fallo del juicio será dado el próximo 22 de agosto a las 10:00 de la mañana.
