El Salvador ya recibió un 92 % de la lluvia que se tiene previsto caiga en 2025, aseguró este martes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
Durante una entrevista en Frente a Frente, el ministro del ramo, Fernando López, aseguró que el territorio aún registrará lluvias durante las próximas semanas, con tormentas intensas por la tarde y noche.
“El dato que tenemos es que al 30 de septiembre tenemos el 92 % de la lluvia total que pudiera caer este año. Falta todavía octubre”. Fernando López, ministro de Medio Ambiente.
El funcionario dijo que las precipitaciones en las próximas semanas pueden traer consigo ráfagas de viento y actividad eléctrica.
Solo en septiembre, el Marn ha registrado 365 milímetros (mm) de lluvia acumulada y espera que este día la cifra ascienda acerca de 400 mm.
López destacó que los acumulados de lluvia de septiembre no superarán a junio, cuando se contabilizaron 478.2 mm.
El sexto mes de 2025 se catalogó como el tercer junio más lluvioso desde 1971, por encima de los 310.7 mm de promedio histórico nacional.
Próximos meses
El Marn prevé que el inicio de la transición a la época seca inicie en los últimos 10 días de octubre, de la mano con frentes fríos y vientos nortes que limpiarán la atmósfera.
“En noviembre estaríamos esperando más eventos de vientos nortes y se vería marcada la finalización de época lluviosa”, añadió el funcionario.
López dijo que aunque se podría seguir registrando lluvias entre noviembre y diciembre, probablemente no sobrepasarán los 100 mm acumulados mensuales.
Las autoridades ambientales advirtieron que el país está en transición hacia el fenómeno de La Niña, lo que significa que en el hemisferio norte se tendrá más lluvia y en el sur sequías.
El Marn advirtió que el próximo año se tendrán más precipitaciones que en este 2025.
El Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de cárcel a cinco pandilleros del Barrio 18 por ser coautores en el asesinato de una persona en Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que Edenilson Antonio Martínez Alcántara, Wilber Galán Alcántara, Brayan Oswaldo Molina Martínez, Walter de Jesús Alvarenga Ramos y Oscar Alejandro Galán Alcántara fueron los responsables del homicidio de una persona en julio de 2018.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que los pandilleros ingresaron al patio de la casa de la víctima cuando esta se encontraba en el interior de la vivienda.
Al escuchar ruidos fuera de su hogar, la persona salió y fue interceptada por los hombres con armas de fuego.
La víctima recibió varios disparos e intentó protegerse.
Según la FGR, la persona logró refugiarse en su vivienda y recibir atención médica. Sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades fiscales señalaron que el medio que movió el crimen fue una sospecha de que la víctima era informante.
#CombateAPandillas I A 30 años de cárcel han sido condenados cinco pandilleros del Barrio 18, por ser coautores de un asesinato cometido en julio de 2018, en Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo a las investigaciones, la víctima se encontraba en su vivienda cuando los… pic.twitter.com/KAXYjjpYFR
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 29, 2025
Antecedente
Publicaciones previas de la FGR apunta a que Alvarenga Ramos fue condenado en el 2020 a pasar 27 años de cárcel por el delito de homicidio agravado tentado.
El hombre también tuvo que pagar $1,500 en concepto de responsabilidad civil de la víctima y testigo clave “CaifasZ18”, quien fue atacado a balazos por el hombre en julio de 2018.
El delito se cometió en el ahora distrito de Santiago Nonualco. La FGR dijo que Alvarenga Ramos buscaba a Neri Alexander Molina Ventura y al no encontrarlo decidió dispararle a CaifasZ18, quien resultó con lesiones.
Posteriormente, se movilizaron a la vivienda de Molina Ventura en donde le quitaron la vida con armas de fuego.
La FGR dijo en ese momento que, sobre este último delito, Molina ventura recibió una sentencia absolutoria por parte del Juzgado Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, es decir que se le declaró inocente, pero se aseguró que se pediría apelación por parte de la Unidad de Vida e Integridad Física de la Fiscalía.
La Justicia salvadoreña condenó a penas de 77 y 55 años de prisión a tres integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados fueron identificados como José Francisco Centeno, condenado a 77 años, y Julio César Gómez y José Balbino Baires, ambos con penas de 55 años de cárcel, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Según la investigación fiscal, “los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago de Güija, en Santa Ana. Luego, las trasladaban a Guatemala, donde otros miembros de la estructura las retomaban y finalmente las llevaban a territorio estadounidense”.
La FGR detalló que la red cobraba entre $3,500 y $12,000 por persona, y hasta ahora se han contabilizado 22 víctimas de distintas zonas del país trasladadas en diferentes medios de transporte. La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Fuentes consultadas explicaron que los llamados coyotes salvadoreños mantienen vínculos con traficantes de Honduras y Guatemala, dentro del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y actúan bajo la venia de carteles de droga en México.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 fueron 14,195 los salvadoreños deportados desde Estados Unidos, frente a los 13,357 de 2023.
Cada año, más de 500,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras emprenden el viaje irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a los riesgos de las rutas controladas por el crimen organizado.
Un total de 251 extranjeros adquirieron la nacionalidad salvadoreña durante el primer semestre de 2025, lo que representa una disminución del 6.7 % en comparación con los 269 registros del mismo período en 2024, según datos divulgados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
Del total, 195 lo hicieron por nacionalización y 56 por naturalización. En 2024, las cifras fueron de 213 y 56, respectivamente.
De acuerdo con la normativa de la DGME, la nacionalización aplica a ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica que cuenten con al menos un año de residencia definitiva en El Salvador. En el caso de la naturalización, esta se concede a personas originarias de España o de un país hispanoamericano con un año de residencia definitiva; a extranjeros de cualquier nacionalidad con cinco años de residencia; a cónyuges de salvadoreños con dos años de residencia, así como a refugiados o apátridas.
En el mismo período de 2025, la DGME también reportó la entrega de 878 residencias definitivas, 1,944 refrendas de residencias definitivas, 2,134 residencias temporales y 1,150 prórrogas de residencias temporales.
En total, se otorgaron 7,182 calidades migratorias en los primeros seis meses del año, frente a las 5,275 de 2024, lo que refleja un incremento del 36.1 %.
El informe no detalla los países de origen de las personas que realizaron estos trámites ni incluye información sobre solicitudes de asilo.
El Viceministerio de Transporte (VMT) sancionó con una multa de $150 a una coaster de la ruta 16, por llevar pasajeros colgados en la puerta de la unidad.
La sanción es el resultado de una denuncia ciudadana que se compartió al VMT en donde terceros grabaron al microbús placas MB1416 con saturación de pasajeros.
En el video, difundido posteriormente por el VMT, se observa a una persona intentaba agarrarse de la puerta trasera y detener su peso en una parrilla de la unidad, esto mientras el vehículo estaba en marcha en las cercanías de un paso a desnivel.
En ese momento varias personas se transportaban en las gradas de la unidad.
El VMT dijo que la multa corresponde a la infracción de permitir que los usuarios u operarios se transporten en las gradas, parrillas o fuera de la unidad.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros a “evitar comportamientos” que pongan en peligro sus vidas.
En atención a denuncia ciudadana, sancionamos a conductor de la ruta 16, placas MB1416, por permitir que los usuarios se transporten fuera de la unidad.
Instamos a los usuarios evitar comportamientos que pongan en peligro su integridad. pic.twitter.com/mfnBSROGH1
A través de redes sociales, el VMT informó sobre la imposición de una multa de $150 a un bus de la ruta 101, placas AB71-309 por circular en sentido contrario y poner en peligro a los automovilistas.
El 25 de septiembre el VMT informó sobre la imposición de una multa de $100 a una unidad de la ruta 16 por no respetar el derecho de vía o interceptar la vía.
El Viceministerio de Transporte dijo que la medida fue en atención a otra denuncia ciudadana en donde se exponía la situación de una unidad placas MB4973.
Estados Unidos reconoció esfuerzos significativos del gobierno salvadoreño en el último año en combatir en el tráfico de personas aunque advierte que el país aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar este flagelo, según el informe difundido el lunes por el Departamento de Estado
«Estos esfuerzos incluyeron el enjuiciamiento de más sospechosos, la condena de más tratantes, la asistencia a más víctimas infantiles en el albergue especializado del gobierno y el aumento de la capacitación contra la trata para los funcionarios de justicia penal”, afirma el Informe sobre la trata de personas 2025, divulgado el lunes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a El Salvador en el Nivel 2 del Informe sobre la trata de personas 2025.
El reporte destacó que el Gobierno aumentó las condenas a tratantes, brindó mayor asistencia a víctimas menores en albergues especializados e intensificó las capacitaciones en el sistema judicial. Además, las capturas masivas de presuntos pandilleros bajo el régimen de excepción desmantelaron redes criminales vinculadas a la explotación sexual y laboral.
Washington advirtió que las autoridades salvadoreñas aún presentan deficiencias graves. Entre ellas, la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas, la ausencia de hombres adultos y extranjeros en los registros oficiales, y una reducción de investigaciones y víctimas identificadas en comparación con 2023.
“El gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades no contaban con procedimientos para identificar a las víctimas de trata entre las personas que detuvieron por afiliación a pandillas. Las autoridades iniciaron menos investigaciones e identificaron a menos víctimas. El gobierno no identificó a ninguna víctima masculina adulta ni a ninguna víctima extranjera”, señala el reporte estadounidense.
El informe detalla que en 2024, las autoridades abrieron 18 nuevos casos de trata —13 de explotación sexual, 2 de trabajo forzado y 3 no especificados—, lo que representa una disminución frente a los 38 de 2023. Aun así, el número de procesados aumentó significativamente, con 504 sospechosos llevados a juicio, incluidos líderes de la MS-13 acusados de múltiples delitos, entre ellos trata de personas.
El documento reconoció la condena de 11 tratantes, con penas que oscilaron entre 5 y 26 años de prisión, lo que marca un contraste con 2023, cuando no se dictó ninguna sentencia. Sin embargo, criticó la falta de un sistema de gestión de casos electrónicos y el escaso conocimiento de los jueces sobre la complejidad del delito.
El reporte documenta que en materia de protección, el Gobierno identificó 27 víctimas, todas salvadoreñas, frente a las 40 del año anterior. La mayoría fueron niñas y adolescentes explotadas sexualmente. No se reportaron víctimas extranjeras ni hombres adultos. El único albergue especializado atendió a ocho menores y dos de sus hijos, pero solo admitió a quienes participaron en procesos judiciales.
Un grupo de acusados por tráfico de personas en una audiencia en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Recomendaciones
El reporte instó a El Salvador a intensificar investigaciones y procesar casos de trata con condenas ejemplares, además pide ampliar los servicios especializados e informados en trauma para todas las víctimas.
Estados Unidos también llama a asegurar que la atención a víctimas se base en su interés superior, y no dependa de procesos judiciales y a actualizar las leyes y políticas para que la definición de trata sea coherente con estándares internacionales.
También pide prevenir la explotación en el sector turismo mediante sanciones a negocios que faciliten delitos de trata.
Nuevas dinámicas delictivas
El informe también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas: el uso de redes sociales para captar víctimas, el aprovechamiento del turismo para explotación sexual y la vulnerabilidad de más de 140,000 niños cuyos padres han migrado o están detenidos bajo el régimen de excepción.
Washington destaca que los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños salvadoreños para la trata sexual y el trabajo forzoso en Belice, Guatemala, México, Estados Unidos y posiblemente Europa.
“Explotan a algunos salvadoreños que emigran ilegalmente a Estados Unidos para realizar trabajos forzosos, actividades delictivas forzadas y trata sexual durante el viaje o al llegar. Explotan a algunas víctimas extranjeras de Asia, Sudamérica u otros países centroamericanos para la trata sexual y laboral en El Salvador. Las personas sin documentos de identificación personal son altamente vulnerables a la trata. Se observó corrupción y complicidad entre algunos funcionarios gubernamentales”, concluye el informe.
Una de las reformas al Código de Salud incluidas en el dictamen favorable aprobado el lunes en comisión de la Asamblea Legislativa facultará al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) para que autorice todo tipo de “servicios privados de salud”.
El presidente del CSSP, Daniel Quinteros, explicó que por “servicios privados de salud” se entenderán aquellos servicios profesionales a domicilio, como ambulancia, servicios médicos, enfermería y de cuidado de adultos mayores.
Según el titular del Consejo, la búsqueda de este tipo de servicios “está en apogeo en los últimos años” y que consideró que el CSSP es la institución que puede dar garantía de que quienes provean estos servicios son profesionales.
“Por eso estamos pidiendo en la reforma se incluya que nosotros regulemos para que se inscriban y podamos garantizar que aquella casa que llegan a domicilio las personas que prestan los servicios tengan las competencias, y no vaya solo vestido de enfermero o de médico y no lo sea”.
Daniel Quinteros, presidente del CSSP.
La reforma agrega al artículo 14 del Código de Salud, que dice “Son atribuciones del Consejo”: “v) Autorizar los traslados y otras modificaciones o trámites posteriores al registro de los establecimientos y servicios privados de salud”.
Quinteros consideró que estos servicios de salud privados que se están ofreciendo a la población “deben ser regulados, vigilados y controlados dentro del contexto sanitario”.
“Hemos visto que hay siempre personas inescrupulosas que no tienen un título, se hacen pasar por una profesión que no tienen… Lo vemos en los servicios médico profesionales y de enfermería, también a domicilio que se están dando, los cuidados paliativos a adultos mayores, ¿serán profesionales los que están dando yendo a dar esos servicios?”, indicó a un grupo de diputados de la Comisión de Salud. Aclaró que en estos casos trabajan con la Fiscalía General de la República.
Así, con la reforma, el CSSP busca verificar que las personas o empresas que ofrecen este tipo de servicios “sean profesionales de salud”.
El literal “v” del artículo 14 actual solo faculta al Consejo “autorizar los traslados o cambios de domicilio de los establecimientos”.
Siempre hay personas que dan consultas sin ser médicos. Qué bueno que ahora se va a regular todo eso.
Ricardo Rivas, diputado de Nuevas Ideas.
El centro de la reforma que se aprobó en la Comisión de Salud es la eliminación del informe favorable de la junta de vigilancia de la profesión médica como requisito para autorizar un establecimiento de salud privado, para dejarlo solo como facultad del CSSP. El presidente del CSSP dijo que esta reforma reducirá el procedimiento de 30 días a 5 días hábiles, pero fue cuestionada por el diputado Francisco Lira, de Arena, que ve una “concentración de poder” con la reforma en la autorización de centros médicos, y de posible arbitrariedad en los cierres de los mismos.
El dictamen de reforma al Código de Salud fue aprobada junto a otro dictamen de reforma de la Ley del CSSP y de juntas de vigilancia de la profesión médica. Ambos dictámenes podrían ser aprobados en la sesión plenaria del miércoles 1 de octubre.
Parte de la presentación del Consejo Superior de Salud Pública a los diputados. / Asamblea.
Las empresas establecidas en suelo salvadoreño aseguraron al gobierno estadounidense que El Salvador promulga leyes sin adherirse a los procedimientos establecidos para notificación y comentarios. Las observaciones, publicados por Estados Unidos en la declaración de clima de inversión 2025, apuntan a que en el país la Ley de procedimientos administrativos simplificados “exige” un análisis de impacto regulatorio (AIR) a ofrecer un período de 15 días para que las empresas realizan comentarios.
“Sin embargo, no todas las entidades gubernamentales cumplen con el período obligatorio de notificación y comentarios ni con las disposiciones relativas a la presentación de agendas regulatorias”, puntualiza el documento.
Pese a exaltar el clima de inversión que El Salvador vive, de la mano con un acuerdo de programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a diferentes normativas aprobadas, el gobierno estadounidense señaló diferentes retos y preocupaciones que las compañías ubicadas en suelo salvadoreño han externado.
Las empresas también confirmaron su preocupación a Estados Unidos sobre la percepción de que los organismos reguladores realizan pocas consultas a la hora de determinar “las tarifas para productos o servicios específicos”.
Personal
El personal de los organismos reguladores en El Salvador es considerado por Estados Unidos como personas que carece de suficiente experiencia para abordar asuntos complejos.
Además, señala que hay muy pocos colaboradores estatales que realicen estas acciones.
“Los nuevos inversionistas extranjeros deben revisar cuidadosamente el marco regulatorio. Además de las leyes y regulaciones nacionales aplicables, las localidades (distritos) pueden imponer requisitos de permisos a los inversionistas”, indicó el documento.
El gobierno de Estados Unidos destaca la relativa “transparencia” de las finanzas públicas, al cumplir con presupuestos aprobados e informes anuales, pero sostiene que éstos no cumplen con “estándares internacionales”.
La declaración del clima de inversión también destaca el papel de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en sus auditorías de estados financieros, desempeños económicos y flujos de caja, pero dice que sigue siendo insuficiente.
“La rendición de cuentas del gobierno sigue siendo insuficiente, pero debería mejorar en el marco del programa de El Salvador con el FMI”, añade el documento.
Según el gobierno estadounidense, aunque el país cuenta con leyes, regulaciones y sanciones para combatir la corrupción, la efectividad de la misma es cuestionable.
No obstante, destaca que bajo la administración del presidente Nayin Bukele hay más confianza pública en que hay menos corrupción en las instituciones estatales.
Estados Unidos hace énfasis en que la corrupción puede llegar a ser, en un punto, un desafío para la inversión en El Salvador.
Estados Unidos ha el principal proveedor de gasolinas para El Salvador en los primeros ocho meses del presente año , según datos difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR).
Estados Unidos fue el principal proveedor de gasolinas en El Salvador, al rondar un 94.7 % del total, mientras que de Reino Unido vino un 2.5 %, de República de Corea un 1.9 % y de Islas Vírgenes de Estados Unidos un 0.6 %.
En el caso de la República Popular de China, El Salvador importó $55.68 en gasolinas por 8.62 kilogramos, menos de un 0.0 % del total.
Por otro lado, El Salvador importó gasolinas desde Bélgica por primera vez en su historia, Los datos divulgados por el BCR apuntan a que entre enero y agosto de 2025 el país compró $1.7 millones en gasolinas por 2.3 millones de kilogramos de gasolinas a Bélgica.
Desde Bélgica se importó un 0.3 % del total de gasolinas que el mercado salvadoreño compró en los primeros ocho meses de 2025, pues, durante este período, el país alcanzó los $520.05 millones en importaciones de gasolinas.
El BCR señala que la factura petrolera acumulada a agosto de 2025 rondó los $1,566.2 millones, marcando una baja de un 3.9 % con respecto a los $1,630.1 millones del mismo período de 2024.
Según el gobierno salvadoreño, un 33.2 % del petróleo y derivados que se importaron en lo que va de 2025, correspondió a gasolinas.
Reactivación de compras
El Salvador compró gasolinas a seis mercados diferentes de los cuales con cuatro se reactivó el intercambio comercial.
Según el BCR, El Salvador volvió a comprar gasolinas nuevamente a Corea del Sur luego de un año de no hacerlo.
La última vez que el país compró este derivado del petróleo a Corea del Sur fue en 2023, cuando adquirió $8.4 millones.
Mientras tanto, con Reino Unido se reactivaron las compras desde 2022. En ese año, el mercado salvadoreño solicitó $5.9 millones en gasolinas solo a dicho mercado.
En este 2025 también regresó la importación de gasolina desde las Islas Vírgenes de Estados Unidos, pues la última vez que se compró a este país fue en 2020, tras la adquisición de $1.1 millones.
Por su parte, desde China se importó tras 17 años sin adquirir este combustible. La última vez que El Salvador importó fue en 2007.
El bitcoin se recupera luego de tocar el piso de los $108,000, el precio más bajo en más de 20 días, según el historial de Coingecko.
El portal, que reporta el precio de cotización de centenares de criptomonedas, apunta a que el bitcoin primero descendió a los $109,000 el 25 de septiembre pasado, por primera vez desde el 4 de septiembre.
Pero, un día después, el activo digital cayó hasta los $108,000, el precio más bajo desde el 2 de septiembre, 23 días previos.
La moneda más popular del mercado fluctuó entre los $108,000 y $109,000 por tres días, hasta que el domingo por la mañana comenzó a incrementar su cotización hasta tocar los $110,000.
Luego de salir de la caída, subió este 29 de septiembre a los $114,000, pero retrocedió un peldaño y se posicionó en los $113,000.
El portal especializado en activos digitales Cripto Noticias señala que octubre suele ser el mes alcista por excelencia y que buena parte del mercado espera que el bitcoin cierre sobre los $150,000 este 2025.
Las previsiones son parte de la plataforma descentralizada de apuestas Polymarket, que plantea que un 35 % de los participantes apuestan por los $140,000, mientras que un 65 % prevé una zona “intermedia” sobre los $125,000.
Un mes
Las fluctuaciones del bitcoin se dan a más de un mes de haber alcanzado su precio más alto desde su lanzamiento en 2008, cuando Coingecko reportó que llegó a los $124,128 el 14 de agosto de 2025.
Bajo esta meta, el bitcoins se encuentra a más de $11,000 lejos de alcanzar su máximo histórico.
Hasta las 11:00 a.m. de este 29 de septiembre, el bitcoin se vendió a $113,676, con un máximo de cotización en las últimas 24 horas de $114,191 y un mínimo de $110,041.
