Una menor de 17 años de edad murió durante la noche del martes luego de accidentarse junto a un motociclista sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad, en las cercanías de la curva El Papaturro, informó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de la red social X.
Según detalló la corporación, el motociclista impactó con su vehículo con los separadores de la carretera, tras ello, su acompañante que era el menor de 17 años cayó al carril contrario y murió tras ser atropellada por otro vehículo que venía en marcha.
Elementos de la institución llegaron al lugar a acordonar la zona y gestionar el tráfico, asimismo, confirmaron que conductora del vehículo se quedó en la zona tras el accidente.
Con respecto al motociclista, éste resultó lesionado, detallaron las autoridades en dicha publicación.
Un motociclista resultó lesionado y su acompañante de 17 años falleció, luego de accidentarse sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad, cerca de la curva El Papaturro.
El motociclista perdió el control tras colisionar contra los separadores, su acompañante… pic.twitter.com/06zPcHzFnv
Este no fue el único accidente reportado durante la noche del martes, ya que otro motociclista resultó lesionado tras caer al pavimento en el kilómetro 3 de la calle antigua a Zacatecoluca, en San Marcos, San Salvador Sur, detalló la PNC.
La institución informó que el motociclista perdió el control al tratar de esquivar a un perro, tras ello fue trasladado hacia un hospital por elementos de la Cruz Verde Salvadoreña.
Nuestro personal policial inspecciona un accidente de tránsito, donde un motociclista perdió el control al tratar de esquivar a un perro sobre el km 3 de la calle antigua a Zacatecoluca, en San Marcos, San Salvador Sur.
Asimismo, elementos de Cruz Verde Metapán atendieron a un hombre que resultó lesionado en el kilómetro 113 de la carretera internacional en dicho distrito, notificó la entidad en su cuenta de Facebook.
El hombre de 51 años fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Metapán para recibir la atención médica adecuada.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial asegura que entre el 1 de enero hasta el 22 de septiembre se han reportado 15,564 accidentes de tránsito, que han dejado al menos 9,371 personas lesionadas y 858 muertos.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, entregó a la Asamblea Legislativa dos proyectos de reforma para que el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) pueda autorizar la apertura de establecimientos privados de salud sin el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, como lo exige actualmente el Código de Salud y la ley de la CSSP. En su lugar, el Consejo exigiría a laboratorios, clínicas u otros establecimientos privados requisitos técnico-administrativos para su autorización.
En su solicitud, Salud argumenta que busca agilizar los trámites y responder a las necesidades de salud de la población.
Las reformas, además, declararían a estos establecimientos privados “de utilidad pública”, lo cual implicaría que su cierre deberá ser aprobado “solo por resolución del Consejo” según la propuesta.
Son dos proyectos de reforma, uno al Código de Salud y otro a la Ley del CSSP, que todavía no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y que serán recibidos por la Comisión de Salud que se reunirá el lunes 29 de septiembre a las 2:00 de la tarde.
Las juntas de vigilancia de las profesiones médicas se forman por cinco académicos de la profesión respectiva electos en asambleas de cada gremio. En El Salvador, por ejemplo, hay juntas de vigilancia de las profesiones médica, odontológica, químico farmacéutica, médico-veterinaria, enfermería, laboratorio clínico y psicología.
Derogarían atribución de vigilancia a privados
La propuesta de reforma a la «Ley del Consejo Superior de Salud y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de Salud» derogaría la atribución que tienen las juntas de vigilancia para “vigilar y controlar el funcionamiento» de establecimientos privados de salud como droguerías, farmacias, laboratorios, clínicas, hospitales, clínicas veterinarias y otros establecimientos particulares dedicados a la salud pública.
La propuesta también suprime el “previo informe de la Junta de Vigilancia respectiva” que requiere el Consejo Superior de Salud Pública para autorizar la apertura de estos establecimientos privados de salud. El artículo propuesto, sin embargo, exigiría “requerimientos técnico-administrativos” que serían establecidos por el mismo Consejo.
Además, estos establecimientos, según la propuesta, “son de utilidad pública» y por ello «el cierre de los mismos solo podrá efectuarse por resolución del Consejo”.
Una reforma idéntica se realiza al Código de Salud para que el Consejo pueda autorizar los establecimientos privados de salud sin requerir el informe de la junta de vigilancia respectiva y autorizando al Consejo a dictarles requisitos «técnico-administrativos».
En la propuesta de reforma al Código de Salud propuesta, además, se deroga la atribución de las juntas de vigilancia de “rendir informe razonado” ante el Consejo, para la autorización de la apertura de los establecimientos privados.
Para agilizar trámites de autorización
Salud argumentó que identificaron “aspectos de procedimiento y trámites ante el Consejo Superior de Salud Pública que pueden ser más expeditos” y deben “adaptarse a las dinámicas sociales y a las necesidades de la población en el ámbito de salud”.
Ambas solicitudes de reformas fueron recibida el mismo martes 23 de septiembre y son firmadas por el ministro de Salud, Francisco Alabi.
“Tienen por objeto agilizar los procedimientos y trámites relacionados con las autorizaciones de funcionamiento de los servicios y establecimientos de salud del sector privado, así como habilitar legalmente la vigilancia de la profesión de Trabajo Social cuando esta sea ejercida en el Sistema Nacional Integrado de Salud como parte de las profesiones auxiliares de la profesión médica”, indica el ministro en su solicitud.
Así mismo, agrega la licenciatura de Trabajo Social como una de las actividades técnicas y auxiliares de la profesión médica.
Las exportaciones de maquila se redujeron en más de $59.5 millones entre enero y agosto de 2025, confirman estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
El documento, divulgado esta semana, señala que en los primeros ocho meses del año las empresas exportaron $533.4 millones en bienes de maquila, un 10 % por debajo de los $593 millones que se registraron acumulados a agosto de 2024.
El BCR reporta una reducción en las exportaciones en diferentes rubros como las prendas y complementos de vestir de punto, que se bajaron un 13.3 %, al cerrar agosto con $284.4 millones.
Por su parte, las prendas y complementos de vestir sin puntos superaron los $18.6 millones, un 17.9 % por debajo de los $22.7 millones registrados durante el mismo lapso de 2024.
La reducción también perjudicó a los demás artículos confeccionados, productos plásticos, bolsones y mochilas.
El sector de micro condensadores eléctricos, dentro de la maquila, reportó un aumento de un 7 % de los envíos, luego de exportar $113.5 millones a todo el mundo al cierre del agosto pasado.
El incremento también lo reflejó el rubro de textiles, que tuvo un leve repunte de un 4.5 %, luego de comercializar $40.3 millones que se tradujeron en 6.7 millones de kilogramos de bienes.
En los últimos meses se reportaron despidos y se anunciaron cierres de plantas en el sector de textil y confección en diferentes zonas de El Salvador, según la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES).
La Federación dijo que parte de los reportes que los sindicalistas han recabado evidencia que la complicación más grande para las empresas es el mercado y la competitividad, impactados por la imposición arancelaria de un 10 % por parte de la Administración de Donald Trump.
Países
Buena parte de la reducción de las exportaciones de maquila está ligada a la baja en las compras que realizan Estados Unidos, México y Nicaragua, tres de los principales compradores para las empresas salvadoreñas.
El BCR indicó que Estados Unidos redujo en $76.1 millones las compras de maquila de El Salvador, luego de adquirir $348.5 millones entre enero y agosto de 2025.
Por su parte, México se constituyó como el tercer principal comprador de maquila en lo que va del año para El Salvador, pese a que cayó en un 45.1 % las adquisiciones. El mercado mexicano recibió $49.2 millones durante los primeros ocho meses del año.
En el caso de Nicaragua, la caída de las exportaciones a ese país fue de un 1.2 %, luego de que las empresas entregaron $29.2 millones en mercancía de maquila al mercado nicaragüense.
Mayores caídas
El Salvador dejó de exportar bienes de maquila a al menos 17 países en todo el mundo.
El BCR plantea que las empresas salvadoreñas se abstuvieron de enviar mercadería hacia las Bahamas, Jamaica, Brasil, Perú, España, Hungría, así como, Noruega, Rumania y la India.
En la lista se incluye Jordania, Vietnam, Egipto, Marruecos, Tanzania, Túnez, Samoa y las islas Pitcairn.
Por su parte, exportó un 93.2 % de bienes a Tailandia, luego de cerrar con $116, mientras que con Francia comercializó $19,212.12, un 77.1 % por debajo de los datos acumulados a agosto de 2024.
El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador reporta que únicamente 25 de los 228 proveedores de servicios de bitcóin registrados se encuentran operando, lo que representa apenas un 11 % del total. El resto, equivalente al 89 %, permanece inactivo o incumple los requisitos establecidos por la normativa local.
Según el registro oficial consultado este martes por EFE, 203 empresas están clasificadas como «proveedor no operando». De ellas, al menos 22 no han cumplido con el artículo 4 del Reglamento de la Ley Bitcóin, que establece parámetros de supervisión a cargo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
Dicho artículo exige que los proveedores mantengan altos estándares de integridad y honestidad, además de contar con mecanismos sólidos de prevención de lavado de dinero, programas de ciberseguridad ajustados a la naturaleza de los servicios ofrecidos y registros contables precisos de sus activos y pasivos.
Entre las 25 entidades activas figuran la billetera digital gubernamental Chivo Wallet, Osmo El Salvador y la plataforma internacional Binance. Estas empresas sí han completado los requisitos regulatorios para operar dentro del marco legal establecido por el Estado salvadoreño.
El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, en paralelo al dólar estadounidense, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. Esta decisión formó parte de la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, quien promovió su implementación como un instrumento de inclusión financiera e innovación tecnológica.
Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones, la Asamblea Legislativa modificó la ley para eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin como moneda de curso legal. También se desligó al Estado de su papel en los intercambios con criptomonedas.
A pesar de esta reforma y de las condiciones impuestas por el FMI —entre ellas, evitar el uso de fondos públicos para comprar criptomonedas—, el Gobierno salvadoreño ha seguido adquiriendo bitcoines. Actualmente, posee más de 6,329 unidades, valoradas en más de $700 millones, lo que ha generado preocupación entre sectores de la oposición por el posible impacto en el acuerdo con el organismo internacional.
La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) y pensiones subió más de $1,000 millones en los primeros ocho meses de 2025, según un documento publicado por el Ministerio de Hacienda.
El gobierno indicó que al 31 de agosto de 2025 se contabilizaron $31,932.7 millones en saldo de deuda SPNF de corto mediano y largo plazo más pensiones, un 3.3 % por arriba de los $30,898.1 millones que se reportaron durante el mismo período de 2024.
A nivel general, el saldo de deuda del SPNF rondó los $20,862.10 millones al cierre de agosto de 2025.
La SNPF está dividida entre los saldos de mediano y largo plazo, junto con la deuda del Gobierno de El Salvador a corto plazo, este último conformado por las Letras y los Certificados del Tesoro (Letes y Cetes).
Después de la reforma de pensiones de 2023, Hacienda sacó de los informes los reportes de obligaciones del sistema previsional, sin embargo, los incorporó nuevamente desde noviembre de 2024, cuando buscaba concretar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según Hacienda, la deuda SPNF a mediano y largo plazo ascendió a $19,540.2 millones a agosto pasado, un 2.8 % por arriba de los $19,014.4 millones contabilizados al 31 de diciembre de 2024.
Por su parte, en Cetes y Letes el Gobierno salvadoreño acumuló una deuda de $1,321.9 millones, con una baja de $35.9 millones menos que los $1,357.8 millones que se tenían en deuda a diciembre del año pasado.
Las Letes tienen como fin cubrir parte de las deficiencias de ingreso del gobierno, mientras que los Cetes funcionan a través de aprobaciones de deuda de parte de la Asamblea Legislativa.
Ambos tipos de instrumentos se emiten en la plaza local, donde buena parte de los compradores son bancos.
Pensiones
En el caso de las pensiones, el gobierno confirmó que el saldo adeudado en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) incrementó un 5.2 % en lo que va de este 2025, al pasar de $10,525.9 millones al 31 de diciembre de 2024, a $11,070.6 millones para el 31 de agosto de 2025.
Los reportes hacendarios confirman que la deuda de pensiones se mantuvo inmóvil en los últimos dos meses.
Sin embargo, la deuda SPNF a corto, mediano y largo plazo, sin tomar en cuenta las pensiones, se redujo un 2.5 % en el último mes, luego de que el saldo se redujera $529 millones en comparación con los $21,391.1 millones contabilizados en julio pasado.
Al ampliar el período de análisis, se descubre que el saldo de deuda SPNF tuvo un incremento interanual de un 6.1 %, empujado por las operaciones a mediano y largo plazo.
Según el gobierno, hasta agosto de 2024 un 24 % de la deuda SPNF a mediano y largo plazo vencerá entre uno a cinco años, mientras que un 23 % lo hará en un período de seis a 10 años.
El gobierno también evidencia que el 35 % de la deuda vencerá entre 11 y 20 años, y un 18 % deberá saldarse dentro de 20 años.
El lunes 24 de julio de 1944, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le envió una nota al embajador estadounidense Walter Clarence Thurston (1894-1974). En ella le expresaba que “la opinión del Gobierno de El Salvador es la de que el Nuevo Orden que surja después de esta tremenda conflagración debe estar basado en la solidaridad e interdependencia de las Naciones todas, sin distinción de fuerza material ni territorial para lo cual será necesario extinguir todo espíritu imperialista, sea de orden político, económico y comercial, pues considera que sólo a base de respeto irrestricto a las soberanías, por débiles y raquíticas que sean, debe levantarse la futura estructura internacional. Opina, asimismo, el Gobierno de El Salvador, que tal estructura internacional debe asemejarse a la Sociedad de las Naciones, sin las deficiencias que ésta acusó en su existencia”.
El Salvador perteneció durante casi 25 años (1923-1937) a la Sociedad de Naciones, surgida tras la Primera Guerra Mundial, conflicto global en el que la más pequeña de las repúblicas centroamericanas adoptó una posición neutral. El 7 de septiembre de 1929, en la localidad suiza de Ginebra, el abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero fue el encargado de colocar la piedra fundacional del Palacio de las Naciones, futura sede de ese organismo internacional que cinco años más tarde sufriría un sobresalto con el reconocimiento salvadoreño al Imperio de Manchukuo fundado por las tropas japonesas en Manchuria (China).
El abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero en la colocación de la piedra fundacional del Palacio de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, 7 de septiembre de 1929.
Aquella carta del gobierno salvadoreño al embajador Thurston obedecía a una consulta hecha por Estados Unidos respecto a los intereses salvadoreños en cuanto a lo que se esperaba como resultado de las conversaciones diplomáticas que Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China desarrollarían entre agosto y octubre de 1944 en los jardines de Dumbarton Oaks, en la capital estadounidense, cuyos resultados formaron las bases para el la convocatoria y desarrollo de la Conferencia de Paz en el puerto californiano de San Francisco. En ese sentido, el gobierno salvadoreño presidido por el general Andrés Ignacio Menéndez le daba continuidad a lo fijado por la dictadura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, cuando en enero de 1942 se adhirió a los principios fijados en la Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento, las Naciones Unidas eran sinónimos de las decenas de países aliados en contra del Eje Berlín-Roma-Tokio.
Entre 1941 y 1943, el régimen martinista no dudaría en aceptar dos millonarios préstamos estadounidenses, orientados a la adquisición de nuevos armamentos y a la construcción del tramo nacional de la Carretera Interamericana o Panamericana, proyectada para que llegara desde Alaska hasta la Patagonia. Ambas iniciativas cumplían con los intereses de la defensa continental frente a los potenciales ataques del Eje y sus quintacolumnistas contra submarinos, barcos de guerra y mercantes e instalaciones estratégicas como el Canal de Panamá, aeropuertos, refinerías, puertos, etc.
En la madrugada del viernes 20 de octubre de 1944, ocurrió algo en San Salvador que dejó a la República de El Salvador en suspenso internacional. Un día antes, los gobiernos aliados firmaron un tratado de paz con Italia, pero la república salvadoreña no envió delegado y no suscribió ese instrumento internacional, por lo que el estado de guerra decretado por la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1941 aún persiste en su sentido legal. En esa madrugada del 21, un golpe de estado encabezado por el coronel Osmín Aguirre y Salinas derrocó al gobierno provisional del general Menéndez. Estados Unidos retiró al embajador Thurston -llegado al cargo en enero de 1943- y se negó a reconocer a ese régimen de facto, que se mancharía de sangre con la masacre de estudiantes en Ahuachapán en diciembre.
La situación de alejamiento de El Salvador de la esfera de las naciones aliadas concluyó el miércoles 21 de febrero de 1945, cuando el nuevo embajador estadounidense John Farr Simmons (1892-1968) le entregó sus cartas credenciales al coronel Aguirre y Salinas, en una ceremonia efectuada en el Salón de Honor de Casa Presidencial, en el barrio capitalino de San Jacinto. Aquel gesto no era un reconocimiento al gobierno golpista, sino a las elecciones presidenciales, en las que resultaron electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República el general Salvador Castaneda Castro y el médico Dr. Manuel Adriano Vilanova, ratificados en sus cargos mediante el decreto legislativo no. 2 del jueves 15 de febrero. Esos nuevos mandatarios tomaron posesión de sus cargos el primer día de marzo, con la aprobación estadounidense y el reconocimiento creciente de muchos países. Con la urgencia del caso, había que designar a las nuevas autoridades del gabinete y, además, atender una invitación hecha por el embajador Simmons.
El presidente y general salvadoreño Salvador Castaneda Castro, con uno de sus caballos en la Casa Presidencial del barrio capitalino de San Jacinto.
El viernes 2 y lunes 5 de marzo de 1945, sendos decretos del Poder Ejecutivo designaron al abogado Dr. Arturo Argüello Loucel como ministro de Relaciones Exteriores y al escritor y abogado Lic. Miguel Ángel Espino Najarro como subsecretario del ramo, con el veterano diplomático y jurisconsulto Dr. Vicente Reyes Arrieta Rossi como consultor del despacho y del Poder Ejecutivo en general. Una de las primeras acciones fue designar que los titulares, junto con el abogado Dr. Héctor Escobar Serrano, Carlos Adalberto Alfaro y Manuel Francisco Chavarría, fueran los delegados nacionales con plenos poderes en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz reunida en la capital mexicana. El Lic. Espino Najarro sería removido de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a fines de ese mismo mes.
Fotografía del abogado y diplomático salvadoreño Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar, suministrada por el sistema de archivos y bibliotecas de la ONU, New York-Ginebra.
El acuerdo del Poder Ejecutivo no. 52 del lunes 19 de marzo de 1945 designó al abogado y diplomático Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar (San Salvador, 24/4/1894-San Salvador, 01/4/1973) como embajador extraordinario y enviado plenipotenciario de El Salvador en los Estados Unidos. Con una experimentada hoja de trabajo en el servicio exterior salvadoreño, el Dr. Castro Gomar había renunciado a ese alto cargo el 6 de noviembre del año anterior, como una forma de silente protesta ante el golpe de estado liderado por el coronel Aguirre y Salinas. Como una de sus primeras designaciones en el cargo, el acuerdo del Poder Ejecutivo no. 61 del 3 de abril le ordenó al Dr. Castro Gomar que se incorporara como representante salvadoreño en la junta del Comité de Jurisconsultos de las Naciones Unidas (entiéndase, países aliados) que iniciaría reuniones el 9 de ese mes en la capital estadounidense, para desarrollar un anteproyecto de Corte Internacional de Justicia para someterlo el 25 de ese mismo mes ante el pleno de la Conferencia Internacional en San Francisco. En ese marco se produjo el fallecimiento de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32º Presidente de los Estados Unidos de América y uno de los principales líderes de la lucha contra el Eje y sus quintacolumnistas en América Latina, que lo llevó a ordenar la intervención de bienes y la captura y concentración de alemanes, italianos y japoneses en campos de detención en el sur estadounidense, algo que el régimen martinista salvadoreño cumplió a cabalidad en febrero de 1942, como unas de sus primeras acciones como parte de las naciones aliadas contra el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el expansionismo japonés.
Acuerdo del Poder Ejecutivo que nombró a la delegación salvadoreña a la Conferencia Internacional del puerto californiano de San Francisco.
Ese mismo 3 de abril, el acuerdo ejecutivo no. 62 dio un paso trascendental al designar a la representación de El Salvador que debía asistir a la Conferencia Internacional en San Francisco. Como delegados con plenos poderes fueron designados los abogados Dr. Castro Gomar y José Antonio Quirós (San Miguel, 28/4/1888-San Miguel, 22/10/1969), así como al médico Carlos Leiva, un experto en tuberculosis y quien ya había fungido como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de El Salvador en los Estados Unidos a fines de la década de 1920 e inicios de la siguiente.
Como asistentes de esa delegación fueron nombrados José Valle en su carácter de encargado de Prensa y José Francisco Mixco, Director General de Presupuesto del gobierno salvadoreño, a quien se le otorgó una licencia con goce de sueldo para que pudiera cumplir con esa designación, en la que delegaciones de 50 países se reunirían entre el miércoles 25 de abril y el histórico martes 26 de junio de 1945 para trazar las líneas del futuro planetario cuando finalizaran los recios combates en los teatros de operaciones de los frentes europeo, africano y surasiático de la Segunda Guerra Mundial.
Para entonces, el gobierno del general Castaneda Castro ya había aceptado la renuncia interpuesta en octubre de 1944 por el coronel José Arturo Castellanos como cónsul general salvadoreño en Ginebra. Durante dos años y sin darle mayor información a los sucesivos gobiernos de Hernández Martínez y Menéndez, ese militar y diplomático había conducido una operación para suministrar unos inventados certificados salvadoreños nacimiento a más de 50,000 personas perseguidas en diversas partes de la Europa ocupada por los nazis, cientos de las cuales acabaron sus vidas en campos de detención y exterminio. Algunos de esos documentos salvadores llegaron tan lejos como Macao, una antigua posesión portuguesa en China. Ese tipo de gestos solidarios no sería olvidado a la hora de discutir el futuro del mundo en San Francisco, donde el derecho internacional humanitario tendría mucho que decir tras los exterminios masivos de carácter genocida, los bombardeos indiscriminados contra población civil y otros crímenes violatorios de los Tratados de Ginebra para la humanización de las guerras.
La firma Mendoza Inglés & Giralt (MIG), especializada en comunicación, organizó una conexión estratégica entre empresarias salvadoreñas y dos gremiales empresariales en Miami, Estados Unidos: la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana (Salcham) y la Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos (Camacom).
Durante el encuentro, participaron mujeres de sectores como gastronomía, diseño de interiores, construcción, plataformas digitales de hospedaje, servicios legales, salud y belleza. Las asistentes sostuvieron un encuentro con Federico Batlle, presidente de Salcham; Beatriz Acevedo, directora ejecutiva de la entidad; y otros miembros de la junta directiva.
La agenda también incluyó un diálogo con Yamilet Rivas, presidenta de Camacom, gremial enfocada en promover el emprendimiento y la expansión de negocios liderados por mujeres en Estados Unidos y Latinoamérica. Además, se sumaron representantes de la Miami Downtown Development Authority (DDA), quienes compartieron información sobre vías legales y financiamiento disponibles para establecer relaciones comerciales entre Miami y El Salvador.
“La oportunidad de conversar personalmente con la presidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas en Estados Unidos nos dio confianza y herramientas concretas para llevar nuestros negocios a un siguiente nivel”, expresó Valeria Audia, cofundadora y directora de Porta Stays.
Por su parte, Lorena Mendoza, CEO de MIG, destacó que el objetivo de estos encuentros es crear puentes de crecimiento para los clientes de la firma. “En MIG sabemos que el verdadero crecimiento ocurre cuando se combina visión con conexiones estratégicas. Nos honra acompañar a empresarias salvadoreñas que avanzan con determinación y facilitarles el acceso a redes y experiencias que multiplican sus oportunidades”, señaló.
Este es el primero de varios encuentros que Mendoza Inglés & Giralt planea seguir impulsando para propiciar espacios de networking que se traduzcan en oportunidades reales de expansión empresarial.
El gobierno salvadoreño espera implementar la declaración anticipada de mercadería antes de que termine este 2025, aseguró el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.
Durante una entrevista en el canal estatal, el funcionario aseguró que entre los proyectos a ejecutar en lo que resta de este año es implementar este sistema en Acajutla, luego de ejecutarlo en las fronteras con Honduras y Guatemala.
“Los empresarios pueden antes de que llegue a la frontera y pagar el impuesto antes de que llegue a la frontera, lo mismo vamos a implementar en el puerto de Acajutla, de que declaren antes de que el barco haga el encallado en el puerto de Acajutla”, indicó el funcionario.
La declaración anticipada es un servicio que permite al sector logístico transmitir de forma electrónica y anticipada las declaraciones de mercancías, así como documentos que respalden los regímenes de importación y exportaciones.
La primera vez que se implementó esta medida fue en agosto de 2022, cuando El Salvador y Guatemala decidieron ejecutar el servicio en las aduanas de La Hachadura, en Ahuachapán, y en Pedro de Alvarado, por el lado de Honduras.
En agosto de 2023, El Salvador y Guatemala dieron un nuevo paso y sumaron los puntos terrestres de Anguiatú y Ermita, Las Chinamas y Valle Nuevo, y San Cristóbal (cada uno de los países posee una aduana con el mismo nombre) a la medida.
Honduras se sumó a la migración de la declaración anticipada en octubre de 2023, luego de que El Amatillo, en La Unión, ofreció este servicio e hizo obligatoria la medida. A este le siguió la aduana El Poy, en Chalatenango, en diciembre de 2024.
Previsiones
Mayorga aseguró que en este momento se desarrolla el formulario que dará paso a la declaración anticipada en Acajutla.
La Dirección General de Aduanas también prevé concretar la integración entre los puntos fronterizos de La Hachadura, en Ahuachapán (Pedro de Alvarado en Guatemala), con el que se prevé unificar los servicios de migración, aduanas y sanitarias.
La previsión fue emitida a finales de abril de 2025, cuando la ministra de Economía, María Luisa Hayem, aseguró que el puesto fronterizo entre ambos recintos iniciaría a finales de este año.
La medida es parte de un proceso de integración profunda que Honduras y Guatemala lideraron en 2017, y a la que El Salvador se sumó un año después.
El primer punto integrado entre El Salvador y Honduras fue El Amatillo, en diciembre de 2023, a este le siguió Anguiatú y La Ermita en mayo de 2025.
Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó el presupuesto estatal del año 2025 para inyectarle $250 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, concretamente a la unidad presupuestaria de «obligaciones generales del Estado».
El préstamo tiene como fin mejorar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Un total de 56 diputados votaron a favor de omitir la lectura del decreto, Claudia Ortiz (Vamos) votó en contra.
La diputada reclamó que en el decreto no se especifica en qué se utilizará el dinero, ya que la partida de «obligaciones generales del Estado» tiene 12 subpartidas «muy diversas» incluidas algunas destinadas a devoluciones del Impuesto sobre la Renta y pago de seguros para los empleados públicos.
La legisladora calificó de «preocupante» la posibilidad de que los $1,400 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de mantener la sostenibilidad fiscal, puedan irse incorporando en el presupuesto «de esta manera».
«Los salvadoreños merecen saber, los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo, esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios de transparencia y efectiva rendición de cuentas por parte del Estado». Claudia Ortiz (Vamos).
El diputado Geovanni Zaldaña, de Nuevas Ideas, leyó el nombre del contrato de crédito: “Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador». Zaldaña aseveró que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorgó este crédito al gobierno de El Salvador «en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando» para «mantener las políticas fiscales» y que tenga fondos ante una emergencia, que ejemplificó podrían ser provocadas por las lluvias.
«Este préstamo ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad más sana y un buen manejo y un buen equilibro. Geovanni Zaldaña (Nuevas Ideas).
Con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, se omitió la lectura del decreto de préstamo. / Asamblea.
El crédito por $250 millones que se inyecta con esta votación al presupuesto de El Salvador de 2025 es parte de un programa de $350 millones del Banco Mundial para que el país fortalezca su gestión financiera, racionalice la masa salarial pública, modernice la regulación del servicio civil, aumente la eficiencia de la inversión pública y atraiga fondos privados con reformas a leyes sobre asociaciones público-privadas y de empresas de economía mixta, además de que tenga más herramientas para gestionar riesgos y emergencias.
Este financiamiento es parte de una política para estabilizar las finanzas públicas de El Salvador, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Dirección de Obras Municipales (DOM) anunció la construcción de un nuevo sitio turístico ubicado en el lago de Ilopango, en el sector de San Miguel Tepezontes.
Las obras intervendrán la playa Poza Verde, uno de los destinos más llamativos de la zona, según la DOM.
“Muy pronto daremos inicio a la construcción de un nuevo espacio turístico que permitirá disfrutar de manera segura, ordenada y cómoda de sus increíbles aguas”, puntualizó la DOM en su publicación.
La institución dijo este lunes que el ingreso será gratuito.
Pese al anuncio preliminar, el gobierno no confirmó cuándo iniciará la construcción, ni tampoco dijo qué institución estará a cargo de administrar el lugar cuando este se concrete.
La playa Poza Verde, en el lago de Ilopango, San Miguel Tepezontes, es uno de los destinos favoritos de muchas familias salvadoreñas. ¡Y tenemos una gran noticia!
Muy pronto daremos inicio a la construcción de un nuevo espacio turístico que permitirá disfrutar de manera segura,… pic.twitter.com/u3BkBIlNjC
Este no es el único punto turístico con el que cuenta el lago de Ilopango, un punto que comparten los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y La Paz.
Por el lado de Ilopango, San Salvador Este, el Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu) administra el parque recreativo Apulo, a 16 kilómetros de la capital y con una extensión de 42.8 manzanas de terreno.
En su portal, el Istu señala que el principal atractivo del parque es su origen volcánico, con un cráter localizado al fondo del manto.
La zona cuenta con un malecón, un muelle y un faro, así como piscinas, estacionamientos, áreas de picnic y restaurantes.
