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  • Mitur prevé reabrir el parque recreativo Costa del Sol en el último trimestre de 2025

    Mitur prevé reabrir el parque recreativo Costa del Sol en el último trimestre de 2025

    El Ministerio de Turismo (Mitur) prevé que el parque recreativo Costa del Sol, ubicado en el departamento de La Paz, sea reabierto durante el último trimestre de 2025.

    El centro recreativo, administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu) aún se encuentra en construcción, según la ministra de Turismo, Morena Valdez.

    “Nosotros esperamos en el último trimestre de este año también las nuevas instalaciones del sitio turístico que tenemos en playa Costa del Sol, que ha quedado bastante bien”, puntualizó Valdez durante una entrevista televisiva en Frente a Frente.

    La ministra aseguró que esta obra se sumará a otras que han sido inauguradas recientemente como la terminal turística de San Sebastián, en San Vicente, y las cabañas del Cerro Verde, en Santa Ana.

     

    Antecedente

    Las obras de remodelación del parque recreativo Costa del Sol datan de hace casi dos años, pues el Istu anunció en noviembre de 2023 que inició con los trabajos en la zona.

    En diciembre de ese año, la presidenta del Istu, Eny Aguiñada, aseguró que se encontraban en la demolición de infraestructura en la playa, y que estas acciones no implicaron afectaciones en el acceso al parque.

    En ese momento, Aguiñada aseguró que las obras estarían finalizadas durante el último trimestre de 2024.

    Para abril de 2024, el Istu confirmó que durante su administración se habían invertido $10 millones en infraestructura de diferentes parques recreativos, con obras en Los Chorros, ubicado a 18 kilómetros de San Salvador; la Puerta del Diablo, en San Salvador; así como en la Costa del Sol.

    El Istu detalló en agosto del año pasado que el proyecto consistía en tres fases, la primera contaría con un financiamiento de $3.6 millones, una segunda con $3.5 millones y una tercera de la que no se reveló el monto.

    En ese momento, Agiuñada confirmó la construcción de dos nuevas piscinas, restaurantes y servicios sanitarios, así como intervención del área de cabañas, la zona de la playa y en el estero de Jaltepeque.

    Las intervenciones en la zona no se han librado de la polémica por el retiro de comerciantes.

    En junio de 2024, un grupo de comerciantes pidió al Istu, a través de abogados, explicaciones de por qué habían sido desalojados de la zona el 10 de mayo de ese mismo año. Según explicaron los vendedores en su momento, recibieron una notificación de la alcaldía de La Paz Centro para desalojar de forma “voluntaria” el área sino contaban con permisos de construcción y medio ambiente.

    Ante la notificación, el 11 de mayo de 2024 un grupo de hombres habría destruido las champas de los comerciantes de la Costa del Sol.

     

    Movilización

    En lo que va del año, el parque recreativo Costa del Sol ha permanecido cerrado por la intervención.

    Pese a lo anterior, el ingreso a sitios públicos superó los cuatro millones de visitantes entre enero y julio de este 2025, según la ministra de Turismo.

    Valdez dijo que solo los sitios administrados por el Istu sumaron 2.6 millones de ingresos, mientras que los lugares culturales contabilizaron 1.5 millones y los que están a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) 134,000.

  • Defensoría establece procedimientos sancionatorios contra 16 establecimientos por vender productos vencidos en vacaciones

    Defensoría establece procedimientos sancionatorios contra 16 establecimientos por vender productos vencidos en vacaciones

    La Defensoría del Consumidor estableció un procedimiento sancionatorio contra 16 establecimientos que comercializaron productos vencidos durante el período de las vacaciones agostinas.

    El presidente de la institución, Ricardo Salazar, aseguró el miércoles a los medios de comunicación que estos procedimientos son el resultado de 420 verificaciones ejecutados durante el feriado.

    “Sobre los 16 establecimientos que corresponde se activó el procedimiento sancionatorio que puede variar en sanciones o multas de hasta 500 salarios mínimos”, indicó Salazar.

    El funcionario indicó que en estos negocios se detectaron 230 productos vencidos. Los artículos fueron ubicados en restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia.

    Hasta el cinco de agosto, los inspectores de la Defensoría reportaron más de 200 productos vencidos de los cuales un 60 % fueron detectados en cocinas de restaurantes, uno de los lugares más vulnerables porque el consumidor no puede constatar que lo que está consumiendo está caducado.

    En su momento, la Defensoría indicó que entre los productos detectados habían bebidas alcohólicas y carbonatadas, así como boquitas, carnes, embutidos, galletas, golosinas, jaleas, mermeladas, lácteos, productos de panadería y de harina.

     

    Verificaciones

    Las inspecciones ejecutadas por la institución también dieron como resultado 40 casos de balanzas mal calibradas.

    Salazar indicó que esta situación tiene una implicación directa sobre el consumidor, porque este no tiene certeza del peso correcto por el que está pagando.

    Relacionado con esto último, el presidente de la Defensoría dijo a inicios de este mes que en lo que va del año se habían interpuesto 24 sanciones a establecimientos por no contar con instrumentos de pesaje.

    Estos casos habrían derivado en multas que superan a la fecha los $166,000.

  • Empresarios proyectan más de $13,000 millones en exportaciones de bienes y servicios para este 2025

    Empresarios proyectan más de $13,000 millones en exportaciones de bienes y servicios para este 2025

    Los empresarios proyectan más de $13,000 millones en exportaciones de bienes y servicios al cierre de 2025, según estimaciones de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport).

    La presidenta de la gremial, Silvia Cuéllar, aseguró en la entrevista radial de La Tribu que las estimaciones se basan en información del desempeño del sector servicios compartido por el Ministerio de Turismo (Mitur), a lo que se agregan informes divulgados mensualmente por el Banco Central de Reserva (BCR).

    “La ministra de Turismo nos indica cómo va el crecimiento y ha sido súper excelente, entonces nosotros creemos que vamos a llegar alrededor de unos $13,000 millones”, indicó la presidenta de Coexport.

    El año pasado las exportaciones generales superaron los $12,447 millones en bienes y servicios.

    A detalle, el BCR confirmó que las empresas salvadoreñas vendieron $6,447.5 millones en bienes, mientras que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) informó sobre más de $5,999.5 millones exportados en servicios al cierre del 2024.

    En junio, la Sieca aseguró que Estados Unidos y China son los principales destinos de las exportaciones salvadoreñas de servicios. En la lista, también se incluye a Guatemala, Suiza, Japón, México, España, Canadá, Honduras, Corea del Sur y Francia.

    El Salvador también exporta servicios hacia Reino Unidos, Panamá, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos y Singapur.

    Desempeño

    La gremial estima que en el primer semestre de 2025 se exportaron más de $4,000 millones en servicios.

    Por su parte, el BCR confirmó un alza interanual de un 6.5 % de la comercialización de bienes, tras acumular $3,418 millones durante el primer semestre del año.

    Cuéllar aseguró que aunque el sector de confección es el que puntea en los envíos de mercadería, no es el que está empujando el incremento de las exportaciones.

    “Si es el sector que más puntea pero es el sector que más ha bajado. Porque hay un tema con Estados Unidos un poco difícil y la maquila ha ido bajando”, puntualizó Cuéllar previo a asegurar que esta situación no está ligada con el aumento arancelario de un 10 % aprobado por Estados Unidos para las exportaciones salvadoreñas.

    Sobre esto último, la presidenta de la Corporación aseguró que el impacto del arancel “todavía no ha pegado”.

    Según Coexport, los sectores de alimentos, metalmecánica, farmacéutico, plásticos son los que han “recuperado terreno” entre las exportaciones de bienes.

    En el caso de los servicios, Cuéllar dijo que buena parte de las negociaciones están vinculadas al turismo, las empresas de call center, servicios de tecnología de la información y logística.

  • EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    EEUU aún no oficializa tarifa adicional de visa de $250 a turistas extranjeros

    Sin aún detallar la tarifa de la nueva «Visa de Integridad», el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos publicó una notificación en el Registro Federal sobre algunas tarifas de inmigración que estableció la Ley de Reconciliación HR-1, conocida como «The One Big Beatiful Bill”, promulgada el 4 de julio de 2025.

    En la publicación, del 22 de julio de 2025, el DHS todavía no oficializó la “tarifa de Visa de Integridad (Visa Integrity Fee), exigida por la ley HR-1 para cualquier extranjero a quien se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión.

    Informó dicha tarifa “requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación” y “se implementará en una próxima publicación”, indica la publicación del DHS en el Registro Federal.

    La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aún no dio información al respecto y pidió estar atentos a anuncios oficiales.

    Un vocero de la Embajada aseguró que efectivamente el 4 de julio el presidente Donald Trump promulgó la ley “The One Big Beautiful Bill” y pidió a la población estar pendientes información oficial.

    “Proporcionaremos más información sobre la implementación y el impacto de esta ley para el Departamento de Estado tan pronto como sea posible. Recomendamos a los solicitantes que estén pendientes únicamente de la información oficial publicada por la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador y del Departamento de Estado”, respondió la oficina diplomática.

    No menor a $250 y reembolsable

    La nueva ley HR-1, sancionada por Trump el 4 de julio, establece una tarifa de $250 para quienes obtengan una visa no inmigrante denominada “Visa Integrity Fee” o la “Visa de Integridad”.

    Según la ley, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos impondrá una tarifa a cada extranjero al que se le emita una visa no inmigrante “al momento de la emisión de dicha visa”. Una visa no inmigrante puede ser visa de turista, negocios, estudios o trabajo temporal.

    La normativa indica que el monto será el que disponga “mediante reglamento, pero en ningún caso menos de $250”.

    Sin embargo, la ley permite al secretario de Seguridad Nacional “reembolsar a un extranjero una tarifa impuesta” después del vencimiento del periodo de validez de la visa si demuestra que no ha solicitado la admisión durante dicho periodo de validez o si cumplió todas las condiciones de dicha visa, incluida no aceptar empleo no autorizado y que el extranjero “salió de Estados Unidos a más tardar 5 días después de la fecha en que se le autorizó a permanecer nuevamente en los Estados Unidos”, o si el extranjero solicitó ajustar el estatus dentro del periodo de validez de la visa de no inmigrante.

    Las tarifas que no se reembolsen irían al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.

    Las únicas tarifas publicadas por DHS

    Según la notificación del 22 de julio de DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus tarifas de acuerdo con la nueva ley HR-1 a partir del 22 de julio y aclaró que todas las tarifas no sustituyen las actuales, ya que son “adicionales”.

    “Cualquier formulario con sello del 21 de agosto de 2025 o posterior que no incluye la tarifa correspondiente será rechazado”, indicó.

    Las nuevas tarifas requeridas por la ley HR-1 y que fueron publicadas por DHS son:

    Solicitud de asilo: $100. La tarifa aplicó para solicitud de asilo inicial y solicitud pendiente anual: $100. Es el formulario: I-589. Actualmente no tiene un cargo. La tarifa no tiene posibilidad de exención.

    TPS, registro inicial (I-821): $500. La tarifa actual según la publicación es $30, por lo que el total sería $530. No ofrece exención de pago.

    Jóvenes inmigrantes o SIJs (I-360): $250. Actual: $0. Total $250.

    Documentos de Autorización de Empleo (EAD): de $275 a $550. El cobro total oscila entre $275 y $1,425, dependiendo de las tarifas actuales que se suman a la adicional establecida por la nueva ley:
    (Formulario I-765)
    -$550 para solicitante de asilo inicial o aplicante de EAD
    -$275 para renovación o extensión del EAD de aplicante de asilo
    -$550 EAD para refugiado en libertad condicional por un año
    -$550 EAD para cónyuge en libertad de condicional de empresario
    -$275 para renovación de EAD de refugiado en libertad condicional por un año
    -$275 para renovación de EAD de cónyuge de empresario en libertad condicional
    -$550 para EAD TPS inicial válido por un año
    -$275 para renovación o extensión de EAD TPS, válido por un año
    -$275 para Autorización de empleo tras la emisión de un nuevo período de libertad condicional

  • Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    Gobierno pide nueva reforma a Ley contra el crimen organizado ante vencimiento de decreto 803

    El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, solicitó ayer a la Asamblea Legislativa nuevas reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, a pocos días del vencimiento, el próximo 25 de agosto, del decreto 803, que otorgó hasta 24 meses para acusar a miembros del crimen organizado o pandillas en una sola causa o proceso penal.

    Tienen por objeto lograr mayor eficiencia y eficacia en la determinación de responsabilidades de quienes sean sometidos a juzgamiento en esta competencia. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.

    La reforma establecería un plazo de instrucción de hasta dos años a partir de una solicitud de la Fiscalía General de la República de asignación de número de cada causa para cada estructura criminal, independientemente de la fecha de captura de los imputados.

    «Finalizado el plazo transicional del decreto legislativo 803, de fecha 26 de julio de 2023 (publicado el 25 de agosto de 2023), el juez a solicitud del fiscal deberá asignar un número de causa en contra de la estructura criminal y en consecuencia de sus miembros para su procesamiento de acuerdo con los agrupamientos solicitados por la Fiscalía en aplicación del referido decreto (803)», reza el artículo 6 de la propuesta de reforma.

    «Una vez presentada la solicitud para la asignación de causa, el plazo de instrucción aplicable será el dispuesto en el artículo 17 de esta ley (24 meses) contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud sin perjuicio de la fecha de captura de los imputados», continúa la redacción del artículo 6.

    >> Por vencer decreto 803 que prolongó tiempo para acusar a detenidos en el régimen, Movir pide su derogación

    La propuesta indica que la Dirección General de Centros Penales recibirá el oficio del juez de crimen organizado y cumplirá inmediatamente su orden «eliminando el registro efectuado con base en el referido decreto» (803).

    La propuesta también establece la celebración de una «Audiencia Única Abierta» luego de la acusación fiscal, que se llevará a cabo en un plazo no mayor a 60 días y que permanecerá abierta «mientras existan miembros de la estructura criminal sin juzgar» hasta un periodo de dos años.

    «El juez, previa consulta al fiscal, podrá declarar el cierre de la audiencia, sin perjuicio de reabrir el proceso si se identifican nuevos miembros o actividad de la estructura criminal», indica la reforma al artículo 18.

  • Muyshondt dice que padece de un tumor y pide evaluaciones médicas

    Muyshondt dice que padece de un tumor y pide evaluaciones médicas

    El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt denunció ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia que ha sido víctimas de negligencia médica por parte de la Dirección de Centros Penales, debido a que padece de un tumor en el pecho y no ha recibido tratamiento a pesar de su enfermedad.

    Durante la fase de incidentes, Muyshondt declaró que tiene un tumor que fue diagnosticado desde hace dos años y que desde entonces las autoridades penitenciarias han tendido conocimiento de su condición médica. Sin embargo, aseguró no ha tenido revisiones médicas a pesar de su oncólogo, en su momento, recomendó hacerlas cada seis meses.

    «Tengo un tumor que está creciendo y es de conocimiento de las autoridades penitenciarias desde hace tiempo y no me han querido dar tratamiento. Hasta hoy que me hicieron exámenes de sangre y orina que nada tienen que ver».
    Ernesto Muyshondt, vía remoto desde el centro penitenciario de Ilopango.

    El exfuncionario aseguró que desde que iniciaron los procesos judiciales en su contra no ha recibido atención médica, y que nunca se han cumplido los oficios emitidos por los tribunales para que tenga los respectivos chequeos por parte del Instituto de Medicina Legal (IML). «Se han negado decenas de órdenes judiciales para que sea evaluado por los médicos», añadió.

    Torturas

    Por otra parte, el exedil capitalino denunció que sufrió de maltrato físico en los centros penitenciarios La Occidental y La Esperanza, conocido como «Mariona», donde ha estado privado de libertad, así como en el Hospital Psiquiátrico de Soyapango, al que afirmó fue enviado sin orden judicial, y aseguró fue «torturado sistemáticamente». Entre las abusos que describió grabaciones con cámaras de video cuando hacía uso del baño.

    «Fui enviado a un hospital psiquiátrico donde fui torturado sistemáticamente todos los días, fui torturado por un periodo de 15 meses y medio que estuve en ese penal psiquiátrico sin orden judicial».
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    En ese sentido, Muyshondt solicitó a las autoridad del tribunal que se le permita una evaluación médica sobre los padecimientos que se aqueja con respecto a su tumor y para que sea evaluado mentalmente.

    «Fui amarrado, fui golpeado, fui maltratado. Siempre me maltrataban y se ordenaba que se me tuviera en condiciones inhumanas, entonces quiero que Medicina Legal me evalúe mentalmente para ver si hubo o no razón que se me tuviera 15 meses y medio en el hospital psiquiátrico», aseveró Muyshondt.

    Defensores de Arístides Valencia y Benito Lara. /Alexander Montes.

    Sin acceso a la defensa

    De igual forma, Muyshondt reclamó la falta de acceso a su equipo de defensa legal, ya que alegó que desde que iniciaron los procesos judiciales en su contra no ha podido reunirse en persona con sus abogados, salvo por los breves minutos otorgados entre los recesos de las audiencias, por lo que también solicitó que se le brinde acceso a sus abogados al penal de Ilopango, donde actualmente se encuentra.

    «Se me ha negado el derecho a la defensa, no se han garantizado las garantías para mi defensa, no he podido reunirme una tan sola vez sobre este caso con mis defensores, nunca he podido conocer la estrategia de la defensa».
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    El exalcalde guarda prisión en el centro penitenciario de Ilopango desde diciembre de 2024, donde cumple una pena de cuatro años de cárcel por incumplimiento de deberes. Dicha sentencia fue emitida en febrero de este año por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

    Muyshondt agregó que las notificaciones sobre el caso llegan al penal de la Occidental a pesar que ya no se encuentra ahí y que en dicho centro penitenciario se falsificaba su firma, por lo que pidió que todos los avisos sean enviados al penal de Ilopango.

    Ante dichas denuncias, los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que ventila el caso ordenaron que se realicen los oficios correspondientes para que Medicina Legal hagas las evaluación médicas y psicológicas a Muyshondt. Además, que se giren oficios a la Dirección de Centros Penales para que se permita el acceso al centro penitenciario a sus abogados y el imputado reciba los avisos sobre el proceso en el lugar donde guarda detención.

    El exalcalde Ernesto Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    En el primer día de juicio la defensa solicitó en fase incidental que las declaraciones de los testigos con clave «Salomón» y «Noé», ofertados por la Fiscalía General de la República sean excluidas del desfile probatorio, ya que argumentan no cumplen los principios de legalidad.

    Jaime Ortega, abogado del exministro de Gobernación Arístides Valencia, consideró que la Fiscalía no cuenta con las pruebas suficientes para acreditar los delitos, además que las declaraciones de los testigos ofertados por representación fiscal «carecen de valor».

    «Es una declaración bastante sesgada por las condiciones propias de estos criminales y no va a ser suficiente para aprobar supuestamente el fraude electoral, porque no ha existido».
    Jaime Ortega, abogado de exministro de Gobernaciòn Arístides Valencia

    Al juicio Benito Lara, quien tiene medidas sustitutivas a la detención fue el único de los acusados que estuvo de manera presencial en la vista pública, mientras que Muyshondt estuvo vía remoto desde el penal de Ilopango. El resto de los acusados son procesados en ausencia.

  • Productores recomiendan cubrir cosecha para evitar pérdidas por incremento de lluvias en próximos meses

    Productores recomiendan cubrir cosecha para evitar pérdidas por incremento de lluvias en próximos meses

    La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) hizo un llamado a los agricultores salvadoreños para prepararse y evitar pérdidas ante las proyecciones de incremento de lluvias en El Salvador.

    El presidente de Campo, Luis Treminio, aseguró que aunque no se reportaron mayores afectaciones por el período de canícula, pues la zona más perjudicada fue el oriente del país y en este sector aún no se había iniciado con la siembra postrera, sí están preocupados por lo que pueda pasar en los próximos meses con el recrudecimiento del invierno.

    Para evitar un impacto negativo, Campo aconsejó proteger los cultivos de frijoles hasta que se proceda al corte del producto.

    “Cuando esté saliendo la cosecha de frijol protegerla hasta que corte y la logren engranerar, que consigan carpetas o plásticos negros para poder proteger”, recomendó Treminio.

    Treminio pidió a los productores que tengan cultivos de maíz cubrir el producto que ya esté tapiscado, porque generalmente la cosecha se deja entre dos o tres días luego de desgranar la mazorca para que el producto se seca y pueda almacenarse.

    La previsión, puntualizó Campo, es evitar lo mismo que sucedió con la tormenta tropical Sara, cuando se generaron daños en más de 1.88 millones de quintales de maíz y frijoles, lo que representó una pérdida de inversión de $65.2 millones para los agricultores.

    “El problema es que el año pasado no estábamos preparados para esa tormenta, ya nadie lo esperaba y la gente cortaba e iba agrupando en las zonas de cultivos y no lo dejaba protegido, se vino la tormenta y eso provocó que se perdieran”, recordó Treminio.

     

    Vulnerables

    El consejo de la gremial también incluye a las hortalizas, principalmente en la zona de El Paisnal en donde cada año son afectados por las fuertes lluvias.

    Si el producto aún se encuentra en la planta, Campo recomienda aplicar foliares para evitar el aparecimiento de hongos y plagas que puedan provocar pérdidas en los cultivos.

    Treminio hizo énfasis en que los cultivos más vulnerables durante el invierno son las frijoleras, pues un 75 % de la cosecha se siembra en agosto en asocio con otros cultivos. En agosto también se siembra un 20 % del maíz nacional y un 100 % del sorgo.

    El presidente de la gremial aseguró que los productores ya se están preparando para el incremento de las lluvias.

    Campo espera que durante el ciclo agrícola 2025-2026 se produzcan 19.16 millones de quintales de granos básicos. Hasta el momento la situación climática no ha impactado de forma negativa los cultivos, manteniéndose las proyecciones emitidas a inicios del período.

  • Onda tropical causará lluvias este jueves

    Onda tropical causará lluvias este jueves

    El paso de una onda tropical, sumado al flujo acelerado del este y otros sistemas en capas altas, provocará este jueves  tormentas aisladas en distintas zonas del país, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

    Durante la mañana no se esperan lluvias; sin embargo, por la tarde se prevén precipitaciones en sectores de la cadena montañosa norte y en puntos de la franja volcánica central y occidental. Por la noche, las lluvias se concentrarán en el occidente y centro del territorio, con menor probabilidad en el oriente.

    El viento variará entre 9 y 18 kilómetros por hora con ráfagas ocasionales de hasta 25 kilómetros por hora, y en el caso de tormentas, se podrían registrar vientos momentáneos que superen los 40 kilómetros por hora. El ambiente se mantendrá muy cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada.

    • Las temperaturas extremas para este jueves serán:
      San Salvador 32°C y 20°C;
      Santa Ana 33°C y 19°C;
      Acajutla y La Libertad 34°C y 23°C;
      San Miguel y La Unión 36°C y 22°C;
      y Nueva Concepción 35°C y 22°C.
  • Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Autorizan nuevo préstamo BIRF por $250 millones para prioridades u obligaciones del Estado

    Con 57 votos y dos en contra, la Asamblea Legislativa autorizó este miércoles al Ministerio de Hacienda para que suscriba un préstamo de $250 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fondos que podrán ser utilizados “igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado” que “requieran fuente de liquidez y transferencias varias”.

    El préstamo “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” fue solicitado por el gobierno salvadoreño al Banco Mundial.

    Los fondos, según el decreto, buscan apoyar “las medidas que el Gobierno ha adoptado en el marco de responsabilidad fiscal y para el mantenimiento y continuidad de una política macroenómica adecuada”.

    No tienen un destino específico. “Los recursos del contrato de préstamo podrán utilizarse igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, indica el artículo 2 del decreto de autorización aprobado este miércoles.

    Por el crédito se pagará una comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo, un 0.25 % de comisión de compromiso anual sobre saldo no desembolsado del préstamo, se pagará a 25 años de plazo, incluyendo cinco años de gracia, en cuotas semestrales.

    Este miércoles, la Asamblea Legislativa también autorizó un segundo préstamo con el BIRF por $100 millones que se desembolsaría si el gobierno salvadoreño lo solicita ante cualquier emergencia, el préstamo se denomina “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes”.

    La Asamblea también ratificó hoy un préstamo por $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $100 millones para “Proyecto de modernización del sistema educativo de El Salvador”; y $120 millones del BIRF de “Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador”, un préstamo adicional para las obras del bypass de Apopa, cuya firma fue autorizada el 10 de julio de 2025.

    Para el proyecto del bypass de Apopa, la Asamblea Legislativa aprobó un primer préstamo de $150 millones el 9 de abril de 2024. Para este año se han ejecutado $39 millones, de los cuales se han ejecutado $14 millones según Hacienda.

  • Defensoría asegura que todas las pastas Colgate Active Prevention Clean Mint fueron retiradas del mercado salvadoreño

    Defensoría asegura que todas las pastas Colgate Active Prevention Clean Mint fueron retiradas del mercado salvadoreño

    La Defensoría del Consumidor aseguró este miércoles que todas las pastas dentales Colgate Active Prevention Clean Mint han sido retiradas del mercado salvadoreño como parte de una alerta emitida por la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS).

    El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, aseguró que la inexistencia del producto en los supermercados y comercios es el resultado de una serie de verificaciones que se ejecutaron a nivel nacional la semana pasada junto con la SRS.

    “Como institución participamos justamente la semana pasada en los procesos de verificación, en una actuación coordinada junto con la Superintendencia, y podemos dar fe que todo el producto ha sido retirado del mercado”, puntualizó Salazar en una entrevista en Diálogo 21.

    El funcionario recordó que la semana pasada Guatemala emitió una alerta por el consumo de este producto. Previamente, Argentina, Chile y Brasil tomaron medidas similares ante esta pasta, una situación a la que se sumó El Salvador el 9 de agosto.

    Efecto en la salud

    Salazar recordó que este tipo de artículos pueden provocar sensación de ardor en la boca, así como dolor en las encías y úlceras.

    Esta pasta también puede generar lesiones en la boca e hinchazón en la mucosa oral.

    Según el presidente de la Defensoría, las gestiones del retiro del producto se realizaron en conjunto con la marca y los distribuidores de la misma.

    “Se han hecho todas las gestiones para retirarlo del mercado nacional, y también se está pendiente de poder conocer de cualquier situación en cuanto a este tipo de síntomas y situaciones que se pudieron haber generado”, añadió Salazar.

    El presidente de la institución indicó que se habilitó el centro de llamadas 194, a cargo de la SRS, para que las personas puedan reportar cualquier situación, efecto grave o contraindicación que la pasta haya provocado en su salud.