Etiqueta: elecciones 2026

  • Candidata interpone una denuncia tras hallar un "micrófono de espionaje" en Costa Rica

    Candidata interpone una denuncia tras hallar un «micrófono de espionaje» en Costa Rica

    La candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, interpuso este martes una denuncia ante las autoridades judiciales de Costa Rica tras haber hallado un «micrófono de espionaje» en su oficina de campaña.

    «Me presenté ante la Fiscalía de Pavas (San José) para interponer la denuncia por el micrófono de espionaje que un grupo especializado de seguridad encontró en mi oficina. El delito es captación indebida de manifestaciones verbales», expresó en un comunicado la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

    Según informó Fernández, este martes un grupo de seguridad privada especialista en tecnologías y dispositivos de espionaje, realizó una revisión de su oficina y encontró un micrófono con transmisor dentro de un tomacorriente.

    Se trata de un dispositivo que captura la voz y la transmite a un receptor que puede estar ubicado a una distancia de un kilómetro a la redonda y que el dispositivo es «difícil de encontrar en el continente y su precio ronda entre 2.000 y 3.000 dólares.

    «Quien haya instalado ese dispositivo, escuchó conversaciones privadas que he tenido en mi oficina, con personas de la campaña y con mi familia. Lamentablemente eso es campaña sucia, porque le tienen mucho miedo a este movimiento que le dará continuidad a la ruta iniciada por (el actual presidente) Rodrigo Chaves», declaró Fernández.

    «Si creen que con estas estrategias me van a vencer, les digo que cada día me hacen más fuerte», manifestó.

    Fernández, exministra de Planificación de Chaves, es uno de los 20 candidatos que competirán por la presidencial en las elecciones del 1 de febrero de 2026, en las que los costarricenses escogerán al mandatario y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

    La candidata se ha presentado como la opción para la continuidad del actual Gobierno e incluso ha manifestado su intención de, en caso ganar, ofrecerle al presidente Chaves un puesto como ministro.

    En Costa Rica está prohibida la reelección presidencial consecutiva.

  • El Congreso de Perú convoca a la presidenta Boluarte para un proceso de destitución exprés

    El Congreso de Perú convoca a la presidenta Boluarte para un proceso de destitución exprés

    El pleno del Congreso de Perú someterá a la presidenta Dina Boluarte a un proceso de destitución exprés al aceptar a trámite por una amplia mayoría cuatro mociones para sacar a la jefa de Estado del poder y hacer que la mandataria ejerza de inmediato su defensa, para posteriormente decidir su futuro político.

    Las cuatro mociones de vacancia (destitución) presentadas en el transcurso de este jueves contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuatro quintas partes de la cámara.

    A las 23:30 hora local (4:30 GMT del viernes 10 de octubre) ha sido convocada la sesión en la que Boluarte deberá asistir con su abogado, Juan Carlos Portugal, para defenderse durante el plazo de una hora frente a la acusación de «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.

    Luego se procederá a votar la continuidad o destitución de la gobernante, para lo que se requieren 87 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo.

    Pese a que el proceso normal era convocar la sesión entre el tercer y décimo día después de admitir a trámite la moción por parte del pleno, los congresistas lograron los votos suficientes para hacer que la salida de Boluarte sea inmediata, con el apoyo gran parte de la Cámara.

    El proceso está respaldado por los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022, a apenas seis meses de celebrarse las elecciones generales de 2026, convocadas para el mes de abril.

    Entre los promotores del proceso de destitución hay varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales en los próximos comicios, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, el empresario José Luna.

    En el transcurso de la jornada han sido acumulándose de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, que de un momento a otro se ha visto sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

    Como vicepresidenta de Castillo, Boluarte llegó a la Presidencia en 2022 después de que el izquierdista protagonizase un fallido intento de golpe de Estado para evitar una eventual destitución por parte de este mismo Congreso, ante numerosos indicios de corrupción en su administración.

    A ello se suma que Boluarte es la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3 % según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

    En caso de consumarse la destitución, asumiría la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, y se convertiría en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte.

  • TSE de Costa Rica solicita levantar fuero a Rodrigo Chaves por beligerancia política

    TSE de Costa Rica solicita levantar fuero a Rodrigo Chaves por beligerancia política

    El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial de Rodrigo Chaves, tras acumular 15 denuncias por beligerancia política en su contra.

    En un comunicado oficial, el tribunal explicó que la decisión fue tomada por su Sección Especializada, tras analizar múltiples denuncias presentadas en distintas fechas, algunas por líderes de partidos de oposición. Estas acusan al mandatario de referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales y conferencias de prensa.

    El TSE subrayó que, por tratarse de un presidente en funciones, el proceso no puede avanzar sin la aprobación del Congreso, que necesita al menos 38 votos de los 57 diputados para levantar la inmunidad.

    Chaves ya superó en septiembre pasado un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General en un caso de presunto manejo irregular de fondos. En aquella ocasión, 34 legisladores votaron a favor y 21 en contra, sin alcanzar la mayoría calificada requerida.

    Este nuevo expediente, sin embargo, pone nuevamente en tensión la relación entre el Ejecutivo y las instituciones. Las denuncias apuntan a violaciones del principio constitucional de imparcialidad, vigente para todos los funcionarios en el marco de un proceso electoral.

    En abril, el TSE amonestó al presidente y le impuso medidas cautelares, entre ellas, abstenerse de realizar declaraciones que afecten la equidad del proceso electoral o utilizar recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos.

    Oficialismo acusa intento de “golpe institucional”

    La diputada oficialista y jefa de fracción, Pilar Cisneros, reaccionó con dureza a la solicitud del TSE. En un vídeo publicado en redes sociales, calificó la medida como un posible “intento de golpe de Estado institucional”.

    “¿Estaremos ante un intento de inhabilitar al presidente más popular de la historia de Costa Rica?”, cuestionó. Cisneros pidió a los diputados “proteger la democracia” rechazando el levantamiento del fuero.

    La ley electoral costarricense prohíbe expresamente que el presidente y otros altos funcionarios participen o influyan en campañas, así como que utilicen su cargo para beneficiar o perjudicar a partidos.

    Desde el 2 de octubre, el Gobierno está impedido de difundir propaganda sobre su gestión a través de medios oficiales o redes sociales. Pese a ello, el presidente Chaves ha continuado realizando inauguraciones y conferencias, aunque sin divulgarlas por canales gubernamentales.

    El mandatario acusó la semana pasada al TSE de “amordazarlo” y afirmó que el tribunal ya no es una “institución inmaculada”.

    Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 elecciones presidenciales y legislativas para el periodo 2026-2030. Hasta ahora, 20 candidatos presidenciales se han inscrito, entre ellos Laura Fernández, exministra de Planificación de Chaves, quien se presenta como la opción de “continuidad” y ha acompañado al Gobierno en actos públicos como “ciudadana”.

     

     

  • Presidente de Costa Rica acusa a tribunal electoral de imponer “ley mordaza”

    Presidente de Costa Rica acusa a tribunal electoral de imponer “ley mordaza”

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este miércoles al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por aplicar una “ley mordaza” que le impide comunicar las acciones del Gobierno a través de redes sociales y medios oficiales, justo al iniciar la campaña electoral rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.

    Chaves afirmó que el TSE “cambió las reglas” con una interpretación que calificó de “arbitraria y vergonzosa”, al incluir las plataformas digitales dentro de la restricción legal que impide difundir propaganda gubernamental durante el proceso electoral. El mandatario aseguró que esa decisión le impide dirigirse libremente al pueblo.

    “Lo digo con pesar, no por ego ni vanidad, mañana va a ser un día triste para nuestra democracia. Lo digo como costarricense, no como presidente, y me causa un profundo dolor en el corazón”, expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal. Añadió que el TSE, antes considerado una institución inmaculada, “ya tiene mácula” por esta medida.

    Según la normativa electoral, desde el jueves 2 de octubre, el Poder Ejecutivo y las instituciones públicas no pueden divulgar obras realizadas mediante ningún canal oficial. El presidente podrá continuar ofreciendo conferencias e inaugurando proyectos, pero sin difundirlos públicamente a través de medios institucionales ni redes sociales.

    Chaves insistió en que el tribunal electoral asumió potestades legislativas que no le corresponden y aseguró que la intención de fondo es limitar su influencia en la contienda electoral. “Cambiar las reglas en este momento revela el deseo de reducir la influencia que este servidor y mis colegas podríamos tener sobre los intereses de otros grupos políticos”, sostuvo.

    La ley en Costa Rica prohíbe al presidente y altos funcionarios del Gobierno participar en campañas políticas. Sin embargo, el TSE ya recibió varias denuncias por supuesta beligerancia política contra Chaves, quien ha utilizado actos oficiales para criticar a partidos opositores y pedir una mayoría de “diputados patriotas” en el próximo Congreso.

    Para las elecciones del 2026 se han inscrito 20 aspirantes presidenciales, entre ellos varias figuras cercanas a Chaves, como Laura Fernández, exministra de Planificación y candidata del partido oficialista Pueblo Soberano. También compiten la ex primera dama Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Natalia Díaz (Unidos Podemos), y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), entre otros.

  • Fuertes críticas de empresarios y oposición colombiana a Petro tras la revocatoria de la visa estadounidense

    Fuertes críticas de empresarios y oposición colombiana a Petro tras la revocatoria de la visa estadounidense

    La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una nueva crisis en la ya desgastada relación bilateral y abrió un debate interno sobre sus motivaciones políticas a menos de un año de las elecciones presidenciales.

    El Departamento de Estado anunció la medida tras la intervención de Petro en una manifestación propalestina en Nueva York, donde, según Washington, “instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”. En su cuenta de X, la institución calificó estas acciones como “imprudentes y provocadoras”.

    Al regresar a Colombia, Petro respondió que la sanción fue consecuencia de su llamado a que los ejércitos de EE.UU. e Israel no participen “en un genocidio” en Gaza.

    “Lo que hace el gobierno de EE.UU. rompe todas las normas de inmunidad en que se basa la ONU. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea”, escribió.

    Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, criticó al mandatario por su intervención en suelo estadounidense.

    “Se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país”, dijo Lacouture.

    Aunque recalcó que la medida no implica una ruptura formal, advirtió que “añade tensión a una relación ya compleja”.

    Analistas recuerdan que Petro ha tenido enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por políticas migratorias, la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el apoyo militar a Israel.

    En los últimos meses, Petro ha elevado el tono ante el presidente estadounidense, Donald Trump, por diferencias sobre la política migratoria, la lucha contra las drogas en aguas del Caribe y el apoyo de ese país a Israel, por lo que Lacouture recordó que «la Jefatura de Estado obliga anteponer, sin excepción, el interés nacional sobre cualquier ideología».

    Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y su mayor aliado en asuntos militares, policiales y de seguridad, y por eso hay quienes temen que un deterioro en la relación con Washington en los diez meses que le quedan a Petro como presidente acabe provocando sanciones al país.

    El exembajador Gabriel Silva Luján opinó que “Petro quería que le quitaran la visa para convertirse en la víctima del imperio y el redentor de los oprimidos”, lo que pondría en riesgo la relación con el principal socio comercial y aliado en seguridad de Colombia.

    El oficialismo, en contraste, defendió al mandatario. Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, anunció la renuncia voluntaria a su visa como gesto solidario, mientras varios ministros lo respaldaron públicamente.

    La oposición, sin embargo, ve un trasfondo electoral.

    “¡Por fin lo logró presidente Petro! Ya no tiene visa de Estados Unidos. Hace rato dejó de gobernar y ahora saldrá a hacer política como la víctima que siempre quiso ser”, criticó el precandidato Sergio Fajardo.

    uan Daniel Oviedo, otro precandidato independiente, advirtió por su parte que «la diplomacia no se construye con provocaciones, sino con coherencia, respeto y resultados».

    Colombia no enfrentaba una situación similar desde 1996, cuando Washington revocó la visa al entonces presidente Ernesto Samper por el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña electoral.

     

  • Lula confirma que buscará la reelección en 2026 si su salud lo permite

    Lula confirma que buscará la reelección en 2026 si su salud lo permite

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este lunes que se presentará como candidato en las elecciones presidenciales de 2026, siempre que su estado de salud lo permita. En un encendido discurso, el mandatario arremetió contra figuras de la oposición, a quienes acusó de tener vínculos con Estados Unidos y de actuar en contra de los intereses nacionales.

    Lula criticó a «líderes fascistas» brasileños que respaldan los aranceles impuestos por el expresidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que esas posturas reflejan una traición a la patria.

    “Estamos viviendo una excrecencia política: un tipo que hacía campaña envuelto en la bandera brasileña ahora está envuelto en la bandera de Estados Unidos y pidiendo impuestos contra Brasil”, afirmó, en referencia al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

    El presidente brasileño calificó a Eduardo Bolsonaro como “enemigo de Brasil” y extendió ese calificativo a todos aquellos que, según dijo, “piden sanciones directamente contra el pueblo brasileño”. Aunque el gobierno brasileño ha evitado confrontaciones con Washington, Lula anunció que fortalecerá los lazos comerciales con otros países para contrarrestar los efectos de los aranceles.

    En ese sentido, reiteró que su administración continuará negociando la revocación de las tarifas impuestas a las exportaciones brasileñas, pero lo hará “con orgullo y soberanía, y permitiendo al pueblo brasileño recuperar sus símbolos nacionales”.

    “Brasil ya no depende tanto de Estados Unidos; tenemos buenas relaciones con otros países. No olvidaré nuestras relaciones, pero tampoco olvidaré que dieron un golpe de Estado”, expresó Lula, en una referencia implícita al rol internacional en episodios pasados de inestabilidad política en su país.

    Finalmente, el mandatario subrayó la importancia de impulsar una moneda alternativa al dólar para facilitar el comercio con otras naciones. “Estados Unidos es la economía más fuerte del mundo, pero queremos ser respetados por nuestro tamaño. Tenemos intereses estratégicos y no somos una república pequeña”, concluyó.