El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres, presentó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía General tras recibir una amenaza contra la vida del presidente Rodrigo Chaves, en la que se alertó sobre el supuesto pago a un sicario para ejecutar el crimen.
Torres explicó al medio Noticias Repretel que la información provino de una fuente confidencial y que, como funcionario público, estaba obligado a trasladar el caso a las autoridades judiciales.
“Es por una información que recibimos de fuente confidencial de una amenaza sobre la vida del presidente de la República. Yo como funcionario público y como director de Inteligencia tengo el deber de venir a denunciar a la Fiscalía General”, declaró.
El funcionario no ofreció más detalles sobre el supuesto complot, debido a que podría entorpecer las investigaciones en curso. Hasta el momento, Casa Presidencial no ha emitido un comunicado oficial sobre la denuncia ni sobre eventuales medidas de seguridad adicionales para el presidente.
La denuncia surge en un momento clave para la política costarricense, ya que el país se encuentra en plena campaña electoral. El próximo 1 de febrero se celebrarán elecciones presidenciales para el período 2026-2030, y la ley prohíbe la reelección inmediata.
El presidente Rodrigo Chaves concluirá su mandato de cuatro años el próximo 8 de mayo, cuando entregará el poder al candidato electo. La situación ha generado preocupación en el entorno político, en medio de un ambiente electoral marcado por la tensión.
Un ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica en contra de la visita al país la próxima semana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se efectuará en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero próximo.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dijo este viernes a los periodistas que la entidad estudia un recurso de amparo electoral en el cual «se solicita por parte de un ciudadano que se prohíba el ingreso del presidente Bukele a Costa Rica».
La magistrada dijo que no puede referirse más a profundidad al asunto debido a que el recurso se encuentra en estudio.
La Constitución Política de Costa Rica prohíbe la influencia de extranjeros en las campañas políticas del país.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles que Bukele «inspeccionará» el 14 de enero los avances de la construcción de una cárcel llamada Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), inspirada en el modelo salvadoreño.
La cárcel, que costará 35 millones de dólares, contará con cinco módulos con una capacidad aproximada para 1.200 presos y con una capacidad total de 5.100 reclusos, y según ha dicho el propio Gobierno está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno de Bukele contra estas bandas.
El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70 % es atribuido por las autoridades judiciales a la lucha entre bandas de narcotraficantes.
En diciembre pasado, Chaves realizó una visita oficial a El Salvador, la cual incluyó reuniones con Bukele y un recorrido por el CECOT.
Por su parte, Bukele visitó Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorrió la principal cárcel de ese país, conocida como La Reforma, y alertó de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.
El pasado 24 de septiembre, durante un acto oficial de inauguración de escáneres en puertos, la Casa Presidencial de Costa Rica divulgó un video en el que Bukele lanza un mensaje a favor de la «continuidad» de proyectos del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, lo cual fue aprovechado por la candidata oficialista, Laura Fernández, para su campaña.
«Si la próxima Administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera», dijo Bukele en el video de septiembre pasado.
El presidente de transición de Perú, José Jerí, aseguró el sábado que su administración ganará la lucha contra la criminalidad y recuperará la paz en el país antes del final de su mandato en julio de 2026.
“Tenemos el compromiso de encaminar el país hacia la paz y no vamos a claudicar en ello. Vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país”, manifestó durante la ceremonia de graduación de 473 nuevos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes se integrarán a áreas como investigación criminal, seguridad y policía montada.
Jerí subrayó que su gobierno mantendrá una postura firme ante la delincuencia, pese a los desafíos: “No vamos a perder contra la delincuencia, cueste lo que cueste”. El mandatario también exhortó a los nuevos oficiales a cumplir con la misión de proteger a los ciudadanos.
“En tiempos en que son necesarios líderes, referentes, buenas autoridades, buenos policías, ustedes entran justamente a contribuir al objetivo que tenemos como país: derrotar a la delincuencia”, expresó.
En su discurso, el jefe de Estado anunció nuevas medidas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con el objetivo de garantizar un 2026 más seguro, con mejores condiciones para el trabajo policial. “Equipamiento, tecnología y respaldo pleno de las autoridades estarán a la orden de la institución policial para que sigan su trabajo. Ello será parte de lo que vamos a dejar para el 2026”, indicó.
El actual gobierno de transición comenzó el pasado 10 de octubre, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, que la acusó de “incapacidad permanente” ante el avance del crimen organizado y la delincuencia común.
Con el lema “de la defensiva a la ofensiva”, Jerí ha señalado que sus prioridades serán combatir la inseguridad, estabilizar la economía y garantizar elecciones generales transparentes en abril de 2026, en las que se elegirá al próximo presidente para el periodo 2026-2031.
La Legislatura de Florida, controlada por el Partido Republicano, inició este jueves el proceso para rediseñar sus distritos electorales, una medida impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de asegurar más escaños para su partido en las elecciones legislativas de 2026.
Aunque esta redistribución se realiza cada diez años tras el censo poblacional, el actual proceso se adelantó cinco años. La decisión es parte de una estrategia nacional con la que los republicanos buscan reforzar su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes, donde actualmente poseen 219 escaños frente a 213 de los demócratas.
La Cámara baja de Florida dio inicio a la revisión de los mapas congresionales con una breve reunión en Tallahassee, capital del estado, mientras manifestantes protestaban con pancartas que denunciaban un intento de debilitar la representación demócrata. Grupos civiles, como la ACLU y Equal Ground, han advertido que presentarán demandas al considerar ilegal esta maniobra motivada por intereses partidistas.
John Webber, del centro civil Southern Poverty Law Center, cuestionó la brevedad del encuentro. “Fue demasiado corta (menos de media hora) y no tan dulce”, dijo al concluir la jornada, en la que no hubo declaraciones por parte de los líderes republicanos.
El gobernador Ron DeSantis respaldó la revisión de los distritos y señaló que el crecimiento poblacional tras el Censo de 2020 justifica un incremento de representación. Aseguró que convocará una sesión especial en 2026, aunque advirtió que esperará un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la Ley de Derecho al Voto antes de continuar.
La iniciativa en Florida no es aislada. En Texas, el gobernador Greg Abbott ya firmó en agosto un nuevo mapa electoral que otorgaría cinco escaños más al Partido Republicano. Por su parte, California respondió con una reconfiguración que podría sumar hasta cinco escaños a los demócratas, reduciendo la bancada republicana de nueve a cuatro.
Análisis recientes indican que, si todos los nuevos mapas son aprobados y superan los desafíos legales, los republicanos podrían ganar hasta nueve escaños adicionales en el Congreso y los demócratas seis más. La práctica de modificar los distritos a conveniencia partidaria, conocida como gerrymandering, ha sido utilizada históricamente por ambas fuerzas políticas.
En Florida, donde Trump ha ganado las últimas tres elecciones presidenciales, los republicanos tienen actualmente una ventaja de 20 escaños frente a ocho demócratas. Con el nuevo plan, aspiran a sumar entre tres y seis escaños más. La batalla política por el control del Congreso está en marcha, y los tribunales serán clave para definir el futuro de estos mapas.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, deberá comparecer este viernes ante una comisión legislativa que analiza una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para retirarle la inmunidad, debido a señalamientos de intervención ilegal en el proceso político rumbo a las elecciones generales del 1 de febrero de 2026.
Este es el segundo proceso de desafuero que enfrenta el mandatario. El primero fue desestimado en septiembre al no obtener los votos necesarios, y se refería a una denuncia presentada por la Fiscalía sobre un supuesto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el expediente del TSE, se han agrupado 15 denuncias por beligerancia política contra Chaves, lo que implica que habría utilizado actos oficiales para atacar a líderes de oposición y favorecer su influencia en la campaña electoral. La ley costarricense prohíbe que funcionarios como el presidente y su gabinete participen en actividades político-electorales, dada la imposibilidad de reelección consecutiva.
“Si prospera el desafuero, Costa Rica estaría viviendo un golpe de Estado”, advirtió Chaves, quien también acusó al TSE de extralimitarse en sus funciones. Afirmó que el organismo está asumiendo “potestades que no le competen por la Constitución”.
La comisión legislativa, compuesta por tres diputados, elaborará un informe tras la audiencia, en el cual recomendará si debe levantarse el fuero al presidente. El documento será elevado a votación en la Asamblea Legislativa, integrada por 57 congresistas. Se requieren 38 votos para proceder con el desafuero.
El TSE sostiene que tiene facultades para sancionar actos que violen las restricciones de neutralidad electoral. Las penas podrían ir desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos a cuatro años, hasta la destitución inmediata del cargo.
De forma paralela, el presidente Chaves ha convocado a sus seguidores a presentarse este viernes en las afueras de la Asamblea Legislativa para “alzar la voz” y “defender la democracia”, mientras continúan los roces institucionales. Durante su mandato, el presidente ha mantenido una relación conflictiva con otros entes como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el mismo Congreso.
Costa Rica celebrará elecciones generales el 1 de febrero de 2026, en las que se elegirá al próximo presidente y a los 57 diputados que conformarán el Congreso para el periodo 2026-2030.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves una demanda contra el estado de California, al considerar que su nuevo plan de redistribución electoral favorece de forma inconstitucional al Partido Demócrata y da prioridad a criterios raciales en favor de la población latina.
La ofensiva legal se produce tras la aprobación, el pasado 4 de noviembre, de la Proposición 50 por parte del 64.4 % de los votantes californianos. Esta iniciativa permite una redistribución temporal de los distritos electorales, lo que podría traducirse en al menos cinco nuevos escaños para los demócratas en la Cámara Baja a partir de 2026.
El Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que la nueva cartografía electoral fue diseñada intencionalmente para beneficiar a una comunidad específica, en este caso la latina, y que dicha acción contraviene la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución estadounidense.
«El plan de redistribución de distritos de California es un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático», afirmó la fiscal general Pamela Bondi, quien también criticó al gobernador Gavin Newsom por supuestamente intentar consolidar “el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos”.
Bill Essayli, fiscal federal para California, señaló que el Gobierno actúa con rapidez para impedir que los nuevos mapas influyan en las elecciones de medio término previstas para 2026. La demanda fue presentada ante el Tribunal del Distrito Central de California.
El conflicto entre la Casa Blanca y el gobernador demócrata Gavin Newsom escaló tras el fracaso del Partido Republicano en evitar el avance de la Proposición 50. Newsom, respaldado por figuras como el expresidente Barack Obama, impulsó la reforma electoral con el argumento de proteger la representación de comunidades diversas en zonas como el Valle Central, tradicional bastión republicano.
Mientras tanto, otros estados controlados por legislaturas republicanas, como Texas, ya avanzan en sus propios planes de redistribución para garantizar su permanencia en el Congreso. California, sin embargo, optó por un mecanismo votado directamente por sus ciudadanos, lo que ha desatado una batalla legal sin precedentes entre el Gobierno federal y una de las economías más grandes del país.
Los analistas anticipan que más estados demócratas podrían seguir el ejemplo de California, lo que intensificará la lucha partidista por el control político en los próximos comicios legislativos.
La llamada ola azul demócrata que emergió en las elecciones locales del martes en Estados Unidos puso en alerta al Partido Republicano y al presidente Donald Trump, quien reconoció que su partido recibió un duro mensaje del electorado. “Aprendimos mucho”, dijo el mandatario en un inusual ejercicio de autocrítica.
Tras la victoria republicana en las elecciones presidenciales de 2024 que devolvió a Trump a la Casa Blanca, las elecciones locales de este martes evidenciaron un retroceso del oficialismo. Los demócratas recuperaron terreno en bastiones conservadores, impulsados por el respaldo de votantes afroamericanos y jóvenes.
En una reunión con senadores republicanos, Trump admitió que no esperaban triunfos contundentes. “Tuvimos una noche interesante. Aprendimos mucho y vamos a hablar sobre esto. (…) El cierre del Gobierno fue un factor negativo importante para los republicanos”, expresó. También apuntó que su ausencia en la boleta electoral influyó en los resultados.
Los demócratas cosecharon victorias clave incluso en territorios republicanos, como Virginia, Pensilvania y Georgia, estados que podrían ser determinantes en las elecciones legislativas de 2026 o en las presidenciales de 2028.
En Virginia, votantes en distritos conservadores apoyaron con fuerza a la candidata a gobernadora Abigail Spanberger y al aspirante a fiscal general Jay Jones, quienes lograron conectar con sectores juveniles más allá de lo alcanzado por Kamala Harris en 2024.
La derrota republicana también estuvo vinculada al impacto del cierre de Gobierno, que este miércoles cumplió 36 días, el más largo en la historia de EE.UU., afectando a miles de trabajadores federales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que los republicanos han «aprendido mucho» tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes. EFE
En Nueva Jersey, la candidata demócrata Mikie Sherrill se impuso con amplio respaldo de mujeres, hispanos y afroamericanos, desoyendo los llamados de Trump a favor de la opción republicana.
En Nueva York, el demócrata progresista Zohran Mamdani hizo historia al convertirse en el primer alcalde musulmánde la ciudad, además de ser el más joven en llegar al cargo. Su victoria fue impulsada por una participación récord en barrios tradicionalmente demócratas.
En Georgia, los demócratas Peter Hubbard y Alicia Johnson arrebataron dos escaños a los republicanos en la Comisión de Servicios Públicos estatal, en áreas donde Trump había ganado en 2024, pero donde no ganaba un demócrata desde hace más de dos décadas.
En la costa oeste, California respaldó por abrumadora mayoría una propuesta demócrata para redistribuir el mapa electoral, en respuesta a las circunscripciones pro-republicanas de Texas. En Pensilvania, fracasó la campaña impulsada por Trump que buscaba expulsar a jueces progresistas del Tribunal Supremo estatal.
Estos comicios también reflejaron una recuperación demócrata entre afroamericanos y jóvenes, dos sectores clave para sus aspiraciones futuras. En Nueva Jersey, más del 90 % del electorado afroamericano y una diferencia de 30 puntos entre votantes latinos favorecieron a Sherrill, según datos de CNN.
En tanto, Mamdani obtuvo dos tercios del voto de los menores de 45 años en Nueva York, un mensaje claro para el ala conservadora del Partido Demócrata de cara a las primarias previas a las elecciones legislativas de 2026, en las que estarán en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Los analistas consideran que esta nueva energía demócrata podría marcar una diferencia si se mantiene la narrativa centrada en el alto costo de vida, la defensa de los servicios públicos y el rechazo a las políticas de Trump.
El 64 % de los votantes latinos en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta de la organización UnidosUS divulgada este lunes. El estudio destaca además que el 41 % de estos ciudadanos teme ser arrestado por autoridades migratorias, aunque cuenten con ciudadanía o residencia legal.
La encuesta titulada Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026 fue elaborada por la firma BSP Research entre el 8 y el 22 de octubre, y se basó en una muestra nacional de 3,000 latinos. El margen de error es del 1.8 %.
A pesar de la desaprobación mayoritaria, solo un 13 % de quienes votaron por Trump en 2024 asegura que no lo haría nuevamente. Un 9 % de ese mismo grupo se mostró indeciso respecto a su respaldo futuro, revelando una compleja relación con el liderazgo del actual mandatario.
En cuanto a las principales preocupaciones de los votantes latinos, el 53 % mencionó el alto costo de vida y la inflación como su mayor problema. Le siguieron el empleo y la economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).
Un 39 % de los encuestados dijo que su situación económica actual es peor que la de hace un año, mientras que solo un 14 % afirmó estar mejor. Además, la mitad de los consultados cree que las políticas económicas del presidente Trump empeorarán su situación.
El 65 % opina que tanto el presidente como el Partido Republicano no están enfocándose en resolver los problemas económicos que enfrenta la población. Esta percepción se intensificó tras el cierre del Gobierno, ocurrido el 1 de octubre, debido a diferencias entre demócratas y republicanos sobre temas presupuestarios como subsidios médicos.
La encuesta también muestra que el 61 % culpa a los republicanos por ese cierre gubernamental, mientras que el 22 % señala a los demócratas. De cara a las elecciones de medio término de 2026, el 52 % planea votar por un candidato demócrata, frente al 28 % que se inclina por un republicano.
En el ámbito migratorio, el 72 % expresó su rechazo a un fallo de la Corte Suprema que permite a ICE realizar arrestos basándose en el idioma, el trabajo o la apariencia de una persona. El 33 % reportó pérdida de trabajadores por temor a redadas y el 29 % afirmó que niños han dejado de asistir a clases por ese mismo temor.
En California, el estado con mayor población latina, el 74 % rechazó esos criterios de arresto y el 82 % dijo estar profundamente preocupado por la falta de control del Congreso frente al poder del Ejecutivo. Además, el 60 % expresó sentirse menos seguro respecto a sus libertades y derechos civiles bajo la actual administración.
Portugal elegirá a su nuevo presidente el próximo domingo 18 de enero de 2026, según confirmó la Jefatura del Estado a través de un comunicado oficial publicado este jueves en su sitio web.
El actual mandatario, Marcelo Rebelo de Sousa, no podrá optar a la reelección, ya que la Constitución portuguesa limita el ejercicio del cargo a dos periodos consecutivos. Rebelo de Sousa, del bloque conservador, gobierna desde 2016.
“El presidente de la República firmó el decreto que fija las elecciones presidenciales para el domingo 18 de enero de 2026, que fue enviado para su publicación en el Diario de la República”, detalló la nota oficial.
Entre los primeros aspirantes a sucederle figuran nombres relevantes de la política portuguesa, como el almirante Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada; Luís Marques Mendes, analista político y exministro de Asuntos Parlamentarios; André Ventura, líder del partido de ultraderecha Chega; y António Seguro, exsecretario general del Partido Socialista y exministro adjunto.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano portugués con derecho a voto y mayor de 35 años puede presentar su candidatura para ocupar la jefatura del Estado por un período de cinco años.
La candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, interpuso este martes una denuncia ante las autoridades judiciales de Costa Rica tras haber hallado un «micrófono de espionaje» en su oficina de campaña.
«Me presenté ante la Fiscalía de Pavas (San José) para interponer la denuncia por el micrófono de espionaje que un grupo especializado de seguridad encontró en mi oficina. El delito es captación indebida de manifestaciones verbales», expresó en un comunicado la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Según informó Fernández, este martes un grupo de seguridad privada especialista en tecnologías y dispositivos de espionaje, realizó una revisión de su oficina y encontró un micrófono con transmisor dentro de un tomacorriente.
Se trata de un dispositivo que captura la voz y la transmite a un receptor que puede estar ubicado a una distancia de un kilómetro a la redonda y que el dispositivo es «difícil de encontrar en el continente y su precio ronda entre 2.000 y 3.000 dólares.
«Quien haya instalado ese dispositivo, escuchó conversaciones privadas que he tenido en mi oficina, con personas de la campaña y con mi familia. Lamentablemente eso es campaña sucia, porque le tienen mucho miedo a este movimiento que le dará continuidad a la ruta iniciada por (el actual presidente) Rodrigo Chaves», declaró Fernández.
«Si creen que con estas estrategias me van a vencer, les digo que cada día me hacen más fuerte», manifestó.
Fernández, exministra de Planificación de Chaves, es uno de los 20 candidatos que competirán por la presidencial en las elecciones del 1 de febrero de 2026, en las que los costarricenses escogerán al mandatario y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.
La candidata se ha presentado como la opción para la continuidad del actual Gobierno e incluso ha manifestado su intención de, en caso ganar, ofrecerle al presidente Chaves un puesto como ministro.
En Costa Rica está prohibida la reelección presidencial consecutiva.
