La decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una nueva crisis en la ya desgastada relación bilateral y abrió un debate interno sobre sus motivaciones políticas a menos de un año de las elecciones presidenciales.
El Departamento de Estado anunció la medida tras la intervención de Petro en una manifestación propalestina en Nueva York, donde, según Washington, “instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”. En su cuenta de X, la institución calificó estas acciones como “imprudentes y provocadoras”.
Al regresar a Colombia, Petro respondió que la sanción fue consecuencia de su llamado a que los ejércitos de EE.UU. e Israel no participen “en un genocidio” en Gaza.
“Lo que hace el gobierno de EE.UU. rompe todas las normas de inmunidad en que se basa la ONU. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea”, escribió.
Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, criticó al mandatario por su intervención en suelo estadounidense.
“Se trata de una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa frente al irrespeto e intervención en los asuntos internos de ese país”, dijo Lacouture.
Aunque recalcó que la medida no implica una ruptura formal, advirtió que “añade tensión a una relación ya compleja”.
Analistas recuerdan que Petro ha tenido enfrentamientos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por políticas migratorias, la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el apoyo militar a Israel.
En los últimos meses, Petro ha elevado el tono ante el presidente estadounidense, Donald Trump, por diferencias sobre la política migratoria, la lucha contra las drogas en aguas del Caribe y el apoyo de ese país a Israel, por lo que Lacouture recordó que «la Jefatura de Estado obliga anteponer, sin excepción, el interés nacional sobre cualquier ideología».
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y su mayor aliado en asuntos militares, policiales y de seguridad, y por eso hay quienes temen que un deterioro en la relación con Washington en los diez meses que le quedan a Petro como presidente acabe provocando sanciones al país.
El exembajador Gabriel Silva Luján opinó que “Petro quería que le quitaran la visa para convertirse en la víctima del imperio y el redentor de los oprimidos”, lo que pondría en riesgo la relación con el principal socio comercial y aliado en seguridad de Colombia.
El oficialismo, en contraste, defendió al mandatario. Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia, anunció la renuncia voluntaria a su visa como gesto solidario, mientras varios ministros lo respaldaron públicamente.
La oposición, sin embargo, ve un trasfondo electoral.
“¡Por fin lo logró presidente Petro! Ya no tiene visa de Estados Unidos. Hace rato dejó de gobernar y ahora saldrá a hacer política como la víctima que siempre quiso ser”, criticó el precandidato Sergio Fajardo.
uan Daniel Oviedo, otro precandidato independiente, advirtió por su parte que «la diplomacia no se construye con provocaciones, sino con coherencia, respeto y resultados».
Colombia no enfrentaba una situación similar desde 1996, cuando Washington revocó la visa al entonces presidente Ernesto Samper por el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña electoral.
