El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución del Parlamento y adelantó las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre, pese a que hasta ahora había sostenido que los comicios se celebrarían en 2027.
La decisión fue tomada después de que el Congreso rechazara el viernes dos decretos del Gobierno relacionados con el alquiler de vivienda y en medio de una creciente movilización social, impulsada también por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la vivienda donde residía. Sánchez había abierto desde el viernes un período de análisis para determinar si adelantaba los comicios e informó el domingo al rey sobre su decisión.
Durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez defendió la gestión de su Gobierno y emplazó a los españoles a decidir si quieren que el país se incorpore a la «ola ultraderechista» que involuciona y recorta derechos o continúe siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».
Sánchez sostuvo que su Ejecutivo adoptó «medidas valientes» para fortalecer el Estado del bienestar sin sacrificarlo ante un incremento del gasto militar de 5 %, como exigen EE.UU. y la OTAN. También reconoció «errores» y admitió que el Gobierno no consiguió cumplir todos sus objetivos, por lo que planteó buscar en las urnas una mayoría progresista más amplia para «doblegar a las élites», conseguir nuevos avances sociales y «seguir transformando» España.
Los dos decretos sobre vivienda fueron rechazados por la oposición conservadora, la extrema derecha y los independentistas catalanes de Junts, cuyos votos resultaron determinantes. El debate ocurrió en medio de protestas y acampadas en diferentes ciudades para reclamar el derecho a una vivienda digna y asequible y evitar desahucios de inquilinos en condiciones de precariedad socioeconómica.
El Gobierno de coalición entre los socialistas y Sumar carece de mayoría parlamentaria y afrontaba crecientes dificultades para aprobar leyes por la falta de apoyos, principalmente de Junts. A esta situación se suman investigaciones por corrupción relacionadas con el Partido Socialista y procesos judiciales que afectan a familiares directos del presidente.
Sánchez aseguró que durante los últimos tres años tuvo que «lidiar con la peor oposición» de la historia democrática española, en referencia al Partido Popular y Vox, a los que acusó de actuar «sin ningún sentido de Estado», «bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país» y «usar su poder autonómico (regional) y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie».
En contraste, agradeció a las fuerzas parlamentarias que «han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social».
El mandatario reconoció que existe «insatisfacción» en parte de la sociedad y sostuvo que el adelanto electoral permitirá buscar una mayoría progresista más amplia.
Según Sánchez, el mundo atraviesa una época de «grandes peligros» y «mucha tensión» por la emergencia climática, las transformaciones sociales y una inteligencia artificial «muy disruptiva», por lo que serán los electores españoles quienes decidirán el rumbo del país el próximo 29 de noviembre.