Etiqueta: elecciones generales

  • Ente electoral de Honduras rechaza injerencia de las Fuerzas Armadas 

    Ente electoral de Honduras rechaza injerencia de las Fuerzas Armadas 

    La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, rechazó este sábado lo que calificó como un intento de “injerencia” por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el proceso electoral previsto para el 30 de noviembre.

    Durante una reunión de coordinación, Hernández solicitó verbalmente al pleno del CNE una copia de las actas de las juntas receptoras de votos del nivel presidencial, petición que ha generado una ola de críticas por carecer de sustento legal.

    “Ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales contrarios a la solicitud verbal del Jefe del Estado Mayor Conjunto”, expresó Hall en la red social X. “Seguiremos coordinando el trabajo requerido, de acuerdo al artículo 272 de la Constitución”.

    Sin base legal para entregar actas a militares

    El artículo 272 de la Constitución de Honduras, citado por Hall, establece que las Fuerzas Armadas deben ser una institución profesional, apolítica y no deliberante, y su papel en los comicios se limita a la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, bajo órdenes del CNE, sin intervenir en el escrutinio ni en los resultados.

    Diversos sectores han manifestado su preocupación, considerando que la solicitud de Hernández puede interpretarse como un intento de intervenir en funciones exclusivas del ente electoral, lo que pondría en riesgo la transparencia y credibilidad del proceso electoral.

    Roosevelt Hernández ha sido cuestionado por su aparente cercanía con el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta Xiomara Castro.

    Pese a las críticas, Hernández defendió su solicitud alegando que está amparada por la Constitución, aunque ninguna ley electoral vigente faculta a las Fuerzas Armadas a recibir o procesar actas electorales.

    Contexto electoral marcado por tensiones

    Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre, en un clima de polarización política y con fuertes cuestionamientos al rol de los órganos electorales. El CNE, conformado por representantes de tres partidos, ha enfrentado crisis desde las elecciones primarias e internas celebradas en marzo.

    El incidente con las Fuerzas Armadas se suma a una cadena de enfrentamientos entre actores políticos e institucionales que han puesto en entredicho la imparcialidad del proceso electoral.

     

  • El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.

    La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.

    Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.

    El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.

    En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.

    Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

    Investigaciones en su contra

    Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.

    A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.

    Una gestión sin respaldo popular

    Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.

    La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.

     

  • Bolivia inicia el silencio electoral y ley seca de cara a las elecciones del domingo

    Bolivia inicia el silencio electoral y ley seca de cara a las elecciones del domingo

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció el inicio del silencio electoral desde ayer jueves, tres días antes de las elecciones generales que se celebrarán el domingo. Desde esta jornada está prohibida cualquier actividad proselitista, y a partir del viernes entrará en vigor la ley seca, que se extenderá hasta el mediodía del lunes.

    Durante el cierre de campaña, realizado el miércoles por la noche, los principales candidatos —entre ellos Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga— congregaron multitudes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

    El TSE también estableció otras restricciones electorales: está prohibido portar armas de fuego o blancas, celebrar actos públicos, realizar reuniones o espectáculos de cualquier tipo, así como la circulación de vehículos particulares o transporte público sin autorización. Además, no se permite el traslado de votantes entre recintos electorales.

    En total, 7.567.207 bolivianos están habilitados para votar en el país, y 369.308 en el extranjero solo para elegir presidente y vicepresidente. El voto en Bolivia es obligatorio, y el certificado de sufragio será requisito para realizar trámites en instituciones públicas y bancos durante los 90 días posteriores a la elección.

    Según las encuestas, es probable que haya segunda vuelta entre Doria Medina y Quiroga, ambos opositores, debido al alto número de indecisos y votos nulos o blancos. Para ganar en primera vuelta, la ley exige más del 50 % de votos o un mínimo del 40 % con 10 puntos de ventaja sobre el segundo candidato.

    La etapa preelectoral ha estado marcada por las protestas de sectores afines a Evo Morales, inhabilitado constitucionalmente para postularse a un cuarto mandato. Tras no lograr su inscripción, el expresidente promueve el voto nulo.

    El TSE Bolivia exhortó a la ciudadanía a cumplir con las normas y participar de manera responsable para “fortalecer la democracia en el país”.