l fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, aseguró que no ha identificado indicios de fraude ni causas legales que justifiquen la nulidad de las elecciones generales celebradas el pasado domingo.
El titular del Ministerio Público respondió así a las acusaciones del candidato presidencial Rafael López Aliaga, quien ha denunciado supuestas irregularidades en el proceso electoral.
“Una cuestión de fraude o una causal de nulidad del proceso electoral no he advertido y creo que ahí hay un apresuramiento y yo llamaría a los candidatos o a las personas que así están pensando que lo hagan con mayor responsabilidad”, afirmó Gálvez en declaraciones radiales.
El candidato López Aliaga convocó protestas frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde cuestionó la transparencia de los comicios y pidió acciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
Las elecciones estuvieron marcadas por problemas logísticos, como retrasos en la apertura de centros de votación y la demora en la distribución de material electoral, lo que obligó a extender la jornada para miles de votantes.
Pese a estos inconvenientes, el fiscal reiteró que no existen fundamentos jurídicos para anular los comicios y subrayó que las investigaciones en curso se centran en responsabilidades administrativas y penales por las fallas registradas.
Gálvez indicó que las denuncias contra Corvetto ya fueron remitidas a instancias fiscales competentes, donde se determinará el avance de las diligencias conforme a la ley.
Asimismo, aclaró que ninguna autoridad electoral ni presión política puede remover al titular de la ONPE, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a la Junta Nacional de Justicia o a una resolución judicial.
“Pueden imponer una medida cautelar de separación del cargo, de suspensión del cargo y a partir de ese momento el señor Corvetto dejaría la ONPE. Eso es lo que tiene que pasar. Ni el jurado ni nadie puede sacarlo porque un candidato lo diga”, señaló.
El proceso electoral ha generado tensión política en el país, en medio de cuestionamientos por fallas logísticas, aunque organismos y autoridades coinciden en que no existen pruebas de fraude.