La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes investigar la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ante sospechas de financiamiento irregular, posible injerencia extranjera y manipulación de plataformas digitales para influir en las elecciones presidenciales, en las que resultó reelegido Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue adoptada por el magistrado Flávio Dino, quien ordenó examinar posibles vínculos entre la campaña de Bolsonaro y Rockbridge Network, una organización estadounidense de articulación política entre cuyos fundadores figura el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. El juez sostuvo que «no se admite la interferencia, directa o indirecta, de un Estado extranjero» en asuntos relacionados con la soberanía brasileña.
Dino, quien ocupó el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Lula, también pidió investigar si la campaña del candidato de ultraderecha utilizó mecanismos para manipular los algoritmos de las plataformas digitales, con el propósito de favorecer determinadas candidaturas o perjudicar a sus adversarios. Asimismo, ordenó rastrear el origen y destino de posibles recursos económicos provenientes del extranjero.
Entre los aspectos que serán investigados figuran supuestas negociaciones de los empresarios brasileños Tallis Gomes y Pedro Sang con representantes de Rockbridge Network, una red integrada por empresarios y donantes estadounidenses que promueve proyectos y organizaciones vinculadas con la agenda política republicana. La Justicia buscará establecer si existieron beneficios económicos relacionados con el respaldo a la candidatura de Bolsonaro.
La investigación también deberá determinar si esos contactos estuvieron relacionados con intereses económicos sobre las tierras raras y otros minerales críticos de Brasil, recursos que despertaron el interés del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Las autoridades examinarán si existieron posibles ofrecimientos de beneficios a cambio de apoyo a la campaña presidencial.
El magistrado solicitó además identificar a las personas o entidades responsables de contratar y financiar publicidad electoral difundida desde perfiles establecidos fuera de Brasil, luego de una denuncia presentada ante la Justicia electoral por el excandidato presidencial Renan Santos. La legislación brasileña prohíbe que partidos políticos y candidatos reciban donaciones extranjeras, incluso cuando se realizan indirectamente mediante campañas publicitarias.
La decisión ocurre después de que la Justicia electoral ordenara investigar denuncias sobre un supuesto trato desigual en las redes sociales hacia las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro. El pasado 15 de octubre, durante la segunda vuelta presidencial, un juez prohibió a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, interferir en la distribución de publicaciones electorales. La campaña de Lula denunció una reducción en el alcance de sus contenidos, mientras que Meta negó favorecer a alguno de los candidatos, aunque reconoció un fallo que permitió generar materiales favorables a Bolsonaro mediante inteligencia artificial.
Las elecciones presidenciales brasileñas concluyeron con la victoria de Lula, quien obtuvo el 51.79 % de los votos frente al 48.21 % alcanzado por Flávio Bolsonaro. El mandatario consiguió una remontada en la segunda vuelta después de una de las campañas más polarizadas del país, mientras la Justicia continúa examinando las denuncias sobre posibles irregularidades y participación de intereses extranjeros en el proceso electoral.
