Un grupo de empleadores en Francia ha solicitado cerca de 200 trabajadores a El Salvador, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).
El ministro del ramo, Rolando Castro, aseguró que, aunque el primer grupo estuvo conformado por más de 60 personas, la petición final proveniente de las empresas francesas asciende a 200 trabajadores.
“Fue un contingente y en realidad la petición de los empleadores anda cerca de 200 personas, que son los que se están solicitando para viajar a Francia y se van haciendo envíos de trabajadores de forma gradual”, indicó Castro.
Durante la entrevista de Frente a Frente, el funcionario aseguró que aún se hacen ajustes con Francia, porque es uno de los primeros países de la Unión Europea con los que se ha establecido un programa de migración laboral.
Esta iniciativa tiene sus raíces en el 2019, cuando partió el primer grupo de personas a Estados Unidos; sin embargo, este tomó fuerza en 2021, mismo año en el que se sumó Canadá.
En diciembre de 2023, el país suscribió un acuerdo similar con Costa Rica, pero aún no envía los primeros trabajadores.
Según el MTPS, España fue el primer país europeo con el que se pactó un programa de migración laboral, hacia donde salió un grupo de salvadoreños en marzo de 2025.
Exploración
El primer grupo hacia Francia salió en julio de 2025. Los salvadoreños viajaron hacia la región de Bocas del Ródano, con contratos de seis meses, uno o dos años, así como plazos indefinidos.
Este jueves, Castro aseguró que con este grupo hubo un malentendido, porque dos trabajadores plantearon que no se les honrarían con sus salarios en Francia.
Tras la alerta de las personas, las empresas seleccionadoras hicieron llegar sus contratos formales para laborar.
Castro aseguró que el Ministerio de Trabajo sigue explorando otros países de la Unión Europea con los que se pueda establecer un acuerdo similar.
Los empleos en las zonas francas incrementaron en más de 4,300 en 2024 y totalizaron 47,473 trabajadores, según un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
La organización citó datos del Ministerio de Economía (Minec), que obtuvo a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), en los que se confirmó un incremento de 4,368 empleados frente a los 43,105 trabajadores reportados en 2023.
El incremento del empleo estuvo ligado a 132 empresas ubicadas en zonas francas, un territorio catalogado legalmente como extra aduanal que posee incentivos fiscales.
Ormusa destacó que, aunque se dio una leve recuperación respecto a 2023, el empleo que generó este sector de la economía estuvo por debajo de los 58,215 empleos que se registraron en 2022.
“Pese al leve aumento registrado, en comparación con los datos de 2022, persiste una pérdida del 18 % de empleos que no se han recuperado en este sector”, puntualizó Ormusa en su documento.
Aunque la información no fue desagregada por género, Ormusa destaca que este tipo de empleos son ocupados principalmente por mujeres.
Por zonas
El informe evidencia que 42 empresas se dedican a la fabricación de textil o confección de prendas de vestir, que dan empleo a 37,674 personas, equivalente a un 79.3 % de la mano de obra en zonas francas.
A nivel de municipios, La Libertad Centro, conformado por los distritos de San Juan Opico y Ciudad Arce aglutinó un 25.3 % de todo el empleo en este territorio extra aduanal.
El segundo lugar lo ocupa el municipio de San Salvador Oeste, en referencia a Apopa y Nejapa, con 8,604 trabajadores, un 18.1 % del total. Por su parte, los distritos de Colón, Jayaque, Sacacoyo, Tepecoyo y Talnique, parte del municipio de La Libertad Oeste, acumularon un 15.8 % de la mano de obra.
Ormusa destaca al departamento de La Libertad como el que concentra el 41 % de los empleos equivalentes a 19,699 puestos de trabajo.
A este le sigue San Salvador con un 24 % de los colaboradores y un 20 % en el departamento de La Paz.
En el caso del empleo generado por empresas bajo el régimen de depósitos de perfeccionamiento activo (DPA), se reportó una caída anual de un 8.9 % al cierre de 2024, tras cerrar el año con 24,616 trabajadores, 2,424 personas menos que en 2023.
La baja repitió la tendencia que se registró entre 2022 y 2023, cuando los trabajadores contratados se redujeron un 3.3 %.
¿Qué ocurre?
El Minec explicó a Ormusa que la reducción del empleo en este sector está relacionado con una desaceleración del sector textil y confección.
Según el informe, la menor dinámica del sector textil se vincula a la reducción de la demanda, un aumento de los costos de producción y un incremento de la competencia de productos extranjeros.
“Todo ello ha generado un entorno económico adverso que ha impactado negativamente en los niveles de producción y, en consecuencia, en el mantenimiento y generación de empleos en las zonas francas”, puntualizó Ormusa.
Entre las empresas ubicadas en las zonas francas y los DPA se otorgó en 2024 empleo a 72,089 personas, es decir, que 14,107 personas perdieron sus empleos desde 2022, cuando esta cifra fue de 86,196 colaboradores.
Las empresas en El Salvador de textil y confección se colocaron como el proveedor número 18 del mercado estadounidense en 2024, destaca un informe de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Esta cifra se desprende del análisis realizado por la ASI en el Ranking de Exportadores Industriales 2025, el cual reconoce una contracción del rubro, pero se mantiene como uno del mayor aporte al comercio exterior con una representación de un 32.4 % del total exportado en 2024.
El documento recoge que las exportaciones de esta industria sumaron $2,090.8 millones a 89 destinos, $192.8 millones (8.4 %) menos en comparación con 2023.
Del total exportado, $1,421.5 millones se dirigieron a Estados Unidos, con una participación de un 68 %. Sin embargo, el monto exportado sufrió una caída de un 12 % frente al año anterior, explicado, en parte, por una menor demanda de Tshirts y camisetas de algodón de punto.
“El sector textil y confección y su comportamiento es altamente proporcional al comportamiento de la situación económica de Estados Unidos de América, dado a que el 68 % de lo exportado se envió a este destino. La ubicación geográfica de El Salvador es esencial para encontrar la nueva fórmula de desarrollo de esta importante rama industrial”, sostiene la ASI.
Honduras es el segundo comprador de productos textil y confección, con exportaciones que sumaron $298.7 millones, las cuales también cayeron un 11.6 %.
Guatemala demandó un valor exportado de $137.4 millones, una cifra que creció un 17.4 % respecto a 2023. También el comercio a Nicaragua aumentó un 99.9 % y sumó $87.9 millones, impulsado por la demanda de demás tejidos de puntos y teñidos de algodón.
La ASI enfatiza que el “último año ha sido sumamente retador” para la industria textil y confección a nivel mundial, en un monto con nuevas políticas comerciales de los principales socios comerciales y un cambio en la tendencia de los consumidores.
Con los resultados del producto interno bruto (PIB) de 2022, la ASI señala que la producción bruta del sector textil y confección fue de $2,703.5 millones y significó un aporte a la producción industrial de un 17 %.
El Salvador tiene una licencia de maternidad remunerada de 16 semanas, el segundo período más prolongado de Centroamérica, destacó un estudio publicado este lunes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El informe, titulado “El derecho al cuidado en América Latina y el Caribe: avances normativos”, señala que solo cinco países en la región cuentan con 18 semanas o más de licencia de maternidad, frente a 11 países que tienen entre 14 y 17 semanas.
Además, 17 países que otorgan menos de 14 semanas, incumpliendo el estándar establecido en el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, que sugiere de entre 14 y 16 semanas después del parto.
Costa Rica: De Centroamérica, destaca con un mes de licencia antes del parto y tres posteriores, sumando cuatro meses. Estos tres meses también se consideran período mínimo de lactancia.
El Salvador:
El informe destaca que en El Salvador la licencia remunerada abarca seis semanas antes del parto y 10 de posparto. 16 semanas en total.
Panamá Tiene 14 semanas, seis antes del parto y ocho semanas posparto. El reporte destaca que la legislación establece descanso forzoso, retribuido por el seguro social y se conserva el empleo, así como sus derechos de contrato. Una mujer, al reincorporarse, no podrá ser despedida en el primer año.
Guatemala:
Tiene 12 semanas de licencia remunerada, así como 54 días en caso de adopción.
Honduras:
El estudio de la CEPAL señala que son 12 semanas, con financiamiento mixto entre el empleador y la seguridad social. La mujer tiene derecho a la conservación del empleo y los beneficios laborales.
Nicaragua: También tiene 12 semanas, de las cuales cuatro se otorgan antes del parto y ocho después del nacimiento. En caso de partos múltiples, la licencia aumenta a 10 semanas de descanso.
Lactancia materna
Además, los acuerdos internacionales plantean que todas las mujeres tienen derecho a un tiempo de interrupciones diarias durante la jornada de trabajo para lactancia materna. Este tiempo se considera dentro del horario y es remunerado.
“En esta misma línea, las instalaciones para la lactancia o lactarios en el lugar de trabajo son un elemento esencial para propiciar y mantener la lactancia materna”, sostiene el reporte.
Costa Rica: 60 minutos días distribuidos en dos pausas diarias. Además, la ley establece la obligación de establecer lactarios en centros de trabajo con más de 30 mujeres.
El Salvador: tiene una hora, que se puede fraccionar en dos pauses de 30 minutos al día, durante seis meses.
Guatemala: una hora, con dos pausas diarias durante 10 meses.
Honduras: 60 minutos, con dos pausas diarias durante seis meses.
Nicaragua: 40 minutos, en dos pausas
Panamá: dos pausas diarias de 40 minutos cada una, durante 12 meses.
Con esa firmeza responde Zenaida Sorto, una de las mujeres líderes en la restauración del bosque de mangle en la Barra de Santiago, en Ahuachapán. A Sorto no le importan ni el calor ni el lodo: tiene claro que sin reforestación de los humedales, no hay vida posible.
“Nos ha abundado bastante donde hemos reforestado”, afirma con una sonrisa mientras observa a un grupo de visitantes recorrer uno de los terrenos rescatados con apoyo de una póliza ambiental de Davivienda. Se trata de un modelo de restauración que ha sido tan exitoso que ya se replica en Honduras y Costa Rica.
Zenaida Sorto es parte de AMBAS, el socio local de Davivienda. La mujer, originaria de La Unión, ha trabajado por casi una década en el rescate del manglar en Ahuachapán. /Alexander Montes
Resurgir de un bosque
El proyecto comenzó en 2018, cuando Davivienda —a través de su filial Davivienda Seguros— lanzó un programa de restauración del manglar en alianza con la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de la Barra de Santiago (AMBAS). Desde entonces, Sorto ha acompañado el proceso, primero como tesorera de AMBAS y luego con manos en la siembra, la preparación de semillas y el trabajo de campo.
En la Barra de Santiago hay manglares blanco, rojo y negro. Algunos crecen hasta el 15 metros. /Alexander Montes
El modelo funciona de forma sencilla pero efectiva: Davivienda destina recursos del seguro de vida para financiar el rescate del ecosistema, mientras que AMBAS contrata a personas de la comunidad para cultivar, sembrar y cuidar las plántulas. Así, además de regenerar el bosque, se generan empleos locales para familias que dependen de la pesca artesanal.
La transformación es visible. Donde antes había suelo árido, hoy crecen árboles de más de 15 metros de altura.
Un manglar es “fuente de vida tanto para el humano como para las aves silvestre, que algunas están en riesgo de extinción”, dice Sorto.
También es hogar de especies en riesgo de extinción, como el cangrejo azul, un símbolo de la lucha ambiental en las costas salvadoreñas. “Poco a poco se ha ido gestionando, esta especie se ha ido reproduciendo”, agrega don José Manuel, quien asegura que la comunidad está comprometida a no cazarlo. “Al contrario, nosotros lo protegemos”, dijo.
El cangrejo azul ha logrado reproducirse en en las hectáreas recuperadas por Davivienda, una especie protegida por los habitantes por su riesgo a desaparecer. /Alexander Montes
AMBAS ha recuperado 13 de 25 hectáreas que requieren intervención humana para regenerar el bosque arrasado por una tormenta en 1980. En los siguientes años, los habitantes construyeron un acceso hacia la costa, que dañó la composición hidrológica del lugar y se perdió el hogar para decenas de especies de animales.
Davivienda intervino ocho hectáreas que entregó oficialmente a la comunidad, terrenos que ahora tienen vida de especies marinas y reptiles, donde se sembraron 26,200 plántulas, además de generar 59,800 plántulas en vivero y 1,800 metros lineales habilitados.
Los trabajadores de AMBAS hacen canales en el bosque recuperado para que mantenga agua suficiente para el crecimiento de las nuevas plantas. /Alexander Montes
Detrás del trabajo técnico también estuvo la Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), quienes generaron información sobre el estado del ecosistema, al tiempo que diseñaron un plan de manejo y activaron un sistema de monitoreo.
Un éxito que cruza fronteras
La póliza de Davivienda ha traído tanto a personas, como clientes corporativos, donde un colegio sentó un precedente al asegurar a sus profesores. “Nuestro propósito es claro: hacer del mundo una casa más próspera, incluyente y verde”, afirmó Rafael Puente, director de Davivienda Seguros.
Representantes de Davivienda, la cooperación alemana, Fundemas y AMBAS en la entrega oficial de ocho hectáreas reforestadas del bosque de mangle el 25 de julio de 2025. /Alexander Montes
El impacto ha sido tan positivo que Grupo Bolívar —matriz de Davivienda— decidió replicar el modelo en Honduras y Costa Rica, adaptándolo a las necesidades de cada territorio.
“Estamos diseñando productos financieros y coberturas de protección que no solo responden al presente, sino que anticipan el futuro”, agregó Puente.
Mientras que un bosque continental consume una tonelada de carbono, un manglar almacena tres veces más. Además, son barreras costeras que protegen a El Salvador de desastres naturales, como tormentas o subidas del mar.
El cocodrilo es el «rey» del manglar, animales que pasan la mayor parte del tiempo descansando para reservar energías. /Alexander Montes
Sin embargo, son ecosistemas incomprendidos porque usualmente se relacionan con zonas sucias y cordones de pobreza, donde la “propuesta de valor” es la construcción de proyectos urbanísticos para generar riqueza.
Los habitantes de Barra de Santiago dependen de la pesca artesanal o viajes en lancha para los turistas, uno de los corredores de mayor pobreza en El Salvador. /Alexander Montes
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el país hay 39,976 hectáreas de mangle. La institución ha declarado seis sitios Ramsar además de la Barra de Santiago, que incluyen a la laguna El Jocotal, la bahía de Jiquilisco, el embalse Cerrón Grande, la laguna de Olomega y Jaltepeque.
La Barra de Santiago se ha convertido en un destino para proyectos turísticos. /U. Alemán
Los laboratorios salvadoreños cubrieron el 16.6 % de las exportaciones farmacéuticas que Centroamérica realizó al término de 2024, reveló el último informe de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador (Inquifar).
El reporte anual destaca que la región registró exportaciones por $1,095.2 millones, un 6 % de crecimiento respecto a 2023.
Según el informe, El Salvador aportó $182.2 millones en exportaciones en 2024.
Sobre esta cifra se encuentra Costa Rica con exportaciones de $452.5 millones al cierre del año pasado, seguido de Guatemala con $404.6 millones, con una participación de un 41.3 % y un 37 %, respectivamente.
Honduras, por su parte, exportó $46.7 millones y Nicaragua sumó $9.3 millones.
Inquifar señala en su reporte que las exportaciones farmacéuticas en los últimos cinco años en Centroamérica han mostrado un fuerte crecimiento de un 35.3 %, frente a los $809.5 millones registrados en 2020, un período clave en la industria farmacéutica por la pandemia de covid-19 que demandó más producción de ciertos fármacos en medio de un cierre parcial de la economía.
Desempeño de El Salvador
Las exportaciones farmacéuticas salvadoreñas fueron ligeramente inferiores en comparación con los $182.68 millones reportados en 2023, pero Inquifar destaca que el desempeño ha sido “favorable” en los últimos 15 años, con un crecimiento de un 68.5 % frente a los $108.10 millones de 2010.
“Si bien existen años en los que el monto anual de las exportaciones disminuye, la recuperación en los siguientes años permite que la tendencia general conserve su carácter ascendente”, señala el informe.
El precio promedio por kilogramo exportado en 2024 fue de $7.39, al menos $0.25 arriba de los $7.14 que costó en 2023
La Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador reporta 45 laboratorios farmacéuticos, de los cuales 35 tienen certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que, según Inquifar, garantizan la calidad de los productos y la reputación de la industria salvadoreña a nivel internacional.
El sector genera 6,170 empleos en 2024, al menos 50 menos en relación con los 6,220 reportados en 2023. La cifra se mantiene por debajo de los 6,522 registrados en 2022, el año con mayor demanda laboral, pero está alineada con los valores vistos antes de la pandemia de covid-19 cuando oscilaba entre 6,169 y 6,170 entre 2019 y 2020.
El salario promedio es de $982.42, pero al revisar por género, los hombres ganan $1,061.99 y las mujeres $909.48.
El Salvador importa más medicamentos de los que exporta, incluso el Banco Central de Reserva (BCR) los ubica como el tercer producto de mayor importación, por detrás de los aceites de petróleo y el gasto de petróleo.
Inquifar detalla que se importaron $651.7 millones en 2024, al menos $71 millones (12.2 %) adicionales que los $580.7 millones de 2023. Los principales proveedores del mercado son México, Estados Unidos, Guatemala y Alemania.
El Salvador aportó un 7 % del producto interno bruto (PIB) centroamericano y de República Dominicana en 2024, según un comparativo realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Citando datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Cohep señaló que el año pasado el PIB regional ascendió a $498,000 millones, con un incremento de un 2.8 % con respecto al 2023.
El boletín competitivo regional, divulgado la semana pasada, evidencia que República Dominicana fue el país que contribuyó más al PIB regional, al acumular $124,251 millones, un 25 % del total.
A este le siguió Guatemala con $113,178 millones, un 23 % del total, así como Panamá con $86,260 millones, un 17 % de todo el PIB regional.
El cuarto país que más contribuyó fue Costa Rica, tras acumular $82,825 millones, un 17 %.Por su parte, Honduras aportó un 7 % de la variable en Centroamérica, al igual que El Salvador, luego de reportar $37,093 millones y $35,365 millones, respectivamente.
“Honduras, El Salvador y Nicaragua se ubicaron entre los países con menor aporte, con participaciones del 7 % y 4 %”, indicó el Cohep.
Crecimiento
La economía salvadoreña creció un 2.6 % en 2024, según reportes del Banco Central de Reserva (BCR).
Esta tasa se convirtió en la más baja que el país ha alcanzado desde la pandemia de covid-19, en 2020, cuando se contrajo en -7.89 %.
En 2024, la manufactura cerró en negativo y cayó a -0.24 %, junto a otras cuatro actividades económicas.
El Cohep destacó que la CEPAL advirtió de una limitada capacidad del crecimiento económico para la región, una situación que se “refleja” en el estancamiento del PIB per cápita.
El boletín del Cohep también apunta que El Salvador es el tercero con la tasa de empleo informal más alta de la región al rondar un 66.5 % de la economía, superado por Guatemala y Honduras, con porciones de 83.2 54 % y 82.6 %, respectivamente.
Según el Cohep, la informalidad se constituye como uno de los principales frenos de la producción en la región, porque su impacto en millones de personas afecta de forma negativa en los ingresos, condiciones de trabajo, seguridad y salud de los colaboradores.
Los empleados públicos se redujeron en un 8 % en 2024, reveló una publicación de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
El documento, divulgado a mediados de este mes, retoma el informe de Estadísticas sobre Recursos Humanos del Gobierno de El Salvador, publicado por el Ministerio de Hacienda, en el cual se señala que, al cierre del año pasado, 161,453 personas laboraban en el sector público.
Esta cifra es menor en 14,330 plazas, principalmente de ministerios y dependencias de la dirección del Órgano Ejecutivo.
Los datos confirman una caída tanto en los hombres como en las mujeres. Ormusa señaló que las trabajadoras se redujeron en un 7 % entre 2023 y 2024, al pasar de 89,405 personas a 83,440.
La mayor caída se reportó en el empleo masculino, porque en los últimos dos años las plazas se redujeron de 86,378 a 78,013 personas.
“Se evidenció una reducción del 10 % de hombres. Los datos reflejan 8 % menos en el número total de plazas laborales en el sector público”, indicó Ormusa.
El documento de Ormusa indica que estas estadísticas excluyen al personal del Ministerio de Defensa, Órgano Judicial y el Legislativo, así como la Corte de Cuentas de la República (CCR) y las empresas públicas.
Sectores
Ormusa aseguró que en 2024 la mayor baja vino de empleados administrativos, que reportaron una reducción de un 18.26 %, tras pasar de 36,579 personas a 29,899.
El segundo rubro más perjudicado fue servicio, que cayó un 10.79 %, seguido del docente en un 9.39 %, y del área técnica en un 5.19 %.
“Las únicas categorías que registraron aumento en el número de plazas fueron seguridad y ejecutivo”, señala Ormusa.
En cuanto a la edad de los trabajadores, la reducción se produjo en todos los grupos etarios.
A nivel de perfiles, Ormusa plantea que un 11 % del personal del sector público no supera los 30 años, mientras que un 51 % tiene de 31 a 50 años y un 38 % tiene más de 50 años.
El Gobierno de El Salvador presentó esta semana ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que busca incentivar y facilitar la llegada de inversiones extranjeras de alto valor al país, mediante un régimen especial tributario dirigido a proyectos que superen los $2,000 millones en inversión o patrimonio.
El anteproyecto fue remitido el lunes 22 de julio por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, en nombre del presidente Nayib Bukele.
El proyecto de decreto legislativo, denominado “Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador”, tiene como objetivo establecer medidas fiscales diferenciadas para inversionistas nacionales o extranjeros interesados en proyectos con una cuantía igual o superior a $2,000 millones en inversión directa o patrimonio.
Entre los beneficios que se perfilan están exenciones o reducciones tributarias, facilitación de trámites administrativos, y garantías jurídicas, con el fin de generar mayor productividad, empleos a nivel local, impulso a la exportación de bienes y servicios, y dinamizar diferentes sectores de la economía.
Desarrollo económico como eje central
Según el escrito entregado a los secretarios de la Asamblea Legislativa, el régimen especial pretende ser un instrumento para atraer capital de gran escala y estimular el desarrollo económico y social del país.
La propuesta enfatiza en la necesidad de crear un marco jurídico que brinde certeza y agilidad a inversiones estratégicas, particularmente en sectores clave como tecnología, infraestructura, energía, manufactura avanzada, logística y servicios globales.
El proyecto fue sometido formalmente al proceso de formación de ley y se espera que sea conocido en una próxima sesión plenaria. Su análisis podría pasar por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, como parte del trámite legislativo correspondiente.
Grupo Roble, la unidad inmobiliaria de Grupo Poma, presentó este jueves su proyecto Garden Towers, parteaguas en la construcción vertical en la autopista a Comalapa, en el municipio de San Salvador Sur.
El proyecto en actual construcción se encuentra en el kilómetro 13 y medio, carretera a Comalapa, en el sentido hacia San Salvador, una zona de crecimiento comercial y ruta de conexiones entre la capital salvadoreña con el aeropuerto internacional en San Luis Talpa.
“Garden Towers (es) un proyecto que representa un hito en el crecimiento sostenido de San Salvador Sur y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo responsable, innovador y sostenible que eleva la calidad de vida”, indicó Alberto Poma, vicepresidente ejecutivo de Grupo Roble.
El 65 % del terreno para Garden Towers está destinado para áreas verdes y recreativa. /Grupo Roble
El complejo residencial contempla cuatro edificios de apartamentos con nueve niveles, respectivamente, que en conjunto suman una oferta de 576 unidades.
Garden Towers se encuentra actualmente en ejecución, cuya primera torre tiene un 85 % de avance de la obra gris y el grupo espera entregarla en diciembre de 2025. El resto de los edificios se construirán de manera gradual en los próximos cinco años.
Grupo Roble detalló que los apartamentos se comercializan desde los $155,400, con una oferta de cuatro tipos de diseños que se adaptan al estilo de vida de las familias salvadoreñas, con espacios desde 61.6 hasta 83.75 metros cuadrados.
La primera torre del proyecto residencial en altura Garden Towers estará lista en diciembre de 2025. /Grupo Roble
Asimismo, el proyecto tiene una “característica distintiva” porque un 65 % del terreno está destinado para áreas verdes y recreativas. Al menos 4.2 manzanas serán espacios abiertos, jardines, senderos ecológicos, zonas protegidas y amenidades para fomentar el bienestar.
El complejo contempla 25 amenidades, como canchas deportivas, tres áreas de juego, gimnasio, cuatro azoteas panorámicas, senderos, piscina, espacios para trabajo, salones multiusos y cuatro salas sociales.
Grupo Roble calcula que la etapa de construcción genera 450 empleos directos y 1,350 indirectos.
