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Etiqueta: Enrique Anaya

  • Organizaciones piden a la ONU investigar detenciones de abogados Ruth López y Enrique Anaya 

    Organizaciones piden a la ONU investigar detenciones de abogados Ruth López y Enrique Anaya 

    La Human Rights Foundation (HRF) y Perseus Strategies presentaron una petición ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que investigue las detenciones de los abogados salvadoreños Ruth López y Enrique Anaya, quienes permanecen detenidos desde 2025, informó este martes HRF en un comunicado.

    Las organizaciones solicitaron al organismo de Naciones Unidas que investigue ambos casos, declare arbitrarias las detenciones y pida al Estado salvadoreño adoptar medidas para garantizar su libertad, así como reconocerles el derecho a una compensación y otras reparaciones. HRF y Perseus Strategies sostienen que los procesos penales contra los abogados tienen motivaciones políticas.

    López, abogada, catedrática y exjefa legal de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025. Según el comunicado, inicialmente fue investigada por peculado y posteriormente la acusación cambió a enriquecimiento ilícito. Su proceso fue declarado bajo reserva y permanece en detención preventiva en el penal de Izalco, sin fecha de juicio.

    Anaya, abogado constitucionalista y catedrático con más de 30 años de trayectoria, fue detenido el 7 de junio de 2025 y acusado de lavado de dinero y activos. Su proceso también permanece bajo reserva y se encuentra recluido en el Centro Penal La Occidental, en Santa Ana, sin fecha de juicio.

    Las organizaciones cuestionaron además la aplicación del régimen de excepción, vigente desde 2022, en los procesos de ambos abogados.

    «Los delitos financieros en cuestión en estos casos no tienen ninguna conexión con la violencia de pandillas y ni siquiera deberían estar contemplados bajo el régimen de excepción», dijo Caitlin Triplett, Asociada Legal Internacional de HRF.

    Jared Genser, director general de Perseus Strategies y abogado internacional de López, también reclamó su liberación.

    «Ruth ha sido durante mucho tiempo una voz líder por la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Su detención forma parte de un intento más amplio de silenciar a quienes se atreven a denunciar la corrupción y exigir rendición de cuentas al gobierno. Es un honor y una responsabilidad extraordinaria representar a Ruth y abogar por su liberación inmediata», dijo Genser.

    La petición busca ahora un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria respecto a la situación de ambos abogados. HRF y Perseus Strategies pretenden que el organismo determine si las detenciones violan el derecho internacional y solicite medidas al Estado salvadoreño en favor de López y Anaya.

     

  • CIDH otorga medidas cautelares al abogado Salvador Anaya por riesgo a su vida e integridad

    CIDH otorga medidas cautelares al abogado Salvador Anaya por riesgo a su vida e integridad

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a favor del abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, tras determinar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad personal y salud, durante su detención en El Salvador.

    Anaya, crítico del Gobierno, fue capturado el 7 de junio de 2025 acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en régimen de incomunicación, sin acceso a su familia ni a sus abogados, pese a decisiones judiciales a su favor por razones de salud, según detalla la resolución de la CIDH.

    El organismo regional señaló que la falta de comunicación absoluta impide conocer el estado actual y las condiciones de detención del jurista, considerando además sus padecimientos crónicos. La Comisión advirtió que se trata de una persona adulta mayor, por lo que el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar su protección.

    En su resolución, la CIDH ordena a El Salvador adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de Anaya, asegurar que sus condiciones de detención cumplan con estándares internacionales y, en particular, que cese de inmediato la incomunicación prolongada. También pide garantizar el contacto regular con familiares y abogados, así como el acceso oportuno a tratamiento médico.

    El organismo solicitó además revisar la continuidad de la prisión preventiva y considerar medidas alternativas a la detención, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

    El Estado salvadoreño respondió a la CIDH asegurando que Anaya recibe alimentos especiales proporcionados por su familia, que se ha garantizado su derecho a la salud, al debido proceso y a la defensa técnica, y que no existen pruebas de un riesgo a su integridad que no pueda ser prevenido por mecanismos nacionales.

    No obstante, la Comisión valoró que, por su rol como constitucionalista y sus opiniones sobre temas de interés público, Anaya se encuentra detenido sin plazo definido, lo que agrava la situación.
    El 15 de septiembre, su abogado defensor, Jaime Quintanilla, dijo a Diario El Mundo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria denegó la solicitud de comunicación con el jurista bajo el argumento de que se le aplica el régimen de excepción.

    Previo a la publicación de las medidas de Anaya, la CIDH también publicó que otorgó medidas cautelares en favor de la abogada de Cristosal, Ruth López.

  • Abogados de Enrique Anaya denuncian que no les permiten verlo ni hablar con él

    Abogados de Enrique Anaya denuncian que no les permiten verlo ni hablar con él

    Los abogados de Enrique Anaya, quienes participaron en la marcha de las organizaciones sociales para protestar contra la detención arbitraria del abogado, denunciaron que desde la detención no han podido ver ni hablar con él.

    «Hoy lamentablemente venimos a protestar por los 100 días de la detención arbitraria de Enrique y sabemos que su detención es por ser una voz crítica del gobierno y, desde el 7 de junio que está detenido, tenemos cero comunicación con él y su familia tampoco lo puede ver. No hay ni visitas ni comunicación», dijo Jaime Quintanilla, abogado de Anaya.

    Quitanilla detalló que únicamente conocen que está en el Centro Penal la Occidental en Santa Ana y que temen por su salud, ya que sus padecimientos de salud pueden haber empeorado.

    «Su familia le lleva sus medicamentos, pero no sabemos si se los brindan, si los está recibiendo, qué situación tiene él y nos preocupa», comentó.

    El equipo de abogados considera esto como un atropello contra una persona detenida y reiteró que, como equipo de abogados, han gestionado visitas a la Dirección de Centros Penales pero no les dan ninguna respuesta.

    Además, reveló que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria les negó el acceso porque está siendo procesado bajo el régimen de excepción. «El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya nos dijo que no, porque el régimen de excepción no permite ver a los detenidos. Nosotros estamos apelando esa resolución y lo mantienen incomunicado», lamentó el abogado.

    Salvador Enrique Anaya, capturado el 7 de junio de 2025, es un abogado constitucionalista, crítico del gobierno actual, que pidió anular la inscripción de Nayib Bukele como candidato presidencial a la reelección para un segundo periodo por considerar que violaba al menos seis artículos de la Constitución. Fue detenido por la Fiscalía General de la República acusado de lavado de dinero y activos.

    El 9 de julio, la Embajada de Italia en El Salvador indicó que da seguimiento al caso judicial contra el abogado Enrique Anaya. «La Embajada de Italia en San Salvador está monitoreando con atención el referido caso», indicó el embajador Paolo Rozo en una carta dirigida al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

    El Juzgado Séptimo de Paz dictaminó enviar a prisión a Anaya y su proceso penal tiene «reserva total».

    Luego de su arresto, Anaya se había mantenido inicialmente en las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de San Salvador. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda habeas corpus por su estado de salud.