Procesados en el caso “Corruptela”, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) someterse a un juicio abreviado, en el cual tendrían que admitir los delitos que se les atribuyen a cambio de una salida alterna en el proceso penal en su contra.
Fuentes judiciales confirmaron a Diario El Mundo que la Fiscalía recibió a través de los abogados de la defensa solicitudes de varios de los acusados con la finalidad de tramitar salidas alternas al proceso judicial que enfrentan.
Ante dichas peticiones, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la audiencia preliminar programada el pasado 12 de agosto de 2025, en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, debido a que “aún están pendientes de tramitación y respuesta en sede fiscal”, según se indica en el documento de notificación, al cual se tuvo acceso.
En el documento no se especifica cuántos imputados ni quiénes solicitaron someterse al procedimiento abreviado, ni de los delitos por los que estarían buscando la negociación. Sin embargo, fuentes judiciales expresaron que se presume que los solicitantes fueron imputados que ostentaban cargos administrativos en el Ministerio Público.
En ese sentido, la Fiscalía debe verificar cada una de las solicitudes y que estas cumplan con los requisitos del Código Procesal Penal para pronunciarse sobre ellos, para que posteriormente se asigne una nueva fecha para la realización de audiencia preliminar ante el referido Juzgado de Instrucción.
El procedimiento contempla que los imputados acepten su responsabilidad de los delitos que se les atribuye a cambio de una salida alterna o en algunos casos la reducción en la pena, siempre que la Fiscalía General de la República y el juez del caso lo avalen. Además, permite al sistema judicial abreviar los tiempos de resolución en casos complejos,
El caso “Corruptela”, fue dado a conocer públicamente en el año 2018, el cual investiga una supuesta red de corrupción integrada por alrededor de 20 personas, entre ellos exfuncionarios públicos y empresarios que habrían desviado millones de fondos estatales a través de operaciones financieras ilícitas.
Entre los acusados figuran el empresario José Aquiles Enrique Rais y su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, ambos imputados declarados rebeldes en julio de 2024, así como el exfiscal general adjunto, José Francisco Paredes Valladares; el exjefe de Patrimonio de la Fiscalía, Mauricio Antonio Yanes Morales.
Además del exfical general Luis Antonio Martínez y el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía Julio Adalberto Arriaza, quienes fueron condenados a 10 y 5 años de cárcel, respectivamente el pasado 22 de agosto.
A los imputados se les acusa de varios delitos, entre ellos peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y de activos, cohecho propio, cohecho activo, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de investigación, y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
