La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla instaló este martes la audiencia preparatoria dentro del proceso civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rigoberto Soto, junto a su esposa Vanessa María Handal de Lazo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en mayo la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entre ellas destacan depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.
La Cámara anunció que el próximo 17 de septiembre emitirá la resolución sobre la admisión de pruebas y el avance hacia la etapa probatoria del caso.
Rigoberto Soto, quien representó a la Asamblea Legislativa por el partido ARENA (2012-2015) y posteriormente a GANA, donde lideró el grupo parlamentario “Unidos por El Salvador” y más tarde se desempeñó como viceministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Nayib Bukele.
En 2022, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de un nuevo partido político denominado Fuerza Solidaria, tras anunciar su renuncia a GANA.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla juramentó a una perito el pasado lunes para valuar los bienes del exdiputado de Cambio Democrático (CD), Douglas Mejía Avilés, y ejecutar un cobro forzoso de su condena por enriquecimiento ilícito de más de $233,000.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que consideran que el pago se haga por medio de los bienes a nombre el exdiputado, luego de no restituir al Estado la condena impuesta.
«La perito será la encargada de realizar un valúo de los bienes del demandado en determinar su valor comercial. Entre los bienes que se analizarán están dos inmuebles en Santa Ana y San José Villanueva», expuso la Fiscalía en su comunicado.
En marzo del año 2023, el exdiputado Mejía Avilés fue encontrado responsable de un caso de enriquecimiento ilícito y en febrero de este año, la Fiscalía impuso una solicitud de cobro forzoso, debido a que los condenados no pagaron restituyeron el monto al Estado.
Actualmente, ambos bienes están embargados, según la Fiscalía.
Mejía Avilés fue diputado suplente por el CD del 1 de mayo de 2009 al 2012 y fue diputado propietario por el mismo partido del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015.
El proceso
La demanda de enriquecimiento ilícito fue presentada el 16 de enero de 2017, por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, señalando a Mejía Avilés y a su entonces esposa Brenda Cecilia Quezada.
La causa fue elevada a juicio en 2019 y hubo un fallo que les declaró responsables en marzo de 2023.
Sobreseída
El pasado 7 de agosto de 2025, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla sobreseyó a Brenda Cecilia Quezada, ahora exesposa de Avilés, luego de haber «logrado satisfacer el pago del monto reclamado», dice un fallo de la Cámara, el cual, equivale a $89,067.45.
El fallo advierte que Quezada entregó un inmueble ubicado en Ayutuxtepeque además de una cuenta de ahorro. Ambos bienes habían sido inmovilizados desde 2022.
Vía mensajería instantánea, Quezada explicó a Diario El Mundo que ella canceló el monto impuesto por la cámara, pero que nunca manejó fondos públicos. «El político fue él, yo jamás he estado en política», manifestó.
Quezada compartió los documentos que confirman el pago hecho a las arcas estatales, firmadas por el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República. Cabe mencionar que la Fiscalía no informó de la exoneración de Quezada.
Nota aclaratoria al lector: Esta nota ha sido editada a las 2:00 de la tarde de este 20 de agosto, después de su publicación, tras una petición de rectificación de la señora Brenda Quezada, quien mostró la documentación que la exonera del proceso judicial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, en abril, enviar a juicio civil por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa, tres de Arena y dos de GANA, junto a sus respectivos grupos familiares, tras determinar la existencia de indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados.
La decisión de los magistrados se tomó con base a los informes de la Sección de Probidad, la cual fue discutida y votada en la sesión del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.
Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presunto enriquecimiento ilícito, con montos observados que van desde los $200,000 hasta más de $3 millones. Cada caso fue remitido a la cámara competente, según la jurisdicción correspondiente, para la continuación del proceso legal.
Silvia Ostorga, exdiputada de Arena. /Archivo DEM
El primer caso corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar y su esposo, a quienes se le atribuyen indicios de enriquecimiento ilícito por $3,822,778.28. El acta expone que la Sección de Probidad encontró 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales correspondientes a tres períodos legislativos entre los años de 2012 y 2021.
Entre las irregularidades señaladas figuran depósitos bancarios sin origen comprobable, adquisición de inmuebles y vehículos, así como pagos de deudas sin respaldo documental. Incluso se incluyó una transferencia de $2,000a favor de su hija, quien no contaba con ingresos propios, aunque finalmente se decidió imputar ese monto directamente a la madre.
«Acerca de los depósitos a las cuentas de la declarante, se observaron porque se desconoce el origen de los fondos, no hay documento de soporte» Acta No. 30 de la Corte Plena
En el documento se expone que Ostorga argumentó que sus ingresos corresponden a un negocio de su propiedad y presentó como prueba de descargo documentos de impuesto a la renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el pago a cuenta y estados financieros de los años investigados, «pero la documentación no es idónea para desvanecer los movimientos observados», resolvieron los magistrados.
Con 15 votos, los magistrados resolvió enviar el caso a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro con sede en San Salvador y dictar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía General de la República (FGR).
Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, exdiputado de Arena.
El segundo se trata de Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2012-2015 por el patido Arena, la Sección de Probidad detectó un incremento patrimonial no justificado por un total de $214,683.22, atribuible tanto a él como a su cónyuge.
La investigación identificó nueve inconsistencias financieras, entre las que destacan depósitos en cuentas bancarias y transferencias internacionales sin respaldo documental. Señalar que, aunque su esposa presentó pruebas de descargo, estas consistieron en declaraciones juradas que señalan como origen de los fondos un negocio informal de lotería, sin documentación contable que permitiera verificar los ingresos.
Por su parte, el exlegislador no presentó justificación ante las observaciones ni ofreció pruebas que sustentaran su defensa. Tras descontar un superávit de ingresos personales por $26,897.04, el monto final sin justificar fue confirmado por la Corte Suprema. Con base en estos hallazgos, la Corte Plena resolvió, con 14 votos a favor, remitir el caso a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, decretar medidas cautelares sobre los bienes del grupo familiar y notificar a la Fiscalía.
Manuel Rigoberto Soto Lazo, exdiputado de Gana. Cortesía canal 21.
El siguiente es Manuel Rigoberto Soto Lazo, quien también fue diputado del partido Gana entre 2012 y 2015, enfrentará juicio civil junto a su esposa por enriquecimiento ilícito de $392,989.62. La Sección de Probidad detectó 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin origen identificado, compra de vehículos sin justificación y pagos de deudas.
El análisis expuso que se reportaron déficit entre sus ingresos y egresos, y con base a esa información, la CSJ decidió enviar el expediente de Soto Lazo a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, según el domicilio declarado por el exfuncionario. También se decretaron medidas sobre bienes y se notificó a la Fiscalía.
Jesús Grande, exdiputado de Gana./ Archivo DEM
El cuarto exdiputado es Jesús Grande, quien deberá responder ante la justicia civil por un presunto enriquecimiento no justificado de $352,119.41, mientras ocupo un puesto en la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015.
La Sección de Probidad reportó 24 inconsistencias en sus finanzas personales y familiares, que incluían depósitos, compra de inmuebles, adquisición de vehículos y pagos de préstamos sin documentación válida. El caso será conocido por la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, y se ordenó la inmovilización de sus cuentas e inscripción preventiva de inmuebles.
David Reyes, exdiputado de Arena. /Archivo DEM
Por último, se ordenó enviar a juicio por enriquecimiento ilícito a David Ernesto Reyes Molina, exdiputado de Arena, quien ocupó un escaño en los periodos 2012 y 2021, periodos que le fueron identificados con un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, correspondiente a él y su esposa. En total, se encontraron 33 inconsistencias en sus tres períodos, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.
El acta indica que el exdiputado alegó que los fondos provenían de donaciones y ayuda familiar, pero no presentó documentación válida. Según la Sección de Probidad, algunos recibos habían sido elaborados por el propio investigado.
El informe también señala que el exfuncionario habría salido del país y se deshizo de algunos bienes, por lo que no se logró imponer medidas cautelares en su contra. Su caso fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador con 15 votos del Pleno.
La información expuesta sobre dichos casos fue dada a conocer hasta esta semana, debido a que la Corte Suprema de Justicia publica en su sitio web las actas con varios meses de retraso.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación del Sistema de Información de Gestión Penal (SIGIP), una herramienta que permitirá mejorar recolección y el procesamiento de la información para el seguimiento de casos relacionados con los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
El proyecto presentado por la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, forma parte de una estrategia integral que permitirá, ademas de la recopilación de información, facilitar el acceso controlado y dar seguimiento técnico a los casos judiciales y mejorar la transparencia en el manejo de procesos penales vinculados a delitos financieros, regulados en la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos, según consta en el acta número 34 de la Corte Plena, con fecha del 13 de mayo de 2025.
«Se ha contemplado una etapa de monitoreo y evaluación, a fin de realizar ajustes al sistema de acuerdo a las necesidades de las sedes judiciales a medida que el sistema se alimente con información», se expone en el acta.
Según explicaron los magistrados, el plan aprobado contempla el diseño e implementación escalonada del sistema SIGIP, el cual se desarrollará en tres etapas, iniciando con una prueba piloto en las sedes judiciales de los departamentos de San Salvador y La Libertad y con ello, la capacitación para sus usuarios.
La primera etapa dio inicio el 6 de junio de 2025 y finalizará el 15 de enero de 2026 e incluirá los Juzgados de Paz, Tribunales de Sentencia y Tribunales contra el Crimen Organizado. Mientras que la segunda etapa, se prevé del 12 de febrero al 18 de septiembre de 2026, que abarcará los Juzgados de Menores, Cámaras de lo Penal, Cámaras contra el Crimen Organizado, así como las Cámaras con competencia para conocer los procesos civiles de enriquecimiento ilícito y el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.
Por ultimo, la tercera fase, daría inicio el 3 de noviembre de 2026 para finalizar el 21 de junio de 2027, que incluirá los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena y Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor.
Orientación
Por otra parte, los magistrados de la Corte Plena señalaron que el nuevo sistema contempla las capacitaciones para el personal judicial a través de Microsoft Teams, así como la elaboración de guías y videos pedagógicos que faciliten el uso del SIGIP. Además, que las sedes judiciales deberán designar personal para asumir los roles de encargado y digitador del sistema, previa notificación mediante memorándum institucional.
«Se establece que Corte en Pleno acuerda el plan de trabajo del SIGIP, su respectivo cronograma de trabajo en las sedes judiciales correspondientes, así como ordenar a la Secretaría General emitir circular dirigida a las sedes judiciales involucradas informándoles sobre la aprobación del SIGIP, las disposiciones para su funcionamiento y el cronograma del plan de trabajo para su ejecución», indica el acta.
De igual forma, se determinó que la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción realizará el control de calidad de la información, mientras que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información estará a cargo de la evaluación de riesgos, con participación de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
El proceso se contempla una etapa de monitoreo y evaluación constante para ajustar el sistema según las necesidades reales que surjan en las sedes judiciales conforme se avance en su implementación.
El nuevo proyecto se aprobó con el voto de 13 magistrados que conforman la Corte Plena, el 13 de mayo del presente año. Sin embargo, dicha información fue conocida recientemente debido a que la CSJ publica las actas con varios meses de retraso.
