Etiqueta: enriquecimiento ilícito

  • Los escándalos de Adorni, el jefe de Gabinete argentino, ahogan al Gobierno de Milei

    Los escándalos de Adorni, el jefe de Gabinete argentino, ahogan al Gobierno de Milei

    Viajes de lujo, compra de propiedades e importantes gastos en reformas inmobiliarias por parte del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, investigado por la Justicia, acorralan cada día más al presidente Javier Milei, quien llegó a la Presidencia con la promesa de «acabar con la casta» y la corrupción.

    El escándalo de quien es considerado mano derecha de Milei comenzó el pasado 8 de marzo tras la difusión de imágenes de Milei en la tumba del rabino Rebbe de Lubavitch, en Nueva York, donde aparece la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.

    El jefe de Gabinete reconoció que Angeletti no debía haber viajado en el avión presidencial, sobre todo porque el propio Milei prohibió traslados de particulares en aeronaves estatales, a lo que siguió una serie de revelaciones sobre gastos desorbitados en los últimos dos años y medio, período en el que Adorni ha ocupado cargos en el Ejecutivo.

    Si bien la primera causa judicial abierta, referida al viaje de su esposa a Nueva York, se archivó el 24 de abril, hay otras en curso.

    Adorni está investigado por enriquecimiento ilícito a raíz de supuestas irregularidades patrimoniales detectadas por pagos en efectivo, y sin factura, para la compra de un apartamento en Buenos Aires y una casa en un barrio exclusivo de las afueras de la capital, que no había declarado hasta hace solo unas semanas, así como para obras de remodelación.

    También se investiga cómo pagó viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este, en Uruguay. Según testigos que han declarado en la Fiscalía, Adorni gastó más 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con sus últimos ahorros declarados: 42.500 dólares.

    También es investigado por tráfico de influencias a partir de contratos entre la Televisión Pública -organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete- y la productora de su amigo Marcelo Grandio, así como por otros de empresas estatales con la consultora de su ‘+Be’, de Angeletti.

    Préstamos sospechosos y gastos millonarios

    La Justicia analiza operaciones inmobiliarias realizadas por Manuel Adorni mediante préstamos privados en lugar de créditos bancarios.

    Entre ellas figura el apartamento donde reside actualmente, de unos 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito y comprado en 2025 por 230.000 dólares, tras pedir prestado el 87% del valor a dos jubiladas, entonces dueñas del inmueble.

    El jefe de Gabinete y portavoz de Milei gastó 14 millones de pesos (más de 10.000 dólares) en mobiliario para su vivienda.

    La investigación detectó otro préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías -una de ellas retirada-, gestionado por su escribana y del que aún adeuda más de 70.000 dólares.

    Adorni habría usado ese préstamo para comprar una casa en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires por 120.000 dólares y habría gastado en obras otros 250.000 dólares, en efectivo y sin factura, según declaró el contratista en la Fiscalía.

    El funcionario mantuvo conversaciones con el contratista después de que éste fuera citado a declarar por la Justicia para ofrecerle «ayuda» legal, según informó el medio local Infobae.

    Adorni no responde y Milei lo apoya

    Manuel Adorni insiste en que solo responderá sobre su situación patrimonial ante la Justicia.

    El pasado 29 de abril, durante una tensa sesión en la Cámara de Diputados, aseguró que lo relativo a su patrimonio es información “reservada”. Allí estuvo acompañado de Milei y otros integrantes del Gobierno, donde algunos ministros estarían en desacuerdo con ese apoyo.

    Adorni esquivó preguntas en la rueda de prensa del pasado lunes, solo ofreció una entrevista el jueves, donde dijo que «dar explicaciones es obstruir el trabajo de la justicia», y el viernes limitaron las preguntas de los periodistas en la Casa Rosada para evitar el tema.

    Mientras este caso acapara las primeras planas de los medios argentinos, Milei lo ratificó como jefe de Gabinete y aseguró que en los próximos días presentará documentación para refutar las acusaciones en su contra.

    En este contexto, la imagen negativa del Gobierno crece en las encuestas.

    Un estudio de la consultora Trespuntozero y Alaska reveló que el 65,3 % de los ciudadanos tiene una valoración negativa del Gobierno y llama la atención por un fuerte aumento de la preocupación por la corrupción, señalada como el principal problema del país por el 38,5 % de los encuestados, diez puntos más que en enero de 2026.

    La evolución coincide con la creciente repercusión pública de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni, que se suman a otros casos de posible corrupción en el Gobierno.

  • Fiscalía colombiana pide arresto contra hijo de Petro por desacato judicial

    Fiscalía colombiana pide arresto contra hijo de Petro por desacato judicial

    La Fiscalía de Colombia solicitó este lunes imponer una medida de arresto contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente incumplir órdenes judiciales en el proceso que enfrenta por corrupción.

    La petición fue presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde ante el juez del caso, luego de que el acusado no asistiera de forma presencial a varias audiencias.

    “Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales”, expresó la fiscal durante la diligencia.

    Petro Burgos enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con presuntas irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.

    Según la investigación, los hechos incluyen el supuesto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos, equivalentes a unos $29,000.

    La Fiscalía señaló que el acusado no se presentó a audiencias realizadas los días 4 y 5 de noviembre de 2025, ni a otras diligencias posteriores, argumentando problemas para movilizarse.

    No obstante, la fiscal indicó que existen elementos que contradicen esa versión, ya que el imputado habría estado de vacaciones en ciudades como Santa Marta y Cartagena durante ese periodo.

    A juicio del ente acusador, esta situación evidenciaría un incumplimiento deliberado de las órdenes judiciales.

    El juez deberá decidir si impone la medida de arresto solicitada, mientras el proceso continúa en curso.

    Además, se prevé que los días 7 y 8 de mayo se realicen nuevas audiencias, que inicialmente serían virtuales, aunque la Fiscalía insiste en que se desarrollen de manera presencial.

    El caso mantiene atención pública en Colombia por tratarse del hijo del mandatario y por la gravedad de los señalamientos en su contra.

     

  • Cámara declara culpable de enriquecimiento ilícito a exalcalde Roberto d’Aubuisson

    Cámara declara culpable de enriquecimiento ilícito a exalcalde Roberto d’Aubuisson

    La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía y su grupo familiar, tras concluir que no se pudo justificar legalmente el origen de varios fondos patrimoniales.

    La resolución judicial establece que el incremento patrimonial no justificado ocurrió durante el período en que el demandado ejerció cargos públicos, primero como diputado propietario por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015.

    Posteriormente, el tribunal también evaluó su gestión como alcalde del municipio de Santa Tecla, cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2018 y 2018 y 2021, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    Según el fallo, el monto total que deberá ser restituido al Estado asciende a $990,396.99, cantidad que corresponde al incremento patrimonial que no pudo ser justificado ante las autoridades judiciales.

    El tribunal determinó que el exfuncionario deberá reintegrar $450,729.39, mientras que su cónyuge, Jacqueline López de d’Aubuisson, deberá devolver $511,247.73.

    Asimismo, la sentencia establece que Johana d’Aubuisson López deberá reintegrar $12,939.87, mientras que José Roberto d’Aubuisson López deberá devolver $15,480.

    La Cámara Ambiental indicó que la decisión se tomó tras valorar diversas pruebas dentro del proceso judicial, entre ellas pericias financieras y documentación patrimonial.

    Tras el análisis del material probatorio, la instancia judicial ratificó la responsabilidad civil del grupo familiar por el incremento patrimonial no justificado.

    Además del reintegro del dinero, el tribunal ordenó la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante 10 años, como parte de las sanciones establecidas en la resolución.

     

  • Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    Declaran culpable a exdirector de Fosofamilia y su esposa por enriquecimiento ilícito

    El exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su esposa, Violeta Yanira Flores de Jenkins, fueron encontrados culpables este lunes del delito de enriquecimiento ilícito, según resolución emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

    El fallo obliga a ambos a reintegrar $289,567.89 al Estado salvadoreño. Además, las magistradas ordenaron la inhabilitación de Jenkins por 10 años para ejercer cualquier cargo público, tras comprobarse un incremento patrimonial no justificado entre 2006 y 2010, período en que se desempeñó como titular de la institución.

    La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó 14 movimientos financieros irregulares, como depósitos bancarios, pagos de préstamos, cancelaciones de tarjetas de crédito y otros abonos sin respaldo legal. De ese total, $282,149.94 corresponden únicamente al exfuncionario.

    La Fiscalía General de la República respaldó el fallo y reiteró que los señalados no pudieron justificar el origen de los fondos, presuntamente obtenidos con dinero público durante su gestión al frente de Fosofamilia.

    El proceso civil contra ambos se inició en mayo de 2025, y con esta resolución, se confirma la tesis fiscal y se sienta un precedente en el combate a la corrupción en la administración pública.

     

  • ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    Norman Quijano, excandidato presidencial por el partido ARENA en las elecciones de 2014, expresidente de la Asamblea Legislativa y exalcalde de San Salvador, fue condenado en abril de 2024 a 13 años y cuatro meses de cárcel por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. La condena fue emitida luego de que el tribunal encontrara pruebas suficientes para establecer que Quijano negoció con pandilleros durante su campaña presidencial, ofreciendo favores a cambio de votos.

    La condena fue dictada bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó pruebas documentales, testimoniales y audios que mostraban reuniones entre Quijano y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 antes de la segunda vuelta electoral en 2014. Según la acusación, Quijano pidió el apoyo de estas pandillas para que permitieran votar a los ciudadanos bajo su control a cambio de compromisos con programas de reinserción social y otros beneficios, como la reducción de ataques policiales.

    La defensa de Quijano, sin embargo, ha rechazado la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no son suficientes para probar los delitos de agrupaciones ilícitas ni fraude electoral. El abogado Lisandro Quintanilla, entonces defensor de Quijano, aseguró que los testimonios de los testigos con régimen de protección no demostraron que Quijano estuviera involucrado en negociaciones con pandillas, y afirmó que los audios y videos presentados en el juicio no respaldan la acusación de que el exfuncionario pidió votos a cambio de dinero o beneficios.

    La condena también incluye la inhabilitación de Quijano para ejercer cargos públicos, incluyendo su puesto como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por lo que la Cámara de lo Penal notificó al PARLACEN para que inicie los trámites para su cese.

    Condena en apelación

    A pesar de la condena, la defensa presentó una apelación  ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema el 24 de junio de 2025, solicitando la nulidad del proceso, al considerar que no se probó el delito y que se violó el debido proceso durante el juicio. La apelación se centró en la falta de evidencia suficiente para respaldar las acusaciones y en la irregularidad del desafuero de Quijano, que no se siguió como lo establece el Código Procesal Penal.

    No se ha conocido una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema al respecto.

     

  • Amplían plazo de instrucción en contra de Eugenio Chicas por seis meses más

    Amplían plazo de instrucción en contra de Eugenio Chicas por seis meses más

    El plazo de instrucción en contra del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, fue extendido a seis meses más por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, confirmaron fuentes judiciales a Diario El Mundo.

    De acuerdo con la información compartida, el juzgado autorizó la extensión del periodo de instrucción a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la finalización de las pericias financieras-patrimoniales que forman parte de los procesos de investigación en contra del exmagistrado del TSE y exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    Esta sería la segunda vez que el juzgado otorga la ampliación de la detención provisional por un periodo de seis meses para que se complete el proceso de investigación y se pueda fijar fecha para la audiencia preliminar. En ese sentido, el plazo de investigación fue extendido hasta julio de 2026 para la finalización de recopilación de información.

    Además, fuentes cercanas al caso informaron que actualmente la defensa del exmagistrado está valorando solicitar al juzgado la realización de una audiencia de revisión de medidas, con el fin que pueda recibir medidas sustitutivas a la detención.

    Eugenio Chicas fue detenido el 13 de febrero de 2025, después de dejar a su hijo en el centro educativo donde asiste, y la Fiscalía lo acusó por el delito de enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    El 28 del mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y remitió el proceso a la etapa de instrucción. A petición de la Fiscalía, el caso fue declarado en reserva total.

    Chicas se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, conocido como La Occidental, ubicada en el departamento de Santa Ana. La familia del exfuncionario aseguró que padece de enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes, condiciones que, según indicaron, han afectado su estado general.

    El exmagistrado del TSE ya había sido declarado culpable por enriquecimiento ilícito de manera civil, en noviembre de 2024, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador lo sentenció a reintegrar más de $202 mil, junto a su núcleo familiar.

  • Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.

    “Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.

    López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.

    El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.

    La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.

     

     

  • Exministro Napoleón Duarte y familia enfrentarán audiencia probatoria por enriquecimiento ilícito 

    Exministro Napoleón Duarte y familia enfrentarán audiencia probatoria por enriquecimiento ilícito 

    Tras una audiencia especial, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador ordenó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte, y su familia enfrenten audiencia probatoria en un juicio por presunto enriquecimiento ilícito de $572,000.

    Según la Fiscalía General de la República, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Funes se habría enriquecido con más de medio millón de dólares junto a su familia, luego que no pudo justificar 72 irregularidades ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

    Entre las inconsistencias detectadas se encuentran depósitos en cuentas corrientes, pagos a tarjetas de crédito y, en conjunto, diferencias negativas entre ingresos y egresos, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía.

    Además del exministro, la Fiscalía demandó a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, a quien detectaron cuatro irregularidades por un monto de $79,344.53.  A su hijo identificado como José Napoleón Duarte Benítez se identificaron otras 23 irregularidades por un monto de $218,904.74.Asimismo, a su hija María Cristina Duarte de González le demandan nueve irregularidades por $64,919.42, y a su hijo Juan Carlos Duarte Benítez otras 15 irregularidades por $82,762.55, según se manifiesta en el reporte de la Fiscalía.

    El juicio civil por enriquecimiento ilícito inició en julio de 2024 cuando Duarte fue demandado por las autoridades fiscales.

    Según el fiscal del caso, durante el juicio civil -que consta de la audiencia preparatoria y la probatoria-  Duarte y su familia han alegado improponibilidades y que el caso ya no procede porque ocurrió hace más de 10 años. 

    Además de ser ministro de Turismo entre 2009 y 2019 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Duarte ejerció cargos como el presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y del Consejo Salvadoreño del Café, en este último él solo fue miembro y no tenía el cargo de director.

    Asimismo, Duarte es hijo del expresidente de la república José Napoleón Duarte Fuentes (1984- 1990).

    Si Duarte y su familia son encontrados responsables por enriquecimiento ilícito deberán devolver al Estado salvadoreño la cantidad que se determine en el juicio y además pueden ser imposibilitados para ejercer cargos públicos. 

     

     

  • Cámara instala audiencia por enriquecimiento ilícito contra exdiputado de Gana, Rigoberto Soto

    Cámara instala audiencia por enriquecimiento ilícito contra exdiputado de Gana, Rigoberto Soto

    La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla instaló este martes la audiencia preparatoria dentro del proceso civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rigoberto Soto, junto a su esposa Vanessa María Handal de Lazo.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en mayo la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

    Entre ellas destacan depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.

    La Cámara anunció que el próximo 17 de septiembre emitirá la resolución sobre la admisión de pruebas y el avance hacia la etapa probatoria del caso.

    Rigoberto Soto, quien representó a la Asamblea Legislativa por el partido ARENA (2012-2015) y posteriormente a GANA, donde lideró el grupo parlamentario “Unidos por El Salvador” y más tarde se desempeñó como viceministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Nayib Bukele.

    En 2022, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de un nuevo partido político denominado Fuerza Solidaria, tras anunciar su renuncia a GANA.

     

  • Valuarán bienes de exdiputado Douglas Avilés tras cobro forzoso de condena

    Valuarán bienes de exdiputado Douglas Avilés tras cobro forzoso de condena

    La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla juramentó a una perito el pasado lunes para valuar los bienes del exdiputado de Cambio Democrático (CD), Douglas Mejía Avilés, y ejecutar un cobro forzoso de su condena por enriquecimiento ilícito de más de $233,000.

    A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que consideran que el pago se haga por medio de los bienes a nombre el exdiputado, luego de no restituir al Estado la condena impuesta.

    «La perito será la encargada de realizar un valúo de los bienes del demandado en determinar su valor comercial. Entre los bienes que se analizarán están dos inmuebles en Santa Ana y San José Villanueva», expuso la Fiscalía en su comunicado.

    En marzo del año 2023, el exdiputado Mejía Avilés fue encontrado responsable de un caso de enriquecimiento ilícito y en febrero de este año, la Fiscalía impuso una solicitud de cobro forzoso, debido a que los condenados no pagaron restituyeron el monto al Estado.

    Actualmente, ambos bienes están embargados, según la Fiscalía.

    Mejía Avilés fue diputado suplente por el CD del 1 de mayo de 2009 al 2012 y fue diputado propietario por el mismo partido del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015.

    El proceso

    La demanda de enriquecimiento ilícito fue presentada el 16 de enero de 2017, por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, señalando a Mejía Avilés y a su entonces esposa Brenda Cecilia Quezada.

    La causa fue elevada a juicio en 2019 y hubo un fallo que les declaró responsables en marzo de 2023.

    Sobreseída

    El pasado 7 de agosto de 2025, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla sobreseyó a Brenda Cecilia Quezada, ahora exesposa de Avilés, luego de haber «logrado satisfacer el pago del monto reclamado», dice un fallo de la Cámara, el cual, equivale a $89,067.45.

    El fallo advierte que Quezada entregó un inmueble ubicado en Ayutuxtepeque además de una cuenta de ahorro. Ambos bienes habían sido inmovilizados desde 2022.

    Vía mensajería instantánea, Quezada explicó a Diario El Mundo que ella canceló el monto impuesto por la cámara, pero que nunca manejó fondos públicos.  «El político fue él, yo jamás he estado en política», manifestó.

    Quezada compartió los documentos que confirman el pago hecho a las arcas estatales, firmadas por el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República. Cabe mencionar que la Fiscalía no informó de la exoneración de Quezada.

     

    Nota aclaratoria al lector: Esta nota ha sido editada a las 2:00 de la tarde de este 20 de agosto, después de su publicación, tras una petición de rectificación de la señora Brenda Quezada, quien mostró la documentación que la exonera del proceso judicial.