La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Palestina, que esta semana concluyó en un informe que Israel ha cometido delitos de genocidio en Gaza, destacó a España como modelo a seguir, después de que su Fiscalía abriera una investigación contra el ejército israelí sobre posibles crímenes contra la humanidad en la Franja.
Los Estados miembros de la ONU «deben investigar y enjuiciar a las personas y corporaciones en su territorio que puedan estar involucradas en crímenes internacionales y me alegró mucho enterarme esta mañana de que la Fiscalía en España está haciendo exactamente esto», señaló la jueza Navi Pillay, presidenta de la comisión.
«Durante casi dos años, el mundo ha observado cómo se comete genocidio en Gaza y no ha actuado, por lo que insto a los Estados a demostrar su compromiso con el respeto del derecho internacional utilizando todos los medios disponibles para castigarlo», agregó la jurista sudafricana en un encuentro con delegaciones ante la ONU en Ginebra para explicar el contenido del reciente informe.
El australiano Chris Sidoti, que completa la comisión tripartita junto al indio Miloon Khotari, agregó que España está asumiendo un liderazgo que «está impulsando de manera importante una acción efectiva de la Unión Europea en su conjunto».
«Hemos visto a varios Estados asumir roles de liderazgo y siempre es arriesgado destacar sólo algunos, porque se omiten los roles de otros, pero lo haré y resaltaré los de España, Irlanda, Eslovenia y otros dentro de la Unión Europea», afirmó.
En la reunión informativa, celebrada este viernes en la sede europea de la ONU y organizada por la misión de Palestina, los miembros de la comisión investigadora aseguraron que «no es necesario esperar a que la Corte Internacional de Justicia emita un fallo» para que Estados miembros tomen medidas por su cuenta.
«Es un deber legal y moral arraigado en la Carta de la ONU y en la Convención sobre el Genocidio», subrayó Pillay, quien entre 1999 y 2003 presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda y de 2008 a 2014 fue la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos.
La Fiscalía española informó el jueves de que investigará violaciones de derechos humanos en Gaza que pudieran constituir crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Israel.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo para determinar posibles violaciones del derecho internacional en Gaza y para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI).
El tribunal de La Haya tiene una causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y emitió hace casi un año una orden de detención contra él.
Estados Unidos se apartó de una declaración internacional en la que nueve países del Consejo de Seguridad de la ONU instan a los talibanes a levantar las restricciones impuestas contra las mujeres afganas.
A esta declaración conjunta, emitida este miércoles por Dinamarca, Francia, Grecia, Guyana, Panamá, la República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia y Reino Unido, tampoco se sumaron Rusia y China.
Durante su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de hoy sobre Afganistán, el representante estadounidense, John Kelley, señaló las políticas «opresivas» de los talibanes pero apenas mencionó las medidas discriminatorias contra las afganas.
«Somos profundamente escépticos respecto a los motivos de los talibanes. No podemos tener confianza con un grupo que sigue deteniendo a estadounidenses inocentes, incumple sus compromisos en materia de lucha contra el terrorismo e ignora las necesidades básicas del pueblo afgano», agregó.
Así, indicó que, para Estados Unidos, la máxima prioridad en Afganistán es «la protección» de sus ciudadanos, lo que incluye mitigar las «amenazas terroristas» y garantizar «la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente».
En la carta firmada hoy, los mencionados países del Consejo condenan «la continua e institucionalizada discriminación y violencia de género de los talibanes» contra las mujeres.
«Instamos a levantar cualquier restricción al acceso de las mujeres a servicios humanitarios, y a garantizar que todas las mujeres y niñas formen parte de la respuesta humanitaria y reciban atención urgente en labores de rescate», indican en la declaración, leída en rueda de prensa en la sede de la ONU por el representante coreano Sangjin Kim, que este mes ocupa la presidencia rotatoria del Consejo.
Además, exigen que los talibanes revoquen «de inmediato» todas las leyes, políticas y prácticas que restrinjan los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y niñas.
En este sentido, piden respetar el derecho de las niñas afganas a continuar su educación más allá de la primaria, así como permitir a las mujeres trabajar y participar en todos los ámbitos de la vida pública.
Del mismo modo, instan a cesar por completo la persecución a defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil y constructoras de paz que brindan apoyo vital a la población afgana.
Este miércoles, la ONU ha pedido al gobierno de facto afgano que levante inmediatamente las restricciones que impiden a las trabajadoras nacionales y a las contratistas acceder a las instalaciones de la ONU en Afganistán, donde prestan asistencia humanitaria y apoyo a la población vulnerable.
Esta situación agrava un contexto de emergencia crítico, tras el terremoto del pasado 31 de agosto, que dejó más de 2,200 muertos y destruyó miles de hogares e infraestructuras, complicando la entrega de ayuda a las regiones más afectadas en el este del país.
La posición favorable a una mayor presión sobre Israel, puesta de manifiesto el lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene lugar mientras en Europa hay quien tiene una similar postura crítica, como Suecia, Noruega y Eslovenia, mientras otros son más permisivos, como Alemania y otros Estados del este.
Sánchez anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por la destrucción de Gaza y de los palestinos que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.
La actitud del Ejecutivo español fue duramente criticada por el de Israel, que le acusó de antisemita y negó la entrada en el país de la vicepresidenta Yolanda Diaz y de la ministra Sira Rego.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE
Los críticos contra Israel
Un país con una postura crítica frente a Israel es Eslovenia, que el año pasado se unió a España e Irlanda para reconocer el Estado de Palestina.
A comienzos de agosto la pequeña exrepública yugoslava, gobernada por una coalición entre liberales y la izquierda, se convirtió en el primer país de la UE en declarar un embargo de armas contra Israel.
Suecia, que en 2014 reconoció oficialmente los territorios palestinos como un Estado, aboga por congelar el capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre el bloque comunitario e Israel y la suspensión parcial de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa.
Además, defiende sanciones selectivas contra los ministros extremistas israelíes que promueven actividades de asentamiento ilegales y trabajan activamente en contra de una solución negociada de dos Estados, así como sanciones adicionales contra los colonos violentos.
Noruega reconoció el Estado palestino en mayo de 2024. A finales de agosto pasado, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, anunció la venta de sus acciones en cinco bancos israelíes, después de que ya hiciera lo propio con sus participaciones en varias empresas israelíes, debido a la situación humanitaria en Gaza.
En esa línea crítica se sitúa Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, anunció en julio que su país reconocería el Estado palestino este septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, en una operación condicionada en particular al compromiso de las autoridades palestinas al desarme de Hamás y a la renuncia expresa al terrorismo, que pretende arrastrar a otros países occidentales para que hagan lo mismo.
La reacción de Israel fue acusar a Macron de alimentar así el antisemitismo en Francia, donde vive la comunidad judía más importante de Europa.
Caso aparte es el de Turquía, uno de los países más duros ante el Gobierno de Israel, con el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, llamando en los dos últimos años una y otra vez a Netanyahu asesino, criminal de guerra o incluso «nuevo Hitler».
El Gobierno turco, que en el pasado mantenía importantes relaciones diplomáticas, militares y comerciales con Israel, fue congelando esos contactos desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2022.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. EFE
Los más favorables a Israel
Varios países de Europa central están entre los más favorables a Israel en Europa, como Hungría y la República Checa, cuyos Gobiernos rechazan tajantemente la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.
El Gobierno ultraderechista de Hungría, liderado por Viktor Orbán, incluso recibió en abril pasado a Netanyahu, pese a la orden de búsqueda y captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra.
En la vecina Austria, el Gobierno tripartito, formado por democristianos, socialdemócratas y liberales, también tiene una posición favorable a Israel, aunque en los últimos meses expresó alguna crítica contra las acciones israelíes en el conflicto de Gaza.
Para Alemania, la seguridad y existencia de Israel son, por motivos de responsabilidad histórica, «razón de Estado». Se descarta un reconocimiento en breve de un Estado palestino, al considerar que este paso hacia una solución de dos Estados debe tener lugar al final de un proceso negociado.
En términos generales, Alemania se ha limitado a recordar a Israel que debe actuar dentro del marco del derecho internacional y a pedir un pronto inicio de negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza, además de advertir de la grave situación humanitaria en la Franja.
Por lo demás, Alemania rechaza un embargo comercial y otro tipo de sanciones contra Israel.
En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni es un aliado de Israel que, sin embargo, apoya la solución de los dos estados y ha condenado en las últimas semanas la reacción «desproporcionada» del Ejecutivo israelí ante el terrorismo de Hamás, y en particular tras el ataque en julio pasado a la única parroquia católica de Gaza.
También ha mostrado su disposición a reconocer el Estado de Palestina, pero cuando pueda ser «efectivo» y «no contraproducente», según el vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.
En Portugal, el Gobierno anunció a finales de julio que iba a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y los partidos políticos para evaluar un posible reconocimiento del Estado de Palestina.
El objetivo es que el proceso quede concluido en septiembre, con motivo de la Asamblea de la ONU, el mismo plazo que se han marcado Francia, el Reino Unido, Canadá y Malta para adoptar un paso similar, que ya han dado países como España, Irlanda o Noruega.
El Gobierno suizo mantiene su posición de neutralidad y no tiene planes para reconocer al Estado Palestino. Su actitud ha sido cada vez criticada internamente según pasan los meses y la crisis humanitaria, y ahora la hambruna, han diezmado a la población en el enclave.
Un grupo de 72 exembajadores suizos pidieron que reconsidere su posición de no reconocer a Palestina y refuerce su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que está dirigida por un suizo.
Rusia condena pero no ve genocidio
Rusia ha condenado enérgicamente las acciones de Israel en Gaza, pero pese a su apoyo a la causa palestina y su relación con Hamas, se ha abstenido de calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí. No obstante, ha denunciado la catástrofe humanitaria que amenaza la vida de unos 132.000 niños menores de cinco años.
