La asociación española Dignidad y Justicia solicitó a la Audiencia Nacional emitir una orden internacional de búsqueda, captura y detención contra el exmiembro de la organización terrorista ETA Luis María Olalde, conocido con el alias «Txistu», luego de conocerse que fue localizado con vida tras ser rescatado de un edificio colapsado por el terremoto ocurrido el pasado 25 de junio en Caracas, Venezuela.
La organización pidió que la medida tenga fines de extradición para que Olalde responda ante la justicia española por su presunta participación en un atentado perpetrado en 1978, en el que fueron asesinados tres agentes de la Guardia Civil.
Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, al que tuvo acceso EFE, admitió a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia y autorizó a la asociación a participar en el proceso judicial como acusación popular.
En el documento judicial se señala que Olalde huyó a Venezuela en 1979 con el objetivo de evadir la acción de la justicia española. La querella también expone que el pasado 25 de junio la asociación conoció que el exintegrante de ETA fue rescatado entre los escombros del edificio donde residía junto a su esposa, en el barrio San Bernardino, de Caracas.
Ese mismo día también se informó sobre la muerte de Alazne Solabarrieta, una mujer de origen vasco que falleció durante el terremoto. Solabarrieta era nieta del exalcalde del municipio de Ondarroa, José María Solabarrieta, quien emigró junto con su familia a Venezuela durante la dictadura franquista.
Las autoridades también confirmaron que Luis Olalde Quintela, esposo de la víctima y exmiembro de ETA, sobrevivió al colapso del inmueble y fue rescatado con vida por los equipos de emergencia.
Olalde mantiene procesos judiciales pendientes en España por su presunta vinculación con acciones terroristas. Aunque su defensa ha solicitado que los delitos sean declarados prescritos, la justicia española continúa rechazando esos argumentos.
De hecho, el mismo 25 de junio el magistrado Francisco de Jorge resolvió mantener vigente la orden internacional de búsqueda y captura contra Olalde, al considerar que aún existen fundamentos legales para que enfrente el proceso judicial en España.