Redacción DEM ADMIN

Etiqueta: estado de excepción

  • Laura Fernández, la politóloga que promete mano dura contra el crimen en Costa Rica

    Laura Fernández, la politóloga que promete mano dura contra el crimen en Costa Rica

    La politóloga Laura Fernández, de 39 años, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera vuelta tras obtener un sólido respaldo popular. La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano obtuvo el 48,94 % de los votos con el 81.24 % de mesas escrutadas, imponiéndose con amplio margen sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), que sumó un 33.02 %.

    Fernández, especialista en políticas públicas y exministra de la Presidencia y de Planificación en el actual Gobierno, se convierte en la segunda mujer en asumir el Ejecutivo costarricense, después de Laura Chinchilla (2010-2014). Durante la campaña, se presentó como la continuadora del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves, a quien definió como “un hombre brillante” y de quien no descartó integrar a su gabinete.

    El ascenso de Fernández ocurre en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y el narcotráfico. Como respuesta, propuso declarar estados de excepción en zonas críticas para combatir a las estructuras criminales.

    “No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica”, afirmó durante un debate previo a la elección.

    Fernández también ha seguido la línea crítica de Chaves hacia el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, instituciones a las que responsabiliza por el incremento de homicidios. Uno de sus objetivos es lograr mayoría legislativa con 40 de los 57 diputados para impulsar reformas judiciales, endurecer leyes y evitar bloqueos a sus propuestas.

    Durante la campaña, líderes del Partido Pueblo Soberano revelaron su intención de promover una reforma constitucional que habilite la reelección presidencial consecutiva, una propuesta que generó críticas de adversarios, como el izquierdista Ariel Robles, quien advirtió sobre el riesgo de un giro autoritario.

    “Esto es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática que yo siempre voy a cuidar”, declaró la nueva mandataria tras conocerse su victoria.

    Casada y madre de una niña, Fernández ha prometido continuar proyectos emblemáticos como el complejo de oficinas públicas “Ciudad Gobierno”, una nueva marina en el Caribe, carreteras estratégicas y ampliación de puertos y aeropuertos.

     

  • Honduras pone fin a estado de excepción con menos homicidios, pero sin frenar la extorsión

    Honduras pone fin a estado de excepción con menos homicidios, pero sin frenar la extorsión

    El estado de excepción en Honduras expiró este lunes, tras más de dos años de aplicación, en la antesala de la toma de posesión del nuevo Gobierno conservador encabezado por Nasry ‘Tito’ Asfura, quien ha manifestado su rechazo a mantener medidas extraordinarias de manera prolongada.

    La suspensión de garantías constitucionales, implementada por el Gobierno saliente de Xiomara Castro, fue defendida por las autoridades como un instrumento clave para reducir la violencia, especialmente los homicidios, aunque políticos y organizaciones civiles aseguran que no logró frenar la extorsión ni prevenir abusos.

    Asfura ha reiterado que el país «no puede seguir bajo estados de excepción permanentes» y ha propuesto enfrentar la inseguridad mediante el fortalecimiento de las instituciones y la generación de empleo.

    Desde la oposición, el diputado Carlos Umaña calificó la medida como un «fracaso» y afirmó que la restricción, aplicada en 226 de los 298 municipios, «no fue correcta» y dejó «muchas violaciones de derechos humanos».

    «El estado de excepción no fue nada agradable, fracasó, (…) y no se logró el objetivo primordial, que era el control de la inseguridad», subrayó Umaña, diputado del Partido Liberal, primera fuerza opositora en el Congreso con 41 legisladores.

    En contraste, autoridades de seguridad del oficialismo destacan que el estado de excepción formó parte de un paquete de acciones que incluyó el Plan Solución contra el Crimen, al que atribuyen la reducción de la tasa de homicidios de 43 por cada 100,000 habitantes en 2022, a 23 en 2025, un resultado que califican como histórico.

    No obstante, Umaña insistió en que delitos como la extorsión, principal razón para decretar la medida, «no disminuyó, sino que aumentó».

    En Honduras, bandas criminales y pandillas imponen el llamado ‘impuesto de guerra’ a negocios y servicios de transporte, incluyendo autobuses urbanos, interurbanos y taxis. Cuando las víctimas se resisten a pagar, suelen ser asesinadas.

    De acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo local de Transparencia Internacional, más de 384,000 hogares hondureños son víctimas de extorsión, un delito que genera millones de dólares a las estructuras criminales.

    El diputado advirtió que el fin del estado de excepción podría abrir paso a demandas contra el Estado por presuntas violaciones a derechos humanos, un riesgo que ya había sido señalado por organismos nacionales e internacionales.

  • Honduras vota entre temores de fraude y bajo la intervención política de Trump

    Honduras vota entre temores de fraude y bajo la intervención política de Trump

    Honduras celebrará este domingo unas elecciones generales marcadas por un clima de alta polarización, acusaciones cruzadas de fraude y el desarrollo de la jornada bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. Más de seis millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir presidente, diputados, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano.

    Los comicios se realizan en medio de denuncias por intento de manipulación de resultados. El oficialismo filtró una serie de audios en los que, supuestamente, una representante del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral, Cossette López, coordina un presunto fraude con el diputado Tommy Zambrano y un miembro no identificado de las Fuerzas Armadas.

    El fiscal general, Johel Zelaya, aseguró que las grabaciones “demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita”. La oposición, sin embargo, sostiene que los audios fueron manipulados y critica que el Ejército custodie el material electoral.

    Durante la campaña de 45 días, los principales candidatos —Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura— se acusaron mutuamente de preparar fraudes, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea alertaron sobre la posibilidad de que los resultados no sean reconocidos.

    La tensión subió aún más cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en el cierre de campaña para respaldar públicamente al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. Trump agitó el fantasma del comunismo y pidió el voto para Asfura. Además, propuso indultar al expresidente Juan Orlando Hernández —condenado a 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico— si su candidato gana.

    “Si ‘Tito’ Asfura gana la Presidencia de Honduras, debido a la gran confianza que Estados Unidos tiene en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño, lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero”, advirtió Trump.

    El oficialismo llega al proceso con Rixi Moncada como candidata del Partido Libre, en busca de un segundo mandato consecutivo tras la presidencia de Xiomara Castro, quien logró reducir pobreza, inflación y homicidios durante su gestión, aunque bajo un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

    Moncada, exministra y abogada, es cercana a los gobiernos de Cuba y Venezuela, lo que ha sido usado por sus rivales para desacreditarla. Según las encuestas, enfrenta una contienda reñida, superada por Salvador Nasralla, ahora bajo la bandera del Partido Liberal.

    Nasralla, una figura mediática y televisiva con largo historial político, promete cambios radicales con inspiración en modelos como el del presidente argentino, Javier Milei, en economía, y Nayib Bukele, en seguridad.

    “Se trata de votar por el caballo ganador, por el único que puede sacar al partido Libre”, dijo en uno de sus últimos actos de campaña.

    Por su parte, Nasry Asfura, apodado “Papi a la orden”, se presenta por segunda vez a la Presidencia. Exalcalde de Tegucigalpa, cuenta con el respaldo de Trump, quien lo definió como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”. Su gestión edilicia fue elogiada por obras de infraestructura, pero también señalada por su implicación en los Papeles de Pandora y acusaciones de malversación.

    El próximo presidente enfrentará enormes desafíos: altos niveles de pobreza, corrupción sistémica, instituciones debilitadas y el legado de un país estigmatizado por el narcotráfico.

     

  • Honduras celebra elecciones bajo intensa violencia política y estado de excepción

    Honduras celebra elecciones bajo intensa violencia política y estado de excepción

    Honduras se encamina a unas elecciones generales marcadas por el miedo, la violencia y la incertidumbre. La jornada electoral del próximo domingo estará precedida por atentados, amenazas e incluso homicidios de corte político, mientras el país se mantiene bajo un estado de excepción que afecta a 226 municipios.

    El caso más impactante ocurrió a mediados de noviembre en la aldea La Cuesta, departamento de Santa Bárbara, donde Arnol Caled, un niño de cinco años, murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba con su familia de una concentración del Partido Libertad y Refundación (Libre). En el mismo ataque resultó herida una adolescente de 14 años.

    Arnol murió en brazos de su abuela dentro de un vehículo, presuntamente propiedad de una diputada, que transportaba a familiares y vecinos de regreso al caserío de Río Helado.

    “Quería ser policía y me prometía construir una casa”, relató entre lágrimas su madre, Rosita Díaz, quien aún conserva las botas de hule que le compró para asistir al evento.

    En su modesta vivienda de adobe, Díaz, ama de casa y recolectora de café, mostró los últimos recuerdos del pequeño: una bicicleta rota y un caballito amarillo. El niño estaba inscrito para comenzar en 2026 su primer año de preparatoria.

    La tragedia de Arnol es un reflejo del ambiente de tensión y violencia que rodea las elecciones hondureñas. Desde diciembre de 2022, el país se encuentra bajo un estado de excepción que fue extendido el pasado 12 de noviembre por 45 días más, medida que, según autoridades, ha permitido reducir la criminalidad.

    Sin embargo, diversas voces en la sociedad civil discrepan.

    “Honduras se acerca a unas elecciones generales ensartada en un sombrero que ningún país que aspire a llamarse democrático debería tolerar”, denunció Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), al considerar que el estado de excepción se ha convertido en una “anestesia legal”.

    En lo que va de 2025, al menos cuatro homicidios se han vinculado directamente con la violencia política. Entre ellos, dos candidatos a alcaldes del Partido Nacional, un alcalde del departamento de Intibucá, y un aspirante a diputado del partido gobernante Libre. Además, se reportan amenazas a líderes y activistas de los tres principales partidos.

    También han sido blanco de amenazas dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), todos pertenecientes a la oposición. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Carmen Julia Fajardo, calificó la situación como “alarmante” y en ascenso.

    Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, así como a tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 del Parlamento Centroamericano. La violencia, sin embargo, amenaza con opacar la legitimidad del proceso.

     

  • Corte Constitucional de Ecuador anula estado de excepción de Noboa por protestas en provincias

    Corte Constitucional de Ecuador anula estado de excepción de Noboa por protestas en provincias

    La Corte Constitucional de Ecuador anuló este viernes el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en cinco de las siete provincias donde lo había impuesto para contener las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.

    El máximo tribunal declaró inconstitucional la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de Tsáchilas, al considerar que no existían hechos suficientes que justificaran la declaratoria. Sin embargo, ratificó su vigencia en Carchi, frontera con Colombia, e Imbabura, epicentro de las manifestaciones, al constatar una “grave conmoción interna”.

    La Corte también avaló el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esas dos provincias y la restricción al derecho de reunión, aunque subrayó que la actuación de las fuerzas de seguridad debe darse con “estricto respeto al legítimo derecho a la protesta y a la resistencia pacífica”. En contraste, declaró inconstitucional el toque de queda nocturno que regía desde las 22:00 hasta las 5:00 horas.

    Noboa había decretado el estado de excepción días después de anunciar el fin del subsidio al diésel, medida rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó un paro nacional indefinido, aunque hasta ahora solo ha tenido seguimiento en seis de las veinticuatro provincias del país.

    Tras el anuncio de la Conaie de mantener la protesta, el presidente declaró feriado nacional el jueves y viernes de la próxima semana, con el argumento de incentivar el turismo interno. Mientras tanto, las manifestaciones han dejado hasta el momento un fallecido, más de 80 heridos y más de un centenar de detenidos, doce de ellos procesados por terrorismo, según la Fiscalía.

    El movimiento indígena ya encabezó en 2019 y 2022 protestas masivas que obligaron a los entonces presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir intentos similares de eliminar subsidios a los combustibles en el marco de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    El actual Gobierno insiste en que no negociará la medida, pues considera que el subsidio no beneficia a los sectores más vulnerables, sino a contrabandistas y a la minería ilegal.

  • Corte de Ecuador suspende referéndum de Noboa sobre Asamblea Constituyente

    Corte de Ecuador suspende referéndum de Noboa sobre Asamblea Constituyente

    La Corte Constitucional de Ecuador suspendió la noche del viernes, de forma cautelar, el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para iniciar un proceso hacia una Asamblea Constituyente, con la que busca redactar una nueva Constitución. La decisión fue tomada tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas luego de que el mandatario lanzara la convocatoria sin el dictamen previo del alto tribunal.

    El tribunal explicó que la medida busca evitar “efectos irreversibles” que puedan comprometer la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de los ciudadanos. La Constitución ecuatoriana establece que cualquier consulta popular debe contar con un dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las preguntas antes de su convocatoria.

    La propuesta de Noboa, una de sus principales promesas de campaña para el período 2025-2029, se produce en un ambiente de confrontación abierta con la Corte Constitucional, a la que ha acusado de “activismo político” por frenar varias de sus medidas, incluidos estados de excepción y proyectos de ley que han sido señalados por posibles violaciones a derechos fundamentales.

    En las últimas semanas, el presidente encabezó manifestaciones contra los magistrados, acusándolos de entorpecer sus planes para combatir el crimen organizado. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra otorgar “indultos anticipados” a policías y militares involucrados en acciones contra estructuras criminales.

    La suspensión del referéndum llega además en medio de un clima social tenso por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón, desatando protestas lideradas por el movimiento indígena. Ante ello, el Gobierno decretó estado de excepción en ocho provincias e impuso toque de queda en cuatro de ellas, advirtiendo que se procesará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras.