El Gobierno de Guatemala prorrogó este jueves por otros 15 días el estado de prevención como parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado, aunque ahora la medida se limitará a seis de los 22 departamentos del país.
El acuerdo, firmado por el presidente Bernardo Arévalo de León en Consejo de Ministros, mantiene la disposición en el departamento de Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, San Marcos y Huehuetenango, zonas consideradas de alta incidencia delictiva.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la decisión responde a una estrategia de “desescalada” enfocada en los territorios con mayor actividad criminal.
«Nos estamos enfocando en estos departamentos precisamente por la cantidad de actividad delictiva que se genera en los mismos, que básicamente acumula el mayor porcentaje a nivel de la república», afirmó el funcionario.
Villeda detalló que en áreas como Escuintla y la capital se han implementado planes de seguridad como “Centinela”, logrando periodos de hasta 12 días sin homicidios en zonas consideradas críticas.
Asimismo, justificó la continuidad de la medida en departamentos fronterizos para frenar el ingreso de estructuras vinculadas al narcotráfico y mantener el control del tráfico de drogas.
Como resultado de los últimos 15 días, las autoridades reportaron la incautación de 22 armas de fuego, 892 teléfonos celulares y la neutralización de 35 enrutadores de Wi-Fi dentro de centros penales, tras operativos dirigidos a limitar las comunicaciones de grupos criminales.
Guatemala permanece bajo medidas excepcionales desde el 18 de enero, luego de ataques de pandillas que dejaron 11 policías muertos, en respuesta a la intervención estatal en cárceles controladas por reos amotinados.
Inicialmente, el Ejecutivo decretó un estado de sitio, que permite acciones más restrictivas como detenciones sin orden judicial, militarización de servicios y disolución de reuniones.
Sin embargo, tras un mes, el Gobierno optó por el estado de prevención, que no requiere aval del Congreso y permite mantener operativos de seguridad sin suspender garantías constitucionales de forma severa.
El presidente Arévalo de León aseguró que estas medidas han contribuido a reducir los homicidios y a recuperar el control del sistema penitenciario.