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  • El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.

    Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.

    Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.

    Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.

    “Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.

    Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.

    “Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.

    Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz

    La alerta continúa

    Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.

    Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.

    Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.

    Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.

     

  • Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.

    Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

    “El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

    El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.

    Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.

    El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.

    Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.

     

  • Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Ochoa, alias ‘Lobo’, la cara más visible de las pandillas criminales de Guatemala

    Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.

    Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

    Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.

    Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.

    Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.

    Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.

    «Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión», subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.

    Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. Foto Mingob

    Señalado por nexos políticos

    Los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunicado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía.
    Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.

    Castañeda Torres está detenida y vinculada a un proceso penal por varios casos penales en su contra y de acuerdo a algunos diputados del partido Semilla, hay vinculación por intereses en común entre Torres Casanova y su sobrina, además de la hija de la excandidata, la diputada Nadia de León.

    Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I’.

    Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado «El Limón».

    Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.

    El ingreso a prisión del «Lobo» fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.

  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.

    En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.

    La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.

    Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.

    “Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.

    El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.