El Ministerio de Vivienda entregó 118 escrituras de propiedad a las familias afectadas por la Corporación Argoz S.A. de C.V., empresa cuyos representantes legales y empleados enfrentan proceso penal por los delitos de estafa, lavado de dinero y fraude.
La entrega de las propiedades fue realizada por la ministra de dicha cartera de Estado, Michelle Sol, a habitantes de 28 lotificaciones, provenientes de nueve departamentos, que según la funcionaria fueron estafadas por la referida empresa.
De acuerdo con Sol, el grupo de familias que recibieron las escrituras de propiedad habían pagado sus lotes entre los años de 1984 y 2008, y con dichas entregas se logró una recuperación de inversión a su favor de aproximadamente de $1.2 millones.
Las autoridades aseguraron que, a la fecha 71,548 familias afectadas por Argoz han recuperado sus propiedades, que asciende a más de $715 millones, a través de la regulación de sus lotificaciones.
La Corporación Argoz fue intervenida desde el 8 de julio de 2024 por el Estado, luego de la captura a sus representantes en diciembre de 2023. Al inicio del caso, se procesó a ocho exdirectivos de la empresa, estos Rodrigo Javier Gómez de Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez y Edwin Omar Rivera López, José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda, a quienes recientemente se les sumó una nueva detención provisional.
La subdirectora de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República, Mariela Castro, reiteró que a finales de julio de 2025, el Ministerio Público giró 16 nuevas órdenes de captura por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, siempre en contra de los directores, representantes legales y empleados de corporación Argoz.
En dicho operativo, se reportó la detención de Balmoris Escalante García, quien fungía como auditor y contador de las sociedades; Reina Marina Cardona de Escalante, esposa del auditor; Berta Coralia Ramírez Ponce, testaferra y ama de llaves de Leticia Farfán; exdirectiva de la empresa y quien guarda prisión desde el inicio del caso.
Así como a Gabriel Alejandro Rivera Gómez, nieto de Leticia Farfán y Natalia Gómez Farfán, hija de Leticia Farfán y quien está vinculada en la primera investigación como imputada ausente.
Estos nuevos procesos, forman parte de la segunda fase de las investigaciones contra dicha lotificadora, la cual sostienen que defraudó a varias personas con $46,271,000,49, al ofrecer terrenos que nunca entregaron.
La FGR sostiene que la Corporación Argoz se dedicó a impulsar proyectos de lotificación a nivel nacional para comercializarlos en zonas rurales sin los permisos legales, ni regulados por ninguna entidad competente, quienes realizaban cobros a las personas.
