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  • Experto electoral Malcolm Cartagena abandona el país y denuncia persecución política

    Experto electoral Malcolm Cartagena abandona el país y denuncia persecución política

    El experto electoral Malcolm Cartagena, reconocido por su rol en el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, anunció el viernes su salida forzada de El Salvador, debido a un deterioro de salud y una creciente persecución política.

    A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Cartagena relató que su decisión fue motivada por el riesgo que implicaba permanecer en el país sin acceso adecuado a tratamiento médico.

    Desde hace unos meses he vuelto a necesitar de una máquina para vivir, pero era eso, salir, o arriesgarme a vivir lo que han sufrido personas como Atilio (Montalvo)”, expresó.

    La organización Acción Ciudadana denunció el pasado 25 de junio una inusual actividad de la Policía Nacional Civil (PNC) en la residencia de Cartagena. Según el comunicado, los agentes realizaron interrogatorios a vecinos, pidieron información personal y preguntaron si el analista electoral tenía vehículo, un patrón similar al de capturas recientes de defensores de derechos humanos.

    La salida no fue sencilla”, escribió Cartagena, quien aseguró haber sido hospitalizado por varios días tras llegar a su país de destino. No reveló su paradero por motivos de seguridad, pero afirmó que continuará su lucha por la democracia y los derechos políticos desde el exilio.

    “Desde este lugar seguiré aportando con mis conocimientos en materia electoral y derechos políticos a fin de que este país no regrese a un pasado sangriento… ni se condene a vivir en una dictadura”, expresó Cartagena.

    La salida de Malcolm Cartagena se suma a la de al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas, que según organizaciones humanitarias, han abandonado El Salvador en los últimos cinco años.

    En su mensaje, Cartagena expresó su apoyo a quienes aún luchan dentro del país: “A los que siguen allá en el terruño, dando la batalla contra la dictadura: no desfallezcan, esto un día se va a acabar”. También citó a la abogada Ruth López con el mensaje #TenganDecencia, dirigiéndose a quienes ejercen represión política.

     

  • Organizaciones alertan que 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador por seguridad en últimos cinco años

    Organizaciones alertan que 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador por seguridad en últimos cinco años

    Al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años por su seguridad y para «proteger su integridad», según revelaron organizaciones humanitarias este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), dijo que «80 personas ha salido tan solo en los últimos tres meses: al menos 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas, según datos de las organizaciones solicitantes y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)».

    «En la búsqueda de seguridad y condiciones que les permitan continuar su trabajo y proteger su integridad y la de sus familias, muchas personas defensoras se han visto forzados a huir de El Salvador. Cifras de la sociedad civil indican que al menos 130 personas han salido del país en los últimos 5 años».
    Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso.

    Apuntó que «el éxodo de personas salvadoreñas se ha incrementado significativamente en los últimos meses» tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos.

    Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.

    A estas detenciones, precisó Indacochea, se suma «la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, que graba con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales y que eleva a un 50 % los impuestos a las organizaciones, además de ser calificada como «confiscatoria».

    Lamentó que «desde el año 2020 a la fecha, cuando toma fuerza una nueva forma de autoritarismo en el país, muchas personas han sido objeto de persecución como consecuencia directa de su labor de defensa de derechos humanos o periodística, particularmente al exponer abusos de poder, corrupción a gran escala, violaciones de derechos humanos y actividades de grupos criminales».

    «En ese escenario, los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos parecen ser la autocensura, la cárcel o el exilio», alertó.

    En esta audiencia, en la que el Gobierno de Bukele se negó a participar por estar en desacuerdo con el título de la sesión, las organizaciones humanitarias pidieron a la CIDH «priorizar el trámite de medidas cautelares y peticiones individuales relacionadas».

    También llamaron a instar al Estado salvadoreño a derogar un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 «debido a que está siendo utilizado para criminalizar y perseguir personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y voces críticas».

    Además pidieron exhortar al Estado salvadoreño a «garantizar el retorno seguro de quienes se han visto forzados al exilio por temor a la criminalización».