Venezuela recibió más de $12,000 millones desde enero por la comercialización principalmente de petróleo, según informes divulgados esta semana por las autoridades venezolanas y estadounidenses. Sin embargo, el manejo de estos ingresos, bajo custodia de Washington, genera interrogantes sobre la cantidad de crudo vendido, los precios de las operaciones y las empresas que recibieron los fondos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que entre enero, cuando las autoridades estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas, y septiembre se depositaron más de $12,260 millones en una cuenta de custodia, de los cuales $12,110 millones fueron desembolsados a Venezuela.
No obstante, el economista Francisco Monaldi advirtió que se desconoce «cuánto petróleo corresponde a esos depósitos» y «a qué precio se vendieron los barriles». Por su parte, el Gobierno venezolano reportó ingresos por $15,603 millones hasta el 12 de noviembre, incluidos $15,148 millones provenientes de la venta de petróleo y sus derivados.
El informe estadounidense identifica a 20 depositantes en la cuenta administrada por el Departamento del Tesoro, ocho de ellos vinculados a operaciones petroleras, aunque sus nombres aparecen ocultos. Monaldi explicó que actualmente existen ocho empresas autorizadas para comercializar crudo venezolano.
Entre las principales, por volumen de operaciones, figuran la intermediaria neerlandesa Vitol, la singapurense Trafigura y la estadounidense Chevron. También están las británicas BP y Shell, la italiana Eni, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.
En cuanto al destino de los recursos, Washington detalló que $133 millones fueron utilizados para pagar a proveedores de servicios financieros, tecnológicos, sanitarios, energéticos, industriales y de construcción. Otros $11,409 millones se destinaron a dos mecanismos de intervención cambiaria, utilizados para contener el precio del dólar y reducir las presiones inflacionarias en Venezuela. Además, cerca de $550 millones fueron asignados a intervenciones mediante efectivo.
El economista señaló que la mayoría de los beneficiarios de estas operaciones cambiarias fueron empresas públicas y privadas cuyas identidades no fueron reveladas. Entre las principales dudas mencionó «a qué tipo de cambio se les vendió y quién tuvo las ganancias allí». Estas intervenciones también generaron recursos en bolívares que fueron utilizados parcialmente para financiar al Estado venezolano.
Las autoridades del país sudamericano aseguran que entre enero y noviembre destinaron $14,710 millones al pago de salarios, aunque persiste el descontento de los trabajadores por un sueldo mínimo equivalente a $0.14 mensuales, complementado con bonificaciones de $240.
Otra de las interrogantes está relacionada con una diferencia estimada de $8,000 millones entre los ingresos reportados por Estados Unidos y los cálculos realizados a partir de las exportaciones petroleras venezolanas y los precios del barril.
Monaldi explicó que una posible razón es que compañías como Chevron no depositan todos sus ingresos en la cuenta estadounidense, sino únicamente los montos correspondientes a las obligaciones fiscales con Venezuela. El especialista considera que otras empresas podrían operar mediante mecanismos similares.
También mencionó que Eni y Repsol recibieron petróleo como compensación por una deuda relacionada con un proyecto conjunto de gas destinado al mercado venezolano. Esta modalidad explicaría por qué «ese dinero no entró nunca a la cuenta del Tesoro». A ello se suma la posibilidad de intercambios de petróleo venezolano por diluyentes estadounidenses, productos necesarios para determinadas operaciones de producción de combustibles, que tampoco representarían ingresos directos a la cuenta administrada por Washington.
Pese a los cuestionamientos, Monaldi considera que el mecanismo actual «es mucho mejor» que el sistema anterior, caracterizado por ventas de petróleo con elevados descuentos en el mercado negro chino y operaciones para «lavar el dinero de vuelta para Venezuela vía criptomonedas».
Según el economista, esas prácticas propiciaban «una corrupción gigantesca y comisiones con un montón de intermediarios». Aunque reconoce que el sistema vigente «se puede mejorar» mediante «mucha más transparencia», considera necesario conocer «los detalles e en qué se gasta en particular».
Asimismo, sostuvo que, cuando Venezuela recupere su democracia y pueda decidir sobre sus recursos, «todo esto lo deberían hacer las instituciones venezolanas».
