El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas que serán examinadas durante la audiencia de sentencia para determinar si seis inmuebles y 11 vehículos, relacionados con el exfiscal general Luis Antonio Martínez González y otras siete personas, deben pasar a manos del Estado por su presunta vinculación con actividades ilícitas.
Entre los bienes sometidos al proceso se encuentran dos propiedades ubicadas en La Libertad y un vehículo Chevrolet registrados a nombre del exfiscal Martínez. La resolución también comprende otros cuatro inmuebles, dos localizados en La Libertad, uno en San Salvador y otro en Sonsonate, además de diez automotores de diferentes marcas y modelos, incluidos tres BMW y dos Porsche.
De acuerdo con la información judicial, uno de los inmuebles pertenece a Margarita Lisset Aguirre González, hermana del exfiscal. Otros dos inmuebles y dos vehículos están registrados a nombre de Mauricio Antonio Yanes Morales, quien se desempeñó como gerente de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que tres automotores figuran bajo la titularidad de José Dolores Zelaya Mendoza, exdirector de Recursos Humanos de la institución.
Durante la audiencia preparatoria, el tribunal consideró pertinentes y útiles los elementos probatorios presentados para continuar con el procedimiento judicial. También autorizó recibir las declaraciones de Luis Martínez y Mauricio Yanes durante la audiencia de sentencia, en la que se evaluará la procedencia de la extinción de dominio sobre los bienes señalados.
La Fiscalía sostiene que las propiedades y vehículos investigados podrían estar relacionados con operaciones de lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la combinación de patrimonio obtenido legalmente con recursos de presunta procedencia ilícita. Estos señalamientos forman parte de los argumentos presentados para solicitar que los bienes sean transferidos al Estado.
Fiscalía señala presunta red de corrupción
Las investigaciones patrimoniales realizadas por el Ministerio Público identificaron una presunta estructura de corrupción que habría operado entre el 4 de diciembre de 2012 y el 3 de diciembre de 2015, período en el que Martínez González ejerció como fiscal general de la República. Según la Fiscalía, en esta red participaron funcionarios públicos y terceras personas que supuestamente actuaron como testaferros para facilitar las operaciones investigadas.
Entre las irregularidades señaladas por la institución figuran la presunta sustracción de recursos provenientes de comisos y decomisos, el uso indebido del patrimonio institucional y la utilización de fondos públicos para cubrir gastos particulares. La investigación también incluye pagos de servicios de telefonía personal con dinero de la FGR y otras operaciones que, según las autoridades fiscales, habrían beneficiado a personas vinculadas con la estructura investigada.
La Fiscalía también atribuye a la presunta red la manipulación y el cierre irregular de investigaciones fiscales, así como la aceptación de dádivas durante el período señalado.
Con la admisión de las pruebas, el procedimiento continuará hacia la audiencia de sentencia, en la que el juzgado deberá establecer si existen fundamentos legales suficientes para ordenar la extinción de dominio de los seis inmuebles y 11 vehículos, sin que hasta el momento se haya determinado su transferencia definitiva al Estado.
