Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: extorsiones

  • Fiscalía acusa a 563 cabecillas del Barrio 18 por 14,488 delitos

    Fiscalía acusa a 563 cabecillas del Barrio 18 por 14,488 delitos

    La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra 563 cabecillas de la pandilla Barrio 18, a quienes atribuye un total de 14,488 delitos cometidos desde 2012, en uno de los procesos judiciales más amplios impulsados bajo el Régimen de Excepción.

    El requerimiento fue presentado ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y comprende a 275 integrantes de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.

    Entre los delitos imputados figuran rebelión, agrupaciones ilícitas, pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones y otros crímenes atribuidos a las estructuras criminales durante más de una década.

    El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, aseguró que las pandillas fortalecieron su capacidad operativa durante el período conocido como la tregua entre pandillas, ocurrido en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

    “Se fortalecieron por todas esas ventajas que les dio el gobierno en turno y que obviamente hicieron también crecer su organización”, afirmó Muñoz.

    Uno de los principales procesados es Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas históricos de la facción Sureños del Barrio 18 y señalado de ordenar extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.

    La acusación también incluye a Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”, considerado por las autoridades como el máximo cabecilla de la pandilla en el sector de La Campanera, en Soyapango, así como a César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”; Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”; Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”; y Víctor Antonio García, alias “Duke”.

    Según la Fiscalía, César Daniel Renderos Díaz es señalado como responsable de la masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en junio de 2006, donde murieron cinco personas, incluidos menores de edad. Además, enfrenta acusaciones por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico de drogas y pertenencia a organizaciones terroristas.

    En el caso de Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”, las investigaciones indican que dirigía una estructura de extorsión en el centro de San Salvador, donde presuntamente obligaba a menores de edad y vendedores ambulantes a movilizar los cobros ilícitos.

    Entre los hechos incluidos en la acusación figura además la masacre registrada en marzo de 2016 en San Juan Opico, La Libertad Centro, donde fueron asesinados 14 trabajadores, uno de los casos más emblemáticos atribuidos a la pandilla Barrio 18.

    Las autoridades sostienen que este proceso judicial busca llevar ante la justicia a quienes durante décadas dirigieron operaciones criminales que afectaron a miles de salvadoreños. Todos los imputados permanecen sometidos a procesos judiciales mientras avanzan las investigaciones y audiencias relacionadas con los delitos atribuidos por la Fiscalía.

     

  • Las pandillas en Guatemala mutan de las extorsiones al narcotráfico, afirma jefe policial

    Las pandillas en Guatemala mutan de las extorsiones al narcotráfico, afirma jefe policial

    El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.

    Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.

    «La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.

    El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.

    Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.

    «Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.

    Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala

    Más músculo financiero y logístico

    Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.

    «Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.

    Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.

    Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.

    La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.

    Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE

    Cooperación militar y desafíos judiciales

    La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.

    La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.

    La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.

    A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.

    El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.

    «Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.

  • La Fiscalía acusa a la MS-13 de haber cobrado $9 millones en extorsiones a cuatro víctimas

    La Fiscalía acusa a la MS-13 de haber cobrado $9 millones en extorsiones a cuatro víctimas

    La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que la Mara Salvatrucha (MS-13) obtuvo al menos $9 millones mediante extorsiones cobradas a cuatro víctimas entre los años 2012 y 2022, según los alegatos finales presentados en el juicio masivo contra 485 cabecillas de esa estructura criminal.

    De acuerdo con la representación fiscal, las víctimas realizaron los pagos bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familiares, en un esquema de intimidación que se mantuvo durante varios años en distintas zonas del país.

    “De estos hechos, hay actas de las denuncias interpuestas por cada una de las víctimas afectadas con la extorsión, declaraciones anticipadas de testigos en donde manifiestan cómo la estructura utilizaba el dinero de extorsión”, sostuvo la Fiscalía durante la audiencia.

    Según la acusación, los fondos obtenidos de manera ilícita fueron utilizados por la organización criminal para la compra de armas de fuego de distintos calibres, así como para financiar otras operaciones delictivas desarrolladas por la pandilla.

    Durante la jornada, el Ministerio Público también expuso los cargos relacionados con los delitos de agrupaciones ilícitas y rebelión.

    El Fiscal Adjunto, Max Muñoz, afirmó que la evidencia presentada busca demostrar que la MS-13 intentó establecer un poder paralelo al Estado salvadoreño mediante el uso de armas de guerra y estructuras criminales organizadas.

    La Fiscalía sostiene que los 485 procesados deben ser declarados responsables como creadores, dirigentes y cabecillas de la organización criminal, al considerar que dirigieron y coordinaron actividades destinadas a fortalecer el funcionamiento de la pandilla a nivel nacional.

    Asimismo, el ente acusador argumentó que los imputados incurrieron en el delito de rebelión al asumir funciones que corresponden al Estado, decidir sobre la vida de personas en comunidades bajo su control, imponer cobros extorsivos y obstaculizar el ejercicio de las autoridades legítimas.

    Tráfico de drogas y armas

    Las investigaciones también vinculan a la MS-13 con operaciones de tráfico de drogas, principalmente marihuana y cocaína. Según la Fiscalía, los estupefacientes ingresaban desde México y eran trasladados por territorio guatemalteco antes de llegar a El Salvador.

    Además, se abordó el tráfico ilegal de armas que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas para enfrentar a cuerpos de seguridad y fortalecer el control territorial de la estructura criminal.

    Como parte de los elementos expuestos en el proceso, la Fiscalía afirmó haber demostrado que entre 2012 y 2022 la pandilla utilizó a 1,212 menores de edad para trasladar armas y drogas en diferentes puntos del país, una práctica que formaría parte de la estrategia operativa de la organización.

    El juicio contra los 485 presuntos líderes de la MS-13 continúa en la etapa de alegatos finales, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de emitir una resolución sobre uno de los procesos judiciales más grandes impulsados contra estructuras criminales en El Salvador.

     

  • Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    Empresarios peruanos alertan del impacto de la inseguridad en sus operaciones

    La criminalidad se ha convertido en la principal amenaza para las grandes empresas de Perú, con un 13 % que reporta haber sido víctima de amenazas o extorsiones y un 40 % que ha debido incrementar sus gastos en seguridad privada, reveló este miércoles una encuesta presentada en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos), el principal foro empresarial del país.

    El estudio, realizado por la encuestadora Ipsos, indica que en el último año un 9 % de las compañías enfrentó amenazas directas, mientras que un 6 % fue blanco de cobros ilegales o extorsiones por parte de organizaciones criminales.

    A raíz de esta creciente ola de inseguridad, los empresarios reportan consecuencias directas en sus operaciones: un 24 % ha debido paralizar o reducir actividades, un 21 % ha sufrido robos de productos o activos, y un 20 % experimentó dificultades para contratar o retener personal.

    En cuanto a la percepción sobre los principales problemas que afectan al país, la delincuencia ocupa el primer lugar con un 85 %, seguida de la corrupción (81 %) y la crisis política (36 %). Además, un 89 % considera que Perú ha retrocedido en la lucha contra el crimen, y un 60 % opina lo mismo respecto a la corrupción.

    Por primera vez en tres décadas, la inseguridad y el avance de la delincuencia se posicionan como el mayor riesgo político y social para el entorno empresarial (64 %), por encima del aumento de la corrupción en el Estado (40 %) y el debilitamiento institucional (31 %).

    Entre las medidas prioritarias que podrían reactivar la inversión privada, el 79 % de los empresarios encuestados cree que combatir la inseguridad tendría mayor impacto, seguido del combate a la corrupción (69 %) y la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala (47 %).

    Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial —organizador del evento— urgió al gobierno de transición, presidido por José Jerí, a priorizar el restablecimiento de la seguridad. “La inseguridad no solo está afectando la operatividad de las empresas, sino que los sobrecostes están erosionando la capacidad operativa”, advirtió.

    Además, destacó que la criminalidad también afecta el tejido emprendedor del país. “La inseguridad está lesionando el espíritu emprendedor de los peruanos, que nos ha salvado cuando han llegado crisis. Es fundamental mantenerlo y no puede ser erosionado de manera tan dolorosa como está sucediendo por la inseguridad”, puntualizó.

    La encuesta fue realizada por Ipsos Perú entre el 17 y el 29 de octubre, con una muestra de 245 ejecutivos de alto nivel pertenecientes a las 5,000 empresas más grandes del país.

     

  • Fuerte pugna del gobierno guatemalteco con las pandillas por el control de las cárceles

    Fuerte pugna del gobierno guatemalteco con las pandillas por el control de las cárceles

    Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) mantienen una fuerte confrontación con el Gobierno de Guatemala desde el pasado 31 de julio, cuando sus principales líderes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla, a 50 kilómetros al sur de la capital. La medida, impulsada para cortar la planificación de crímenes desde los penales, ha provocado una ola de motines y disturbios en varias prisiones del país.

    “Para hacer un movimiento como el traslado de los líderes de las pandillas, (el Gobierno) tuvo que haber previsto toda esta reacción, pero o no lo hicieron o no se está reaccionando como se debe, porque los motines están brotando casi todos los días y agarran con facilidad a los guardias como rehenes”, advirtió Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia y de la organización Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

    Según Ibarra, existe “un mal manejo del Sistema Penitenciario” y falta de inteligencia estratégica. Sin embargo, reconoció que a diferencia de gobiernos anteriores, la administración de Bernardo Arévalo de León sí ha emprendido acciones concretas contra los delitos que se planifican desde las cárceles.

     

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    Los traslados se ejecutaron dos días después del asesinato de siete personas en una funeraria de Ciudad de Guatemala, hecho atribuido a miembros de la Mara Salvatrucha durante el velorio de un integrante de la pandilla rival Barrio 18. Con el aislamiento en Renovación I, los cabecillas han perdido privilegios como visitas sin control o televisores gigantes, lo que ha reducido su capacidad para dirigir extorsiones y crímenes organizados desde prisión.

    El presidente Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han reiterado que no darán marcha atrás en la decisión, pese a la escalada de violencia. Solo en 2024, las autoridades y organizaciones civiles estiman unas 25,000 denuncias por extorsión contra comerciantes, transportistas y empresas, crímenes valorados en miles de millones de quetzales y que en su mayoría se coordinaban desde los penales.

    A juicio de Ibarra, aún está por verse la efectividad de las medidas, pues “este fenómeno criminal responde a estructuras y con quitar la cabeza no se desmorona la organización”.

     

  • Delitos de violaciones, drogas, hurto y robo encabezan la lista de actos delictivos, según Fiscalía

    Delitos de violaciones, drogas, hurto y robo encabezan la lista de actos delictivos, según Fiscalía

    Los delitos relacionados con las drogas, violaciones, así como hurto y robo encabezan la lista de los hechos delictivos que constan en expedientes de investigación en la Fiscalía General de la República  en El Salvador, reveló su última memoria de labores.

    Según el informe, que comprende del periodo de junio de 2024 a mayo de 2025, la Fiscalía registró un total de 98,671 delitos cometidos, de los cuales 12,965 corresponden a aquellos catalogados como de «mayor impacto social».

    De estos, los casos de hurto y robo representaron la mayor proporción, con 6,758 hechos reportados, seguidos por las violaciones sexuales, que alcanzaron los 2,739 casos, y los delitos relativos a las drogas reportan 1,565 incidentes.

    En cuanto a otros delitos de alto impacto, se registraron 541 casos de extorsión, 564 de hurto y robo de vehículos, 340 de privación de libertad, 291 de tráfico ilegal de personas, 70 relacionados con trata de personas, 96 homicidios intencionales y 25 feminicidios. El secuestro, por su parte, registró un único caso durante el periodo.

    El Ministerio Público aclaró que posterior a la publicación del Informe de Labores, dichas cifras pueden variar mínimamente debido al avance de las investigaciones de cada caso y las revisiones realizadas por el Equipo Técnico, según se lee en el informe.

    El informe también revela que el total de víctimas ascendió a 102,820 personas, mientras que el número de imputados alcanzó los 107,268. Esto representa una distribución del 48.9 % para las víctimas y un 51.1 % para los imputados.

    Delitos de droga al alza

    En comparación con el período anterior (junio 2023 – mayo 2024), el número total de delitos de mayor impacto fueron 15,620, mientras que para el periodo mayo 2024- junio 2025 la cifra descendió 2,655 casos, lo que representa una reducción del 17 %.

    Sin embargo, a pesar de la disminución de delitos registrados por las autoridades del Gabinete de Seguridad, los delitos relacionados con drogas experimentaron un aumento considerable, al pasar de 1,454 a 1,565, es decir, un repunte de 111 casos, que equivale a un 7.6 % más.

    En cambio, los delitos de violaciones sexuales bajaron un 9.2 % al pasar de 3,018 a 2,739, que serían 279 casos menos entre los últimos dos periodos de las memorias de labores 2023-2024 y 2024-2025.

    Por otro lado, el hurto y robo, aunque sigue encabezando la lista de delitos de mayor impacto, también se redujo al pasar de 8,279 casos (junio 2023- mayo 2024) a 6,758 casos entre junio 2024 y mayo 2025, lo que muestra una baja en la incidencia de dicho tipo de delitos.

    Mencionar que los casos por el delito de feminicidio no reflejan un aumento, ni reducción en los últimos dos períodos evaluados por la Fiscalía, debido a que en las dos memorias de labores indican que se identificaron 25 asesinatos cometidos en contra de mujeres, respectivamente.

    Más de 8,000 casos por mes

    El informe también expone que de 98,671 delitos identificados entre junio 2024 y mayo 2025, el promedio mensual de delitos cometidos en El Salvador corresponde a 8,223 casos, con un promedio diario de 270 delitos.

    La FGR indica que marzo de 2025 fue el mes con mayor número de delitos, con un total de 9,646, seguido de octubre de 2024 con 8,986 y en tercer lugar se ubicó julio de 2024 con 8,688 casos.

    Por su parte, junio de 2024 fue el mes con menor registro, alcanzando los 6,985 casos. Durante el resto del periodo, los delitos se mantuvieron en un rango de entre 7,700 y 8,600 casos mensuales.