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  • Fiscalía de Honduras pide captura internacional de Juan Orlando Hernández pese a indulto

    Fiscalía de Honduras pide captura internacional de Juan Orlando Hernández pese a indulto

    El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, instó este lunes a los cuerpos de seguridad nacional y a la Interpol a ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado el pasado 28 de noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Zelaya informó que la petición busca hacer efectiva la detención del exmandatario por delitos de lavado de activos y fraude, vinculados al desvío de fondos públicos durante la campaña presidencial de 2013.

    “He instruido a la ATIC y exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional”, publicó el fiscal en su cuenta oficial en la red social X.

    El jefe del Ministerio Público aseguró que los señalamientos contra Hernández corresponden a una investigación que involucra también a exdiputados, empresarios y particulares.

    “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, afirmó.

    Zelaya hizo el anuncio en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre. A la vez, informó la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora del DINAF, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. “Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia”, reiteró el fiscal.

    El expresidente hondureño fue detenido en febrero de 2022 en Tegucigalpa, pocas semanas después de concluir su mandato. En abril de ese año fue extraditado a Estados Unidos, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico ilegal de armas. Sin embargo, el 1 de diciembre fue liberado gracias a un indulto presidencial firmado por Trump dos días antes de las elecciones generales en Estados Unidos.

    Tras recibir el perdón, Hernández agradeció públicamente al presidente Trump. Previo a otorgar el indulto, el mandatario estadounidense también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, y pidió el voto para él en los comicios celebrados el 30 de noviembre.

    Asfura lidera el conteo preliminar de votos con 1,274,997 sufragios (40.52 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,232,804 (39.18 %). En tercer lugar se ubica la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, con 608,139 votos (19.32 %), con el 97.46 % de las actas escrutadas.

     

  • Exjefe de Inteligencia chavista detalla a Trump la conexión de Maduro con el Cartel de los Soles

    Exjefe de Inteligencia chavista detalla a Trump la conexión de Maduro con el Cartel de los Soles

    El exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que detalló la presunta participación del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en actividades de narcotráfico a través del Cartel de los Soles, según confirmó este jueves su abogado.

    Actualmente detenido en una prisión federal de Estados Unidos, Carvajal enfrenta cargos por narcotráfico y posesión de armas, tras declararse culpable en un caso seguido por la justicia estadounidense. En su carta, el exgeneral aseguró que busca redimirse y colaborar con las autoridades: “Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”, escribió.

    Carvajal aseguró haber sido testigo directo de cómo el gobierno del fallecido Hugo Chávez se transformó en una estructura criminal, liderada actualmente por Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios venezolanos. Según sus declaraciones, el objetivo del régimen es “usar las drogas como un arma contra Estados Unidos”.

    El exmilitar indicó que el plan fue propuesto a Chávez por el régimen cubano a mediados de los años 2000 y contó con el apoyo de grupos como las FARC, el ELN, operadores cubanos y el grupo Hizbulá. Además, denunció que el gobierno venezolano facilitó armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones para operar dentro y fuera del país.

    De acuerdo con la misiva, publicada inicialmente por The Dallas Express, el Cartel de los Soles no solo coordinaba rutas para enviar cocaína hacia EE. UU., sino que también organizó el envío de miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua al extranjero.

    “Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior”, escribió Carvajal.

    Las declaraciones del exgeneral venezolano refuerzan la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha catalogado al régimen de Maduro como una organización terrorista.

    “Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”, añadió.

    En su carta, Carvajal también responsabiliza a la “política de fronteras abiertas” del expresidente Joe Biden por facilitar la infiltración de operadores del régimen en territorio estadounidense. El exmilitar afirmó que el gobierno de Maduro “está en guerra con EE. UU., usando las drogas, las bandas criminales, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”.

    Finalmente, advirtió que Maduro y su círculo más cercano tienen “planes de contingencia para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control”, lo que, a su juicio, convierte al régimen venezolano en una amenaza directa para la seguridad hemisférica.

    Esta revelación coincide con el aumento de tensiones entre Washington y Caracas, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la decisión del presidente Trump de otorgar indultos a figuras como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y el congresista Henry Cuéllar, acusado de corrupción.

     

  • Denuncian en Guatemala una red de protección y plan de fuga de reo pedido en extradición por El Salvador

    Denuncian en Guatemala una red de protección y plan de fuga de reo pedido en extradición por El Salvador

    Las alarmas se han encendido en el sistema penitenciario guatemalteco ante nuevas denuncias que revelan presuntos privilegios ilegales y un plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala, y requerido en extradición por El Salvador por delitos de corrupción y fraude financiero transnacional.

    Según informes recientes, Gaitán Castro se encuentra en condiciones que distan de las de un reo común. Reportes citados por medios guatemaltecos apuntan a que ha tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas, e incluso uso de teléfonos celulares prohibidos por la normativa penitenciaria, a pesar de que su traslado al penal de Pavoncito fue ordenado por distintas resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, las cuales no han sido ejecutadas.

    Jorge Alberto Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos figuran como parte de una estructura criminal junto a los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Esta organización es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, como Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en seis países latinoamericanos.

    La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los implicados formaron una red dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas a precios por debajo del mercado. Según el expediente judicial, el boicot fue articulado por ejecutivos ligados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.

    Plan de fuga y red de protección

    Las denuncias también señalan que Gaitán Castro contaría con respaldo institucional y una red de protección que habría evitado su traslado a Pavoncito, a pesar de reiteradas órdenes judiciales. Durante una requisa realizada en mayo de 2025, las autoridades habrían encontrado un teléfono celular que el interno utilizaba para comunicarse con estructuras criminales, lo que agrava las sospechas sobre un plan de fuga en marcha.

    Parte de esa red estaría vinculada a actores ligados a TPG Peppertree, lo cual explicaría la resistencia institucional para cumplir las resoluciones emitidas por los tribunales guatemaltecos. En este contexto, también se menciona la participación de abogados que representarían los intereses de la estructura delictiva.

  • Juan Orlando Hernández agradece a Trump "por escuchar y responder" al conceder el indulto

    Juan Orlando Hernández agradece a Trump «por escuchar y responder» al conceder el indulto

    El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien el pasado lunes fue indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas, le agradeció este miércoles al titular de la Casa Blanca «por escuchar y responder» cuando lo necesitaba.

    «Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre», indicó Hernández en la red social X en su primera declaración pública.

    Hernández comienza su mensaje diciendo «GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre. Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad. Soy inocente».

    Agregó que su «profundo agradecimiento va para el Presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar».

    También agradeció a su familia y sus amigos «que nunca dejaron de luchar y orar» por él y culpó, como había hecho Trump, a la Administración del expresidente estadounidense Joe Biden por su condena.

    «Fui víctima de un montaje del gobierno de Biden y (Kamala) Harris y del deep state a través de un juicio manipulado. No había pruebas reales, solo las acusaciones de criminales que buscaban vengarse. Aun así, la verdad sobre mi inocencia prevaleció», afirmó el exmandatario, quien fue entregado en extradición a EE.UU. en abril de 2022 y en junio de 2024 condenado a 45 años de prisión.

    La esposa de Hernández, Ana García, dijo hoy a EFE en Tegucigalpa que el 28 de octubre, cuando él cumplió 57 años de edad le escribió una carta a Trump, solicitándole que lo indultara y que el mandatario estadounidense le concedió esa petición.

    García también señaló que todavía no han decidido sobre el eventual regreso de Hernández a Honduras, donde, de hacerlo, sería requerido por las autoridades por presuntos delitos de corrupción, según advirtió la semana pasada el fiscal general, Johel Zelaya.

    El indulto, anunciado el pasado 28 de noviembre, coincidió con el apoyo de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, el mismo que Hernández, quien mantiene una pugna en el recuento con el opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador.

    Mientras, el caso de Hernández ha generado un intenso debate en Honduras. Algunos sectores critican el indulto debido a su vinculación con el narcotráfico, mientras que otros destacan su papel en la cooperación con Estados Unidos y en la gestión de extradiciones de criminales durante su mandato.

  • Hernández, indultado por Trump, en paradero desconocido y con causas abiertas en Honduras

    Hernández, indultado por Trump, en paradero desconocido y con causas abiertas en Honduras

    El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), liberado este lunes en Estados Unidos gracias a un indulto de Donald Trump apenas un año después de ser condenado a más de cuatro décadas por narcotráfico, permanece en paradero desconocido y se desconoce si regresará a Honduras, donde aún enfrenta investigaciones y posibles procesos judiciales.

    Hernández, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia oficial de Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro.

    En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) lo declaró culpable de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
    Hernández pidió a Trump ser indultado mediante una carta en la que lo elogiaba, recordándole la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano.

    El indulto, anunciado el pasado viernes, coincidió con el apoyo de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, quien mantiene una pugna en el recuento con el opositor Salvador Nasralla.

    Un juicio que comenzó en un tribunal de Nueva York

    Durante su juicio en Nueva York, se reveló que las más de 400 toneladas de cocaína implicadas en la condena podrían equivaler, según estimaciones de las autoridades estadounidenses, a miles de millones de dosis individuales.

    Además, durante el proceso, un testigo afirmó que Hernández habría comentado que planeaban “meter las drogas en las narices de los gringos», mientras que la Fiscalía lo acusó de utilizar su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas, financiar campañas políticas con aportes de narcotraficantes -incluido el cartel de Sinaloa- y mantener estructuras estatales al servicio de estas redes, lo que describieron como un intento de convertir a Honduras en un “narcoestado”.

    Hernández, por su parte, se mantuvo firme en su inocencia durante todo el juicio, alegando que las acusaciones eran represalias de algunos testigos y que su actuación política -incluyendo la aprobación de la ley de extradicción con Estados Unidos y la gestión de 21 extradiciones durante su presidencia- formaba parte de su esfuerzo por combatir el narcotráfico en el país.

    El caso de Hernández se vinculó estrechamente con el de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista hondureño arrestado en 2018 en Miami y condenado en 2019 en Nueva York por narcotráfico.

    Durante el juicio de Tony, testigos señalaron a Juan Orlando como conspirador, aunque no fue acusado en ese momento. Sin embargo, sí se reveló que ambos habían recibido sobornos de organizaciones criminales como Los Cachiros, Valle Valle y el cartel de Sinaloa, para financiar campañas políticas y obtener protección.

    En paradero desconocido

    El indulto a Hernández sorprendió a muchos que se preguntan qué llevó a Trump a tomar esta decisión, particularmente en momentos en que ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, con un costoso despliegue militar.

    Por su parte, y tras su liberación el 1 de diciembre de la prisión federal de alta seguridad de Hazelton, en Pensilvania, Hernández no ha dado señales sobre su paradero.

    Su liberación ocurre apenas un año después de su condena y tras un intento fallido de solicitar un nuevo juicio. Trump defendió la decisión del indulto, calificando el proceso en Nueva York como «injusto» y comparándolo con una «cacería de brujas».

    Mientras, el caso de Hernández ha generado un intenso debate en Honduras. Algunos sectores critican el indulto debido a su vinculación con el narcotráfico, mientras que otros destacan su papel en la cooperación con Estados Unidos y en la gestión de extradiciones de criminales durante su mandato.

    La polémica se agrava con la actual contienda electoral, donde la influencia de Trump y la permanencia de Hernández en paradero desconocido han generado una gran incertidumbre política.

    Con todo, el expresidente enfrenta todavía causas pendientes en Honduras; las investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros posibles cargos continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, que ha señalado que el perdón en EE. UU. no afecta a los procesos judiciales en el país.

    Así, si Hernández regresara a Honduras, podría enfrentar acciones judiciales adicionales, mientras que las medidas sobre sus bienes incautados y los expedientes en curso permanecen activas, dejando en suspenso su futuro político y judicial.

  • Trump por abrirle las puertas de la cárcel a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por narco

    Trump por abrirle las puertas de la cárcel a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño condenado por narco

    El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió el viernes un inesperado respaldo desde Washington. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que le concederá un indulto total y completo, a pesar de haber sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024.

    Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el poder tras dos mandatos consecutivos, el segundo de ellos considerado inconstitucional por una interpretación polémica de la Corte Suprema hondureña.

    «Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió Trump en su red Truth Social, donde también pidió el voto por Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, mismo partido de Hernández. El mensaje fue publicado a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

    Durante su juicio en Estados Unidos, al expresidente hondureño se le vinculó con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y se le acusó de facilitar el ingreso de más de 500 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, a cambio de financiamiento electoral.

    Con una carrera política de más de una década, Hernández fue presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014. En 2013, ganó la presidencia entre acusaciones de fraude, y en 2017 se reeligió pese a que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial.

    Las dos elecciones que ganó fueron altamente cuestionadas por sus rivales, especialmente por Salvador Nasralla, quien lo acusó de manipular los resultados tanto en 2013 como en 2017. Tras más de 12 años en el poder del Partido Nacional, el desgaste político abrió paso al triunfo de Xiomara Castro en 2021.

    La captura de Hernández se realizó en su residencia de Tegucigalpa, en febrero de 2022, cuando ya había dejado el cargo. Fue esposado y trasladado a EE.UU., donde negó todas las acusaciones, alegando una supuesta conspiración entre narcotraficantes y el sistema judicial estadounidense.

    Además de su condena en EE.UU., Hernández enfrenta procesos pendientes en su país. En diciembre de 2023, un tribunal hondureño emitió una orden de captura en su contra por un caso de corrupción conocido como “Pandora”, que también involucra al expresidente Porfirio Lobo.

    Hernández, quien está casado con Ana García, exaspirante presidencial del Partido Nacional, es el primer expresidente hondureño condenado por narcotráfico en EE.UU., un país donde su hermano Tony Hernández cumple cadena perpetuapor delitos similares.

  • Muere en cárcel de EE.UU. el narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros

    Muere en cárcel de EE.UU. el narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros

    El narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros falleció este jueves en una prisión de Estados Unidos, donde cumplía cadena perpetua desde 1988 por delitos vinculados al narcotráfico. Su abogado, Marlon Duarte, denunció que murió en condiciones inhumanas y lejos de su familia.

    El deceso ocurrió en una cárcel del estado de California, según confirmó Duarte en una entrevista con Radio HRN, en Tegucigalpa.

    “Lamentable murió en las peores condiciones que se puede tratar a un ser humano, falleció con la petición al Gobierno de los Estados Unidos, a través de los órganos federales, de que por humanidad él pudiese venir a morir a su patria”, expresó el defensor legal.

    Duarte indicó que Matta padecía de un “cáncer de próstata grave y terminal” y que murió “solo, sin estar con su familia”. Por ello, su familia ha solicitado al Gobierno de Honduras que gestione la repatriación de su cuerpo. “Él siempre dijo que quería morir en su país”, afirmó el abogado.

    Matta, quien fue capturado en 1988 y extraditado de manera polémica a Estados Unidos durante el gobierno de José Azcona, solicitó en 2018 ser enviado de regreso a Honduras, argumentando que ya había pasado 31 años en prisión.

    “Tengo 31 años en prisión y es mucho lo que he estado en la cárcel. Tomando en cuenta que ahora hay un tratado de extradición y como yo no fui llevado por la ley, pueden pedir un poco de consideración y que me vaya para mi país”, dijo entonces en una llamada al programa Frente a Frente de Televicentro.

    Su extradición fue ampliamente rechazada en su momento. El 5 de abril de 1988, su captura desencadenó violentas protestas frente al Congreso Nacional y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, al ser vinculado inicialmente con el asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena, en 1985. Años más tarde, la justicia estadounidense retiró esos cargos, al no encontrar evidencia de su implicación directa.

    El 27 de mayo pasado, su hija María Isabel Matta declaró que su padre había sido declarado en libertad tras cumplir 37 años en prisión, luego de una solicitud legal por razones de salud. Sin embargo, días después, la justicia estadounidense rectificó y confirmó que Matta continuaría encarcelado.

    Según su hija, Matta estaba recluido en Springfield, Missouri, y presentaba múltiples complicaciones de salud, entre ellas pérdida de masa muscular, de la vista y de la mayoría de sus dientes.

     

  • México confirma entrega a EEUU del traficante Zhi Dong Zhang, tras extradición desde Cuba

    México confirma entrega a EEUU del traficante Zhi Dong Zhang, tras extradición desde Cuba

    El Gobierno de México informó este jueves la entrega a las autoridades de EE.UU. de Zhi Dong Zhang, señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo en el país y hacia Estados Unidos, luego de haber sido extraditado desde Cuba.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó el traslado a Estados Unidos del presunto criminal, que había sido detenido el 30 de octubre de 2024 en Ciudad de México, pero se fugó el 11 de julio pasado.

    «El pasado 31 de julio (Zhi Dong Zhang) fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos», indicó García Harfuch en un mensaje en X.

    El funcionario atribuyó la acción a un operativo encabezado por las secretarías de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Relaciones Exteriores, SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía mexicana.

    Asimismo, agradeció al Gobierno de Cuba «por su valiosa colaboración» para arrestar al sujeto, «identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol».

    Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano confirmó que había entregado a las autoridades mexicanas, tras una petición formal de extradición, a esta persona, conocida como ‘Brother Wang’ y objetivo prioritario de la lucha contra las drogas de Estados Unidos.

    «Estaba prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas», aseguró el comunicado de Exteriores.

    Zhi Dong Zhang había escapado en julio de 2025 de un arresto domiciliario en la Ciudad de México, donde se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional.

    El chino, que es investigado en EE.UU. por contrabandear fentanilo, se encontraba en arresto domiciliario mientras esperaba su proceso de extradición a Estados Unidos.

    Dong Zhang estaba acusado de lavado por unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

    Según fuentes oficiales, días después de su fuga, Zhang intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de aquel país le negaron la entrada debido a un pasaporte falso. Posteriormente, fue deportado a Cuba, donde fue arrestado.

    En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Zhang con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    La investigación reveló que Zhang operaba una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, con vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, catalogados como organizaciones terroristas por Washington.

  • Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Los abogados del empresario salvadoreño Enrique Rais solicitaron al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que pida cooperación judicial a Canadá para procesar a los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, señalados por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de su cliente.

    La petición fue presentada mediante un escrito firmado por el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, en calidad de apoderado judicial de Rais. En el documento se solicita a la Corte Suprema de Justicia emitir una carta rogatoria al gobierno canadiense con el objetivo de notificar formalmente a los acusados y trasladar el expediente judicial, con el fin de que el proceso se realice en Canadá. Esto debido a que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países.

    Según la defensa, los imputados habrían proporcionado una dirección falsa en Canadá para evitar la acción de la justicia salvadoreña, lo que podría constituir un fraude procesal. Un informe privado fechado el 28 de junio de 2025 confirmó que dicha dirección no corresponde a ningún domicilio u oficina vinculada a los procesados.

    El abogado Cortez advirtió que, de no ejecutarse esta cooperación internacional, el juicio podría quedar en una formalidad vacía sin posibilidad de ejecutar una eventual condena. Como respaldo a su petición, citó una alerta de viaje del gobierno canadiense sobre el “riesgo de aplicación arbitraria de las leyes locales” en El Salvador, así como pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas que alertan sobre reformas que afectan el debido proceso.

    En su escrito, Cortez invocó el principio jurídico internacional aut dedere aut judicare, que compromete a los Estados a juzgar en su territorio a sus nacionales acusados de delitos graves en otros países, si no se concede la extradición.

    En este caso, el abogado pidió que Canadá someta a juicio a Pasquale y Pacetti por el delito de falsedad ideológica, equiparable a la “falsificación” establecida en el artículo 366 del Código Penal canadiense.

    La audiencia preliminar en El Salvador está programada para el 30 de octubre de 2025, pero los acusados podrían no presentarse. Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas solo han emitido edictos en medios de comunicación, sin emprender acciones consulares ni requerimientos internacionales efectivos.

    El abogado también denunció que varios documentos notariales y firmas presentadas por los acusados habrían sido falsificadas. Además, acusó a la Fiscalía General de la República de omitir diligencias clave, lo cual habría entorpecido el avance del caso judicial.

    Cortez solicitó formalmente suspender la audiencia preliminar prevista y reiteró la necesidad de notificar a los acusados a través de cooperación internacional, trasladar el caso a la jurisdicción canadiense y garantizar así justicia para la víctima y el respeto al debido proceso.

  • Costa Rica aprueba extradición de exministro a EE.UU. por narcotráfico

    Costa Rica aprueba extradición de exministro a EE.UU. por narcotráfico

    El Tribunal Penal de San José ordenó este martes la extradición del exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense, Celso Gamboa, hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos de narcotráfico junto a otros dos sospechosos. La defensa aún tiene un plazo de tres días para apelar la decisión.

    De acuerdo con los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo, la extradición fue autorizada por el tribunal, aunque aún podría retrasarse debido a juicios pendientes que Gamboa enfrenta en Costa Rica. Si se presenta una apelación, será evaluada por un Tribunal de Apelaciones, sin un plazo definido para emitir resolución.

    Celso Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, director de Inteligencia Nacional (2013-2014) y magistrado de la Sala Tercera en 2016. Sin embargo, fue suspendido año y medio después, tras verse envuelto en un escándalo de corrupción.

    Además de Gamboa, Estados Unidos solicita la extradición de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, de 48 años, y Jonathan Álvarez Alfaro, alias “Profe”, por su presunta participación en operaciones de tráfico internacional de drogas. Los tres permanecen detenidos desde hace varios meses.

    Esta sería la primera extradición de ciudadanos costarricenses tras la reforma constitucional aprobada en mayo pasado por el Congreso, que permite la entrega de nacionales únicamente en casos de terrorismo y narcotráfico.

    Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., Gamboa lideraba una red criminal que facilitaba el envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, usando Costa Rica como punto clave. Se le acusa de utilizar sus contactos dentro del Gobierno para obtener y vender información sobre investigaciones antidrogas a otros narcotraficantes, como Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

    También se le atribuye el lavado de dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que militaba en la segunda división del país. La Fiscalía del Distrito Este de Texas lo requiere por asociación ilícita y distribución internacional de cocaína en grandes cantidades.

    En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a Gamboa, López y a otros dos costarricenses: Alejandro James Wilson, alias “Turesky”, y Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $500,000 por información que lleve a su captura.

    En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un fuerte aumento en la violencia homicida, atribuida en más del 70 % a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, el país reportó 880 homicidios, la segunda cifra más alta en su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. En 2023, se registraron 905 asesinatos, un aumento del 38 % respecto a 2022.