Etiqueta: extradición

  • EEUU acusa de narcotráfico a dos políticos de Ecuador y al hijo del expresidente Bucaram

    EEUU acusa de narcotráfico a dos políticos de Ecuador y al hijo del expresidente Bucaram

    La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció este jueves una acusación por narcotráfico contra cinco ciudadanos ecuatorianos, entre ellos un exalcalde, un exlegislador y un hijo del expresidente Abdalá Bucaram, por presuntamente integrar una estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos durante más de una década.

    Los procesados son Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta y actual aspirante a recuperar ese cargo en las elecciones locales de noviembre; su hijo Jaime Estrada Mendranda, exasambleísta del correísmo a quien se le impidió competir por la prefectura de Manabí; Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997); Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López.

    Las autoridades detuvieron a Estrada Bonilla y a su hijo en Panamá, mientras que los otros tres sospechosos fueron capturados en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador. Las detenciones ocurrieron el miércoles, como parte de las acciones contra la presunta organización vinculada al tráfico internacional de drogas.

    Según la Fiscalía estadounidense, los Estrada utilizaron durante años su empresa exportadora de productos del mar para ocultar grandes cargamentos de cocaína entre las mercancías enviadas al exterior. La investigación señala que ambos colaboraron con dirigentes de Los Choneros y Los Lobos, dos de las principales organizaciones criminales de Ecuador, declaradas terroristas tanto por el Gobierno de Daniel Noboa como por la Administración de Donald Trump.

    La acusación sostiene que padre e hijo también desempeñaban funciones de intermediarios para organizar los cargamentos y gestionar los pagos relacionados con las operaciones ilícitas. Entre los movimientos investigados figura una negociación realizada presuntamente en 2026, cuando Fernández Menéndez y Briones López fueron enviados a reunirse con Jacobo Bucaram para coordinar el transporte de dos toneladas de cocaína hacia México, desde donde la droga tendría como destino final Estados Unidos.

    El expediente judicial también incluye una incautación realizada por la Policía ecuatoriana en 2023, cuando las autoridades encontraron 1,444 kilogramos de cocaína dentro de un contenedor perteneciente a la empresa exportadora de los Estrada, en el puerto de Guayaquil. Este decomiso forma parte de los hechos mencionados por la Fiscalía estadounidense para sustentar la acusación contra los involucrados.

    El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó mediante su cuenta de X las cinco capturas efectuadas en Panamá y Guayaquil. El funcionario indicó que los detenidos serían extraditados a Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país. Además, aseguró que Jacobo Bucaram Pulley tenía una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

    Sin embargo, el expresidente Abdalá Bucaram rechazó este jueves la versión del ministro sobre la supuesta alerta internacional contra su hijo. «No consta en los registros de Interpol dicha orden», dijo. El exmandatario también solicitó información sobre el paradero de Jacobo, quien inicialmente fue trasladado al Cuartel Modelo de Guayaquil, y anunció que presentará una acción constitucional de habeas corpus «para saber cuáles son las órdenes de detención que dicen tener».

     

     

  • Solicitan a la Fiscalía reanudar trámites de extradición desde Guatemala contra procesados por en fraude en El Salvador

    Solicitan a la Fiscalía reanudar trámites de extradición desde Guatemala contra procesados por en fraude en El Salvador

    La parte querellante de un proceso por presunta administración fraudulenta de $1,284,274.39 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) reanudar las gestiones de extradición desde Guatemala de tres personas acusadas de participar en operaciones irregulares que habrían perjudicado a dos sociedades del sector de telecomunicaciones en El Salvador.

    La petición comprende a Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, quienes son requeridos por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, tribunal que decretó su detención provisional y emitió las correspondientes órdenes de captura.

    El abogado José Oswaldo Domínguez Cuéllar presentó la solicitud como querellante de las sociedades Maintenance & Services, S. A. de C. V., y Tierras Nacionales, Limitada de Capital Variable. El escrito fue recibido por la Fiscalía salvadoreña el 26 de agosto de 2026.

    En el documento, Domínguez Cuéllar argumentó que habían concluido procedimientos judiciales en Guatemala que anteriormente impedían continuar con la extradición. Por ello, pidió la intervención de la Unidad de Asuntos Internacionales de la FGR para retomar las diligencias destinadas a conseguir que los tres procesados comparezcan ante la justicia salvadoreña.

    La investigación se relaciona con supuestos desembolsos injustificados realizados entre 2016 y 2020, bajo los conceptos de viáticos y comisiones, por un monto acumulado de $1,284,274.39. Según la hipótesis fiscal, estos pagos fueron presentados como gastos derivados de funciones administrativas y ejecutivas, aunque no contaban con los respaldos correspondientes.

    La Fiscalía acusó a siete personas de participar en las operaciones investigadas, entre ellas Berger Jiménez, Umaña Velásquez y Echeverría Cabrera de Reyes. El proceso tiene antecedentes públicos desde febrero de 2024 y, en mayo de 2026, el Juzgado Tercero de Instrucción ordenó la detención provisional de los tres acusados después de que no asistieran a una audiencia especial de revisión de medidas.

    Mientras la querella busca reactivar la extradición, otro procedimiento judicial en Guatemala registró un aplazamiento de 105 días. Una audiencia inicialmente programada para el 5 de octubre de 2026 fue trasladada al 18 de enero de 2027, luego de que la defensa de Echeverría presentara una excusa médica para justificar su inasistencia.

    La documentación fue presentada el 1 de octubre ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. La representación legal solicitó suspender la audiencia y reprogramarla después del período de reposo médico, que concluía el 15 de octubre.

    Sin embargo, la nueva fecha judicial quedó fijada para enero de 2027, más de tres meses después del vencimiento del reposo indicado. La resolución no explica por qué el tribunal estableció un plazo de esa duración para celebrar la audiencia.

    El procedimiento guatemalteco también involucra a Marisabel Umaña Velásquez. Según los antecedentes del expediente, un tribunal de ese país había ordenado prisión preventiva contra Umaña y Echeverría en una causa relacionada con presuntos actos de fraude y extracción irregular de información corporativa.

    A estas actuaciones se suma un recurso de amparo que, según información proporcionada a la redacción, los procesados promovieron ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala contra el área internacional del Ministerio Público. La acción buscaría impedir su captura y detener las gestiones encaminadas a su extradición.

    No obstante, no se dispone de una resolución que permita confirmar si ese amparo obtuvo protección provisional o suspendió alguna diligencia judicial. Por ahora, está documentado el aplazamiento de la audiencia guatemalteca hasta enero de 2027, mientras la parte querellante mantiene su solicitud para que la Fiscalía salvadoreña retome el procedimiento de extradición y los acusados respondan ante el tribunal que los requiere.

     

  • Honduras extradita a EEUU acusado de asesinar niña

    Honduras extradita a EEUU acusado de asesinar niña

    Las autoridades de Honduras extraditaron este domingo a Estados Unidos al hondureño Mario Roberto Flores, acusado por la justicia estadounidense del secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña de cinco años ocurrido hace 26 años, informó el Ministerio Público hondureño.

    Flores fue entregado a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial en su contra. El hondureño había sido capturado el pasado 11 de febrero en una zona montañosa del oeste de Honduras.

    El Tribunal Municipal de Filadelfia, Pensilvania, acusa a Flores de «asesinato, secuestro, agresión y abuso sexual de una menor», delitos por los que permaneció prófugo de la justicia estadounidense durante más de dos décadas.

    El FBI incluyó a Flores en 2007 en su lista de los 10 criminales más buscados y ofreció una recompensa de $250,000 a cambio de información que permitiera determinar su paradero y facilitar su captura.

    Los delitos atribuidos al hondureño ocurrieron el 29 de julio de 2000. De acuerdo con el expediente del caso, la víctima era una niña de cinco años que fue reportada como desaparecida.

    El cuerpo de la menor fue localizado cinco días después de los hechos, envuelto en bolsas de plástico. Las autoridades estadounidenses buscaban desde entonces a Flores para que respondiera ante la justicia por los delitos que le atribuyen.

    La Corte Suprema de Justicia de Honduras concedió el pasado 16 de marzo la solicitud para extraditar al acusado a Estados Unidos, procedimiento que finalmente se concretó este domingo con su entrega a los agentes del FBI.

    La Fiscalía hondureña señaló que la extradición fue resultado de la cooperación con las agencias de investigación estadounidenses, que priorizaron el proceso por la «gravedad» de las acusaciones y después de que Flores permaneciera prófugo de la justicia durante más de 26 años.

     

  • FGR ordena captura de salvadoreño requerido por abuso sexual en EEUU

    FGR ordena captura de salvadoreño requerido por abuso sexual en EEUU

    La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de José Emilio Vargas Escobar, un salvadoreño requerido por la justicia de Estados Unidos por hechos de carácter sexual cometidos contra una menor de edad en Oceanside, California.

    Según el informe y las declaraciones juradas incorporadas al proceso, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2002 y enero de 2003, período en el que Vargas Escobar y su familia alquilaron temporalmente una habitación en la vivienda donde residía la víctima junto con sus familiares.

    Durante su permanencia en el inmueble, el requerido habría realizado en repetidas ocasiones tocamientos contra la menor de edad, pese a que ella le pidió que se detuviera. El 17 de enero de 2003, Vargas Escobar habría abusado de la víctima dentro de la vivienda.

    La agresión fue advertida por un familiar de la víctima, quien posteriormente informó de lo sucedido a sus padres. Tras conocerse el caso, las autoridades recolectaron evidencia como parte de las investigaciones realizadas en Estados Unidos.

    La menor también fue sometida a un examen médico especializado, cuyos resultados, según la información incorporada al proceso, documentaron lesiones compatibles con la agresión denunciada.

    En 2006, Vargas Escobar cumplía una pena de prisión en Florida por otro caso de carácter sexual, período durante el cual las autoridades obtuvieron una muestra de su ADN. Después de cumplir la condena, el salvadoreño fue deportado a El Salvador.

    La muestra genética obtenida en Florida fue comparada en 2019 con evidencia recolectada durante la investigación del caso ocurrido en California y los resultados fueron coincidentes, según el informe divulgado por la Fiscalía.

    Debido a que Vargas Escobar ya se encontraba fuera de territorio estadounidense, las autoridades solicitaron su extradición a Estados Unidos para que enfrente a la justicia por los hechos ocurridos en California. La FGR giró la orden de detención como parte del procedimiento contra el requerido.

     

     

  • Piden capturar a exmiembro de ETA localizado tras sismo en Venezuela

    Piden capturar a exmiembro de ETA localizado tras sismo en Venezuela

    La asociación española Dignidad y Justicia solicitó a la Audiencia Nacional emitir una orden internacional de búsqueda, captura y detención contra el exmiembro de la organización terrorista ETA Luis María Olalde, conocido con el alias «Txistu», luego de conocerse que fue localizado con vida tras ser rescatado de un edificio colapsado por el terremoto ocurrido el pasado 25 de junio en Caracas, Venezuela.

    La organización pidió que la medida tenga fines de extradición para que Olalde responda ante la justicia española por su presunta participación en un atentado perpetrado en 1978, en el que fueron asesinados tres agentes de la Guardia Civil.

    Un auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, al que tuvo acceso EFE, admitió a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia y autorizó a la asociación a participar en el proceso judicial como acusación popular.

    En el documento judicial se señala que Olalde huyó a Venezuela en 1979 con el objetivo de evadir la acción de la justicia española. La querella también expone que el pasado 25 de junio la asociación conoció que el exintegrante de ETA fue rescatado entre los escombros del edificio donde residía junto a su esposa, en el barrio San Bernardino, de Caracas.

    Ese mismo día también se informó sobre la muerte de Alazne Solabarrieta, una mujer de origen vasco que falleció durante el terremoto. Solabarrieta era nieta del exalcalde del municipio de Ondarroa, José María Solabarrieta, quien emigró junto con su familia a Venezuela durante la dictadura franquista.

    Las autoridades también confirmaron que Luis Olalde Quintela, esposo de la víctima y exmiembro de ETA, sobrevivió al colapso del inmueble y fue rescatado con vida por los equipos de emergencia.

    Olalde mantiene procesos judiciales pendientes en España por su presunta vinculación con acciones terroristas. Aunque su defensa ha solicitado que los delitos sean declarados prescritos, la justicia española continúa rechazando esos argumentos.

    De hecho, el mismo 25 de junio el magistrado Francisco de Jorge resolvió mantener vigente la orden internacional de búsqueda y captura contra Olalde, al considerar que aún existen fundamentos legales para que enfrente el proceso judicial en España.

     

  • Condenan a exdiplomático peruano por intentar asesinar a su expareja en El Salvador

    Condenan a exdiplomático peruano por intentar asesinar a su expareja en El Salvador

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a 10 años de prisión al ciudadano peruano Renzo Javier Casanova Sánchez tras declararlo culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de su expareja.

    De acuerdo con la resolución judicial, la víctima y el condenado mantuvieron una relación de nueve años y ambos residían en El Salvador por motivos laborales. Aunque la pareja se separó en 2018, Casanova Sánchez continuaba visitando a la hija menor de edad que tenían en común.

    Los hechos ocurrieron en marzo de 2019, cuando el ahora condenado llegó a la vivienda de su expareja. Tras una discusión, comenzó a insultarla y amenazarla antes de propinarle múltiples golpes en la cabeza y el rostro, provocándole la pérdida momentánea del conocimiento.

    La agresión fue interrumpida cuando vecinos y personal de seguridad de la residencial escucharon los gritos de auxilio y se acercaron al inmueble. Al notar la presencia de otras personas, Casanova Sánchez detuvo el ataque, situación que permitió a la víctima escapar junto con su hija.

    Antes de abandonar la vivienda, el agresor exigió dinero en efectivo a la mujer y posteriormente huyó del país. Permaneció prófugo hasta 2025, cuando fue localizado y capturado en Perú. Tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), fue extraditado a El Salvador para enfrentar el proceso penal.

    Durante el juicio, la prueba presentada por la Fiscalía permitió establecer la relación de confianza entre la víctima y el acusado, así como la superioridad física del agresor. Los peritajes determinaron que la mujer sufrió una fractura en el rostro, cerca del ojo, además de la desviación del tabique nasal como consecuencia de la golpiza.

    El tribunal concluyó que la víctima fue sometida a una situación de violencia de género agravada por la forma en que ocurrió el ataque, al ejecutarse dentro de su vivienda, donde se encontraba sola con el agresor y ejercía su derecho a la intimidad. Asimismo, valoró que existió alevosía y una evidente condición de vulnerabilidad frente al condenado.

    En mayo de 2025, la Fiscalía informó sobre la extradición de Casanova Sánchez desde Perú, donde fue detenido tras permanecer varios años prófugo. La institución señaló que el proceso fue gestionado por la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales, a solicitud de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Oficina Fiscal de Santa Tecla. Además de la pena de prisión, el juzgado ordenó que el ciudadano peruano sea expulsado de El Salvador una vez cumpla la condena.

    Al momento de la extradición, la misma Fiscalía señaló en sus redes sociales -donde acostumbra a publicar los casos- a que Casanova Sánchez era un exdiplomático aunque no precisó el cargo ni la sede en la que desempeñó esa labor.

    Publicación de FGR cuando el ahora condenado fue extraditado. /FGR

     

     

  • Cámara confirma detención a acusados por fraude empresarial millonario

    Cámara confirma detención a acusados por fraude empresarial millonario

    La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó la detención provisional de cuatro personas procesadas por el delito de administración fraudulenta, en una investigación que involucra a sociedades vinculadas al sector de infraestructura de telecomunicaciones en la región.

    La resolución, emitida de forma unánime, dejó firme la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, que el 18 de mayo ordenó la medida cautelar contra los imputados mientras continúan las investigaciones del caso.

    Los procesados son Jorge Leonel Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, señalados por la Fiscalía General de la República por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades Maintenance & Services, S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, Ltda. de C.V.

    Los magistrados rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y concluyeron que la jueza de instrucción actuó conforme a la normativa vigente al ordenar la detención provisional. Además, consideraron que la resolución original contiene los elementos suficientes para justificar la medida cautelar.

    Según el fallo, persisten condiciones que hacen necesaria la detención de los acusados para garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar posibles obstáculos en el desarrollo de la investigación penal.

    El caso forma parte de una disputa empresarial con repercusiones en El Salvador y Guatemala, relacionada con la administración y control de activos asociados a Continental Towers, compañía dedicada a la infraestructura para telecomunicaciones en varios países de la región.

    La investigación salvadoreña surgió a partir de denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían afectado la gestión de determinadas sociedades vinculadas a esa estructura empresarial, hechos que actualmente son analizados durante la etapa de instrucción.

    De forma paralela, algunos de los procesados permanecen sujetos a medidas judiciales en Guatemala, donde también se desarrollan actuaciones relacionadas con los mismos hechos investigados por las autoridades salvadoreñas.

    Fuentes cercanas al proceso indicaron que aún se encuentran pendientes solicitudes de extradición promovidas por El Salvador para que los imputados comparezcan ante la justicia nacional. Dichos procedimientos deberán ser resueltos por los tribunales guatemaltecos antes de concretarse cualquier eventual traslado.

    Con esta resolución, la Cámara respalda las actuaciones impulsadas por la Fiscalía y mantiene vigente la detención provisional mientras avanzan las diligencias judiciales y se determina si existen elementos suficientes para que el caso sea enviado a juicio.

     

  • Acusadas por administración fraudulenta en El Salvador también tienen orden de captura en Guatemala

    Acusadas por administración fraudulenta en El Salvador también tienen orden de captura en Guatemala

    La investigación regional por presunto fraude y extracción irregular de información contra la empresa de telecomunicaciones Terra Towers S.A. escaló esta semana luego de que un tribunal de Guatemala ordenara prisión preventiva contra dos mujeres procesadas también por la justicia salvadoreña.

    El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala revocó las medidas sustitutivas de Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, quienes ahora permanecerán recluidas en el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, en Ciudad de Guatemala.

    La resolución judicial ocurre días después de que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenara la detención de ambas mujeres por delitos relacionados con presuntos fraudes contra filiales de la misma empresa en El Salvador.

    Las autoridades salvadoreñas iniciarán además un proceso de extradición para que las acusadas enfrenten cargos en territorio nacional.

    El caso tomó relevancia regional debido a que las investigaciones involucran operaciones empresariales vinculadas con Terra Towers S.A. y Continental Towers, compañías relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones en distintos países de América Latina.

    Según las investigaciones divulgadas en Guatemala, Jorge Gaitán Paredes —ya fallecido— y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro habrían utilizado estructuras empresariales para autorizar transferencias, emisión de cheques y movimientos financieros sin autorización societaria, provocando supuestas extracciones irregulares superiores a $1 millón.

    Las pesquisas también sostienen que parte del esquema incluía la extracción de información sensible de la compañía para beneficiar a estructuras empresariales rivales y afectar operaciones corporativas.

    Dentro de las investigaciones, las autoridades identificaron presuntos vínculos operativos entre los Gaitán, Carol Echeverría y Marisabel Umaña.

    Las capturas de ambas mujeres ocurrieron en junio de 2025. Carol Echeverría fue detenida por Interpol en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando ingresaba desde Nueva York, mientras Umaña fue capturada en un operativo realizado en Ciudad de Guatemala.

    Ambas eran requeridas inicialmente por delitos de hurto agravado y asociación ilícita.

    El caso evolucionó posteriormente hacia una disputa judicial y empresarial de alcance regional que incluye arbitrajes internacionales y litigios relacionados con el control corporativo de Continental Towers.

    En El Salvador también existen órdenes de captura y solicitudes de extradición contra otros involucrados, incluidos tres ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Pepertree.

    Las investigaciones además derivaron en nuevos procesos penales dentro del sistema penitenciario guatemalteco, luego de que Jorge Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro fueran señalados por utilizar teléfonos celulares dentro de prisión mientras enfrentaban procesos judiciales relacionados con este mismo caso.

    La controversia generó un debate regional sobre el alcance de los arbitrajes internacionales y la interacción entre jurisdicciones penales locales en países como Guatemala y El Salvador, donde continúan abiertos procesos judiciales vinculados a este entramado empresarial.

     

  • ‘El Chapo’ Guzmán pide ser devuelto a México y denuncia violación de sus derechos en EEUU

    ‘El Chapo’ Guzmán pide ser devuelto a México y denuncia violación de sus derechos en EEUU

    El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán solicitó su extradición a México mediante una carta enviada a un juez del Distrito Este de Nueva York, en la que denuncia supuestas violaciones a sus derechos procesales en Estados Unidos.

    El documento, fechado el 23 de abril y recibido por el tribunal el 1 de mayo, fue escrito a mano desde la prisión federal ADX Florence, en Colorado, donde cumple su condena.

    En la misiva, Guzmán expone que busca regresar a su país y plantea que su caso debería revisarse nuevamente, argumentando inconsistencias en el proceso judicial que derivó en su condena.

    “Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México”, escribió el exlíder del Cártel de Sinaloa en la carta enviada a la corte estadounidense.

    El capo también cuestiona la validez de las pruebas utilizadas en su contra, al señalar que, según su versión, no fueron debidamente comprobadas durante el juicio federal.

    Además, solicitó un nuevo juicio y propuso que ambos países establezcan un acuerdo diplomático que facilite su traslado. “Las partes de ambos países pueden acordar juntas la política para regresarme a mi país”, plantea en el documento.

    Guzmán fue condenado en julio de 2019 por la justicia estadounidense tras ser hallado culpable de múltiples delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

    La sentencia incluyó cadena perpetua por ocho cargos, además de 30 años de prisión por uso de armas y otros 20 años adicionales por lavado de dinero.

     

  • La acusación al gobernador de Sinaloa lleva al límite la relación entre EE.UU. y México

    La acusación al gobernador de Sinaloa lleva al límite la relación entre EE.UU. y México

    La solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, abrió un escenario inédito en la relación bilateral con México, al involucrar directamente a un funcionario activo del partido oficialista.

    El caso provocó una fuerte reacción política en México, donde el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento crítico en su relación con Washington, según analistas en materia de seguridad.

    De acuerdo con el investigador Andrés Sumano, la petición de extradición representa un “golpe muy fuerte” para la administración mexicana, al impactar directamente la estrategia de cooperación con Estados Unidos, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

    Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya, del mismo partido que Sheinbaum, genera a México «problemas en todos los sentidos» al ser un «golpe muy fuerte» para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump.

    Además, es todo un «reto» para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados «muy notables» como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como El Jardinero.

    Tras el impacto inicial, agregó, le toca tomar una decisión a Sheinbaum, quien para Sumano solo tiene tres escenarios posibles: «arropar y proteger» a ese grupo de políticos – que «es lo que parece que está haciendo», dijo-; entregarlos a Estados Unidos o iniciar un procedimiento contra ellos en México.

    «Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior de Morena (partido oficialista)», apuntó.

    Por ahora, ve que la presidenta ha optado por «ganar tiempo» al reiterar que se necesitan pruebas y remitirse a lo que decida el Ministerio Público, aunque llegará un momento en que se «vencerán los plazos», así como la «paciencia» de la Administración estadounidense.

    Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha optado por una postura de cautela, al señalar que se requieren pruebas y dejar el proceso en manos del Ministerio Público, aunque expertos advierten que el tiempo podría jugar en contra ante la presión estadounidense.

    «Esto es un golpe muy fuerte porque ya no es un tema narrativo (…) Ya se armaron los expedientes, ya pasaron por un gran jurado, ya hay una acusación formal»

    El análisis también advierte que una negativa a la extradición podría derivar en represalias por parte de Estados Unidos, que irían desde presiones económicas hasta acciones más severas en el ámbito internacional.

    El caso se sustenta en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, señalados de colaborar con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

    Este proceso marca un punto de inflexión en la política de seguridad mexicana y podría redefinir la relación entre ambos países en medio de crecientes tensiones diplomáticas.