La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó la detención provisional de cuatro personas procesadas por el delito de administración fraudulenta, en una investigación que involucra a sociedades vinculadas al sector de infraestructura de telecomunicaciones en la región.
La resolución, emitida de forma unánime, dejó firme la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, que el 18 de mayo ordenó la medida cautelar contra los imputados mientras continúan las investigaciones del caso.
Los procesados son Jorge Leonel Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, señalados por la Fiscalía General de la República por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades Maintenance & Services, S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, Ltda. de C.V.
Los magistrados rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y concluyeron que la jueza de instrucción actuó conforme a la normativa vigente al ordenar la detención provisional. Además, consideraron que la resolución original contiene los elementos suficientes para justificar la medida cautelar.
Según el fallo, persisten condiciones que hacen necesaria la detención de los acusados para garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar posibles obstáculos en el desarrollo de la investigación penal.
El caso forma parte de una disputa empresarial con repercusiones en El Salvador y Guatemala, relacionada con la administración y control de activos asociados a Continental Towers, compañía dedicada a la infraestructura para telecomunicaciones en varios países de la región.
La investigación salvadoreña surgió a partir de denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían afectado la gestión de determinadas sociedades vinculadas a esa estructura empresarial, hechos que actualmente son analizados durante la etapa de instrucción.
De forma paralela, algunos de los procesados permanecen sujetos a medidas judiciales en Guatemala, donde también se desarrollan actuaciones relacionadas con los mismos hechos investigados por las autoridades salvadoreñas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que aún se encuentran pendientes solicitudes de extradición promovidas por El Salvador para que los imputados comparezcan ante la justicia nacional. Dichos procedimientos deberán ser resueltos por los tribunales guatemaltecos antes de concretarse cualquier eventual traslado.
Con esta resolución, la Cámara respalda las actuaciones impulsadas por la Fiscalía y mantiene vigente la detención provisional mientras avanzan las diligencias judiciales y se determina si existen elementos suficientes para que el caso sea enviado a juicio.
